27 de octubre de 2016

EL ALCALDE DE SOLEDAD: JOAO HERRERA, NO ESTÁ INHABILITADO


La política ha dejado un sin sabor a algunos candidatos en la contienda electoral, a otros un gusto por el protagonismo que se les presenta desde el día de su elección; en este caso, para el alcalde de Soledad, que ha alcanzado la curul por el municipio para liderar una transformación local, pero que por pugnar a obtener una trayectoria en pro del desarrollo de los soledeños, se le ha tratado de colocar talanquera para seguir con el trabajo conseguido. El fin de toda justicia, parafraseando a Ihering es: “el fin del derecho y la lucha el medio para conseguirlo”; por tanto, debo perseguir ese derecho, sino lo hago, no solo abandono ese derecho, sino el derecho, que es la justicia misma. De esto nos referimos cuando describimos alcanzar al derecho material/sustancial sobre la forma; el Estado debe prever una garantía legal (isonomía) respetando los principios del ordenamiento jurídico en su integralidad.
Cicerón expresa que la justicia no espera ningún premio, se la acepta por ella misma y de igual manera son todas las virtudes. Con referencia al caso del que pronto se definirá, en el que el actual burgomaestre de Soledad: José Joao Herrera Iranzo, está inhabilitado: (i) por haber renunciado cuatro meses antes de la elección al haber fungido como notario, (ii) debido al ejercicio de un proselitismo político, y (iii) con la idea de que el hermano había sido fedatario; pueden ser ciertas, pero, no tienen validez en el plano jurídico, por lo tanto se toman como irrelevantes. Desde que realizamos el primer ejercicio, de demostrar que los notarios pueden renunciar meses e incluso semanas antes con cumplimiento de los requisitos legales para luego ser elegido democráticamente no suele tener inconveniente; esta idea se toma igual como cuando un coloso cuyo pedestal ha desaparecido, cae por su propia peso y se rompe en pedazos; las hipótesis a la que alegan los demandantes se desploma por añadidura.
En respuesta, el argumento principal por parte de la parte demandada se fundamenta en que los notarios son particulares que si bien prestan un servicio público, cumplen una función pública, no son servidores públicos, ni son funcionarios estatales, pues, porque sencillo, no tienen un vínculo laboral ni reglamentario con el Estado; si bien antes lo eran (C.E, 22 de octubre de 1981, CP. Ignacio Reyes Posada; C.E, 5 de marzo de 1998, CP. Dolly Pedraza), jurisprudencialmente cambió. Los notarios no tienen autoridad ni ejercicio de una jurisdicción, tal como lo destaca múltiples sentencias de la máxima autoridad de la jurisdicción Contencioso Administrativa (C.E, 25 de agosto de 2005. CP. Quiñones Pinilla; C.E, 8 de agosto de 2012, CP. Arenas Monsalve; C.E, del julio 11 de 2013, CP. Lucy Jeannette Bermúdez). Ahora, que el tribunal de cierre constitucional considere que son autoridades, es otra cosa; pero, no en el entendido que lo exige el numeral 2° del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (C-741 de 1998, MP. Martínez Caballero; C-1212, 2001, MP. Araujo Rentería; C-181 de 1997, MP. Morón Díaz; C-093 de 1998, MP. Naranjo Mesa; C-741 de 1998, MP. Martínez Caballero; SU-250 de 1998, MP. Martínez Caballero; C-399 de 1999, MP. Martínez Caballero; C-1508 de 2000, MP. Charry Rivas), al contrario, se destaca no como servidores estatales en sentido subjetivo u orgánico (C-863, 2012, MP. Vargas Silva).
En cuanto a los demás supuestos, tenemos que el señor Herrera renuncia (5 de junio de 2015, Decreto 000364, notificado el 9 de junio, reemplazado por Jacqueline de la Hoz, posesionada el 10 de junio del mismo año) antes de comenzar su vida política (12 de junio), bien, que está debidamente evidenciado en el proceso judicial, es que comienza su proselitismo. Si el hermano fue nombrado fedatario en algún tiempo, ¿por qué tomarlo en cuenta? Sí el Alcalde mismo pudo serlo sin ningún problema, meses antes de la elección con mucho más razón lo podrá ser (qui potest plus, potest minus).
Lo que se permite concluir de todo esto es que el alcalde actual de Soledad, no está inhabilitado y lo que queda son berrinches del que se pretende justificar, para dejar por fuera un sustento jurídico legal que ya ha sido plasmado jurisprudencialmente; teniendo entonces que son particulares (C.E, 20 de marzo de 2014, CP. Buitrago Valencia) como cualquier otro, con un servicio de colaboración al público y una función solo en razón de la fe notarial, con condiciones especialísimas, sin tener un vínculo con el Estado, en que solo lo son a efectos sancionatorios, por los actos, daños y perjuicios que causen a los usuarios de servicio en la prestación del mismo (C.E, 12 de noviembre de 2014, CP. Valle de la Hoz).