17 de septiembre de 2016

LA NULIDAD EN EL PROCESO POLICIVO





Es de destacar que el control de legalidad contenido en el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009, contemplaba como una obligación para el juez el ejercicio de una veeduría al finalizar cada etapa procesal, con el fin de evitar nulidades o vulneraciones al debido proceso. Este aspecto se encuentra ahora (subrogado) en el artículo 132 del CGP. Respecto a las nulidades, se pueden acotar varias consideraciones, en consonancia con el Reglamento de Policía de cada municipio o departamento.
El artículo 1 expresa que:
Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Subrayado fuera de texto.
En este sentido, los asuntos de otra jurisdicción (competencia) o especialidad deberán tomarse cuando se expresa en esas Leyes, Decretos..., porque son normas especiales; claro está, sin nunca desdibujar el carácter subsidiario de la norma adjetiva general, que en el aspecto particular remiten a ellas.
Según sentencia de la Corte Constitucional, T-125 de 2010, de conformidad a la nulidad procesal constitucional indica:
Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso. La naturaleza taxativa de las nulidades procesales se manifiesta en dos dimensiones: En primer lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su interpretación debe ser restrictiva. En segundo lugar, el juez sólo puede declarar la nulidad de una actuación por las causales expresamente señaladas en la normativa vigente y cuando la nulidad sea manifiesta dentro del proceso. Negrilla y subrayado fuera de texto.
A fortiori los artículos del CGP, expresan:
Artículo 42.12. Sobre los deberes del juez
[...] Realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso. Negrilla fuera de texto.
Artículo 138. Sobre los efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada.
[...] El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse. Negrilla fuera de texto.
Artículo 132. Sobre el control de legalidad.
Agotada cada etapa del proceso el juez [en este caso el/la Secretario/a de Gobierno (inspector general)] deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación. Negrilla, paréntesis y corchetes fuera de texto.
Artículo 134. Sobre oportunidad y trámite.
Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieran en ella. Negrilla fuera de texto.
Las sentencias T-048 de 1995; T-289 de 1995, T-149 de 1998; T-127 de 1999 y T-629 de 1999 de la Corte Constitucional alegan al respecto:
“El juicio policivo sumario civil tiene por objeto, simplemente, cautelar una situación jurídica que luego, el juez ordinario definirá; por lo general los juicios definen el derecho en la sentencia y, por tanto, sus decisiones iniciales no comprometen la definición de derechos. Cuando se sigue un juicio civil ordinario a continuación del juicio policivo sumario civil aquel retoma o continua esta actuación; la prosigue, la extiende. Puede concluirse entonces, que el amparo policivo: -es una medida cautelar de contenido judicial; -se presenta como remedio, de carácter temporal, a un conflicto suscitado entre particulares por cuestiones de orden privado y civil. La providencia de la Autoridad de Policía que define el conflicto tiene idéntica naturaleza a la que culmina la actuación, como lo ha dicho la Corte Constitucional; -se mantiene mientras el juez ordinario no decida otra cosa-; y -está dirigido únicamente a restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”. Negrilla y subrayado fuera de texto.
Se distingue que estamos en un proceso policivo civil que es jurisdiccional, no solo lo expresa la Corte Constitucional en las sentencias anteriormente citadas, sino también el artículo 201 de la Ordenanza 018 de 2004 (en nuestro caso puntual, el Manual de Convivencia Ciudadana del Atlántico). Es de reconocer, que las nulidades que se contemplan en la Ordenanza en el artículo 203 sobre trámites de las nulidades son las aplicadas en concordancia con el CGP. Así como lo estima el mismo Reglamento:
Las nulidades que se contemplan en el presente Manual se tramitarán conforme a los artículos 140 y ss, del CPC (que se debe entender ahora por medio del CGP —de aplicación inmediata—).
Si astibasmos profundamente el artículo 200 de la Ordenanza citada se esgrime que son nulidades del proceso contravencional:
Cuando el proceso contravencional es nulo por violación al debido proceso, pretermisión del mismo, vulneración al derecho de defensa y por falta de competencia del funcionario.  Lo mismo lo expresa el artículo 201.3, cuando se viole el debido proceso, 201.4 se utiliza un procedimiento distinto que el que la ley establece, 201.7 No se practica diligencia de inspección ocular en los casos en que debe realizarse o se efectúe sin la intervención del perito; y 201.8 No se practica en legal forma la notificación a las personas determinadas. Negrilla, subrayado y paréntesis fuera de texto.
Como consecuencia de su carácter procesal, y para efectos de garantizar el principio de la seguridad jurídica, y el derecho al debido proceso, se está prohibido a los particulares hacer justicia por su propia mano, la nulidad constitucional referida requiere para su realización la previa declaración de autoridad competente, es decir, de aquella que viene conociendo del proceso y, por tanto, la que tiene potestad para declarar. (Corte Constitucional, 1998, Sentencia C-093).
Existen varios tipos de nulidades, que son, teniendo en cuenta a los autores Enrico Tulio Liebman, Hugo Alcina y Devis Echandia:
Nulidad sustancial. Estas hacen referencia a las irregularidades en actos y manifestaciones de voluntad que por falta de los requisitos que son exigidos para su validez. Nulidad procesal. Esta va directamente ligada con las irregularidades dentro del proceso, es decir las establecidas en el Artículo 133 del Código general del Proceso. Nulidades absolutas. Son declaradas por el juez de oficio y no son objeto de convalidación. Nulidades relativas. Han existido dentro del proceso sin embargo pueden ser eliminadas mediante ratificación, allanamiento y convalidación, y solo pueden ser declaradas a petición de parte. Nulidades saneables. Las nulidades procesales son saneables, esto quiere decir que pueden convalidarse, por economía procesal el saneamiento de las nulidades. De contraria forma será insaneables las así previstas en la Ley, como la falta de jurisdicción, revivir procesos legalmente concluidos, etc. Nulidades totales. Estas afectan en su totalidad el proceso a diferencia de las que son parciales, que perjudican un parte determinada del proceso. (Soto, J, J. 2014, p 26).
Al unísono, podemos entrever que procede la nulidad en los procesos policivos cuando se cuenta con un yerro procedimental («nulidad sustancial, procesal, absoluto, total y insubsanable») que en palabras de la Corte Constitucional da lugar a la nulidad cuando de manera evidente y grotesca aparezca normas procesales no aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. En este caso porque bien se sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, y omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso, siendo un defecto procedimental absoluto. (Corte Constitucional, 2011, Sentencia T-781). Subrayado fuera de texto.
La Corte Constitucional (2002, 2005 y 2007) ha sido enfático en expresar que que el defecto procedimental absoluto se puede configurar porque el funcionario judicial:
(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnera el derecho de defensa y contradicción de una de las partes o (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales. (SU-159, C-590 y T-737). Subrayado fuera de texto.
Tal como se ha dejado claro también en Sentencia T-193 de 2012, en un caso muy similar a este:  
Partiendo de que los actos que expidan las autoridades de policía al actuar en procesos policivos tiene naturaleza jurisdiccional, el procedimiento aplicado por parte de las autoridades de Policía al decretar la nulidad de un proceso policivo en el que se revocó una providencia ejecutoriada del superior, se ajusta a lo preceptuado en las normas legales por tratarse de una nulidad insaneable que vicia el proceso, no constituyéndose en un defecto procedimental que haga procedente el amparo constitucional al debido proceso. Negrilla y subrayado fuera de texto.
Las nulidades urgen de un remedio procesal por excelencia, que sería el saneamiento de la actuación. Al respecto, considera Sanabria, H. (2011) y Peláez, R. A (2014):
La nulidad del acto procesal es la sanción que el ordenamiento jurídico le impone a aquellos actos que han sido proferidos con inobservancia de las formas establecidas con el objeto de asegurar a los justiciables la adecuada defensa de sus derechos e intereses. La posibilidad de alegar los motivos de nulidad se esbozan en cada uno de esos momentos procesales, puesto que la misma normativa impone que los motivos de nulidad se aleguen tan pronto se percate la irregularidad. (p. 101). Subrayado fuera de texto.

