9 de junio de 2016

LOS PRINCIPALES DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN SORDA DE LOS QUE NADIE HABLA: ¿UNA AMENAZA REAL AL EMPODERAMIENTO?


Por, Luis Miguel Hoyos Rojas vía @derechopublico1
1.                    Las Personas Sordas de Colombia: Entre la invisibilización y el olvido.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia – DANE,  a corte de 2005 en Colombia existen más de 450.000 personas con limitaciones para oír, lo que representa un 1,1% del total de habitantes del país. Para nadie es un secreto que estas 450.000 personas  -hoy quizás más-  por líneas de costo de derechos fundamentales, históricamente han sido invisibilizadas de los principales procesos de desarrollo social y económico.  La razón obedeció a que Colombia tratando de encontrar una oportunidad para generar inclusión social desde modelos primarios de desarrollo, no circunscribió en estas primeras acciones, verdaderos análisis que encontraran oportunidades de inclusión basada en particularidades personales. Sin dejar de mencionar que la discapacidad era considerada (como todavía por algunos sectores) con INCAPACIDAD ABSOLUTA aquella de la que nos habla el código civil, donde las personas sordas preciadas como “incapaces totales”, generaban solo nulidad completa en sus actuaciones sociales, civiles, comerciales y personales.

Esta situación siguió agravándose producto que bien entrado el siglo 20 se hizo poco énfasis en  la relación desarrollo + discapacidad + inclusión, esto tradujo más invisibilidad para personas sordas pues el hecho de que en Colombia se adoptó en el pasado la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) como modelo de desarrollo social y económico (1945), generó particularidades que en nuestro presente se convirtieron en un impulso distributivo negativo de la economía para el desarrollo social de la población sorda colombiana.

ISI  fue un modelo de desarrollo principalmente que se concentró en lo urbano y en la industria, generando que los recursos para lo social fueran inexistentes. Logró imprimir un gran énfasis en la capitalización para la producción de sustitutos y no de formación humana, -de este modelo económico, heredamos la fórmula de “planear por sectores y no por poblacionales-. Lo anterior, acompañado  de un derecho público económico subordinado por asuntos puramente industriales,  que alcanzó a paralizar  el impulso distributivo positivo para lo social,  que en conjunto con un modelo de desarrollo económico  centrado solo en las grandes ciudades, hizo una injusta y casi inexistente distribución de  recursos para las personas sordas del país.

Esto hizo totalmente invisibles a las personas sordas del país en  todas las relaciones económicas y sociales. ISI al concentrar su capitalización en las urbes y en la industria, olvidó que las personas sordas y personas con otras discapacidades no eran para finales de la década de los cincuenta, una muestra representativa  del desarrollo y este estricto sentido los olvidó, los relegó a la pobreza y los sacó de las curvas de análisis económicos de derechos sociales existentes en Colombia. “Una razón más del ¿Por qué? Las personas sordas no han nivelado sus principales procesos de desarrollo frente a otras discapacidades y oyentes”.

Todas las personas sordas y con discapacidad “sin excepción alguna” para la década de los 40 y posterior, fueron anuladas del espacio de aplicación normativa de derechos económicos y sociales, esto agravado porque la categoría “sujetos de derechos” o “sujetos de especial protección constitucional” no había sido creada, y además la discapacidad se abordaba (como todavía por algunos) como “una situación patológica gradual, una enfermedad funcional”, susceptible solo de intervención médica. Contextos que justificaron un asistencialismo a manos del Ministerio de Salud en el siglo pasado.

ISI como modelo económico fue superado y el asistencialismo y otros modelos, “legalmente” también. Fueron reemplazados por el prometedor modelo social de la discapacidad y por el desarrollo económico del libre mercado al llegar la Constitución de 1991 y al expedirse la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, que posteriormente entró al ordenamiento jurídico colombiano en 2009. ¡Todo nos llega tarde! El modelo social de la discapacidad  ya tenía más de 20 años  de aplicación en Estados Unidos y Europa, y específicamente en Estados Unidos se implementó dentro del concepto  “gender blindness”  desarrollado por Harvard y Princeton; y jurídicamente desde 1990 con la promulgación de la Ley ADA  (Americans with Disabilities Act). Ley que permitió a la población con discapacidad una participación plena en la vida social, comercial, empresarial, política y artística del país, que en más de 25 años ha logrado derrumbar las barreras de la participación asegurando igualdad de acceso y de oportunidades para quienes tienen una discapacidad, y ha significado el logro de los beneficios de una sociedad inclusiva para todos los estadounidenses. En Colombia existió una igual, solo a partir del 2013 cuando llegó la 1618.

