5 de noviembre de 2016

¿SON LOS OFICIOS ACTOS ADMINISTRATIVOS?



Si entendemos como acto administrativo la manifestación de voluntad, unilateral (interna o externa) emanada por una entidad estatal en aras de producir efectos jurídicos; en este son, no solo los oficios pueden ser considerados como actos administrativos, cuando producen estas circunstancias, sino todo lo relacionado a ello: memorándum, cartas…, que bien pueden determinarse como normas blandas, pero que la doctrina le ha llamado exactamente como: “actos de la administración”, “de trámite”, lo cual no admiten recursos, esto en virtud del artículo 75 del CPACA, ya que en principio solo sirven para darle impulso a un expediente o sustanciar un reclamo administrativo.
Todas estas declaraciones de voluntad, emitidas por la Administración, constituyen acto administrativo, sino que de distinto tipo, según su clasificación. Ejemplo de esto: el informe expedido por la oficina jurídica de un municipio; dictamen de un perito; memorándum que solicita información…, de esta forma se podrá considerar que los oficios son actos administrativos unilaterales internos, que van dirigidos a otras autoridades, pero no, también pueden ser externos, dirigidas a particulares que inclusive producen una consecuencia jurídica. Puede que a través de ellos, una entidad niegue un derecho a causa de un oficio (o llame como se llame), y no admita recurso.
El caso en concreto:
La administración X, emite un oficio Y (u otro acto parecido) por la cual decide suspender el proceso Z. Si tenemos en cuenta que el oficio, es un simple documento, no se podría demandar, "ya que no produce ningún efecto", pero si apreciamos que es un acto administrativo, así sea “de trámite” puede ser impugnado ante la jurisdicción cuando produce consecuencias; por tanto, puede ser impetrado por el medio del control de la nulidad y restablecimiento de derecho (falsa motivación o incompetencia). Lo mismo sucede con las normas blandas o actos administrativos informales (reversa de instrucción) tales como: las circulares, directivas... que perfectamente pueden ser demandadas, sujetos a un control de legalidad. Igual que los conceptos, que son actos de carácter interno no ejecutorios, que carecen de efectos decisorios frente a los administrados. Si eventualmente los tuvieran, serían actos administrativos reglamentarios en el nivel último de ejecución de la ley, en sus aspectos técnicos y operativos, tal como lo expresa la DIAN (#15975) del 1 de junio de 2015.
En consonancia de todo esto, la Sentencia del Consejo de Estado, subsección a, del 12 de octubre de 2011. CP. Vergara Quintero, decretó la nulidad del oficio "comunicación" en la cual se ordenaba suprimir el cargo de auxiliar de enfermeria. Se ha enfatizado esta corporación en demostrar que los oficios de comunicación "de trámite", tienen la posibilidad de ser demandados ante esta jurisdicción. De ello tenemos que hasta el año 2010 el Consejo de Estado sostuvo que el oficio de comunicación no era un acto demandable porque consideraba que este constituía una mera información de la decisión (al respecto, ver, Sentencias 14 de agosto de 2009; 22 de junio de 2009; 11 de junio de 2009,; 26 de febrero de 2009; 2 de octubre de 2008, entre otras). Esto cambió, en virtud de “la teoría del acto integrador”, según la cual el oficio se materializa con la desvinculación, en este caso del servidor público. (Exp. 25000-23-25-000-2001-10859-01, Nº 1712-2008).
En sentencia de la Corte Constitucional T-228 de 2016, citando a Berrocal, Luis Enrique. 2016. 7ª edición. Manual del Acto Administrativo. Librería Ediciones del Profesional LTDA. p. 213, se expresa:
En este sentido, la doctrina doméstica ha sostenido que los oficios excepcionalmente son actos administrativos, así, en el caso del oficio, pasa a ser el acto administrativo cuando es el medio a través del cual se exterioriza de manera directa la decisión o respuesta a un asunto, de manera que al mismo tiempo sirve para instrumentalizar o plasmar la decisión, y para comunicar al interesado. El oficio no está antecedido de otra forma de exteriorización de la decisión.
Los argumentos, de esta corporación, en aceptar la posibilidad de demandar los oficios de comunicación por ser los actos administrativos de contenido particular y concreto que modifican la situación jurídica, ha sido novedoso. Si la manifestación de voluntad no decide, no es un acto administrativo. No importa, como se aprecia, la calificación formal de la decisión que se demanda; la misma podría denominarse “acto administrativo”, “resolución”, “circular” o de cualquier otra manera; puesto que lo determinante es que contenga los elementos referidos y de ser así, resulta procedente el juicio de legalidad que se proponga ante esta jurisdicción. (Consejo de Estado, sección tercera, sentencia 20 de febrero de 2008. CP. Guerrero de Escobar).