12 de septiembre de 2016

¿ESTÁ INTEGRADO EL ACUERDO DE PAZ EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD?





Si tenemos en cuenta que desde el derecho internacional se le permite a las partes en un conflicto armado interno acordar obligaciones más amplias o detalladas de las que ya están contempladas en los Convenios con el fin de proteger a la población civil. Entonces, se podría decir que el Acuerdo de Paz es una extensión desde el enfoque internacional a la Convención de Ginebra, siempre y cuando incluya obligaciones derivadas del DIH. Este argumento es importante porque las hostilidades y las consecuencias de la guerra no siempre se acaban apenas se firma un acuerdo de paz. Las partes firman, entonces, para ampliar sus deberes, un acuerdo especial. La posibilidad de suscribirlos está prevista en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949. (CICR, 2016).
En vista de que ésta era la interpretación que debía dársele al derecho a la libertad de movilización de conformidad con las normas de derecho internacional que lo consagran, la Corte adujo que tales instrumentos internacionales debían entenderse incorporados al bloque de constitucionalidad como herramientas hermenéuticas para juzgar la legitimidad de la normatividad interna. Ello significa, que para efectos de interpretar los referidos derechos las normas de los tratados en referencia tienen carácter prevalente en el orden interno, formando por lo tanto parte del bloque de constitucionalidad, como lo ha reconocido la Corte en diferentes pronunciamientos. (Corte Constitucional, 1999, T-483).
En este sentido, la Corte Constitucional enfatizó en la Sentencia C-225 de 1995 que:
La imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico, a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores. Así entonces, no sólo el productor del derecho positivo, sino también el ejecutor de la norma y su intérprete autorizado, están compelidos a seguir los lineamientos del bloque de constitucionalidad, ya que en dicha sumisión reside la validez jurídica de sus actuaciones.
Los jueces, y en general todos los llamados a aplicar el derecho, habrán de tomar la norma constitucional como una premisa de su decisión, igual que cualquier otra norma, con las consiguientes consecuencias: a) dado que la constitución es norma superior habrán de examinar con ella todas las leyes y cualesquiera normas para comprobar si son o no conformes con la norma constitucional; b) habrán de aplicar la norma constitucional para extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurar de un modo u otro una situación jurídica; c) habrán de interpretar todo el ordenamiento conforme a la Constitución. En otras palabras, si la Constitución tiene eficacia directa no será sólo norma de normas, sino norma aplicable, no será sólo fuente sobre la producción, sino también fuente de derecho sin más.” (De Otto, 1999, 76).  
En el artículo transitorio 4,  del Acto Legislativo 01 de 2016 se esgrime:
En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final.
Al respecto la Sentencia de la Corte Constitucional C-379 de 2016, arguye:
Sin embargo, ello no quiere decir que los efectos del plebiscito serán vinculantes para una autoridad diferente al Presidente, sino que este debe ejercer sus competencias directas de producción normativa, así como la función constitucional de iniciativa ante otras autoridades del Estado, particularmente el Congreso" En consecuencia, la Corte considera necesario condicionar el título del proyecto de ley estatutaria, bajo el entendido de que el Acuerdo Final es una decisión política y la refrendación a la que alude el proyecto no implica la incorporación de un texto normativo al ordenamiento jurídico. Aunque, existe certeza acerca de que el asunto sometido a consideración del Pueblo es de trascendencia nacional y que, a su vez, la decisión que adopte la ciudadanía tiene efectos vinculantes.
Si bien, la tentativa en la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución Política y Acuerdos Paz, son de trasfondo político, no es óbice para que sea vinculante (jurídicamente). Y eso es lo que se pretende, con el ordenamiento como un todo; analizándolo desde el punto de vista de su contenido positivo y en su aplicación práctica, moldeandose a las normas de jerarquía normativa constitucional. Dando por cierto que las normas que están el bloque de constitucionalidad son verdaderas normas constitucionales.


Referencias
CICR (2016, junio 27). Colombia: 10 preguntas sobre acuerdos de paz, acuerdos especiales y DIH. Recuperado de: https://www.icrc.org/es/document/colombia-10-preguntas-sobre-acuerdos-de-paz-acuerdos-especiales-y-dih
Congreso Colombiano (2016). Acto Legislativo 01
Corte Constitucional (1995). Sentencia C-225. MP. Martinez Caballero
Corte Constitucional (1999). Sentencia T-483. MP. Barrera Carbonell
Corte Constitucional (2016). Sentencia C-379. MP. Vargas Silva
De Otto, I. (1999). Derecho Constitucional. Madrid: Ariel