10 de septiembre de 2016

EL TRÁNSITO LEGISLATIVO



Esta vez abordaremos un tema conjunto entre el derecho procesal y la teoría del derecho, tal como lo es el: «conflicto de leyes en el tiempo (tránsito legislativo)». Es común encontrarse con disposiciones normativas chocantes, e.g. La vigencia de la ley X con la ley Y. Prieto Sanchís (2009) expresa que las normas jurídicas no son eternas. Todas tienen un principio y (casi) todas tienen un final. En particular, las normas de los sistemas jurídicos contemporáneos resultan ser extraordinariamente efímeras y cambiantes, hasta el punto de que suele hablarse, con una expresión que ha hecho fortuna de «motorización legislativa». (p. 169). En principio, para García Máynez (2003) las normas jurídicas rigen todos los hechos que, durante el lapso de su vigencia, ocurren en concordancia con sus supuestos. Si un supuesto se realiza mientras una ley esta en vigor, las consecuencias jurídicas que la disposición señala deben imputarse al hecho condicionante. (p. 388).
Coloquemos un caso en concreto, para clarificar el tema. La Juez Segunda de Barranquilla (en adelante, a quo) en la providencia de primera instancia del 10 de septiembre de 2016 expresa que:
“Es de manifestar que la decisión que se va a tomar es totalmente independiente a lo manifestado por el señor perito a que se envíe a la justicia ordinaria mi decisión, se basa o se realiza basandome en el título tercero de la Ley 1564 de 2012 del CGP que se pronuncia sobre la economía procesal es también de aclararle a los demandantes... no son competente para revocar diligencias de inspecciones judiciales. Se le corrió traslado a las partes dentro del término legal y traslado del peritazgo y se presenta escrito de objeción pericial al dictamen pericial de acuerdo al artículo 238 del CPC, por error grave, esta objeción por error grande al peritazgo fue presentada. La cual se rechazará ya que en fecha primero de enero del año de 2014 entre en vigencia el nuevo CGP, Ley 1564 de 2012, en el título quinto que se refiere sobre los auxiliares de la justicia, artículos 47 y subsiguientes, haciendo referencia también a la prueba pericial, en el artículo 228 dónde dice que no habrá lugar a trámite especial de objeción al dictamen pericial por error grave”.
De entrada el juicio que realiza el a quo, puede presentar una mala interpretación. No es cierto que el procedimiento a seguir en este proceso sea el CGP y no el CPC, tampoco es cierto que el CGP entre en vigencia completamente a partir del primero de enero de 2014; bajo los principios de imparcialidad y celeridad las autoridades judiciales deberán sanear las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación. Podemos decir que el cambio del CPC al CGP es fácil de distinguir debido su acoplamiento normativo, desde que se sancionó en el 2012 en adelante. De esto, ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-619 de 2001 otrora:
“En relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. La norma general que fija la ley es el efecto general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua.  Esta norma general, en principio, no resulta contraria a la Constitución pues no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el artículo 58 superior. En relación con los efectos del tránsito de legislación procesal, el legislador puede adoptar una fórmula diferente a la del efecto general inmediato y prescribir para algunas situaciones especiales la aplicación ultraactiva de la ley antigua a todos los procesos en curso, pues, salvo los límites ninguna disposición superior se lo impide. El legislador puede determinar el momento hasta el cual va a producir efectos una disposición legal antigua, a pesar de haber proferido otra nueva que regula de manera diferente la misma materia.
Esto quiere decir que los efectos de ley en el tiempo de las normas procesales se tomarán irretroactivamente (vigencia inmediata); pero, con la aclaración de que los términos, actuaciones y diligencias que hubiesen comenzado después de haberse promulgado la nueva ley, en este caso la Ley 1564 de 2012; por tanto es pertinente expresar que el proceso que comience a correr en el 2015 y antes de este le es aplicable el CPC (con salvedad de algunas disposiciones) y no como erróneamente expresa el a quo al determinar que el CGP rige completamente desde el primero de enero de 2014. Debido a que mediante acuerdo del 28 de mayo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura suspendió el cronograma de implementación del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012), previsto en el artículo 1º del Acuerdo 10073 del 2013, que comprendía tres fases y se extendía del 3 de junio del 2014 al 1º de diciembre del 2015, pero que en últimas no se consiguió, comenzó operar totalmente en el país desde el 1 de enero de 2016.
En suma, se pueden apreciar tres posibilidades, en este entender:
— No es cierto que en el 2014 haya entrado a regir el CGP en su totalidad, en ninguno de los casos hace referencia a los medios probatorios y ni a los auxiliares de la justicia, de allí el primer error del a quo. Revisar el Acuerdo PSAA14-10155 del 28 de mayo de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa.
— A corolario de lo anterior, esto quiere decir que los medios probatorios y el capítulo de los auxiliares de la justicia entró a regir en su totalidad a partir del 1 enero del 2016, y ya no solo teniendo en cuenta el artículo de vigencia 627 del CGP, sino el acuerdo Acuerdo PSAA15-10392  del 1 de octubre de 2015 que empalmó el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa.  
— El problema radica en continuar con una figura que se inició con el CPC (ultraactividad) y que luego su procedimiento (irretroactividad) se patenta una vez con la vigencia el CGP, en el que la figura desaparece; surtiendose inmediatamente las normas del CGP y no del primero.

Referencias
Prieto Sanchis, L. (2009). Apuntes de teoría del derecho. Madrid. Editorial Trotta.
García Maynez, E. (2003). Introducción al estudio del derecho. Colombia. Ediciones Esquilo.