Referencias
Corte Constitucional (1995). Sentencia T-289. CP. Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional (1995). Sentencia T-048. CP. Barrera Carbonell
Corte Constitucional (1998). Sentencia C-093. CP. Naranjo Mesa
Corte Constitucional (1998). Sentencia T-149. CP. Barrera Carbonell
Corte Constitucional (1999). Sentencia T-127. CP. Hernandez Galindo
Corte Constitucional (1999). Sentencia T-629. Hernandez Galindo
Corte Constitucional (2002). Sentencia SU-159. CP.  Cepeda Espinosa
Corte Constitucional (2005) Sentencia C-590. CP.  Córdoba Triviño
Corte Constitucional (2007). Sentencia T-737. CP. Córdoba Triviño
Corte Constitucional (2010) Sentencia  T-125. CP. Pretelt Chaljub
Corte Constitucional (2011). Sentencia T-781. CP. Sierra Porto
Corte Constitucional (2012). Sentencia  T-193. CP. Gonzalez Cuervo
Sanabria, H. (2011). Nulidades en el Proceso Civil. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Soto, J, J. (2014). Las nulidades procesales en el nuevo código general del proceso. Un análisis desde el derecho constitucional colombiano. Recuperado de: http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1615/1/LAS%20NULIDADES%20)

Peláez, R. A (2014). Estructura del Proceso Civil en el Contexto de la Oralidad. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley.

