8 de enero de 2017

LA VACANCIA IURIS




La “vacancia iuris” (no confundirlo con la “vacatio legis”, -tiene que ver igualmente con la vigencia-, se produce cuando una Ley, Decreto... se promulga y no entra en vigor inmediatamente, es decir, de una vez, sino que queda postergado en el tiempo, tal como sucedió por ejemplo con el nuevo código de policía, se da ya sea por cuestiones de necesidad, socialización, técnica…), es una figura de la teoría del derecho, pero especialmente de la teoría del derecho administrativo, en el que se suspende la aplicación del precepto de una ley hasta tanto, no se reglamente, por lo que, esa norma queda inane sin resolverse; siendo que está ya plasmada, pero no en una norma reglamentaria, llámese: “Resolución o Decreto” (porque si fuese así) operaría. Hemos podido ubicar el tema en el campo de tránsito y transporte, siendo aplicable también a otras áreas del derecho administrativo especial.
De la “vacancia iuris”, se puede derivar el revivir una norma derogada, es decir, que se presente una reminiscencia de la norma (relacionada con una idea de Platón, acordémonos cuando se reglamentó el derecho de petición en vigencia con la Ley 1437 de 2011, en la que fue declarada inexequible con la Sentencia C-818 de 2011, y que con efecto diferido se siguió aplicando); en el caso en concreto, tenemos que según el artículo 30 de la Ley 769 de 2002 se establece que el “equipo reglamentario” que deben tener los automóviles, son lo siguientes: gato, botiquín de primeros auxilios, llanta de repuesto, extintor... (en el que no se especifica nada). Ya que deba ser abordado a través de actos administrativos generales, tal como se indicó con el uso de cascos en motocicletas, con sus debidas características (Resolución 1737 de 2004), o como se expresó en el Acuerdo 051 de 1993 del Ministerio de Transporte (que fue derogado por la Ley 769 de 2002) que esgrimió en su artículo 1: “Las disposiciones consagradas en este Acuerdo conforman el régimen bajo el cual se fijan todos los procedimientos y requisitos de trámites que se adelantan ante los organismos de tránsito del país…”.
Con el anterior Estatuto de Transito (Decreto 1344 de 1970), no se permitía esta flaqueza, ya que era llenado por su misma reglamentación; lo que pasa ahora con el llamado equipo de carreteras contenido en el artículo 30 de la “nueva” normatividad, en el que no se menciona las condiciones y características radica el problema, contrario sensu, sucede con el uso del cinturón de seguridad que también está normativizado, por la Resolución 19200 de 2002; de todo esto podemos sintetizar que hasta tanto no se produzca una condición de la regulación (en cabeza de actos administrativos), no se podrá sancionar a nadie por tales conductas.
Con el Acuerdo 051 de 1993, derogado por el “nuevo” Código Nacional de Tránsito, este último, deja un vacío normativo con respecto a algunas reglamentaciones que ya han sido colmadas por medio del Ministerio de Transporte (como autoridad) o por medio de Decretos dictados por el Presidente. Siendo que la normatividad en esta materia es abundante debido a que en el sector terrestre se tiene mucha información al respecto, pero podemos decir que también es escasa porque no ha habido una unificación y celeridad en contestar los distintos problemas que se causan, por la anterior razón, que el Ministerio de Transporte haya emitido la Circular (norma blandas) MT-1-025987 del 7 de octubre de 2002, y MT-1350-2–21327 del 18 de abril de 2008, aclarando el tema que nos suscita.
Todo lo abordado no solo está referido en Circulares, sino también en Conceptos; a la final son “soft law” del derecho administrativo con alto grado normativo que se muestra como vinculante para algunas autoridades, en el que expresan que la vacancia iuris se presenta mientras no se profieran las diferentes actos administrativos que reglamenten aspectos puntuales dispuestos en la Ley 769 de 2002, es decir, reenvía la aplicación de la normatividad anterior, hasta que no se presente la nueva reglamentación. (Al respecto, se puede revisar Concepto del Ministerio de Transporte 5849 de 2004) causando la inaplicación de la norma.


*Abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Administrativo y candidato a la Maestría de Derecho Público de la misma universidad. Me puedes seguir en Twitter e Instagram como: mariodaza