El modelo social de la discapacidad colocó a las personas sordas y con otras discapacidades en el “mundo de lo público”. En sus inicios (como todavía) empezó a “trastear” la comprensión de la discapacidad a los conceptos del derecho político, que en Colombia han sido de buen recibo por el derecho constitucional y la doctrina de la Corte Constitucional. Con este nuevo desarrollo, aparecieron en nuestro país “las medidas de inclusión basada en derechos” que bien conocidas por los constitucionalistas, poco a poco fueron  mal traducidas por otras disciplinas y por algunos “expertos” como “ajustes razonables”, de esa mala traducción es donde se deriva que las medidas de inclusión basada en derechos son universales para todas las discapacidades.

Estas referencias son importantes. Quizás se ven con mayor certidumbre en la historia de otras discapacidades y porqué no –de la comunidad de sordos-. Pero los ajustes razonables, medidas de inclusión basada en derechos e inclusión basada en intervención focalizada, aunque deberían ser conceptos de base en la población sorda,  son relativamente nuevos no mayores de 10 o 15 años en Colombia, de uso no exclusivo de grupos representativos de discapacidad. En cierta parte si son usados por nuevos movimientos de personas con discapacidad para fundamentar sus activismos y orígenes sociales; sobre todo aquellos que inician su existencia en la histórica constitucional y de la discapacidad del país. Pero para el caso de los sordos, éstos son más antiguos en su lucha, que todos estos conceptos y  con lo anterior, no trato  de mostrar una preponderancia de la población sorda (en este caso) frente a otras discapacidades, aunque sí estoy convencido de que la tiene.

Para mí, todas las comparaciones son odiosas pero muchas veces necesarias y en estricto sentido hablar de población sorda colombiana, no es referirnos “única y exclusivamente a ajustes razonables o barreras”, es concebir su existencia misma como la de todos los pueblos indígenas que aún existen en Hispanoamérica”, una esencia que nadie puede desconocer y que es innegable como categoría social inexistente para otras discapacidades en Colombia.

2.                    Los orígenes culturales como fundamentos de la población sorda.

En nuestro país a lo largo de la historia se han dado muchos debates en torno a la  población sorda, pero existe uno  que no se ha llevado a la esfera política y social. Este debate está relacionado con los orígenes de una cualificación social – que hoy es constitucional- y  que hace único y especiales a todos los sordos colombianos en su esencia como personas con discapacidad, como ciudadanos sujetos de derechos y como grupo poblacional. Un debate jurídico-social “inaplazable” que no nació en las propias fuentes del derecho constitucional, sino que germinó de las luchas históricas de una comunidad real, antigua y pionera de muchos avances para otros grupos con discapacidad emergentes.   Me estoy refiriendo a “los orígenes de una cualificación social y constitucional de la población sorda, como fuente de su existencia pluricultural en Colombia”.

Esta cualificación en sus bases legales ya sido definida en el escenario jurídico-constitucional, pero todavía es un concepto que no ha sido explorado con detenimiento por los técnicos del tema y que políticamente no se ha colocado en los escenarios de discusión y lo peor  “la población sorda colombiana lo desconoce”, algunos que lo han  tocado se ajustan porque piensan ¿los sordos de Educación para Cultura? ¿Perderán su categoría de personas con discapacidad por ser reconocido como grupo cultural minoritario?, preguntas que ya fueron resueltas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Los orígenes de una cualificación social y constitucional de la población sorda, como fuente de su existencia pluricultural es un concepto  que rebasa de forma indefectible, la visión activista de derechos que los movimientos que representan las discapacidades utilizan para hacer saltos a la representatividad gubernamental, institucional y social. Para los sordos este concepto trae implícito un enfoque de “ajuste razonable multinivel e institucional”,  que materializaría también  ¿el por qué? de  mantener la existencia de un Instituto Nacional para Sordos adscrito al sector de Educación  en pleno siglo 21. Los orígenes entonces para comprender la existencia de las personas sordas de nuestro país, como “comunidad y grupo cultural”, tienen fundamento en los llamados “derechos conducentes” del  numeral 3° del artículo 1 de la Ley 982 de 2005, quienes crearon la cualificación antemencionada. Los “derechos conducentes” del  numeral 3° del artículo 1 de la Ley 982 de 2005 son una categoría  de derechos constitucionales, que no ha sido traducida ni mucho menos revisada en el ámbito natural de su comprensión. No se trata de una frase de “cajón o muletilla retórica”, los derechos  conducentes son derechos constitucionales reales de la comunidad.