13 de septiembre de 2016

UNAS POCAS VERDADES SOBRE EL FIN DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO*





Es necesario clarificar que estamos a favor de la paz, en eso no hay duda, lo que venimos a discutir acá o a dejar en tela de juicio es el acuerdo de paz. Al parecer tal acuerdo es entre el presidente Santos y las Farc, algo así, como un contrato donde existe la autonomía de la voluntad. Parece ser que este contrato -queremos decir- acuerdo de paz, se estrella con la insoslayable necesidad de pruebas, así como cuando el científico constata hechos para ser valer sus teorías, en este aspecto, Santos poco tiene de científico, pero sí mucho de político.
Según el literal b del artículo 38 de la Ley estatutaria 1757 de 2015 en la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, la pregunta que se le hace al pueblo debe estar reglada por los cánones lingüísticos “del buen entender” en pocas palabras; debe ser clara, y que esta deba ser respondida en un sí o no respectivamente. Si bien la norma citada no estipula de qué forma debe ser estructurada la pregunta o como tal deba ser realizada, no se sigue que esta se pueda disponer a través de un juicio intuitivo por parte del presidente. Así como lo dijo en un evento en la Universidad Javeriana, “Santos dice que puede redactar “la pregunta que le dé la gana” en plebiscito”[1] (2016).
Por un lado, el presidente Santos demuestra su megalomanía implícita en pretender ser el dueño unívoco de este proceso, pero siendo inteligente argumentando que es de todos. A la pregunta ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Se está enfrentando el colombiano a la dicotomía del que usted apoye o no, tal aseveración esta de mas ya que el colombiano que vote sí, estará de acuerdo. Ahora, la oración final de la pregunta que es el quid al que queremos llegar; ¿en realidad habrá una paz estable y duradera en Colombia luego de este proceso de paz? La Corte Constitucional dijo que lo que se refrenda no es el proceso de paz, o la paz en un sentido semántico-constitucional sino al acuerdo concluyente entre el presidente Juan Manuel Santos y las Farc.
En el escenario en que la mayoría de colombianos voten por el sí, vemos peligrosa las atribuciones que tendrá el presidente en caso de avalar el proceso. Por lo tanto, el votante del sí estaría a su vez avalando el Acto Legislativo 01 de 2016 donde dispone grosso modo las siguientes acciones normativas, artículo 5: “El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En consecuencia, estaríamos materializando el acuerdo en derecho positivo, es decir, haría parte de nuestro sistema normativo a través del bloque de constitucionalidad. El presidente en este caso, quedaría facultado por medio de un proceso legislativo especial para la paz, donde en el peor de los casos podría obstaculizar cualquier norma que no sea de su agrado o de su iniciativa. Tales leyes y actos legislativos derivados del acuerdo adquieren la calidad de cláusula pétrea, es decir, no pueden ser modificados en el sentido del Acuerdo logrado. A su vez, el presidente adquiere potestades legislativas como en casos de Estados de Excepción, facultad entendida como la posibilidad de emitir Decretos con Fuerza de Ley.
Y en el escenario de penumbra, donde todos somos conscientes que el coste de la guerra es mucho mayor al de la paz, se crea el “Plan de Inversiones para la Paz” por 20 años, cualquiera diría mermelada y sí, tiene razón.
Todos los colombianos anhelamos la paz, sin embargo, hay intereses de por medio y muy grandes para cambiar el estado constitucional del país e implementar a través de una fuerte carga ideológica lo que ellos consideran que es mejor para los colombianos. Quizás la meta ética tenga respuesta a tales justificaciones ético normativas. Por ahora, desde un punto de vista interno -en lectura de Hart- somos expectantes del mayor evento democrático del país en muchos años.


