31 de diciembre de 2016

LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS IMPLÍCITOS E INNOMINADOS




“La interpretatio iuris y los principios generales del derecho” de Carlos Medellín es un librillo de pocas hojas que evoca la interpretación jurídica (iuris) a partir de los principios generales del derecho, que han nacido con la Constitución de 1991. Expresa que los principios no se inventan, se descubren, por tanto, hacen parte de la esencia de la sociedad, siendo dinámicos y cambiantes (no de su potestas -poder coactivo o "poder socialmente reconocido"- producto de la lex) sino auctoritas ("saber socialmente reconocido”), producto del ius, (p. 12).
Como interpretación científica del autor, arguye que, todo esto de los principios extrajurídicos nace de la Roma misma, a partir del siglo II ac (p. 18; 22): "Saber de leyes no es saber Derecho". De allí que se puede decir que la jurisprudencia sea producto del auctoritas como saber del derecho (prudens, "perito en materia jurídica" -iuris prudens-, de aquí que surja el término: “jurista”, que es el que interpreta) tratando de buscar reglas para aplicarse a un caso en particular (p. 31).
Llegar al ius es lo ideal, es hacer justicia misma, aunque el texto, se dedique un poco a los principios, comienza su elucubración desde el concepto mismo de la auctoritas, como “ciencia jurídica” desarrollada desde siglo antes de cristo pero madurada con Augusto hasta el régimen de los Severos (p. 22). Desde la creación del consilium principis (en el que perteneció Paulo y Ulpiano -Academia Romana de Jurisprudencia-, p.25), las constituciones imperiales (de ahí que surgiera la gran pugna entre escuelas del derecho: proculeyana y sabiniana); surgen principios (como dijimos ut supra) como: buena fe, dar a cada uno lo suyo, no dañar al prójimo, abuso del derecho, enriquecimiento sin causa, imprevisión de los contratos, apariencia, simulación, fraude a la ley, error en derecho, contrato es ley para las partes, cosa juzgada, nadie esta obligado a lo imposible, a nadie es lícito alegar su propia culpa, etc. Y demás que han nacido por causas romanas. (p. 32)
En la actualidad, la nomarquica ha tenido mayor reproducción en la jurisdicción constitucional que en las diferentes áreas del derecho, su renacer, ha evitado la arbitrariedad judicial que se puede formar en torno a la ley positiva (p. 42-45). (Al respecto ver, Salvamento de voto del C.E Santofimio en sentencia del 27 de febrero de 2013). De allí que proponga el profesor y traiga a colación la polémica Kelsen-Esser ya que para este último el sistema jurídico no solo esta integrado por normas cuya validez depende de su creación competente, sino que existen principios morales políticos y consuetudinarios que integran o constituyen el contenido de las normas jurídicas, que son producto no solo de los jueces sino también de los demás operadores jurídicos. Son según este una "moral universal", (p. 46), lo mismo pasa con Hart en los llamadas: “zona de penumbra”, donde se crea una textura abierta posible de utilizar criterios no normativos (principios morales aceptados socialmente). Medellín e incluso se apoya en Dworkin y Alexy.
