5 de mayo de 2016

LA DRITTWIRKUNG: DERECHO PRIVADO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO



I. EL PLANTEAMIENTO DEL CONSTITUCIONALISMO ALEMÁN

El maestro Mijail Mendoza Escalante, determina que el problema comprendido en el tema planteado del reconocimiento de nuevos derechos constitucionales y garantías fundamentales en el ámbito del derecho privado, es designado bajo diversas denominaciones. Ilustra el anterior autor, que el presente, ya ha sido difundido y ampliamente conocido como “eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales” (Drittwirkung der Grundrechte), así como los de eficacia horizontal (Horizontal Wirkung), validez de los derechos fundamentales “en el derecho privado” (Geltung der Grundrechte “im Privatrecht”), eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas privadas (im Privatrechtsverhältniss), en el “tráfico jurídico privado” o “de derecho privado” (private rechtliche Verkehr) o, también, “en las relaciones jurídicas entre sujetos de derecho privado” (in den Beziehungen der Privatrechts Objekte untereinander) . Como se apreciará y ha sido destacado por la propia doctrina alemana, la denominación introducida por Hans Peter Ipsen, de “eficacia frente a terceros de derechos fundamentales” no resulta la más adecuada, sin embargo, ella ha alcanzado aceptación general y es de empleo generalizado para la designación de esta problemática y, desde luego, por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán.

II. LA DRITTWIRKUNG EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO

La problemática de la relación entre el Derecho Privado y el Derecho Constitucional en Colombia, a  manera acordar la eficacia de los derechos fundamentales, está fundamentalmente en saber si estos  se vinculan las relaciones jurídicas privadas, tal como lo evidencian las anteriores teorías que  justifican las relaciones entre el iusfundamentalismo del sistema constitucional, con las relaciones y actos del Derecho Privado.

En primera instancia, se podría prescribir una relación jurídica privada en la que los sujetos intervinientes tienen entre sí un mandato, obligación o permisión provenido de derechos fundamentales, tal como lo expone el maestro Mijail Mendoza Escalante. ¿Cómo se plantea el efecto de los derechos fundamentales o, en términos de la Constitución de1991, de los  derechos constitucionales, en las relaciones propias del derecho privado? ¿Se ha planteado, realmente, este problema en la Constitución Colombiana?

El hecho en que se acepte que los procesos constitucionales para la protección indefectible de los derechos fundamentales y constitucionales, tales como la acción detutela, el hábeas corpus, hábeas data, etc; No sólo frente a actos de autoridades, sino también departiculares, no significa que este problema se halle alejado o en palabras de muchos constitucionalistas “se entienda resuelto, Art. 4 de conformidad a la Constitución Política Colombiana”. Por el contrario, él igualmente se esboza, aunque, concluyentemente, con matices respecto de la forma en la que se presenta en el ámbito donde surgió esta discusión: El Constitucionalismo Alemán. Los efectos de los derechos fundamentales también llamados “Efectos Horizontales” acuerda una coyuntura particular: la intrepidez de una controversia de derecho privado en base a derechos fundamentales o, expuestos en otros términos, si los particulares son sujetos receptores de los derechos fundamentales dentro del ámbito de sus relaciones privadas.

Cabe señalar que aunque tiene antagonismos procesales, este no es un tema propio del Derecho Contencioso Privado, sino indefectiblemente sustantivo. Por el contrario, al ser un problema de derecho sustantivo, se plantea exentamente del proceso, constitucional u ordinario, en cuya sede haya sido bosquejado. Es la naturaleza de la altercación la que resulta definitiva, para efectos de comprender las relaciones derivadas, propias de esta problemática jurídica. De esta forma, tanto los jueces en materia ordinaria (civil, comercial, laboral) como el juez constitucional o Tribunal Constitucional conocen casos de esta naturaleza.