[*] Título inspirado en el texto de Susan Haack NADA EXTRAVAGANTE: UNAS POCAS VERDADES SIMPLES SOBRE LA VERDAD EN EL DERECHO. (Cambridge University Press, 2014).
[1] Al respecto, el presidente Santos aseguró que la Corte Constitucional le dio facultades para redactar la pregunta “que le dé la gana”.

12 de septiembre de 2016

¿ESTÁ INTEGRADO EL ACUERDO DE PAZ EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD?





Si tenemos en cuenta que desde el derecho internacional se le permite a las partes en un conflicto armado interno acordar obligaciones más amplias o detalladas de las que ya están contempladas en los Convenios con el fin de proteger a la población civil. Entonces, se podría decir que el Acuerdo de Paz es una extensión desde el enfoque internacional a la Convención de Ginebra, siempre y cuando incluya obligaciones derivadas del DIH. Este argumento es importante porque las hostilidades y las consecuencias de la guerra no siempre se acaban apenas se firma un acuerdo de paz. Las partes firman, entonces, para ampliar sus deberes, un acuerdo especial. La posibilidad de suscribirlos está prevista en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949. (CICR, 2016).
En vista de que ésta era la interpretación que debía dársele al derecho a la libertad de movilización de conformidad con las normas de derecho internacional que lo consagran, la Corte adujo que tales instrumentos internacionales debían entenderse incorporados al bloque de constitucionalidad como herramientas hermenéuticas para juzgar la legitimidad de la normatividad interna. Ello significa, que para efectos de interpretar los referidos derechos las normas de los tratados en referencia tienen carácter prevalente en el orden interno, formando por lo tanto parte del bloque de constitucionalidad, como lo ha reconocido la Corte en diferentes pronunciamientos. (Corte Constitucional, 1999, T-483).
En este sentido, la Corte Constitucional enfatizó en la Sentencia C-225 de 1995 que:
La imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico, a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores. Así entonces, no sólo el productor del derecho positivo, sino también el ejecutor de la norma y su intérprete autorizado, están compelidos a seguir los lineamientos del bloque de constitucionalidad, ya que en dicha sumisión reside la validez jurídica de sus actuaciones.
Los jueces, y en general todos los llamados a aplicar el derecho, habrán de tomar la norma constitucional como una premisa de su decisión, igual que cualquier otra norma, con las consiguientes consecuencias: a) dado que la constitución es norma superior habrán de examinar con ella todas las leyes y cualesquiera normas para comprobar si son o no conformes con la norma constitucional; b) habrán de aplicar la norma constitucional para extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurar de un modo u otro una situación jurídica; c) habrán de interpretar todo el ordenamiento conforme a la Constitución. En otras palabras, si la Constitución tiene eficacia directa no será sólo norma de normas, sino norma aplicable, no será sólo fuente sobre la producción, sino también fuente de derecho sin más.” (De Otto, 1999, 76).  
En el artículo transitorio 4,  del Acto Legislativo 01 de 2016 se esgrime:
En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final.
Al respecto la Sentencia de la Corte Constitucional C-379 de 2016, arguye:
Sin embargo, ello no quiere decir que los efectos del plebiscito serán vinculantes para una autoridad diferente al Presidente, sino que este debe ejercer sus competencias directas de producción normativa, así como la función constitucional de iniciativa ante otras autoridades del Estado, particularmente el Congreso" En consecuencia, la Corte considera necesario condicionar el título del proyecto de ley estatutaria, bajo el entendido de que el Acuerdo Final es una decisión política y la refrendación a la que alude el proyecto no implica la incorporación de un texto normativo al ordenamiento jurídico. Aunque, existe certeza acerca de que el asunto sometido a consideración del Pueblo es de trascendencia nacional y que, a su vez, la decisión que adopte la ciudadanía tiene efectos vinculantes.
Si bien, la tentativa en la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución Política y Acuerdos Paz, son de trasfondo político, no es óbice para que sea vinculante (jurídicamente). Y eso es lo que se pretende, con el ordenamiento como un todo; analizándolo desde el punto de vista de su contenido positivo y en su aplicación práctica, moldeandose a las normas de jerarquía normativa constitucional. Dando por cierto que las normas que están el bloque de constitucionalidad son verdaderas normas constitucionales.