Se llega (de un criterio general a uno particular/concreto) a los principios descritos en la constitución colombiana, a través de lo que le llama Tamayo Jaramillo, entre otros autores como: "el nuevo derecho", en el que supuestamente se pretende reivindicar la función interpretativa e integradora del ius (auctoritas) para alcanzar la justicia (p. 50). Este “boom” de principios habría que identificarlos uno a uno ya que muchos corresponden a época romana, otra clásica, española, etc. En nuestro caso corresponde también a un versión implícita de extraer dichos principios, viendo la versión dworkiniana del autor, en decir que no se inventan, se descubren y se desarrollan. Por ello que el profesor externadista haya expuesto o más bien indicado algunos principios implícitos e innominados, ya que no representa un análisis profundo del tema; siendo 166 en total, siendo algunos más importantes que otros, provenientes de la interpretatio iuris (auctoritas), que son:
A trabajo igual, salario igual (SU-519 de 1997); acceso a la justicia (T-006 de 1992 y T-173 de 1993); aplicación general e inmediata de la norma procesal (C-945 de 2012); arbitrio iuris (C-083 de 1995); armonización de bienes jurídicos en caso de colisión (T-425 de 1995); autodeterminación de los pueblos (C-418 de 1995); autonomía de la voluntad (C-341 de 2006); autonomía de las entidades territoriales (C-1114 de 2003); autonomía universitaria (T-310 de 1999); buena fe (T-475 de 1992); carga dinámica de la prueba (C-740 de 2003); carrera administrativa (C-501 de 2005); celeridad economía y eficacia de las decisiones judiciales (T-107 de 2009); certeza tributaria (C-488 de 2000 y C-287 de 2009); circulación restringida de la información personal sobre antecedentes penales (C-1101 de 2008); coherencia interna del ordenamiento (C-112 de 1996); coherencia institucional (C-112 de 1996); coherencia presupuestal (C-315 de 1997); coherencia sistemática (C-112 de 1996); complementariedad de la Corte Penal Internacional (C-488 de 2009); concentración de la prueba (C-1260 de 2005); condición más beneficiosa para el trabajador (T-668 de 2011); conexidad de los derechos (T-491 de 1992); confianza legítima (C-800 de 2003); congruencia de las sentencias (T-590 de 2006); consecutividad e identidad en el trámite legislativo (C-537 de 2012); continuidad e integralidad en la presentación del servicio de salud (T-206 de 2013); contradicción de la prueba (C-037 de 1996); corrección formal de los procedimientos en el reglamento del congreso (C-168 de 2012); cosa juzgada (C-543 de 1992); debido proceso (C-610 de 2012); debido proceso administrativo (C-089 de 2011); democracia participativa y pluralista (C-336 de 1994); democrático (C-277 de 2011); desarrollo sostenible (C-632 de 2011); descentralización de las entidades territoriales (C-010 de 2013); dignidad humana (T-881 de 2002); diversidad étnica y cultural (C-063 de 2010); doble instancia judicial (C-431 de 1996); economía y celeridad procesal (T-210 de 2010); efectividad de los derechos (T-068 de 1998); eficiencia en seguridad social (C-528 de 2013); eficiencia tributaria (C-419 de 1995); equidad (C-913 de 2011); equidad tributaria (C-426 de 2005); estabilidad laboral (C-016 de 1998); Estado social de derecho (C-288 de 2012); estricta legalidad penal (C-599 de 1999); favorabilidad (C-692 de 2008); favorabilidad laboral (T-350 de 2008); finalidad y veracidad del dato personal (T-419 de 2013); finalidad de las bases de datos sobre antecedentes penales (C-1101 de 2008); fraus omnia corrumpit (T-218 de 2012); gastos o cargas soportables (T-218 de 2012); gradualidad en la oferta de justicia (C-156 de 2013); homeostasis (congruencia) presupuestal (C-315 de 1997); identidad flexible en el trámite legislativo (C-277 de 2011); igualdad (C-221 de 2011); igualdad de oportunidades en el ascenso al espectro electromagnético (C-403 de 2010); imparcialidad del juez (C-657 de 1996); impugnación de providencias judiciales (T-006 de 1992); in dubio pro legislatoris (C-332 de 2012); in dubio pro libertate (C-450 de 1995); in dubio pro operario (C-594 de 1995); in dubio pro reo (C-782 de 2005); independencia del poder judicial (C-037 de 1996); inmediación (C-371 de 2011); inmunidad de jurisdicción de los Estados y las organizaciones internacionales (C-137 de 1996); instrumentalidad de las formas en el trámite legislativo (C-786 de 2012); interdicción de la arbitrariedad (C-542 de 2005); interés superior de los menores de 18 años (T-793 de 2011); interpretación restrictiva (C-273 de 1999); interpretación sistemática (SU-047 de 1999); intervención mínima en derecho penal (C-365 de 2012); irrenunciabilidad en materia pensional (C-070 de 2010); irretroactividad de los tributos (C-75 de 2012); irretroactividad de las normas restrictivas de derechos fundamentales (C-763 de 2002); iura novit curia (T-146 de 2010); juez natural, independencia y