Estos derechos abrieron la puerta a la llamada nivelación constitucional entre “Sordos e Indígenas” (otro tema del que no se habla a profundidad en el país) y con ello, no generaron una nivelación constitucional de asemejar socialmente a ambas poblaciones (sordos e indígenas) sino  que, la intención fue de traducir una comprensión de que  la diversidad lingüística, el valor identitario, comunitario y cultural de las personas sordas (igual que el de las comunidades indígenas) son objeto de protección, preservación y conservación sociojurídica. Estos derechos creados con la Ley 982 de 2005 son una categoría que con profunda extrañeza no aparecen en registros, investigaciones, intervenciones territoriales, políticas públicas, lineamientos, documentos técnicos, programas, proyectos y otra serie de divulgaciones-acciones por y para la población sorda colombiana. ¿La razón de su ausencia?, quizás porque se ha olvidado usar y aplicar lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 134 de 1994 para presentar la iniciativa de regulación de la Ley 982 de 2005 ante la autoridad competente, o porque simplemente la lucha institucional y civil para y por la población sorda se concentró  en “pedir lo que no se está dando”, que en demostrar categóricamente los derechos constitucionales conducentes.

En este orden, la categoría constitucional de los derechos conducentes de la población sorda”, desconocidos por muchos han jugado un papel importante en el desarrollo de las personas sordas, porque por ejemplo ellos sirvieron como fundamento para constitucionalizar la “Educación Bilingüe Bicultural”; en la lógica que opera para los pueblos indígenas a tener derecho a recibir la educación y el acceso a oportunidades en su primera lengua, por los derechos conducentes se le aplica esta misma garantía a las personas sordas.

3.                    Derechos Conducentes, Educación para Sordos y Lengua de Señas: Una intersección social perdida y olvidada.

En el país se seguirá hablando de la “educación bilingüe para sordos”, científica y técnicamente pertinente para población, en esto no hay discusión. Igualmente se siguen construyendo significativas estructuras para su operación y materialización nacional, pero sino hablamos de los derechos conducentes aplicados a la población sorda –que traducidos a la educación como derecho y servicio-, obligan al Estado a garantizarlo en igualdad de condiciones para las personas sordas, todas las acciones de intervención serán fracasadas y con pérdidas irreparables.  En Colombia no se ha hablado nunca de cuál es la fuente formal de derecho que obliga a cualquier institucionalidad a garantizar una educación bilingüe y pertinente para sordos. Todavía existe una confusión de terminologías, se confunden los enfoques y no hay claridad de bases conceptuales cuando del método de los derechos humanos y del goce efectivo nos referimos aplicado a la educación para sordos, “es como pretender mover un carro sin llantas”.

Muchos confusamente han aterrizado el discurso en el derecho a la educación exclusivamente, olvidando que “hasta los derechos fundamentales son susceptibles de ajustes razonables” y que los gerentes públicos de este país –quienes administran la educación  para sordos-, entienden que la Educación para sordos es solo un servicio, y como servicio es progresivo (en términos del Consejo de Estado) –de ahí el retraso en la contratación de intérpretes y otros apoyos para sordos en el territorio nacional-. Además que el derecho a la educación es competencia (reglas del derecho administrativo nacional) de las entidades territoriales y que ninguna autoridad puede creerse “el jefe”  que exige su cumplimiento aún más, cuando en los temas de educación para sordos se va al país “sin dientes jurídicos de obligatorio cumplimiento”. Precisamente esos dientes jurídicos han estado desde el 2005, “no se han reglamentado” y son los derechos conducentes. Es ahí donde entra la justificación base de la Educación Bilingüe para Sordos, pues ante un deber constitucional de obligatorio acatamiento, es imposible resistirse en su cumplimiento.