Referencias
CICR (2016, junio 27). Colombia: 10 preguntas sobre acuerdos de paz, acuerdos especiales y DIH. Recuperado de: https://www.icrc.org/es/document/colombia-10-preguntas-sobre-acuerdos-de-paz-acuerdos-especiales-y-dih
Congreso Colombiano (2016). Acto Legislativo 01
Corte Constitucional (1995). Sentencia C-225. MP. Martinez Caballero
Corte Constitucional (1999). Sentencia T-483. MP. Barrera Carbonell
Corte Constitucional (2016). Sentencia C-379. MP. Vargas Silva
De Otto, I. (1999). Derecho Constitucional. Madrid: Ariel

11 de septiembre de 2016

CARTA ABIERTA DE UN LIBERAL (LIBERTARIO) A UN SOCIALDEMÓCRATA FRUSTRADO




*Por cuestiones profesionales me reservo el nombre del profesor
**Este es un fragmento de la misiva enviada


Mucho gusto, mi nombre es Mario Felipe Daza Pérez, soy de Barranquilla y me resumo como un crítico del sistema actual, por tanto me declaro como económica, política y jurídicamente incorrecto. Ayer le escribí por Twitter (fuente capitalista y liberal) y le dije que su artículo tiene inconsistencias, pero no porque algunas cosas de las que diga no sean ciertas, sino porque lo que dice no va a pasar, sépalo de una vez. Con la primera parte de su artículo no tengo problema es cierto lo que usted dice; el detalle está en la segunda parte. Por lo que he visto, usted es economista, tiene grandes estudios en esta profesión, así que déjeme criticarlo constructivamente como un hombre no economista, pero que se considera un economista autodidacta.
Comencemos:
Usted dice:
“Pero lo anterior no puede llevarnos a pensar que el capitalismo, con todos sus desastres, régimen de producción con apenas tres siglos, tiene que ser eterno, como predica el neoliberalismo”.
A lo que le puedo replicar:
Usted debe saber más que yo, como el capitalismo, OJO, del poco que tenemos, porque realmente no hay capitalismo, no se que usted que entiende por capitalismo, pero hoy en día no existe el capitalismo original, lo que existe es estatismo, corporativismo, o bien como lo llaman los marxistas: un capitalismo de Estado (de gran a mayor medida, dependiendo), o como lo llama al gran profesor Rallo, lo que existe hoy en día es un socialismo para ricos o un capitalismo de amiguetes, que nada tiene que ver con el capitalismo incipiente; es decir, lo que se muestra hoy en día, es la mismísima economía mixta, socialdemócrata.
Entonces no es verdad decir que el problema haya sido del capitalismo “neoliberal”, entendiendo el neoliberalismo (epíteto sin significado, el economista Xavier Sala Martin, dice que todo el que utiliza este término se delata como paleomarxista) en el sentido que lo entiende todo el mundo. Porque yo aborrezco también el neoliberalismo, pero el real, apelo a su significado original, que es neo-liberalismo (nuevo liberalismo), que son las políticas de Keynes y las políticas neoclásicas de intervención en el mercado cuando hay “fallas” ese si es neoliberalismo, el término fue inventado precisamente por un no defensor del capitalismo liberal, que era Alexander Rüstow, y precisamente Keynes se llamaba asimismo un: “nuevo liberal”, es decir neoliberal.
Entonces el neoliberalismo es este, no el capitalismo liberal, que hoy en día no existe. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en este modelo (estatista), créame que a pesar, muy a pesar, de este modelo, ha habido avances, usted debe saber que la desnutrición en el mundo ha bajado, la pobreza mundial ha bajado, los salarios con respecto la productividad en el mundo han subido, la desigualdad en el mundo, ojo, si le metemos en un saco a todos los países ha bajado drásticamente, e incluso puedes ver las mismas gráficas de Piketty. Entonces, decir que el capitalismo (a pesar del poco que tenemos, porque no hay en gran medida libertad económica en ningún país, por lo menos de América Latina no está bien, es no ser honesto intelectualmente), entonces si va a criticar este sistema, por lo menos que sea el sistema actual, ESTATISTA, CORPORATIVISTA, que no tiene que ver con el capitalismo verdadero, originario.
Usted dice:
“Por más que luchen los capitalistas para frenar el progreso, con trabas, normas, patentes y restricciones, la marcha ineluctable de la tecnología irá erosionando y produciendo en forma de costo casi nulo la información”.
Lo que le puedo replicar:
Le pido profesor honestidad y sensatez, sobre todo cuando dice que los capitalistas son los que frenan el progreso, con normas patentes y restricciones, ¿pero realmente esto lo hace el capitalismo? Repito, no se que usted entienda por capitalismo, pero lo que entiende no es el verdadero significado de capitalismo, por ejemplo yo sigo el significado de capitalismo de la Escuela Austriaca, y esta precisamente está en contra de todo de lo que que usted menciona. Por tanto no hay que ser anticapitalista para estar en contra de ello, si le gusta criticar esto, entonces súmese a la austrian school. Y digamos que si fuera cierto esta suposición, que el capitalismo que nosotros pregonamos hiciera esto, fuera inconsistente, y un oxímoron, porque es precisamente a través de la redes sociales de la información, o llamémosle a través de la sociedad de la información, es donde nosotros empoderamos a la gente, para que sea libertaria con GRANDES LOGROS Y ÉXITOS (en mayúscula). Y es curioso porque menciona el caso de Wikipedia (si usted sabe Jimmy Wales, su creador es libertario y objetivista, si usted supiera que Wikipedia se creó gracias a la bases del capitalismo, del emprendimiento, no estuviera escribiendo eso. Wales creó Wikipedia gracias a un artículo de Hayek que este le fascino que se llama y se le recomiendo: El Uso del Conocimiento de la Sociedad, explica porque las ideas dispersas y se deben organizar para que la gente la conozca; y de allí si se da cuenta refuta la supuesta falla del mercado de la “información asimétrica”), pero como economista lo debe saber, y como un gran doctor en esta área (claro, sin apelar a la falacia de autoridad). Wikipedia como los otros tipos de información no son gratis, cuesta dinero, porque nada es gratis, son contribuciones voluntarias de las personas, lo que hace que se sostenga este sitio, que es totalmente distinto (lo recomiendo que vea el video de Youtube donde Milton Friedman habla sobre que «nada es gratis», de una parte de su libro Libertad para Elegir)
Usted dice:
“Lo triste de esto, es que mientras tanto, nosotros ni siquiera hemos llegado a un capitalismo pleno, seguimos en transición entre la premodernidad y la modernidad, con un sistema político fosilizado e invadido por la lógica pecuniaria”.
Lo que le puedo replicar:
Si supiera que precisamente el capitalismo actual, que usted y el otro profesor llama: «postcapitalismo», es el verdadero capitalismo que viene ahora (y es gracias al capitalismo a medio pelo que hemos tenido es que podamos disfrutar de este mundo digitalizado), una vez se arraigue en la gente, su verdadero concepto y sepa en lo que estamos, por ello, creo, y no me lo canso de decir que la era del capitalismo cultural, capitalismo libertario ha llegado, y por eso digo que esta equivocado, no porque sea una teoría lo que estoy diciendo, sino porque lo contemplo, lo estoy viendo y viviendo, podríamos decir que empíricamente, y en el mundo está pasando igual (porque conozco a la gente que lo está haciendo). El liberalismo capitalista, esta en contra de los monopolios y esto es en contra de la propiedad intelectual (alguna parte no), por ello quiere liberalizar las patentes, entonces que el capitalismo, quiera monopolizar ese mercado, no se que concepto de socialismo de ricos o capitalismo de amiguetes siga, pero el autóctono no lo es.
Por ejemplo Tesla es un ejemplo libertario, si sabe, este liberalizó su patente de automóviles, esta es una idea libertaria, los negocios multiniveles también se puede mencionar, el capturado de Silk Road, la Seasteading, Paypal, Twitter, uno de sus dueños es libertario que es de apellido Thiel, entonces decir que esto no es así, es desconocer la realidad, créame lo invito a que conozca el libertarismo, y el capitalismo o socialismo (si lo es) de la escuela austriaca, se que las universidades casi del mundo están infectadas de keynesianismo, marxismo y escuela neoclásica (puro neoliberalismo), y es precisamente a través de la sociedad de la información, fue que yo supe de esta escuela y del libertarismo, entonces, es risible, porque es totalmente lo contrario lo que esta pasando, porque a través de las redes sociales es que se esta empoderando a la gente hacia el nuevo capitalismo, que no es otro que el verdadero concepto de capitalismo (y ese es el postcapitalismo, no su fracaso) y a que los ciudadanos sean libres, y sean dueños de sí mismo, es decir una sociedad cero de políticos o al menos de muy pocos, o de una democracia líquida o una sociedad libre, y menos decisiones de representantes populistas, estatistas, socialistas, capitalistas de amiguetes, monopólicas. Y esto es señor lo que se viene, espero que pueda ver todo este proceso o que al menos sus hijos lo vean, y ojalá yo también, porque este un “camino largo o un proceso largo”, tal como lo decía Antonio Gramsci.