monopolio de la función judicial (C-306 de 2011); justicia material (C-306 de 2011); justicia rogada (T-553 de 2012); justicia y equidad tributaria (C-397 de 2011); laicidad (T-453 de 2012); legalidad (C-444 de 2011); legalidad y tipicidad (C-301 de 2011); legalidad del gasto público (C-606 de 2012); legalidad del tributo (C-891 de 2012); libertad de empresa (C-197 de 2012); libertad económica, de competencia y empresa (C-263 de 2011); libertad en administración de datos, habeas data (T-729 de 2002); libertad probatoria (C-822 de 2005); libre desarrollo de la personalidad (SU-642 de 1998); libre escogencia de EPS (T-688 de 2010); locus regit actum (C-935 de 2002); mérito en la función pública (T-120 de 2013); moderación y no confiscatoriedad tributaria (C-528 de 2013); moralidad en desarrollo de función administrativa (T-230 de 2011); necesidad de la información personal sobre antecedentes penales (C-1101 de 2008); necesidad y utilidad de la intervención penal (T-648 de 2012); neutralidad del Estado (T-453 de 2012); neutralidad religiosa (C-152 de 2003); no autoincriminación (C-102 de 2005); no discriminación (C-250 de 2012); no injerencia (C-418 de 1995); no menoscabo de las condiciones mínimas laborales (C-168 de 1995); no reformatio in pejus (T-291 de 2006); no regresividad de los derechos sociales (T-469 de 2013); no bis in idem (C-121 de 2012 y T-291 de 2006); onus probando incumbit actori (T-600 de 2009); oportunidad (C-157 de 2011); oralidad, concentración e inmediación laboral (C-593 de 2011), perpetuatio jurisdictionis (C-755 de 2013), pluralismo (C-350 de 1994), precaución ambiental (C-703 de 2010); ponderación (T-425 de 1995); presunción de inocencia en detención preventiva (C-595 de 2010), prevalencia de los derechos de los niños (T-402 de 1992); prevalencia del interés general (C-713 de 2009); primacía de los derechos inalienables (T-006 de 1992); primacía del derecho sustancial sobre la forma (C-029 de 1995); pro actione en demanda de inconstitucionalidad (C-156 de 2013 y C-081 de 2014); pro homine (C-148 de 2005); pro infans (T-078 de 2010); progresividad de los derechos sociales; progresividad en materia de seguridad social (T-453 de 2011); progresividad tributaria horizontal y vertical (C-989 de 2004); prohibición reformatio in pejus (T-291 de 2006); proporcionalidad en el ejercicio de los derechos (T-425 de 1995); protección efectiva de los derechos constitucionales (T-442 de 2012); publicidad en actuaciones judiciales y administrativas (C-1114 de 2003); publicidad del trámite legislativo (T-786 de 2012); razón suficiente (T-147 de 2013); razonabilidad (C-1026 de 2001); reparación integral (T-327 de 2001); reserva de iniciativa legislativa (C-195 de 2013); respeto de las minorías (C-252 de 2012); respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales (C-225 de 1995); respeto por los actos propios (T-295 de 1999); responsabilidad subjetiva (C-693 de 2008); responsabilidad de los poderes públicos (SU-712 de 2013); rigidez constitucional (SU-047 de 1999); sana critica (SU-424 de 2012); seguridad jurídica (T-502 de 2002); selección objetiva (C-949 de 2001); separación de poderes (C-170 de 2012 y C-288 de 2012); soberanía nacional (C-249 de 2004); soberanía popular (C-303 de 2010); solidaridad (C-529 de 2010); solidaridad a favor de las personas del desplazamiento forzado (T-312 de 2010); solidaridad en el sistema de seguridad social (C-529 de 2010); solidaridad en torno a las madres, embarazo, parto y posparto (T-165 de 2013); solidaridad frente a las víctimas de desastres naturales (T-295 de 2013); subsidiariedad en la acción de tutela (T-480 de 2011); suficiencia argumentativa en el control de constitucionalidad (C-141 de 2010); supremacía constitucional (C-415 de 2012); temporalidad en los estados de excepción (C-219 de 2011); transparencia (C-274 de 2013, C-141 de 2010, C-748 de 2011 y C-508 de 2002); unidad de materia, en la función legislativa (C-133 de 2012); unidad constitucional (T-425 de 1995); unidad de caja presupuestal (C-308 de 1994); unificación jurisprudencial (C-478 de 1992) y universalidad en seguridad social (C-258 de 2013).
En efecto, los principios generales del derecho han sido creados para cerrar el sistema jurídico y se sitúan en la última frontera de éste. Son la clave que sostiene la apariencia de coherencia y “completud” del sistema jurídico. Siguiendo a Prieto Sanchís, “la aceptación de los principios implícitos depende de la aceptación de estas dos premisas:…” a) que mediante el razonamiento jurídico es posible obtener normas a partir de normas, y b) que la regla (o principio) así obtenida representa una regla nueva y distinta a las que constituyeron su origen. En todo caso, se deduce de lo antedicho, no abandona su esencialidad lógica y racional, y se inscribe dentro del sistema jurídico como tal. (Apuntes de teoría del Derecho, Madrid, 2010. Pág. 155).