Es este sentido no es que este mal la defensa del derecho a la educación para las personas sordas en Colombia, sino que esta defensa nacional no se puede proteger, si no existe claridad del porqué “debe garantizarse y aplicarse como servicio fundamental en la primera lengua”. Pues como derecho, la educación es innegable a una persona sorda pero como servicio social, es inminente su ajuste razonable para que igual que los indígenas, las personas sordas reciban su formación en la lengua que los potencializa.

Otros ejemplos de derechos conducentes en Colombia, que sirven como modelo para sordos.

El caso de los movimientos de personas LGBTI. Ellos en Colombia no iniciaron sus luchas porque se le consolidarán derechos igual que otras poblaciones “partieron de la concepción de que como seres humanos estaban en igualdad de condiciones”, un importante paradigma que hay que institucionalizar en los imaginarios de colectivos de personas sordas, pues algunos parten de la desigualdad de derechos, tratando de definir “la falta de acceso a derechos”.

En el caso del matrimonio igualitario, lucharon por una nivelación constitucional para ellos con los otros grupos poblacionales que podían acceder sin problema alguno, al contrato civil del matrimonio. A diferencia de las personas sordas, las personas LGBTI no lograron esto a través de una Ley, - el proceso falló en el congreso de la república-, fue una sentencia de la Corte Constitucional la que otorgó el derecho conducente al matrimonio. Para el caso de la  población sorda en 2005, a través de una ley lograron los derechos conducentes y en 2012 la ratificación de esos derechos fue dada por parte de la Corte Constitucional en un control abstracto de constitucionalidad. Pero para la comunidad LGBTI lograda la consolidación de los “derechos conducentes al matrimonio civil”  por vía constitucional, iniciaron una incidencia de recordarle al Estado sus obligaciones, de presentar técnicamente modelos claros de “si era viable el modelo de familia homoparental basada en el matrimonio” y contra todo pronóstico, generar acciones para encontrar puntos de realización de su derecho al matrimonio civil, de conformidad a lo diseñado por el marco constitucional. Este ejemplo sería muy importante a seguir, para la población sorda.

4.                    La discusión nacional de y para sordos debe centrarse.

La educación para las personas sordas ha sido un asunto definido por muchos y ya existen avanzadas claridades, la misma Corte Constitucional tiene más claridad que ciertas instituciones, personas e instituciones. La educación bilingüe o el acceso a derechos de la comunidad sorda desde los propios entornos para su desarrollo, el uso y protección de la lengua de señas colombiana no es un asunto de discusión “si se hace o no, no es una opción en Colombia”, se tratan de derechos fundamentales incuestionables, simplemente se trata de ejecutar. El problema ha radicado más, en que se quiere discutir porque si son derechos, de cómo demostrarle a un país entero “como es viable y posible aplicarlos”. En esta lógica la ausencia de la implementación efectiva de los derechos, ya no es un problema de los derechos ni del método del derecho constitucional.  Por hoy es un problema de “ejecución y de posición estratégica de demostrar claramente cómo intervenir en la realidad de las personas sordas desde los derechos”, asumiendo posiciones claras ya definidas por las normas y por los resultados técnicos.

Más allá de esa discusión en la que se ha estado por más de 20 años sobre  “si es constitucional o no los jardines, colegios y universidades para sordos” y si la educación inclusiva sirve para la población sorda, siempre se han sabido perfectamente las siguientes realidades:

1)       la educación inclusiva no ha sido pertinente para los sordos. Técnicamente cuando aún estamos aprendiendo de la inclusión de personas sordas y personas con discapacidad en la educación formal.

2)       Sobre la existencia, de “colegios, universidades, internados y otros centros de desarrollo para sordos”. Si son posibles y son constitucionales crearlos. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad lo enfatiza, por la siguiente razón: “los ajustes razonables, servicios y otros aspectos específicos para sordos no son inconstitucionales y  la misma ONU a través de la Convención, ¡no impone un modelo único de educación!, sino que deja abierta la puerta para que cada país defina cómo incluir en la sociedad a las personas con discapacidad”.

