3 de noviembre de 2016

LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS



Respecto a la notificación de las actuaciones administrativas, de carácter particular y concreto, el capítulo V del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA), en el artículo 67 establece que las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente, mediante la entrega al interesado, de la copia íntegra, auténtica y gratuita de acto administrativo. La notificación personal también se podrá realizar por medio electrónico en determinados casos y siempre que el interesado acepte ser notificado de esta manera, o por estrados.

La Corte Constitucional en sentencia T–210 de 2010 destaca la importancia de la notificación de los actos administrativos de carácter particular, en el que cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, a saber:

i) asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la Administración; ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes.

Caso en concreto:

Si un representante legal pide ser notificado electrónicamente, tal como se constata en el expediente de un proceso, en consonancia con el artículo 68 del CPACA, y la sentencia de la Corte Constitucional C-012 de 2013 en el que dispone de no existir otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figure en este (...). Asimismo, el artículo 56 del CPACA, que regula lo relativo a la notificación electrónica, establece que “Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación (...)".

El artículo 55 y 56 del CPACA sobre documento público y notificación en medio electrónico, arguyen que los documentos públicos autorizados o suscritos por medios electrónicos tienen la validez y fuerza probatoria que le confieren a los mismos las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (en este caso el CGP). Las reproducciones efectuadas a partir de los respectivos archivos electrónicos se reputarán auténticas para todos los efectos legales. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.

Según los términos y condiciones de la notificación electrónica efectuadas en las entidades administrativas se entiende que la notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado tenga acceso al acto administrativo, es decir, que el mismo quede disponible en la bandeja de entrada del correo electrónico informado por el usuario. Entendiendo la Ley 527 de 1999 a lo que se refiere al artículo 20 sobre acuse de recibo. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el iniciador solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante un acuerdo con lleno de los requisitos:

a) Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o b) Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el mensaje de datos. Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, y expresamente aquél ha indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recepcionado el acuse de recibo.

Así los términos de condición y referencia se tendrán en cuenta como el acuerdo que realiza la administración y el solicitante. Habida cuenta de que la dirección suministrada por el interesado se presume propia, el usuario se obliga a utilizarla directamente y no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de los actos notificados por operaciones en el buzón delegadas en terceros. So pena de quedar invalidada.

Al respecto la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 21 de abril de 2016. CP. Bermudez, expresa que en las notificaciones electrónica con las entidades públicas y particulares que cumplan funciones públicas están obligados a recibir notificaciones (aunque judiciales) en un buzón de correo electrónico siempre y cuando exista aceptación de forma expresa del medio de notificación. Es así como el artículo 197 del CPACA establece quiénes están en la obligación legal de tener un correo electrónico con la única finalidad de recibir notificaciones judiciales… Y el inciso segundo de esta norma fijó que las notificaciones que se realicen en ese buzón se entenderán como personales. Cosa distinta se da en el inciso 2, numeral 1 del artículo 291 del Código General del Proceso dispone, que las entidades públicas se notificarán de las sentencias que se profieran por fuera de audiencia conforme lo dispone el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, es decir al buzón electrónico dispuesto para notificaciones judiciales.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia C-012 de 2013 ha señalado que contar con medios subsidiarios de notificación es parte del procedimiento normal de las actuaciones administrativas, dado que de este modo se ofrece una solución válida en casos en los que no es posible realizar notificaciones personales, garantizando el principio de celeridad y los derechos e intereses ciudadanos. Sin embargo los mecanismos subsidiarios no reemplazan a los principales y deben ser utilizados únicamente después de agotar los recursos disponibles para comunicar personalmente las actuaciones administrativas.

Así tenemos en cuenta la acción de tutela contra providencia judicial, de la sección segunda del Consejo de Estado, con fecha del 25 de noviembre de 2014, CP. Arenas Monsalve, en el que se expresa.


Frente a la comunicación realizada a la apoderada de la entidad (aunque en el plano jurisdiccional), es importante resaltar que X persona en la contestación de la demanda del proceso ordinario, le informó al Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga que recibía notificaciones en el despacho o a través del correo electrónico alcaldíaballesteros@gmail.com. Sin embargo, revisada la notificación efectuada por el juzgado accionado a la abogada del Municipio de Bucaramanga, la constancia de recibido no existe, por lo que se colige que el Juzgado evidencia que la comunicación fue dirigida al buzón alcaldíabasteros@gmail.com, el de efectuar la notificación de la sentencia, no habiéndose surtido la comunicación en Once Administrativo de Bucaramanga tuvo conocimiento de la imprecisión al momento proferida el 23 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander que debida forma. En atención a las anteriores consideraciones, se revocó la sentencia que negó el amparo solicitado por la apoderada del Municipio de Bucaramanga, y en su de justicia del Municipio de Bucaramanga ante la imposibilidad de la apoderada de lugar se tutelaran los derechos de defensa, contradicción y acceso a la administración ejercer en defensa de la entidad.

A corolario de lo anterior, se colige, que sin violar el debido proceso administrativo (aunque aplicable en el plano judicial) se puede realizar la notificación electrónica a solicitud del peticionario un dia X, y recibirlo un día Y, sin que este implique acuse de recibo, siempre y cuando haya acordado con la administración (entidades centralizadas, descentralizadas...) y el administrado, que se tendrá como notificado por el simple hecho de haber llegado el correo al buzón de entrada. Por tanto si no se hace, así haya puesto el correo en la solicitud, se tendrá como viciada, por no ir acorde al CPACA y mucho menos a la Ley 527 de 1999, sobre materia de mensajes de datos.