Los principios generales del derecho remiten siempre y necesariamente a otras fuentes normativas, se trata de una categoría que no existe como tal con sustantividad y autonomía propia. Ello equivale a afirmar que es un concepto ficticio o parasitario, que para adquirir realidad jurídica precisa tomar cuerpo en otra u otras fuentes del derecho. Esos caracteres son, precisamente, los que definen a los mitos jurídicos. Es cierto, que se trata de un mito justificado, pero ello no desmiente su carácter mítico. (Cfr. Pérez Luño, Antonio. Los principios generales del derecho: ¿Un mito jurídico?). En relación con los principios implícitos, se obtienen a partir de un proceso que implica siempre una generalización, donde juega un papel la discrecionalidad del intérprete que realiza una tarea de construcción del significado (Cfr. Peces Barba, en relación al texto: Sobre principios y normas. Problemas del Razonamiento jurídico. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992 de Prieto Sanchís, p. 145).
Para Ruiz Manero y Manuel Atienza los principios implícitos, a su vez, son razones para la acción que no son perentorias ni independientes del contenido. No son perentorias por la misma razón por la que no lo son los principios explícitos, y no son independientes del contenido porque si deben entrar a formar parte del razonamiento de los órganos jurisdiccionales no es por virtud de su origen en fuente alguna, sino por cierta cualidad de su contenido. En nuestra opinión, dicha cualidad no es su justicia intrínseca (esto es, los principios no se extraen sin más de la moral social, como a veces parece dar a entender Dworkin [1978 y 1986], ni son simplemente pautas que gozan de arraigo social, como sostienen algunos civilistas ilustres como Díez Picazo), sino su adecuación o coherencia en relación con las reglas y principios basados en fuentes. (Cfr. Sobre principios y reglas, p. 112).
El jurista Horacio Alonso Vidal indica estar acuerdo con los principios jurídicos implícitos, se deben seguir dos criterios que son: i) subsidiariedad, esto es, que no exista norma identificable autoritativamente aplicable al caso, o bien que la norma identificable autoritativamente debe ser interpretada de forma diferente o incluso ser inaplicada por la concurrencia del principio implícito en cuestión y ii) Coherencia, esto es, que el contenido del principio implícito sea coherente con las reglas y principios explícitos del sistema. (Los principios implícitos. Su relevancia en la aplicación del derecho, p. 167).
La cantidad de derechos que hoy en día se reconocen como innominados, tiene su origen en la Constitución de Filadelfia de 1877, de allí que el desarrollo de los mismos se encuentren en diferentes Cartas Fundamentales (Cfr. Bidart Campos. Los derechos "no enumerados" en su relación con el derecho constitucional y el derecho internacional a lo largo de la historia); a modo de ejemplo es fácil ver la evolución en América Latina de este concepto, uno de estos derechos innominados ha sido designado como, el derecho al mínimo vital, derecho a la subsistencia, derecho al olvido, estabilidad laboral reforzada, seguridad personal frente a riesgos, anteriormente mencionados, en el que cuentan con un desarrollo jurisprudencial desde el año de 1992 en Colombia, con el desarrollo del artículo 94 constitucional y artículo 2 del Decreto 2591 de 1991, pretenden no tener una lista exhaustiva. (Cft. Derechos fundamentales nominados e innominados; Análisis critico de los derechos constitucionales implícitos, 2015, de Javier Ignacio Navarro; Robert Alexy. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 73).
No obstante, este vacío jurídico, si así se lo puede llamar se corrigió posteriormente en 1791 con la aparición de la enmienda IX que señala: “la enumeración en esta Constitución de ciertos derechos no podrá alegarse para negar o menoscabar otros retenidos por el pueblo” (Constitución de Filadelfia, 1877). Se constituye como una característica de los textos constitucionales americanos la incorporación de un artículo que enuncie la cláusula de derechos abiertos, lo que no ocurre en otras Cartas, tales como la Constitución francesa de 1958, la Constitución española de 1978, la Constitución italiana de 1947. (Cfr. Adriana Cristina Ferreira Causil. Los derechos innominados en Colombia: Reflexiones sobre su origen).
