11 de junio de 2016

¿ES INCONSTITUCIONAL EL INGRESO DE LA POLICÍA AL DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL?: A PROPÓSITO DEL "NUEVO" CÓDIGO DE POLICÍA



Desde la creación del Código Nacional de Policía expedido en 1970, a través del Decreto 1355, complementado con el Decreto 522 de 1971 referido a contravenciones especiales, se ha venido desarrollando el aspecto policivo en Colombia. Si bien este Código no está ajustado a la Constitución, tampoco lo podamos catalogar de “liberal”; es cierto que el Estatuto que ha regido hasta nuestros días es anacrónico y una pieza de museo, con más de 40 años de vigencia.  

En último debate, se encuentra el Proyecto de Ley 256/16, a lo que se refiere al nuevo Código Nacional de Policía, o mas bien el nuevo Estatuto de Seguridad, ya que dentro de sus preceptos está: “el ingreso de la Policía al domicilio sin orden judicial”. Lo que resulta ser abiertamente inconstitucional por violar los artículos 15, 28 y 32 de la carta magna y en contravía de las Sentencias C-024 de 1994 y C-176 de 2007; en el entendido, que se requiere que exista mandato previo de autoridad judicial competente; socavando, los derechos individuales a la inviolabilidad del domicilio y la intimidad. Esto significa, que si se aprueba esta norma, un agente, podría allanar una casa, habitación de hotel, casa rodante, lo que ejerza trabajo o recreación familiar... y todo aquello que se considere domicilio (desde la órbita constitucional, excediendo la noción civilista), en donde se tenga desarrollo de la personalidad e intimidad, sea móvil o inmóvil, de uso permanente, transitorio o accidental; esto, según las Sentencias C-519 de 2007 y C-366 de 2014.

Lo que se está haciendo con este Proyecto, es ampliar la función y autoridad de Policía, no solo de la Institución Civil, sino también de las Autoridades Administrativas. Si bien, ya el Código de Policía actual permite autorizar a la Policía a ingresar sin orden judicial cuando recurra: “incendios, flagrancia, explosión, inundación, peligro la vida o la propiedad, socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio riesgo, dar caza a animal rabioso o feroz, cuando se recurra a vías de hechos dentro de las edificaciones, proteger los bienes de personas ausentes, inminente riesgo de un menor de edad (C-041 de 1994)..., así como se explaya en los artículos 32, 72, 73, 79, 81-85 del Decreto 1355 de 1970. Ahora, se haría cuando “lo consideren necesario” y “las circunstancias lo ameriten”, como cuando haya: violencia intrafamiliar, el equipo de sonido este muy alto, en un establecimiento haya partes hurtadas y demás arbitrariedades del caso..., siendo que esto lo tiene que verificar la Autoridad Administrativa misma, no la Policía.

Si lo que buscamos es un Estado de seguridad, policiaco, tal como diría AGAMBEN, los ciudadanos no tendrían porqué soportar las técnicas habituales de “medidas de emergencia” de los gobernantes, a excusa de “mayor seguridad y convivencia” como paradigma constitutivo del orden jurídico. El papel debe ser de mayor despolitización, fortalecimiento de instituciones y de la sociedad civil, no al revés. Decía el Decretum Gratiani: "necessitas legem non habet". Lo que significa: “la necesidad no tiene ley"; por tanto, la necesidad crea su propia ley, obviamente la ley del político de turno. Lo que pretende el actual Gobierno es tratar a los ciudadanos como unos “homo sacer”; es decir, tratar al ser humano como aquel que está más allá, entre la vida y la muerte, suspendido en la esfera del populista, en el que puede decidir quién puede ser asesinado sin considerarse delito.

La política criminal deben ser las respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables, garantizando la protección de los intereses esenciales y de los derechos, tal como se expresa en la Sentencia C-646 de 2001. Por tanto, la política criminal, no se reduce solo al derecho criminal pues tiene una dimensión más amplia. El instrumento penal es el elemento distintivo también del derecho policivo, como especie del derecho sancionatorio.

Si bien, lo que se quiere es un Código Nacional de Policía puesto al día y constitucional, se deben seguir por lo menos las recomendaciones e informes no solo del Consejo Superior de Política criminal sino también de la Comisión asesora  a través de sus lineamientos; a pesar de no ser vinculantes, de acuerdo con el Decreto 2055 de 2014 en sus artículos artículos 3 y 26. Por eso, es que el advenedizo Proyecto de Ley no solo es contraria a la Constitución, sino también al mismo Decreto 1355 de 1970, artículos 56-59, del cual se considera “anacrónico”; es una reversión misma no solo a la carta, sino al bloque de constitucionalidad.