5 de noviembre de 2016

LA REVOCATORIA DIRECTA DE ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR SIN CONSENTIMIENTO


Si en un Municipio se presenta un caso X, sobre el remediar un error de la administración, a causa propia: lapsus clavis (calami), pero para esto, se necesita de una solicitud previa, escrita, expresa para que se revoque esa "situación jurídica" que se ha generado o a causa de ese "derecho" que se ha originado. A fortiori, no debe porqué existir permiso para revocar el acto administrativo concreto y particular, cuando sea a favor. El espíritu de la norma es claro en constatar la búsqueda de no rechazar aquellas situaciones, derechos, hechos..., que ya se han adquirido, por ejemplo: respecto a una pensión, un permiso..., ahora, si lo que queremos es revocar para evitar conculcar derechos, no tendría porque pedirse dicho consentimiento, porque va en favor, como cuando violamos el derecho de defensa y el debido proceso.
Por medio del artículo 97 sobre revocación de actos de carácter particular y concreto, se expresa que se puede dar la revocatoria de acto administrativo de carácter particular cuando se haya creado o modificado una situación jurídica o reconocido un derecho de igual categoría, pero, también dice que no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (acto de lesividad). Con respecto al artículo 93 (general) del tema en mención expresa que deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los  cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
Realizando, una lectura enjundiosa de los enunciados, se puede precisar que si el acto ocurrió por medios ilegales; y la revocación no se esta agravando la situación del solicitante; por tanto, se están restableciendo los derechos de defensa y del debido proceso. En consonancia a la jurisprudencia constitucional y legal. Desde un análisis del Decreto 01 de 1984 (antiguo CPACA) hasta llegar al nuevo, Ley 1437 de 2011, se considera, que lo que se busca con esta disposición es, seguir la constitucionalidad de la misma, esto, considerando a la excepción de inconstitucionalidad instituida como un todo, en caso tal, que no se quiera aceptar tal tesis, lo mismo que el de ilegalidad. Al respecto en la Sentencia C-037 de 2000 de la Corte Constitucional expresa:
“Abrir una interpretación analógica del artículo 4°de la Constitución, según la cual así como cualquier autoridad debe dar aplicación prevalente a las normas constitucionales sobre cualesquiera otras que resulten contrarias a ellas, de igual manera debe inaplicar disposiciones contenidas en actos administrativos de cualquier índole, cuando contradicen a aquellas otras que les son superiores jerárquicamente. En efecto, la analogía entre los fenómenos de la inconstitucionalidad y la ilegalidad de las normas parece ser manifiesta, pues en uno y otro caso se trata del desconocimiento de normas de mayor rango jerárquico. Así, siendo análogas ambas situaciones cabría la aplicación del artículo 4° superior, para deducir que en todo caso de incompatibilidad entre una norma superior y otra inferior deberán prevalecer las disposiciones de mayor jerarquía”.
Que no solo el artículo 4 de la Constitución colombiana de 1991 establece sobre la autorización de toda persona de hacer prevalecer la Constitución sobre cualquiera otra norma. En segundo lugar, el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 también lo determina que: "Los actos del ejecutivo se aplican inmediatamente si no son contrarios a la Constitución y las leyes". A contrario sensu si son contradictorios se deberán rectificar.
La infracción legal genérica se denomina violación de ley y se presenta cuando el acto administrativo reglamentario es contrario a disposiciones jerárquicamente superiores, creadores de situaciones jurídicas generales, separándose del texto o del espíritu por error respecto de los hechos sobre los cuales actúa, Se trata de vicios de forma en cuanto los actos administrativos deben formarse mediante procedimientos previstos en la ley, pues la forma es la regla general en el acto administrativo reglamentario, como en el acto jurídico privado lo es el intercambio del consentimiento. Para determinar qué vicio de la forma afecta al acto administrativo reglamentario deben distinguirse tres categorías: (a) las previas a su expedición, (b) las concomitantes y (c) las posteriores a su expedición. Como no existen las matemáticas jurídicas son sustanciales en cada caso concreto, las que constituyen una garantía y, por ende, un derecho para los asociados. (Andres Fernando Mesa Valencia (2013). El principio de la fe: El acto propio y la confianza legítima. Hacia una teoría del precedente administrativo en Colombia.