En el desarrollo de estos principios, J. Wroblewski establece varias clases de principios con fuerza normativa: “principios explícitos, principios implícitos y principios extrasistemáticos o totalmente inexpresivos"; aunque hay otras clases de principios sin fuerza normativa: principios-nombre (rasgos esenciales de las instituciones jurídicas) y principios-construcción (meta-argumentos basados en doctrinas de gran tradición, al respecto ver, Principios y normas en la concepción del derecho de Dworkin -comentarios a las observaciones críticas de Luis Prieto Sanchís, del autor José Francisco Barth, p. 191). Veamos:
Por otro lado, Olano Garcia les llama derecho innominados o de creación pretoriana a los principios que son extraídos de las fundamentaciones normativas, al menos por conexidad y no por ser implícitos en sí mismo; entre ellos podemos destacar el de mínimo vital (pluricitado ut supra), esto, porque ven una concepción holista dworkiniana (Freedom's Law the moral reading of the american constitution), establecidos jurisprudencialmente (al respecto se puede revisar las siguientes sentencias: T-212-09, T-881 de 2002, T-1103 de 2000, T-289 de 1998). Pretenden fundamentar el neconstitucionalismo como una forma de “superación” del positivismo jurídico, de tal forma en que se deja atrás la concepción de un Estado de derecho, para dar paso supuestamente a un “Estado constitucional y democrático”, en donde esa “moral universal” está previstos en la Constitución, en forma de principios (implícitos o explícitos), reglas o valores, a lo Estrada Vélez.
El profesor Olano (ibid) menciona, igual que Carlos Medellin, derechos innominados e implícitos que ha emitido la Corte Constitucional, una lista, aunque tampoco completa, que son los siguientes:
Derecho a la dignidad humana (T-306 de 1995 y SU-039 de 1998); derecho a la vigencia real de la Constitución (Auto 014 de 1995); derecho a vivir en paz (T-008 de 1992);derecho a la identidad étnica (T-380 de 1993); derecho a la subsistencia (T-005 de 1995, ya mencionado ut supra); derecho al amor (T-416 de 1995); derecho al olvido (T-551 de 1994); derecho a comunicarse (C-626 de 1996 y C-010 de 2000); derecho a conservar el empleo (C-003 de 1998); derecho a disentir (T-706 de 1996); derecho a exhumar un cadáver (T-162 de 1994, T-571 de 1995, T-609 de 1995 y T-462 de 1998); derecho a informarse (C-350 de 1997); derecho a que le adjudiquen un baldío (C-097 de 1996); derecho a la afiliación a un club social (C-296 de 1995); derecho a la alimentación (T-049 de 1995); derecho a la autodeterminación informativa (T-307 de 1999); derecho a la calidad de medicamentos (T-322 de 1994); derecho a la corrección paterna (T-123 de 1994); derecho a la creación y difusión del arte (T-104 de 1996); derecho al mínimo vital (T-443 de 1994, ya mencionado ut supra); derecho a la información por televisión (C-350 de 1997); derecho a la merced de aguas (T-305 de 1994); derecho a la procreación (T-341 de 1994); derecho a la tranquilidad (T-226 de 1995, T-112 de 1994. T-003 de 1995, T-198 de 1996, T-113 de 2001…); derecho a la verdad (T-752 de 1998, T-277 de 2000 y T-327 de 2001); derecho a prevenir la guerra (C-328 de 2000); derecho a mantener el poder adquisitivo del salario (C-1064 de 2001), menciona también el derecho a la maternidad reforzada, habiendo más… (Olano Garcia, Preguntas y Respuestas de derecho constitucional colombiano y teoría general del Estado, 2009, Ediciones Doctrina y Ley, p. 205).
Se ha expresado que Hart no identifica principios jurídicos implícitos, lo cual es mentira, ya que como dice J. Alonso (en Principios implícitos y fuentes sociales del derecho) hay principios sin justificación positiva que pueden ser admitidos desde el iuspositivismo, por ejemplo, los principios: “Ley posterior prevalece sobre ley anterior, ley especial prevalece sobre ley general, ley superior prevalece sobre ley inferior”. Todos estos principios no suelen estar positivizados (y no necesitan serlo); los mismos se derivan de nuestra concepción de los sistemas jurídicos positivos. (Se puede ver al respecto, Jorge Rodríguez y Jordi Ferrer Beltrán, 2011, Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos, Marcial Pons, Madrid; Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin, 1981, La concepción expresiva de las normas” en “Análisis Lógico y Derecho”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991).
