7 de septiembre de 2016

RAZONES POR LAS CUALES NO ESTÁ INHABILITADO EL ACTUAL ALCALDE DE GALAPA (ATLÁNTICO)

*Abogados especialistas con énfasis e interés en Derecho Público
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.
(Cicerón)
RESUMEN: La política ha dejado un sin sabor a algunos candidatos en la contienda electoral, a otros un gusto por el protagonismo que se les presenta desde el día de su elección; en este caso, para el alcalde de Galápa, que ha alcanzado la curul por el municipio para liderar una transformación local, pero que por pugnar a obtener una trayectoria en pro del desarrollo de los galaperos, se le han colocado talanquera para seguir con el trabajo conseguido. El fin de toda justicia, parafraseando a Ihering es el fin del derecho y la lucha el medio para conseguirlo; por tanto, debo perseguir ese derecho, sino lo hago, no solo abandonó ese derecho, sino el derecho, que es la justicia misma. De esto nos referimos cuando describimos alcanzar al derecho material/sustancial sobre la forma; el Estado debe prever una garantía legal (isonomía) respetando los principios del ordenamiento jurídico en su integralidad.
PALABRAS CLAVES: Inhabilidad, Autoridad civil, Alcalde de Galapa, Derecho Electoral

ABSTRACT: The policy has left a flavorless some candidates in the elections, others a taste for the role they are presented from the day of their choice; in this case, the mayor of Galápa, who has reached the seat by the municipality to lead a local transformation, but that strive to obtain a path for development of “galaperos”, you have placed obstacle to continue the work achieved. The end of all justice, paraphrasing Ihering is to the right and the means to achieve this struggle; therefore, I must pursue that right, but I do, I not only abandoned that right, but the law, which is justice itself. From this we mean when we describe achieve the material/substantive law on the form; the State should provide a legal guarantee (isonomy) respecting the principles of law in its entirety.
KEY WORDS: Disability Policy, Civil Authority, Galapa Mayor, Electoral Law

INTRODUCCIÓN
La política se ha convertido definitivamente en el cuento de nunca acabar. Indefectiblemente son los actores de estos escenarios los que terminan cumpliendo un papel protagónico que no culmina en su elección o no de estos; sino, que todo lo contrario, apenas empieza el desempeño del papel de la misma pugna por alcanzar el tan ambicionado poder, que sigue la misma cuerda, pero determinada, esta vez, por la perspectiva de quien alcanzó la curul, y por el otro lado, de quien (es) no obtuvieron el premio ganador.
"Derecho material o sustancial es, pues, el derecho que determina el contenido, la materia, la sustancia, esto es, la finalidad de la actividad o función jurisdiccional". (Corte Constitucional, 1995, C-029).
El Estado de derecho colombiano avanzó con la prerrogativa “social”, haciendo de este un aparato complejo, pero armónicamente estructurado para cumplir los fines que vinculan directamente los objetivos esenciales de la Constitución Política de Colombia de 1991 en alusión a los derechos de los asociados.
Así las cosas, hacer hincapié en que la interpretación normativa deja de ser un envuelto potestativo del administrador de justicia sería un derrotero falso, porque la realidad ha sido que el deber ser no reposa en instruir al juez en la aplicación inexacta de la norma, sino lo contrario, el ordenamiento jurídico en su integralidad está engranado cuasi perfectamente para que obedezca la materialización del derecho sustancial que soslaya de contreras la formalidad inocua e inepta de las actuaciones jurisdiccionales.
En este orden de ideas se cita a la honorable Corte Constitucional, que recurre en la Sentencia C-023 de 1994, haciendo referencia de la materia al establecer:
“Los accidentes deben definir cada vez más lo sustancial, en lugar de anular la realidad. De no ser así operaría un desorden jurídico, contrario al orden jurídico que inspira a la Carta Política”.

