10 de diciembre de 2016

¿SE PUEDE RESOLVER LOS DERECHOS DE PETICIÓN DE FORMA VERBAL?



Antes del nacimiento del Decreto 1166 de 2016, no existía fuente legal ni reglamentario que exigiera que los derechos de petición elevados de modo escrito u oral fuesen resueltos de forma verbal, ni siquiera en la Ley 1437 de 2011, que fue modificado por la Ley 1755 de 2015, lo expresaba. Aunque de manera constitucional el tribunal de cierre ya se había manifestado al respecto desde el 2001, en variopintas sentencias; lo que causa curiosidad es la providencia que realiza la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que regula este tema, la C-951 de 2014 que en nada determina esta situación, en efecto expresó:
"La potestad discrecional que se confiere a todas las autoridades para establecer los casos en que es obligatorio presentar la petición por escrito, restringe la posibilidad de ejercer el derecho en forma verbal. En primera instancia, puede considerarse que el legislador estatutario no estaría habilitado para delegar a la decisión autónoma y discrecional de la autoridad los eventos en que las peticiones deben ser escritas, en la medida en que se trataría de la regulación de un aspecto estructural del derecho de petición como es el mecanismo mediante el cual se permite el acceso de las personas a las autoridades, regulación además con fines restrictivos".
Por otro lado, el Artículo 2.2.3.12.4 del Decreto citado sobre respuesta al derecho de petición verbal esgrime que deberá darse en los plazos establecidos en la ley. En el evento que se dé respuesta verbal a la petición, se deberá indicar de manera expresa la respuesta suministrada al peticionario en la respectiva constancia de radicación. Pongamos el caso, que una persona X solicita de forma verbal una petición, de la misma forma puede ser respondido de forma oral, pero para evitar dolores de cabeza sería bueno que quien conteste lo adicione en una constancia de oficio (así como la hay para la elevación, artículo 15 de la Ley 1755 de 2015) para que después no haya desavenencia con la presentación posterior de una acción de tutela.
La improcedencia de dar un tratamiento distinto en cuanto a los elementos estructurales del derecho de petición, en razón de la forma en que han sido presentadas, fue advertida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-510 de 2012, al indicar que: “Resulta evidente que el orden constitucional colombiano ampara las expresiones verbales del derecho de petición y no se otorga trato diferente al de las solicitudes escritas. En efecto, el derecho fundamental de petición se encuentra reflejado tanto en la expresión escrita como en la verbal y su resolución debe entenderse de la misma manera por las entidades públicas. Al respecto, en las Sentencia T-1078 de 2001 y T-136 de 2002 se expresa que la contestación o respuesta de fondo puede ser de forma verbal o escrita, independientemente si esta se ha comunicado de forma verbal o escrita; por tanto, su resolución de fondo podría ser elaborado por parte de la autoridad competente. Debe ser entendida que puede ser resuelto de este modo sin ningún problema.