Según sentencia C-284 de 2015, la Corte Constitucional ha mencionado con respecto a la finalidad de los principios:
Una revisión de la literatura permite identificar que a los principios generales del derecho suelen atribuirse diferentes funciones. En algunos casos se advierte que ellos cumplen una función crítica de los ordenamientos. En este caso los principios actúan como la imagen de un derecho ideal al que deben apuntar los ordenamientos históricos. Otra perspectiva señala que los principios generales actúan como verdaderas normas jurídicas y cumplen por ello una función integradora. En estos casos, dicha función se activa a falta de ley y, en esa medida, aunque constituyen verdaderas fuentes, tienen una naturaleza subsidiaria. Suele encontrarse vinculada esta caracterización con aquella doctrina que asume que los principios generales del derecho son el resultado de un proceso inductivo que parte de las reglas específicas previstas en el ordenamiento y arriba a la identificación de enunciados generales que las agrupan a todas. Finalmente, una tercera postura advierte que la tarea de los principios consiste en precisar el alcance de las fuentes del derecho, cumpliendo entonces una función interpretativa. En estos casos se acude a los principios únicamente con el propósito de aclarar dudas, o superar las ambigüedades y vaguedades propias de los enunciados jurídicos.
Siguiendo con J. Alonso, este propone, una concepción de principios jurídicos implícitos compatible con las tesis iuspositivista de las fuentes sociales del derecho. La posibilidad de admitir principios implícitos con arreglo a la tesis juspositivista de las fuentes sociales del derecho puede impactar en el modo en que se concibe la llamada tesis de la “discreción judicial fuerte”, usualmente atribuida al iuspositivismo. Tal atribución no es injusta si se tienen en cuenta los desarrollos de Hart y de Alchourrón y Bulygin. (Cfr. Principios jurídicos implícitos y coherencia).
Por último, para Guastini, un derecho subjetivo no es sino el contenido de una norma: la norma que lo confiere. Un derecho implícito es, por tanto, el contenido de una norma implícita. Por ejemplo, el derecho –de los vivos– a la vida (no debe confundirse con el derecho a nacer de los aún-no-vivos) puede considerarse implícito en todas las normas que adscriben derechos a los vivos (pero también, obviamente, en la norma que prohíbe el asesinato o, incluso, en la norma constitucional que prescribe la tutela de la salud). El derecho al secreto de la correspondencia presupone el derecho a intercambiar correspondencia libremente. Para el “iusrealista genovés”, el problema de reconocer derechos implícitos está en aprobar un desplazamiento de poderes normativos de los órganos legislativos a los jurisdiccionales. No necesariamente la construcción, por ejemplo, de una libertad o de una inmunidad implícita merezca la misma aprobación política que la construcción de un poder o de una pretensión implícita, a lo que fatalmente los derechos entran en conflicto (implícitos) con los expresamente adscritos, por lo que genera un derecho implícito haciendo que prevalezca sobre un explícito, y no es pacífico que una norma explícita (un derecho escrito en blanco y negro) en una carta constitucional ceda frente a un derecho implícito (llámese: principio) de fuente jurisprudencial (Derechos implícitos, DOXA).  
Si bien la Corte Constitucional ha sido el órgano encargado de desarrollar con su jurisprudencia la teoría de: “Los derechos innominados e implícitos” en el país, no es menos cierto que no se ha reconocido estos derechos innominados como fundamentales por sí mismos sino en conexidad con otros derechos fundamentales, lo cual deja ver, en otro grupo, que han existido magistrados que no han aceptado nunca derechos (principios) implícitos como fundamentales ni siquiera en conexidad, entre ellos, tenemos a: “Fabio Morón Díaz, Jaime Araújo Rentería, José Gregorio Hernández y Ciro Angarita”. (Cfr. Adriana Cristina Ferreira Causil. Los derechos innominados en Colombia: Reflexiones sobre su origen; si se quiere se puede revisar las siguientes sentencias: T-426 de 1992, T-414 de 1992, T-527 de 1992, T-551 de 1994 y T-713 de 2003), de todo esto se puede concluir, siguiendo a los progresistas jurídicos (pijoprogres), que aún el Tribunal de cierre sea proclamada como "conservadora"; según la idea de considerar a los principios implícitos por sí mismos como tal, pero a nuestro concepto ya no lo es, ni siquiera en ese sentido o dese cuenta usted mismo.


*Abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Administrativo y candidato a la Maestría de Derecho Público de la misma universidad. Me puedes seguir en Twitter e Instagram como: mariodaza