CASO EN CONCRETO
José Fernando Vargas Muñoz, ingeniero de profesión, y como el mismo dice: “hijo de la tierra de Galapa”, decide aspirar al más alto cargo de legitimidad municipal de esta parte del territorio, y toma la decisión de acompañar a su pueblo en un proceso que visiona un alcance de desarrollo desde la administración gubernamental de este Municipio como candidato a la alcaldía. Resulta electo, a la fecha del 25 de octubre de 2016, habida cuenta que haya respaldo político cimentado en la buenas costumbres de gobernar, heredadas de su padre, el señor José Vargas Palacio, quien fue alcalde del mismo municipio hasta la fecha que fue suspendido y separado del cargo por falta absoluta el día 19 de septiembre de 2014, es decir, trece (13) meses y más de unos días antes de la fecha de elección de su hijo, José Vargas Muñoz.

PROBLEMA JURÍDICO
¿Está el alcalde Galapa inhabilitado para seguir al ejercicio de autoridad?

PREGUNTA PROBLEMA
¿Es el alcalde municipal de Galapa una autoridad civil o política?
¿Adolece la candidatura de José Vargas Muñoz de vicio de nulidad al momento de su elección?
¿Estaba el señor José Vargas Palacio, padre de José Vargas Muñoz, al ejercicio de autoridad civil o política doce (12) meses antes de la elección de su hijo como alcalde de Galapa, en el mismo municipio de la elección?

AUTORIDAD CIVIL O POLÍTICA DEL  MUNICIPIO
La inicial respuesta hallaría asidero legal en la norma que restringe la libertad del ejercicio político por medio de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades taxativamente enunciado en la legislación colombiana. Entonces, es el que  nos otorgaría la solución al problema central, si se logra encajar la conducta descrita en el caso en concreto en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000:
“No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”. (Negrilla fuera del texto).
A fin de ofrecer una claridad jurídica a este primer referido, es menester entender en primera medida: ¿qué se entiende por autoridad civil o política? La cual quedará absorto a tener como objeto de profundización, siendo este concepto totalmente diáfano, y que por ende no amerita discusión, por abundantes y repetidas alusiones en esta cuerda manifestada por las altas cortes cuando expresan sin lugar a equívoco que los alcaldes ejercen tal dignidad que le permite ejercer autoridad civil o política en la vocación natural del cargo que se le designó como máxima autoridad del respectivo municipio o distrito, para la muestra los artículos 188 y 189 de la misma ley, que resalta de forma expresa a este último, caracterizándose sin temor a confundir a la dignidad en comento, como lo establece el artículo 189 de la Ley 136 de 1994 sobre autoridad política:
“[...] Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política. Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos señalados en este artículo”.