En este orden de ideas, tenemos  que en las sentencias de la Corte Constitucional (anterior al nuevo CPACA) T-639 de 1996 y T-720 de 1998  que:
Es indudable entonces, que cuando la autoridad que ha proferido un acto administrativo de carácter particular y concreto, encuentra que el mismo se obtuvo con fundamento en actuaciones ilegales o fraudulentas, tiene la facultad de revocarlo, pues en este caso, el interés que prima es aquel que tiene el conglomerado social en que las actuaciones de la Administración no se obtengan por medios que vulneren el ordenamiento jurídico. Ello atenta contra el derecho que tiene la ciudadanía a que las actuaciones del Estado se adelanten en forma equitativa, respetando el derecho que tienen los asociados de acceder a la Administración en igualdad de condiciones, derecho que no puede claudicar en favor de quienes utilizan mecanismos contrarios a la ley para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses”.
La Sentencia T-105 de 2007, de esta misma Corporación señaló que:
“El acto administrativo que así lo declare [—la revocatoria—] deberá en todo caso hacer expresa mención de dicha circunstancia y de la totalidad de los elementos de juicio que llevaron al convencimiento de la administración, lo cual implica necesariamente la aplicación de un procedimiento que permita a la Administración reunir dichos elementos de juicio”
En precedente reciente de la Corte Constitucional, C-255 de 2012, con efecto erga omnes, manifiesta, a la luz de la constitucionalidad del nuevo CPACA:
“Recuerda que la facultad de revocatoria directa de actos administrativos no se encuentra per se constitucionalmente prohibida. Es cierto que por regla general la administración no puede revocar unilateralmente sus propios actos, sino que debe acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la llamada acción de lesividad, entre otras por razones de seguridad jurídica y confianza legítima. Pero también es cierto que excepcionalmente el Legislador puede autorizar la revocatoria unilateral sin que medie la anuencia del administrado, cuando ello obedezca a razones constitucionales importantes, existan elementos de juicio acreditados de manera suficiente y se ofrezcan al ciudadano todas las garantías para ejercer sus derechos de contradicción y defensa en el marco del debido proceso”.
Si bien el acto propio opera cuando una autoridad ha emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y definida a favor de otro, tal principio le impide a esa autoridad modificar unilateralmente su decisión, siempre que no sea a su favor o negando/modificando un derecho que ya se le ha reconocido, esto teniendo en cuenta el principio de buena, confianza legítima, del artículo 83 constitucional.
En jurisprudencia del Consejo de Estado, de la sección segunda, subsección B. CP. Arenas Monsalve del 15 de agosto de 2013, determina que:
“De acuerdo con las consideraciones que anteceden, se tiene que la jurisprudencia de esta Corporación, bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984, prohíjaba la tesis de que el inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo faculta a la administración para revocar directamente actos administrativos de contenido particular y concreto en los casos en que dichos actos hayan sido producto del silencio administrativo positivo, y concurra una de las causales del artículo 69 ibídem o, en el evento, de que hayan ocurrido por medios ilegales [...]. En efecto, a la luz de esas normas, la administración contaba con la posibilidad de revocar actos administrativos de contenido particular en el evento en que su ilicitud sea evidente u ostensible. Así las cosas, como lo sostuvo la sentencia en cita, no se trata de que la autoridad pública intuya o sospeche sobre la ilegalidad de los medios utilizados para obtener el acto, tal circunstancia, a juicio de la Sala, debe estar debidamente documentada y probada dentro de la actuación administrativa que, en todo caso, procede la expedición del acto que contenga la decisión de la revocatoria, tal como lo ordena el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo. Con todo, aún ante la excepción que permite a la Administración revocar su propio acto por la existencia de una actuación ilícita, la misma debe desplegar un procedimiento que respete los derechos fundamentales de la persona afectada”. En el mismo sentido Sentencia T-338 de 2010.
Respecto al caso,, no se ha creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, en contra, lo contrario, cuando revocamos oficiosamente un acto administrativo solo se debe realizar en el caso de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso del perjudicado, esto en pro, de los principios sancionatorios liberales.