Para el tratamiento entonces, de la relación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Privado, en materia de loa protección de los derechos fundamentales en el ordenamientoconstitucional Colombiano, fraguaremos nuestro análisis en los tres aspectos en los que se suele descomponer este problema: a) el de si existe o no estos efectos de relación entre uno y otro, b), cómo se despliegan el problema de construcción y, finalmente, c), en qué medida o ímpetu se programan esos efectos-relaciones el problema de colisión. El objeto de esta parte de la investigación, es distintamente la representación de la respuesta que el ordenamiento Colombiano ha dado a estos entresijos de la teoría del derecho y, en particular, la de su Corte Constitucional (en adelante C.C), ultimando con una breve reflexión a los supuestos de efectos horizontales y la vías de protección de derechos fundamentales en los casos de conflictos con el Derecho Privado.

III. EL IMPERATIVO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA RELACIÓN CON EL DERECHO PRIVADO COLOMBIANO.

La Constitución Colombiana tiene una disposición explicita, que fija la eficacia frente a particulares de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Así también otras han sido incrustadas a la Constitución, por vía de la interpretación de la Corte Constitucional.Lo que ha justificado que el efecto de los derechos constitucionales (Derecho Constitucional) traza su fuerza sistemática al ámbito de las relaciones entre particulares (Derecho Privado) en Colombia. Tres disposiciones constitucionales acceden inferir dicho efecto como vigente en nuestro ordenamiento jurídico que, como percibiremos inmediatamente, son los que emplea la Corte Constitucional:

· El PRINCIPIO de la dignidad de la dignidad humana,
· El PRINCIPIO de la supremacía Constitucional y,
· La TUTELA contra particulares.

De modo consonante Nipperdey y Leisner expresan respecto a la Ley Fundamental Alemana (Constitución) que el efecto de los derechos fundamentales en terceros, tiene como fuente la dignidad de la persona, siendo este el argumento constitucional a favor, de frente a las relaciones del Derecho Privado. Escenario que fija entonces a, “La dignidad como principio fundamentaldel ordenamiento constitucional Colombiano”, tal como lo fundan las referencias que a él hacen los artículos 1, 5, 12, 13 y 14 de Constitución Política.

En efecto, el artículo 1º establece lo siguiente: “Colombia es un Estado Social de Derecho…Fundada en el respeto de la dignidad humana. (..)” . De esta forma, el significado jurídico político de este principio es la total declaración del valor central de la persona y sus garantías originalísimas en el Estado Colombiano, lo cual, lía que el Estado y el propio orden social habilitan su razón de ser, en la consecución de este principio. Configuración jurídico constitucional que trae consigo dos derivaciones: (1) la dignidad como fin supremo dado que decreta la protección y promoción de la persona y, por otro lado, (2)que ese influjo no se ciñe respecto al Estado, sino indistintamente a la sociedad, pues el respeto de la dignidad se imputa, según el citado artículo 1º, como “fin supremo de la sociedad y del Estado” o en los términos del Artículo 2.2 de la Constitución “a todas las personas en Colombia en su honras y bienes”. Ahora bien, defensa y promoción de la dignidad de la persona se hace ostensible en la protección y promoción de los derechos fundamentales y en los mecanismos legales y constitucionales para su defensa en Colombia. Por esto, el “respeto de la dignidad” al que alude la Constitución es, ajustadamente, el que se debe a los derechos fundamentales. Este respeto simboliza y ordena reglamentariamente en términos del profesor Mijail Mendoza Escalante, sujeción y vinculatoriedad, de forma indudable a aquéllos.

Por otra parte, si como punteamos antes, el principio de dignidad de la persona se forja también al Estado y la sociedad civil, además del Estado- Institución, resulta que no sólo es éste el sujeto receptor de los derechos fundamentales, sino también la sociedad en general, vale decir, los particulares propiamente dichos, sujetos generadores de todas las relaciones propias del derecho privado. Es por esto que las relaciones jurídicas que se dan en este ámbito y que son merecidamente de derecho privado, se hallan vinculadas a, o, han de “respetar”, los derechos fundamentales constitucionalizados, nominados o innominados.

El principio de Supremacía de la Constitución no significa sólo la preponderancia de ella respecto al resto de normas del ordenamiento jurídico Colombiano, y la resultante sumisión de éstas a aquéllas, sino también que, en cuanto fuente de derecho, sus normas vinculan al Estado y a la sociedad Civil a todas sus instrucciones textuales e incluso, aquellas producto de la actividad interpretativa de la Corte Constitucional. En efecto, la Constitución establece en su artículo 6º que “Los Particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes”. Así, en el acato y cumplimiento de la norma básica (Constitución) instituido a todos los Colombianos y no Colombianos habitantes en el territorio nacional, se está enunciando la vinculatoriedad de éstos a dicha norma y, desde luego, a los derechos fundamentales implícitos en su tenor literal.