EL VICIO DE NULIDAD AL MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN
En consecuencia, tratar de determinar la afirmación o negación del hecho que cobija el acometido de este título, sería anteceder principalmente a la imperante necesidad de definir todos los factores que entran a colegir para que el supuesto vicio de nulidad en la elección de José Vargas Muñoz logre su prosperidad e impele a dar una solución de forma indiscutible a la discusión forjada alrededor de toda esta disposición de raigambre legal.
El criterio condición inmerso en la sub judice lex son los determinados por tres factores en particular, cuales son: el factor funcional u orgánico; el factor territorial; y el factor temporal.
Adrede se llamaron a enumerar la colisión de los criterios que determinan la inhabilidad del Alcalde José Vargas Muñoz, señalando que el orden de estos representa la importancia que definiría el caso bajo examen.
El factor funcional u orgánico es el ya expuesto al inicio de esta parte del trabajo, y que apunta declarar la funcionalidad de autoridad o no del Alcalde de Municipio de Galapa, indistintamente quien sea la personalidad que ostenta tal dignidad, que sin temor alguno a equivocarse definitivamente es esta una virtud inánime al alcalde del lugar.
El factor territorial es otro pilar que sostiene la presunta falta que va dirigida a pensar que la inhabilidad se halla causada por el solo hecho de que el ejercicio de autoridad, ya dilucidado indubitablemente, repercutiría a una afectación restrictiva de los derechos políticos a ejercer como autoridad civil o política de Galapa por la circunstancia de lugar que confluyen por el cargo en cuestión y el espacio geográfico donde se hace ejercicio de la autoridad detallada.
En orden de todo lo relacionado en este lineamiento académico es en efecto una condición insoslayable para que pueda redundar en esta causal de inhabilidad, y que si no coinciden estos tres factores, resultaría ileso de esta afectación el regente Alcalde del Municipio de Galapa (Atlántico) en cuanto a esta merma del ejercicio del derecho fundamental constitucional político, del cual somos todos los colombianos acreedores a la luz de la suprema normatividad de 1991.
En consecuencia, solo restaría demostrar que el Alcalde José Vargas Muñoz infligió el factor temporal, para entonces si poder afirmar que no hay cabida para el más mínimo asomo de insolvencia jurídica para adecuar de forma perfecta la figura de la inhabilidad a impedir el ejercicio de autoridad civil o política de José Vargas Muñoz, por ser hijo de José Vargas Palacio, al ser elegido en un claustro de tiempo menor al delimitado legislativamente, es decir menos de doce (12) meses a la elección. Entendiendo que si estos tres actos–condición, se logre entender que el fracaso de probabilidad de uno de estos ya nombrados factores al momento de la configuración de la conducta con efecto de inhabilidad, arrojaría rápida y directamente una resolución que favorecería al derecho político de elegir y ser elegido, y que en esta ocasión favorecería por un acto de legitimidad indiscutible sobre la persona de José Vargas Muñoz.

