8 de enero de 2017

HACIENDA PÚBLICA Y POSCONFLICTO EN COLOMBIA




En el texto de 86 páginas (lleno de muchas gráficas), publicado en julio del 2015 en la Editorial Temis por el jurista Plazas Vega, se enmarca la situación de las finanzas públicas en Colombia a partir del posconflicto, siendo de por sí un poco complejo (p. 1). Indica que este país no cuenta con tanta presión tributaria a diferencia de otros; cree que los problemas centrales están en la evasión fiscal, el contrabando (deleznable práctica, según el autor, en lo que atañe al consumo de cerveza, licores y cigarrillo se ha dejado de percibir anualmente cerca de un billón de pesos, en desmedro a los servicios de salud y deporte, p. 40), la corrupción y la vigencia de beneficios tributarios, aunque con frecuencia se alude a los índices excesivos de tributación que inciden en la inversión productiva (tal como sucedió en Colombia con la salida de las multinacionales: Mondelez, Icollantas, Bayer y la Compañía Colombiana Automotriz), esgrimiendo que el exceso de este es indudable para las personas naturales como para las personas jurídicas (p. 7-8), recordemos el IMAN, CREE, ahora la reforma tributaria.


A propósito de la Ley 1448 de 2011 se ha venido hablando de las víctimas, donde su número asciende por lo menos a 7 millones, previsto un presupuesto de $55 billones en diez años (2011-2021), aunque el número total de víctimas registrada en el RUV con corte a mayo de 2015 fue de 7.392.670, hasta la fecha van con a corte de enero de 2017 un total de 8.299.334 y subiendo (p. 15). De acuerdo con Mery Lynch Global Research el costo anual para la reparación de víctimas equivale al 1,37 del PIB (cerca de $11 billones). Lo hilarante es que lo pagamos todos los colombianos, y no las FARC, por ello que proponga una simplificación al impuesto a la renta, hacia una alternativa, como la del "flat tax" dado a su equidad vertical (cfr. ¿Flat tax: una opción tributaria para Colombia?). A esto se le puede sumar los beneficios tributarios a que el profesor propone en no eliminarlos sino de hacer un estudio cuidadoso sobre su conveniencia (p. 58).




Plazas Vega es consciente del endeudamiento que sobreviene en lo referente al posconflicto, lo cual son impuestos futuros a cargo de próximas generaciones, y no solo las actuales, de allí que marque la importancia de mezclar la alternativa de las asociaciones público privadas con proyectos, en recursos para el área social y la infraestructura, para que la inversión privada puede tener todo tipos de acuerdos que pueda generar para la comunidad. En el RUAPP ha habido en el 2015, 125 proyectos inscritos que lleva el DNP, de los cuales 79 no requieren recursos estatales (p. 70), que hasta informe del 30 de septiembre de 2016, del tercer trimestre (2016T3), 4902 proyectos fueron incluidos; de este total 189 fueron rechazados. Las APP representa la minimización de riesgo en la renegociación de contratos, esto sin contar lo que indica el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2015-2026, el problema es que ya se ha comprometido vigencias futuras por esta modalidad por la suma de 62,6 billones (Cfr. Documento CONPES 3837 de 2015)
Otro de los preocupaciones que aqueja Colombia, argumento que me gusta, es el exacerbado gasto militar, con un 3.6 % del PIB, siendo que otros países tienen menor consumo, y eso, "que el conflicto ha terminado". USA que tiene un elevado conflicto, es del 3.8%, pero mayor comparativamente con nuestro país; el profesor expresa que si descendiera al menos un 2% del PIB de ese gasto, tendríamos un ahorro, cerca de 16 billones. Siendo consciente, expresa que no conlleva este “acuerdo de paz” (en Salvador y Guatemala se tradujo en disminución del gasto militar) necesariamente a un reducción inmediata del gasto en seguridad (p. 74). De la misma manera, la corrupción, cuesta a Colombia cerca del 1.6% del PIB por allí del 12.8 billones, estando entre los peores lugares de la región (tal como se mostró en el primer gráfico).  


Por último, aunque el autor no propone minimizar ni eliminar (que seria lo ideal) el gasto estatal, por el contrario requiere de una necesidad de cambio en su misión, si el recaudo tributario en 2010 era de 65 billones, en 2014 de 108.3 billones (14.3% del PIB); en el 2015  fue aproximadamente de 116.8 (14.5% del PIB). Estos ingresos representan cerca del 86% de los ingresos totales (2015, de 131, 3 billones), el déficit fiscal del Gobierno en general en 2016 del 3.0% y en el 2016 cerca del 3.6 %, con un gasto público en 2015 y 2016 del 19.2 % (fue más del 29% realmente) en el 2017 predijo que era del 18.8% (siendo mayor) hasta el 2026 se espera que sea del 16.7 %, (p. 83), que no lo creo. Todas estas cifras son necesarias para indicar que los números por sí solo no son suficientes para apoyar el posconflicto, se requiere además de analizar los costos de la reparación a las víctimas del conflicto que provenga o supere los 110 billones, dinero que “tendrán que colocar los alzados en armas”, aportandolo seria hacer justicia, y no que los colombianos (sobre todo las víctimas) tengan que pagar por ello, sobre todo que por vía impuestos se tenga que reparar, de allí el infortunio de muchos.

*Abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Administrativo y candidato a la Maestría de Derecho Público de la misma universidad. Me puedes seguir en Twitter e Instagram como: mariodaza