En este orden, estas discusiones son puntos que honestamente ya se han definido en el país y que otros países y/o comunidades demuestran avances significativos. Lastimosamente  en Colombia se siguen presentando estas discusiones “ya definidas” para desviar la concentración de lo importante y como en nuestro país, como en muchas otras partes del mundo, han existido carteles, grupos, personas y movimientos presuntamente técnicos que venden de golpe, un pánico apelativo  a la segregación y exclusión social y en este falso imaginario, asociada con la educación bilingüe para sordos. Esto ha acentuado posiciones no tan acertadas,  pero si contrarias al marco y al orden constitucional, que se traducen en desgracias sociales y educativas en el diario vivir de las personas sordas.   El punto en el que pretendo hacerlos reflexionar es que mientras se sigue discutiendo sobre lo que ya ha sido resuelto, la sociedad y el Estado desconocen que las personas sordas tienen como derechos fundamentales, “la prohibición correlativa de regresividad” y “la consulta previa”.

5.                    Los olvidados derechos conducentes de la población sorda: El eslabón perdido en la lucha por el empoderamiento y el acceso real a derechos.

Es claro recordar que estos son los que dan acceso constitucional a garantías fundamentales, porque como su denominación lo establece,  “conducen” para equiparar a las personas sordas al mismo marco fundamental de protección que tiene hoy en Colombia, las comunidades indígenas.  Así lo ha ratificado la Corte Constitucional pues para ésta el legislador colombiano no violó el principio de igualdad al establecer que las personas sordas son “parte del patrimonio pluricultural de la Nación y que, en tal sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas y deben poseer los derechos conducentes” (art. 1°, num. 3, Ley 982 de 2005).

Es indiscutible que se da el mismo tratamiento a dos grupos humanos distintos entre sí, en aquellos aspectos en que hay parecidos, concretamente, en el derecho al reconocimiento de sus usos de lenguaje diferenciados, como patrimonio cultural de la nación. En esa lógica constitucional a las personas sordas les aplica estos mismos derechos, que por hoy se predican de aplicación fáctica a los pueblos indígenas:

1)       La promoción, desarrollo y respeto a la diversidad lingüística y cultural;
2)       La preservación de la primera lengua,
3)       El acceso a derechos y a entornos para el desarrollo en su primera lengua, iniciando por la Educación,
4)       La prohibición correlativa de regresividad institucional, social o cultural y,
5)       El derecho a la consulta cada vez, que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
6)    Los derechos de los que el país no ha hablado.

Los derechos  constitucionales de “prohibición correlativa de regresividad y consulta previa” son a los que jamás la población sorda ha tenido acceso, conocimiento, estructuración y empoderamiento histórico.  Colombia siendo el primer país de américa latina con mayor proyección, avance y desarrollo constitucional para las persona sordas por vía de Jurisprudencia, donde nuestros avances jurisprudenciales para sordos son tan únicos como su Instituto Nacional para Sordos – INSOR, además de ser nuestro país sede de quizás la organización de la sociedad civil de sordos más importante de la región (FENASCOL); aún se desconoce “el concepto y el método de los derechos conducentes para sordos”, que la Ley 982 de 2005 creó y la  Corte Constitucional afinó.

Causa mayor asombro que en la actualidad la  jurisprudencia constitucional colombiana sea de referencia para el derecho comparado latinoamericano y Europeo donde juristas, técnicos y otros grupos de y para sordos desde la defensa de derechos constitucionales han puesto sus ojos en las bases de cómo nuestro ordenamiento jurídico ha construido un compendio de transformación social para sordos. A pesar de todos estos avances reiterados sumado al desconocimiento, descoordinación sectorial que existe en los distintos niveles de gobierno, además de la poca presencia de la sociedad civil, el inexistente discurso de los “derechos conducentes” sigue dejando en nuestro país a las personas sordas rezagadas en la pobreza, ausente de los procesos de desarrollo y aún más, fuera del marco de la prosperidad social y superación de la pobreza extrema.

