16 de agosto de 2016

¿PODRÍAN LOS LAUDOS ARBITRALES CONSTITUIRSE COMO PRECEDENTE JUDICIAL?


“Los orígenes del Arbitraje se remontan al Derecho Romano”, expresa la profesora González de Cancino (2005). “Este nace de un convenio lícito celebrado inter privatus. Ahora bien, existen teorías que remontan la existencia del arbitraje incluso antes de la propia existencia de la organización de la Justicia por parte del Estado”. (p. 21).
En el ordenamiento jurídico colombiano, existe no solo la justicia (competencia) estatal-pública, sino también la semiprivada-pública, que es la que resuelve conflictos entre particulares, e inclusive entre el Estado y particulares (como los derivados de un contrato estatal); en este caso, los árbitros son los encargados de administrar justicia y no los jueces (derogación de la competencia).
El artículo 116, parágrafo 4 de la Constitución Política, expresa:
“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.” Negrilla fuera de texto.
El artículo 228 del mismo texto, indica:
La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. Negrilla fuera de texto.
Recurrir a la competencia arbitral, significa administrar justicia, esto conlleva a resolver un caso en concreto. Resulta que si las providencias que emiten los árbitros en sus procedimientos se igualan a las sentencias judiciales, ¿pueden los laudos arbitrales equiparse al precedente judicial?
En la jurisprudencia por ejemplo, se ha discutido si la acción de tutela es procedente frente a los laudos arbitrales; así se puede describir en Sentencia SU-174 de 2007 de la Corte Constitucional (doctrina) que ha considerado aplicable mutatis mutandis, aplicar este mecanismo constitucional siempre y cuando sea considerado vía de hecho. También se pueden revisar las Sentencias T-466/11; T-192 de 2004; y T-055/14; T-790 de 2010; T-058; T-311 de 2009; T-443 de 2008; SU-174 de 2007; T-244 de 2007; T-1017 de 2006; T- 839 de 2005; SU-058 de 2003; T-1228 de 2003; T-192 de 2004, T-1228 de 2003, T-294 de 1999, T-570 de 1994, entre otras.
Esta concepción del arbitramento es abierta como modalidad por medio de la cual se ejerce función jurisdiccional plena; ha sido constante en la jurisprudencia de la Corte, por tanto, “el arbitraje es una de las posibilidades a través de las cuales los particulares administran justicia” (C-014/10; T-225/10) que el arbitramento es un instituto “fundamental dentro de la administración de justicia” (C-098/01) y “supone el ejercicio de la función jurisdiccional por particulares” (C-378/08). Los árbitros “una vez integrado o constituido el Tribunal,…quedan investidos de la facultad o poder de administrar justicia” (C-431/95). Como consecuencia de ello, el laudo arbitral se equipara a un acto jurisdiccional que hace tránsito a cosa juzgada (C-1436/00) “es eminentemente jurisdiccional” (C-242/97) y la única diferencia con la justicia administrada por los tribunales y jueces de la república es que en el caso de los árbitros, “tienen que estar habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad” (C-330/00).
La Corte Constitucional a través de las sentencias T- 608 de 1998, SU-058 de 2003, T-1228 de 2003, T-920 de 2004 y T-244 de 2007, ha indicado que el arbitraje como mecanismo alterno a la administración de justicia, emite pronunciamientos denominados laudos, lo cual, no por ser diferente a la justicia común, deja de constituir una decisión jurisdiccional que sin lugar a dudas se equipara a las sentencias judiciales. Negrilla fuera de texto.
Gil Echeverry (2004) esgrime que el proceso arbitral es sui generis, es de naturaleza jurisdiccional, mediante el cual, por expresa voluntad de las partes se defiere la solución de conflictos privados transigibles a un cuerpo igualmente colegiado integrado por árbitros, los que transitoriamente quedan investidos de jurisdicción para proferir un laudo con la misma categoría jurídica y los mismos efectos que una sentencia judicial (Cfr. Nuevo Régimen de Arbitramento); por otro lado, López Blanco (2004) indica que la audiencia de conciliación en el proceso arbitral sólo tiene una única finalidad, la de procurar obtener una solución negociada a las diferencias. Sin embargo, surge el interrogante de si para este se trata de una diligencia prejudicial o judicial. (Cfr. Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá, Colombia: Dupré).
Bejarano Guzmán (2005) agrega que si las partes concilian sus diferencias en dicha audiencia, se hace necesario que los árbitros dicten una providencia mediante la cual aprueben dicho arreglo. A lo largo de su exposición Bejarano Guzmán precisa, al contrario de lo que explica Gil Echeverry, que los árbitros en la audiencia de conciliación, y desde mucho antes, actúan en calidad de jueces, es decir, en ejercicio de la función pública de administrar justicia, razón por la cual, además, estarían investidos del poder necesario para aplicar las sanciones por inasistencia de las partes a la mencionada diligencia. (Cfr. Procesos Declarativos, Bogotá: Temis y El procedimiento arbitral colombiano. En El Contrato de Arbitraje. Bogotá: Universidad del Rosario y Legis).
