3 de marzo de 2016

¿ES POSIBLE PRESENTAR UNA REVOCATORIA DIRECTA EN ACTOS POLICIVOS?


Coloquemos un ejemplo ficticio, un abogado X en calidad de apoderado del señor Z le conceden un amparo policivo por perturbación a la posesión en contra de la señora Y. Esta última presenta una revocatoria directa para que le subsanen la actuación en contra del señor Z.

En principio se considera que es posible atacar tal acto, porque se cree que es un acto administrativo porque sus disposiciones son administrativas (a diferencia de las que emiten los alcaldes, que sí son actos administrativos, como por ejemplo: “demolición de edificios o construcciones que amenacen ruina”), pero... incoar dicha medida es un acto que se considera de naturaleza jurisdiccional y no administrativo, por tanto es inadmisible invocarlo; de este modo no es razonable llamarlo: “acto administrativo”, por tal razón, bien como lo plantea el artículo 2 del CPACA (Ley 1437 de 2011) cuando se refiere al ámbito de aplicación en su segundo parágrafo expresa que son de tal índole "judicial” pero de enfoque administrativo (cfr. Radicación 425 de febrero 26 de 1992. Sala de Consulta y Servicio Civil. CP. Humberto Mora Osejo):

“Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas”.

La Corte Constitucional en sentencia también T-576 de 1993 ha dicho:

“Las decisiones que ponen término a un proceso civil de policía no son susceptibles de recursos ante la jurisdicción contencioso administrativa. En consecuencia, esta suerte de actuaciones administrativas de carácter policivo son susceptibles de control constitucional por vía de la acción de tutela. Si bien las decisiones policivas reciben la misma denominación de las sentencias, no pueden asimilarse a éstas. En este orden de ideas, aquéllas no se encuentran excluidas de la acción de tutela en el evento de una vulneración de los derechos fundamentales. Las vías de hecho en que incurran los funcionarios de policía, por violación del derecho fundamental al debido proceso en la decisión de verificar el lanzamiento, no tienen previsto un medio de defensa judicial civil o administrativo. Por tanto, la única posibilidad de protección frente a estos atropellos, es la acción de tutela”.

En el mismo sentido lo reitera la sentencia T- 797 de 2012:

La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido tres reglas que resultan relevantes para la resolución del asunto bajo examen y que se reiteran en esta sentencia: “(i) En primer lugar, ha señalado que las decisiones proferidas por las autoridades administrativas o de policía en procesos civiles tienen naturaleza jurisdiccional, no administrativa, y por ende están sustraídas del control de la jurisdicción contencioso administrativa. (ii) En segundo lugar, destacando la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela,  ha enfatizado que  este mecanismo constitucional sólo procede contra estas decisiones cuando el afectado no tiene a su disposición otro mecanismo eficaz de defensa; (iii) Y en tercer lugar, reafirmando la autonomía funcional de las autoridades de policía en estas materias, ha indicado que la procedencia de la acción de tutela contra sus decisiones sólo es posible cuando en la actuación acusada se ha incurrido en una vía de hecho.”