7 de octubre de 2016

CUANDO EL PUEBLO DICE NO, QUIERE DECIR: ¡NO!



Por, Julio Alejandro Maya Amador vía @derechopublico1
El  mundo  entero  fue  el  auditorio  propicio  para  el  reciente   espectáculo electoral de Colombia, en donde la democracia y sus atributos competían apresuradamente en sus más altos valores:


(i) La voluntad popular que se manifiesta a través de un pacto social al decidir sí o no acerca del llamado Acuerdo Final para una paz estable y duradera; (ii). La garantía de los derechos fundamentales, en este caso el de la paz, tal como lo establece el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y que se enmarca como un deber ciudadano en el 95 ibídem, y (iii). La división de poderes, un ejecutivo que va más allá del freno y del contrapeso clásico, para convocar una “refrendación” que por medio de un mecanismo de participación ciudadana buscaba avalar lo acordado en la Habana/Cuba y suscrito en Cartagena/Colombia.
Después del debate plebiscitario del dos (2) de octubre reciente, las dudas que asaltan a los colombianos y en especial sobre espectro jurídico son muchas; sin embargo, los interrogantes que se entraran aclarar son tres particulares:


1. ¿Tienen pleno efectos jurídicos los Acuerdos de la Habana?
2. ¿Tienen los Acuerdos de la Habana solo efectos políticos?
3. ¿Cuál es la situación actual de los Acuerdos?
Así   las   cosas,   se   hace   imprescindible   hacer    un    breve    bosquejo constitucional, jurisprudencial y legal, a fin de poder alcanzar el conocimiento real del estado jurídico actual de los Acuerdos acordados y firmados por el presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, y el señor Rodrigo Londoño Jiménez, de signatura Timo.
Han sido varias, distintas,  y  diversas  las  voces  que  se  han  pronunciado acerca de este al respecto; no obstante, hace un eco de sonora auditiva relevante lo manifestado por el alto jefe de la FARC-EP, quien dijo textualmente: “Los acuerdos tienen efectos jurídicos ya adquiridos”, y otros más, que convergen con este último y también los que divergen del mismo, por lo que se hace justo y necesario sustentar el requerimiento del constituyente primario en esta senda, excluyendo este de las manchas propias del fulgor y efervescencia política, sino desde la prudencia propia que caracteriza el orden jurídica y de los instrumentos que gozan de esta competencia determinadora.
Los Acuerdos de la Habana no tienen  plenos  efectos  jurídicos  adquiridos, considerando que, este ha sido estatuido por medio del Acto Legislativo 01 de 2016, el cual tuvo un previo y automático control de constitucionalidad por la jurisdicción regente en esta materia: la Corte Constitucional, la cual marco definidos lineamientos en las distintas hipótesis a las que este mecanismo de refrendación podría estar sujeto, como sería la del NO o la del SI. En este sentido, y ante la verdad del NO, cabe hacer alusión a lo esbozado por la Corte, que dijo: la consecuencia correlativa de la votación desfavorable o de la falta de votos suficientes para la misma, es la imposibilidad jurídica para el Presidente de adelantar la implementación de ese Acuerdo en específico” (Sentencia C-379 de 2016). Esto es totalmente contrario a lo expresado por el señor Timochenko, cuando dice que: “La consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno”.


Además,  encuentro  pertinente  señalar,  que  el  mismo  presidente  de   la República de Colombia, impregnó de suma e irrestricta importancia la adhesión popular supeditada al Acto Legislativo 01/2016 sometido al control constitucional, y que fue el que en últimas reglamento los efectos jurídicos del plebiscito al salirse dentro del margen del común y corriente formalista al final de casi todas las leyes o actos administrativos en Colombia, cuando se dice: este empieza a regir a partir, ya sea, de su publicación, promulgación, comunicación u otras maneras, pero en este preciso caso; se dice, en su artículo quinto y final,  acerca de su entrada en vigencia, que: “El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Así las cosas, se ha considerado de forma  sumaria  y  clara  los  cometidos legales, jurisprudenciales y constitucionales que le dan efectos jurídicos a los Acuerdos de la Habana, amén de la otra afirmación del jefe “exguerrillero”, cuando también plantea, que: “Ha sido firmado como acuerdo especial y depositado ante el Consejo de la Confederación Suiza en Berna, ello le confiere innegable e irrevocable efecto jurídico”. A lo cual, es menester traer a colación la vertiente del Derecho Internacional Público Monista, que a su vez se ramifica en dos postulados que posicionan al Derecho Interno por encima del Internacional, a contrario sensu, que es la que radica al Derecho Internacional con prevalencia del orden jurídico interno.


La teoría   Monista,   y   su    bifurcación    tiene    acogida   en   el   Derecho colombiano, aun cuando haya acogida a inclinaciones discutidas y controvertidas en las distintas escuelas de derecho en Colombia, y entrar a establecer una convergencia en cuanto a esta no es el objeto del presente artículo, con todo y eso, el principio de legalidad es de prima facie en nuestro ordenamiento, y lo dicho en el Acto Legislativo en cuanto a la entrada en vigencia de los acuerdos es ostensiblemente claro: SI EL PUEBLO DICE QUE NO: NO HAY ACUERDO vigente.


Por otro lado, valdría la pena esbozar un breve aclarativo acerca del trámite en Colombia acerca de los acuerdos de naturaleza internacional que entran a hacer parte del orden interno, ya que tienen similar valor a los Acuerdos de la Habana, en conformidad a lo dicho en el Acto Legislativo 01, así: “una vez este haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad”. No es más que observar el tenor literal del artículo 93 de la Carta Política de 1991 para equiparar estos últimos a los tratados y convenios de orden internacional, según reza el articulado constitucional: LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL CONGRESO, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno” (Negrilla fuera del texto).    
En este orden de ideas, ahora se hace fácil dar solución a los interrogantes formulados:


1º. ¿Tienen pleno efectos jurídicos los Acuerdos de la Habana? NO.
2º. ¿Tienen los Acuerdos de la Habana solo efectos políticos? SI
3º. ¿Cuál es la situación actual de los Acuerdos? Ya esta respuesta ha sido también resuelta por la Jurisdicción Constitucional, y amerita más de un difícil si o de un complejo no, y al verso jurisprudencial de la Corte, su directriz esta dicha en la sentencia C-379 de 2016, así: ante la negativa del Pueblo (…) se ponga a consideración del Pueblo una nueva decisión, con unas condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron y fruto de una renegociación del Acuerdo anterior o la suscripción de uno nuevo, incluso con grupos armados ilegales diferentes a las FARC-EP.
En conclusión, los Acuerdos de la Habana no tienen pleno efectos jurídicos, solo tienen efectos políticos, y están actualmente sujetos a recomposición en consonancia a la voluntad popular.
Por último;  además  de  todo   lo   dicho,   se  recalca  que  si   no   son   los Acuerdos, si no es el Plebiscito o cualquier otro mecanismo, el mandato constitucional en cabeza del presidente de la República es de carácter vinculante, y desde el mismo principio de su mandato, al obligarse al cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” (Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 188), y entre estos derechos, está la paz, que es un derecho fundamental constitucional.