Definitivamente, en conexión con lo anterior, los procesos constitucionales de tutela y otros sistemas contenciosos de protección de derechos fundamentales en Colombia, repercuten contra lesiones resultantes de particulares así como de autoridades públicas (Art. 5 y 86). Así las cosas, el que se inspeccione legitimación procesal pasiva a los particulares o “personas de derecho privado”, admite que éstas están enlazadas a los derechosfundamentales y, de allí, que la defensa procesal de éstos se levante también contra lesiones de particulares, implica una axiomática y fáctica relación entre el Derecho Privado y las Relaciones Fundamentales propias del Derecho Constitucional.

Por esta razón, habría que aclarar en todo momento, que no es que en la Constitución Colombiana diseñe siempre sus efectos en terceros porque la Acción Constitucional de Tutela, procede contra particulares, sino, a la inversa, que justificadamente esa procedencia se debe a la existencia de efectos horizontales de derechos fundamentales de frente a las relaciones del Derecho Privado en todas sus manifestaciones. En definitivo, la circunstancia procesal explicada es sólo consecuencia de la admisión explicita que hizo el ordenamiento constitucional para generar la eficacia de los derechos fundamentales (Derecho Constitucional) de frente a las relaciones propias del Derecho Privado.

Comedidamente, la Corte Constitucional ha consolidado, el efecto de los derechos fundamentales. Sin embargo, se proponen dos etapas en el desarrollo argumentativo del mismo. Originariamente, no se plantea la necesidad de fundamentarlo y lo da por admitido. Esto resulta afinadamente comprensible en el ordenamiento jurídico Constitucional desde la consideración procesal señalada antes en los artículos Constitucionales que comunican la existencia en Colombia. De esta forma, la Corte Constitucional no efectúa un pronunciamiento global sobre el problema, sino que se refiere especialmente a la vinculación al derecho al debido proceso y sus diversas variables en el ámbito de los procedimientos disciplinarios efectuados en entes privados.

Así los indicios constitucionales que le consienten afirmar el efecto horizontal de los Derechos Fundamentales, en el ámbito de las relaciones del Derecho Privado en Colombia, se hallan en el principio de primacía de la Constitución, la dignidad de la persona y la legitimación procesal pasiva en los procesos de tutela de derechos.

IV. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES PRIVADAS EN COLOMBIA.

Es claro entender que la Constitución Colombiana contiene disposiciones expresas respecto al efecto y relación de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones propias del Derecho Privado.

Habrá que precisar que la fuente de legitimidad para la construcción de los efectos de estos derechos, son soberanos, quienes tienen como punto de partida-validez la misma carta política. ¿Se ha trata de una Constitucionalización del Derecho Privado en Colombia? No. Pues hay que fijar, que el proceso de constitucionalización inició desde 1991 y no es un proceso propio, que pueda reclamar el actual Neoconstitucionalismo Colombiano, pues en Colombia esa dimensión del Derecho Privado enlazado a las disposiciones Constitucionales, se estableció cuando la carta instauró la percepción y eficacia de las normas constitucionales sobre las relaciones entre los particulares. Tal como anteriormente se fijó y comprobó. Lo que permite acordar la relación del Derecho Privado con la Constitución, la cual guarda una relación recta con el Derecho Constitucional como puente en ese tráfico jurídico.

Pero, lo que no es claro en el contexto colombiano es, si el efecto ha de ser directo o indirecto en la relación de ambos ordenamientos. Situación que ha sido considerablemente delimitada por la Corte Constitucional, quien asentó que se trata de una eficacia directa en Colombia. Situación que matizó la intensidad de Control/Efectos con la cual se proyectan los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones del Derecho Privado, pues meramente “La Constitución no puede sustituir a los códigos privados en sus relaciones particulares”.