Quiñones Gómez (2007) arguye que el proceso arbitral ante todo es un proceso de naturaleza jurisdiccional, si bien es cierto que quienes actúan como árbitros tienen una competencia específica y transitoria que deriva de la voluntad de los contendientes al querer someter tal o cual diferencia al conocimiento de particulares a quienes se les inviste de la función pública de administrar justicia; en este punto enfatizó la Corte Constitucional en Sentencia C- 1038 de 2002 que “si el proceso arbitral, desde la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, es netamente jurisdiccional. Los árbitros, incluso, en la misma audiencia de conciliación actúan como jueces”. (Cfr. La audiencia de conciliación en el proceso arbitral).
Al respecto Carnelutti (1944) comenta que los “equivalentes jurisdiccionales”, son los actos, motivados por intereses que no son del Estado en cuanto a la composición del conflicto que se les reconoce idoneidad para alcanzar la misma finalidad que tiene la jurisdicción. (Cfr. Sistema de Derecho Procesal Civil, p. 183). Tiene equivalencia con la denominada “justicia paralela”.
Teniendo claro que los laudos arbitrales son equiparables a las sentencias judiciales, es entendible que tengan fuerza vinculante con efecto inter partes, incluso inter pares dentro del mismo Centro de Conciliación, que se deriva no solo en mandato de la ley, sino sobre todo de una cláusula compromisoria, contractual (artículo 1602 del Código Civil); es esto lo que le da su fuerza, orientando a la obligatoriedad arbitral, en interpretación y aplicación a lo pactado. Por tanto, un Tribunal de arbitramento X podrá usar un laudo Y en un caso en concreto Z, como guía; la cuestión cambia cuando no existe un Tribunal de arbitramento general ni del mismo sitio de competencia; para que el procedimiento arbitral pueda resultar vinculante, debe estar fijado en el Reglamento; por ejemplo en la Cámara de Comercio de Barranquilla, Bogotá, la Corte Internacional de Arbitraje…, y el Estatuto de Arbitraje Nacional y los principios generales del derecho sirven para aclarar la cuestión.
La vinculación se orienta en los laudos arbitrales mas no del precedente mismo, porque para que se discuta sobre ello, por lo menos se necesita de una segunda instancia (con efectos erga omnes e inter partes/pares vertical); hasta el momento solo se establecen el recurso de anulación y revisión, que no son equiparables ni por efectos de ley al precedente judicial; como el precedente administrativo que comenta el CPACA, o al constitucional que de por sí es vinculante y en ciertos casos, obligatorio; si algo se puede equiparar los laudos arbitrales es a una “doctrina probable” (sin tener esta denominación), a casos semejantes aplicados en Tribunales de arbitramento en un misma competencia territorial o de mayor alcance.
La Ley 1563 de 2013 expresa en su artículo 1:
El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. Negrilla fuera de texto.
Para Mendoza (2009) bien podría existir un órgano independiente, externo a la rama judicial que se encargará del recurso, como ocurre en países como Nueva Zelanda, en la que el “Arbitrators and Mediators Institute of New Zealand”, cuenta con cuerpo especial de apelación, que como su nombre lo indica conoce de los recursos de apelación que se proponente contra los laudos de esta entidad. Sin lugar a dudas, en Colombia no es posible apelar ante otro tribunal un laudo, debe ser el Consejo de Estado el encargado de dirimir en cierre el asunto, y mediante el recurso extraordinario de anulación, de esta manera efectivamente se mantiene el orden jurídico. (p. 134).  Pero  no es equiparable a segunda instancia ni tampoco como órgano de unificación/extensión.  
Referencias
Carnelutti, F. (1944). Sistema de derecho procesal civil. Buenos Aires, Argentina: Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana.  
Gil Echeverry, J (1999). Nuevo Régimen de Arbitramento. Bogotá, Colombia: Cámara de Comercio de Bogotá.
González Cancino, E. (2005). Arbitraje Romano. En el contrato de arbitraje. Bogotá, Colombia: Legis.
Mendoza, C. A. (2009). Competencia de los tribunales de arbitramento para conocer sobre la legalidad de los actos administrativos de carácter particular en la actividad contractual estatal. Barranquilla, Colombia: Fundación Universidad del Norte. Recuperado de: http://www.amtconsultores.com/public/47/TESIS.pdf
Quiñonez, C. (2007). La audiencia de conciliación en el proceso arbitral. Nº 28, Barranquilla, pp. 376-385. Recuperado de: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewFile/2678/2182