6.1.    El derecho a la  prohibición correlativa de regresividad institucional, cultural o social.

Es un derecho-principio creado por vía jurisprudencial como desarrollo del principio de progresividad. En términos de la Corte Constitucional  implica la prohibición con la cual una vez se ha llegado a determinado nivel de protección, el Estado se encuentra vedado en retroceder en esa garantía, salvo que se cumpla con un estricto juicio de proporcionalidad (otro concepto jurídico inexplorado en la comunidad y la institucionalidad de gobierno para Sordos), el cual demuestre que la medida regresiva es imprescindible para cumplir con el fin constitucionalmente imperioso (Corte Constitucional, Sentencia C -228 de 2011).

Un derecho-principio fundamental que de ser conocido, aplicado e interiorizado por la comunidad y la institucionalidad  para sordos en el pasado, quizás no hubiera dejado desaparecer las propuestas bilingües para sordos, “esas que hoy con mucha nostalgia se intentan revivir”, que por hoy tienen más un sentido de volver a creer que es posible, que creer realmente que los resultados serán ciertos, con la misma fuerza que antaño. Una garantía que le hubiera manifestado al Estado en esas épocas,  la prohibición de retroceder en esa garantía de inclusión de los que muchos niños y niñas sordos, fueron beneficiados y formados en un mundo de cada día les exige más. Tal concepción hubiera exigido en ese momento que le demostraran a la población sorda nacional en un estricto análisis de proporcionalidad, porque la educación bilingüe para sordos no era pertinente – una discusión y explicación que nunca se les dio a los técnicos,  a la comunidad ni al país-, y de porque la prometedora “Educación Inclusiva” esa misma malinterpretada y usada para cerrar, aplastar y acabar con las propuestas para sordos y que por hoy tiene  a más de uno fuera del desarrollo y de la educación formal, se instaló como modelo no probado  y ajustado a las particularidades de la población sorda colombiana.

En este siglo, este derecho-principio exige a la  comunidad que cualquier contexto y/o situación de orden político, social y de gobierno que tenga como propósito hacer retroceder un avance social, cultural e institucional de la población, podrá significar constitucionalmente afectar la situación en derechos de las personas sordas interpretándose como “medida reduccionista”, a una comunidad que históricamente ha construido sus principales avances en los sectores de gobierno, social y cultural.

6.2.    El derecho a la  Consulta Previa.
El menos explorado analizado y sin temor a equivocarme, colocado en la palestra pública. Este también  es conducente a la población sorda, instrumentaliza la posibilidad de que las medidas que asuman el Estado y otros actores, no vayan en contra de los intereses, avances y propósitos de la comunidad. En este sentido aplicando lo dispuesto en la Sentencia T-576 de 2014 (aplicable a los pueblos indígenas), se traduciría  en que la consulta previa es el derecho fundamental por el que las comunidades de personas sordas, deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Significa que el ámbito de aplicación de las consultas debe determinarse frente a cada caso particular de la población sorda, considerando la manera en que la decisión de que se trate pueda constituirse en una hipótesis de afectación de los intereses de esta población o que no sea en su defecto “reduccionista de derechos adquiridos históricamente”.

En el pasado, un ejemplo del uso hubiera sido, “consultar a las personas sordas del país, cuál era la opinión que merecían sobre el cierre  de las propuestas bilingües biculturales para sordos en aulas y colegios de Colombia,  o de los cierres definitivos de las sedes INSOR en Colombia”.
En el presente, un ejemplo hipotético de uso, “la opinión que merecen las personas sordas del país sobre el cierre, fusión o desaparecimiento de la estructura del ejecutivo nacional, del Instituto Nacional para Sordos – INSOR”. Proyecto aparentemente silencioso por estos días.
Este derecho no es más que la materialización de los fundamentos de una sociedad democrática, es permitir a las persona sordas actuar en una lógica de participación pública y multiactoral donde las voces, señas, manos y pensamientos, sean colocados en las principales mesas de decisión nacional. Se trata del más importante avance que ganó la comunidad en Colombia en toda su historia, un avance que se materializa el principio social, “Nada sobre nosotros sin nosotros”, propio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un avance  único en el mundo y en derecho político colombiano aplicados a sordos, que prometedor en el plano constitucional es ¡hondamente desconocido!  

El diálogo, la opinión, la concertación, la participación y el pronunciamiento oficial de una comunidad a la que directamente se pueden direccionar decisiones “es  una medida que el Estado colombiano adoptó para que las personas sordas participen si miedo a la exclusión”, flagelo al que fueron pavorosamente sometidas en siglos pasados por no usar la lengua mayoritaria del país.   