De esta forma en Colombia se proyectan los derechos fundamentes de forma directa con todo el imperativo y poder constitucional que se les otorgó desde la Carta Política. Situación que permite de cierto modo, zanjar el problema de colisión entre el Derecho Constitucional (Público por Excelencia) y el Derecho Privado (Civil y Familia Propiamente dicho), por lo que puede refrendarse que según la jurisprudencia constitucional colombiana, el efecto de los derechos fundamentales es directo o inmediato, respetando los límites propios en cada ámbito de aplicación autónomo de las demás ramas del Derecho.

Pues si bien es claro, el carácter fundamental que posee el Derecho Constitucional ha fijado privativamente una regulación a través de principios y valores, despojando aquellos límites tipificados en el marco de la simple legalidad. Pero, este nuevo ordenamiento férvido de una serie de fundamentos de justicia permite la “Constitucionalización del ordenamiento en cierto momento histórico”, lo que acuerda un nuevo contenido y carácter de la Constitución y del Derecho Constitucional. Pero no obstante, los constitucionalistas no conseguimos partir que todo es Derecho Constitucional.

Creer y pretender que todo el Derecho en Colombia, es Constitucional es un error muy coetáneo. Hay que diferenciar que los demás ordenamientos diferentes al Constitucional, cumplen lo que llamo, “El deber ser de corresponsabilidad constitucional” (Los que muchos confunden con la Constitucionalización del Derecho). Corresponsabilidad Constitucional la defino, como la función propia del Derecho Constitucional de proyectar sus principios en los demás ordenamientos que se nutren de la carta política interna, y que es deber de los demás derechos, ajustarse a este sistema. Lo que involucra que, los procesos jurídicos de carácter legal deben por sí mismo, relacionarse al marco jurídico-político de la carta, que despliega el Derecho Constitucional. Pero en efecto, este axioma no es más que un aforismo del constitucionalismo, que irradia todo el sistema, pero que reverencia los límites propios de los demás sistemas jurídicos. Todo el derecho si es un proceso continúo de adaptación a la norma Constitucional, como defectiblemente lo manifiesta la Corte Constitucional en su función de intérprete autorizado. Lo que permite determinar a la constitucionalización no como un proceso jurídico en mi discernimiento. En mi percepción, se trataría indiscutiblemente de un proceso tersamente político-histórico influido por una ideología y forma política, capaz de mudar de aires las circunstancias, percepciones y pensamientos socio-políticos y/o socio-jurídicos de un Estado y de ello, de la sociedad civil involucrada.

De esta forma, “Lo que muchos descifran y entienden como Constitucionalización del Derecho”, seria simple y llanamente en nuestro moderno derecho constitucional, un proceso más de adaptación constante a la Carta Política, como revelación de una Constitucionalización que en su momento ya se realizó y que opera en la Ingeniería Constitucional Estatal. Adaptación que se justificaría para involucrar y llevar a la realidad normativa, aquellos fenómenos políticos que el derecho no reguló, o que absolutamente se discurrieron inexistentes. Proceso muy disímil a lo que llamo “institucionalización sustancial de la Constitución a las realidades de la sociedad”, la cual es hecha por las Cortes y Tribunales Constitucionales y que puede implicar cambios Jurídicos por medio del órgano legislativo. Efecto dado últimamente en Colombia, después de la instalación de la Constitución y la Corte Constitucional, tomando como principio la dignidad de la persona humana en el ámbito de todas sus relaciones.

Indubitablemente, el hecho de lo que los Derechos Fundamentales en Colombia tenga tal efecto, no va en la exoneración de reconocerles la exigencia de la función interpretativa de los derechos fundamentales en la interpretación de la ley y del ordenamiento infraconstitucional en general. Es decir, la audacia que exige desentrañar todos los derechos fundamentales en el contexto Colombiano, es una obligación sine que non. Por lo que la interpretación del derecho e incluso de la relación entre Derechos Fundamentales y Derecho Privado, por más claro que parezca de frente a la situación jurídica, y aunque se establecieran normas que establezcan el propósito de garantizar el derecho en el caso, la interpretación en éste y todos los casos, y por todos los derechos y principios que lo componen, han de aplicarse directamente, asistiendo germinalmente al proceso hermenéutico.