EJERCICIO DE AUTORIDAD CIVIL O POLÍTICA DOCE (12) MESES ANTES DE LA ELECCIÓN
Nos atreveremos a decir, primeramente, que si todo lo compilado bajo este análisis de materia es acertado; el último factor temporal, daría la respuesta concreta a la integridad del problema planteado, porque tal como se observa sin pretender ni siquiera discutir el tema de vocación de autoridad, y ejercicio de esta en determinado terruño, de qué manera estaba el alcalde actual del municipio de Galapa, merecedor de estas dos condiciones en relación con su señor padre: José Vargas Palacio, quien en el periodo pasado ejerció autoridad civil o política y quien fue alcalde entre los tiempos del primero de enero de 2012 al diecinueve de septiembre de 2014.
Sin embargo, como ya se ha expresado literalmente, por mandamiento constitucional, legal y jurisprudencial, entre otros, estos factores no se excluyen para alcanzar la inhabilidad, todo lo contrario aportan una conditio sine qua non, lo que significa que esta ecuación debe de estar perfectamente completa para llegar a obtener el resultado incuestionablemente correcto, al que se vislumbraría sin mucho solo inferir y siendo juicioso en el estudio que se examina aquí.
Con fundamento en aquellas normas, y en la jurisprudencia actualmente vigente no pueden, quienes dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección estén ligados por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, con quien haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio, para ser elegidos a ocupar un cargo de elección popular en la misma circunscripción electoral.
En los términos arriba descritos, el elemento temporal de la prohibición legal, que se estableció a doce (12) por el legislador estatutario de (1994 y 2000), se delimita con fundamento en dos extremos temporales distintos: uno inicial y otro final.
En ese sentido, el numeral 4º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, señala que:
“No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio”.
De estos preceptos, tradicionalmente, se han derivado dos extremos a partir de los cuales se impone el análisis del caso concreto (Consejo de Estado, sección quinta, 2016 junio 7. CP. Alberto Yepes). El primero -extremo temporal inicial- se refiere al momento a partir del cual se dejó de detentar la calidad de alcalde, lo que ocurrió, en el caso que nos ocupa, con la suspensión del padre del actual alcalde José Vargas Muñoz, por el sustento fáctico de una condena penal en firme proferida en su contra, que genera como consecuencia legal la destitución y consiguiente designación de quién ocuparía los destinos del Municipio, en este caso galapero, descrita al libelo del Decreto 537 del 19 de septiembre de 2014 de la Gobernación del Atlántico que surtió los efectos jurídicos de: falta absoluta en el cargo del alcalde; separación del cargo del alcalde y designación de nuevo alcalde para finalizar el período constitucional comprendido desde la fecha de este acto, 19 de septiembre de 2014, hasta la calenda del 31 de diciembre de 2015.
El segundo -extremo temporal final-, es la fecha de la nueva elección del candidato, ya que, ciertamente, lo que contiene la norma es una prohibición de elección.
De esta manera, si entre un extremo temporal y otro (“suspensión”, entendiendo que el acto no puede ser suspensivo, toda vez que no es la calidad que demarca la ley como consecuencia inconciliable para este caso, que lleva en sí en firme la sentencia penal proferida en contra del Alcalde… con el fin de ordenar la destitución y proceder conforme a lo dispuesto para la falta absoluta del Alcalde), transcurrieron más de 12 meses; la nueva elección no estará afectada por el desconocimiento del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y 34 de la Ley 617 de 2000. Sin embargo, si el lapso es inferior, la nueva elección tendrá un vicio de legalidad ya que el candidato que resultó elegido está inmerso en una inhabilidad.
Es dado decir que el término suspensión acarrea una separación temporal del cargo,  siguiendo al artículo 99 de la Ley 136 de 1994, sobre faltas temporales:
“[…] e) La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario, fiscal o penal; f) La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.
Es por esto que se hace de manera obligante traer a colación que esta situación administrativa no tiene en lo absoluto asidero jurídico que logre sustentar la cabida de la figura en comento, según el contexto fáctico del caso que condenó una conducta penal, por medio de una sentencia en firme al destituido ex Alcalde José Vargas Palacio; propiciado aún más desde este óbice argumentativo que según el proceso en curso es definitivamente inviable la procedencia de una suscripción, toda vez, que es causal literal y taxativamente expresa de destitución la consecuencia ya mencionada y que además la Ley 734 de 2002 reguladora de estos acápites sancionatorios en el entendido, primero, no proveer de este mecanismo sancionatorio para el caso mencionado, segundo, revela la imposibilidad de que este vaya más allá de tres suspensiones consecutivas como se dice en la citada ley, en su artículo 157 sobre suspensión provisional:
“Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere. […] El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia”.
Y tercero, se observa sin manto que oscurezca que el acto de la destitución se encuentra  incluido dentro del efecto del acto de la gobernación del departamento “Decreto 057 de 2014”.