En este orden, para usar estos derechos la comunidad sorda no necesita demostrar su existencia, uso, aprovechamiento y asentamiento en un específico territorio de la nación, - otra  interpretación claramente institucional-. Tampoco tienen que demostrar que hacen parte de pueblos nativos  del país, -otro concepto que no aplica a la población sorda-, y que tiene poco adepto en el sector cultura, que en más de una ocasión ha dejado a la comunidad sorda, por fuera de decisiones y mesas de concertación cultural. Sobre este aspecto, es claro precisar que el enfoque poblacional no fue el elemento que utilizó la Corte Constitucional para “equiparar a los sordos con los indígenas”, ni tampoco lo usó la Ley 982 de 2005 para crear los derechos conducentes de las comunidades indígenas a las comunidades sordas ¡esta es una interpretación falsa y errónea!.  

Ya es hora de que el país entienda que el concepto de territorios simbólicos es el aplicable, pues al comprender el núcleo duro de la interpretación de la Sentencia C-605 de 2012, la Corte Constitucional da alcance a que los territorios donde tienen  asiento la lengua de señas si son territorios de personas sordas, otra discusión que pocos han puesto en la palestra pública.   Desde esta perspectiva, la identidad cultural y lingüística de la población sorda, no fue construida sobre un enfoque estrictamente poblacional, sino desde  del “Enfoque de Territorialidad Simbólica”. Un enfoque que pocos se atreven a manifestar y/o defender, que sí es existente en virtud de la Ley 982 de 2005 pues esta Ley si dio valor legal a “la geografía simbólica de la población sorda de Colombia”, que defendida en más de 20 años por FENASCOL y referenciada por pocos en INSOR, ha sido vital para la demarcación de los etnoterritorios de sordos usuarios de la lengua de señas colombiana, porque ha sido “La lengua de los Sordos”, el catalizador cultural de todos estos procesos. Estos contextos lograron que en el pasado la misma Ley dijera, “las personas sordas son “parte del patrimonio pluricultural de la Nación” (art. 1°, num. 3, Ley 982 de 2005)”.

En este orden ¿Por qué todavía se discute este tema? la población sorda no necesita más leyes – no es sano caer en el fetichismo legal-, tampoco de modificaciones “legislativo-mesiánicas” para catalogar a las personas sordas de Colombia como grupo cultural del país y poder ejercer estos derechos inexplorados, los sordos de Colombia ¡SON UN GRUPO POBLACIONAL CON IDENTIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA RECONOCIDA!

7.                    A manera de conclusión.

El país necesita de más gestores con la capacidad de poder descender garantías constitucionales ya reconocidas a políticas públicas, lineamientos de ejecución política y muchas veces recordarle al Estado sus compromisos con las personas sordas. Estamos en un momento donde la articulación para el acceso a derechos no es una opción, sino que con ley en mano se debe ejecutar, más allá de dar discusiones de las que como se sabe, ya han sido definidas.  La población necesita ejercer estos derechos y por ello necesita ¡conocerlos!, entender cómo operan, cuáles son los mecanismos que la constitución y la ley permite para ejercerlos y  en el marco de las vías democráticas como pronunciarse cuando existan “potenciales amenazas dirigidas a erradicar el empoderamiento institucional e histórico de una comunidad como las personas sordas”. En definitiva no habrá peor amenaza AL EMPODERAMIENTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN SORDA, que la causada por el desconocimiento y aplicación de estos derechos conducentes. Que para el caso específico, desconocer que tienen derecho a ser consultados y tienen derecho a que se respeten sus avances que el Estado colombiano hizo para potencializarlos.



** Asesor en Política Pública, Administración Pública,  Derecho Público y Comparative Tax Policy. Ex Asesor, Secretario General, Subdirector de Gestión Educativa y Subdirector de Promoción y Desarrollo  del Instituto Nacional para Sordos – INSOR – Ministerio de Educación Nacional. Investigador de Derecho Constitucional Comparado, Género, Desarrollo Sostenible y Discapacidad de los grupos de investigación Pensar (en) Género y Derecho Privado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C. hoyoslm@hotmail.com   hoyos.luis@javeriana.edu.co