En conclusión, dicho de otra forma y pensando que verdaderamente se estaría ante una mal llamada suspensión se reflejaría una situación completamente ajena y por ende susceptible de toda incompatibilidad al principio de legalidad, seguridad jurídica, y todos aquellos postulados que se enmarcan vehemente en la estructuración de un Estado de  derecho como es el colombiano, por todo esto, la coherencia material del acto en cuestión, “Decreto 057 de 2014” enrostra sin lugar a duda unos hechos de un predicado taxativo al tenor legal y de una consecuencia lógica  como es la de la destitución.
Pues bien, ocurre que el señor José Vargas Palacio, padre del alcalde demandado ocupó tal dignidad hasta el 19 de septiembre de 2014, fecha en la que le fue separado del cargo y como consecuencia reemplazado por otro que revelaría esta situación hasta quien terminaría el período constitucional restante hasta la fecha del 31 de diciembre de 2015, cual así fue.
Por lo anterior, el alcalde José Vargas Muñoz el 25 de octubre de 2015 participó en la contienda electoral que culminó como la consecuencia satisfactoria de resultar electo alcalde del municipio de Galapa para las recientes elecciones territoriales de 2015.
Entonces, como entre el 19 de septiembre de 2014 -extremo temporal inicial aplicable al caso concreto- y el 25 de octubre de 2015 -extremo temporal final aplicable al caso concreto-, ciertamente, transcurrieron más de los 12 meses, exactamente trece (13) meses y seis (6) días que exigen los artículos 95 de la ley 136 de 1994, 37 de la 617 de 2000, no es procedente anular la elección de José Vargas Muñoz al cargo de alcalde del municipio de Galapa (Atlántico) por las razones anteriormente expuestas.
CONCLUSIÓN
Si bien sabemos que el actual alcalde de Galapa, como su padre han ejercido una autoridad política, esta, no puede ser causal de impedimento para ejercer tal cargo político; tal como no los muestra la norma sancionatoria: artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en el que se imputa presuntamente un vicio de nulidad; cuando conciernen integralmente los factores funcional u orgánico (referido a la funcionalidad del alcalde en el municipio), territorial (que confluye por el cargo en cuestión y espacio geográfico donde se hace ejercicio de la autoridad detallada) y temporal (entendido, como el tiempo delimitado antes de los doce meses de la fecha de sanción); por lo que podemos decir que al faltar uno de estos, no daría causal a la inhabilidad.
De estos tres factores, el factor temporal es la que da respuesta al problema jurídico planteado ya que el padre del actual alcalde ejerció autoridad civil o política por el periodo del primero de enero de 2012 al veintiséis de agosto de 2014, más de doce meses a la elección del hijo. Aquí el factor temporal se limita a dos extremos: inicial y final. Para el primero se presenta cuando se deje de ser alcalde propio de una destitución (separación del cargo) a partir del 26 de agosto de 2014. El segundo se establece cuando la fecha de elección se escoge al hijo del pasado alcalde como ganador.
Por tanto la suspensión no puede ser permanente, sino tomada desde la separación del cargo a partir desde la fecha  en la que fue ejecutoriado el Decreto Departamental, y así es separado del cargo y como consecuencia reemplazado por otro que revelaría esta situación hasta quien terminaría el periodo constitucional, siendo entonces este el término preciso para contar (como falta absoluta de este). Por tanto, la suspensión no debe ser entendida como “efecto temporal permanente”, sino como efecto de separación del cargo. Siendo no posible, ni acorde al Estado social de derecho, por ir contra del principio de legalidad (taxativamente) y seguridad jurídica que una suspensión sea consecutiva, contrario a lo contenido en el Decreto 0438 de 2014, que fue el acto de separación.
A corolario de lo anterior, teniendo en cuenta desde el término (factor temporal inicial) de la separación del cargo del pasado alcalde de Galápa José Vargas Palacios (26 de agosto de 2014) a la participación en la contienda política (factor temporal final) del actual alcalde de Galápa José Vargas Muñoz (25 de octubre de 2015) han transcurrido más de 12 meses, exactamente 14 meses, tal como se exige en la norma restrictiva 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que da ocasión a la condición (estado) de inhabilidad; resultando no procedente anular la elección del actual alcalde de Galápa, por las razones anteriormente expuestas.
En síntesis:
-              El ejercicio de la autoridad civil o política por sí sola no genera causal de inhabilidad.
-              Queda ampliamente probado que los factores: funcional, territorialidad y temporal no se han fusionado para generar repercusión al ejercicio político del ejercicio del cargo de elección popular.
-                No es válido considerar que a un Alcalde lo aparten del cargo como consecuencia de una sentencia en firme proferida contra este y que luego lo condenan penalmente al ejercicio de autoridad civil y político, posteriormente del Decreto de la Gobernación Departamental que declara lo ya dicho en este punto y que además designa un nuevo alcalde en su reemplazo.
A lo que es ostensible concluir que la causal de inhabilidad que reza a la sazón de la Ley 136 de 1994, en el artículo 95, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 no se configura por la falta de uno de los factores, es decir:
“Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio […]”