21 de septiembre de 2015

LAS LEYES “ANTIMONOPOLIO”: ¿NOS PROTEGE O NOS CONDENA?


Durante los últimos días se acordó el desmembramiento de los multimedios de comunicación. Lamentablemente queda cerrado el debate y triunfó la idea de que es una necesidad que los grupos dominantes (mal llamados monopolios) deben ser atacados por el Estado para garantía de los consumidores. Se argumenta querer garantizar la pluralidad de voces. Sin embargo la falta de pluralidad de voces en los medios, NO tiene nada que ver con los monopolios.
La legislación que se impone NO conduce a solucionar un problema de  monopolios, sino que intenta imponer por la fuerza y de un modo discrecional y coactivo  quienes si y quienes no pueden ser propietarios de los medios. En otras palabras solo sirve para aumentar el dirigismo estatista sin ninguna garantía de que los contenidos que surjan después de la reestructuración se vean obligados a satisfacer los gustos y las preferencias de los consumidores.

              Crítica a la "Ley de defensa de la competencia" por Jesús Huerta de Soto:


                                              

La contraposición entre competencia y monopolio es una de las primeras lecciones que aprende todo estudiante de economía.
En una situación de competencia, cada bien puede ser ofrecido y demandado por muchos potenciales vendedores y miles de compradores. En una situación de competencia, los precios, la cantidad y la calidad de los bienes que ofrezcan los empresarios deberá estar orientada a satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores. En una situación de libre competencia, el consumidor es el soberano y NO puede ser explotado por el empresario, porque si un vendedor incrementa el precio de un modo abusivo, u ofreciera una pésima calidad, todos los consumidores adquirirán los productos de otro vendedor.
En los mercados monopólicos, la participación libre de otros competidores está limitada, restringida o prohibida por la fuerza. Al existir la imposibilidad de que  otro empresario ofrezca un producto similar, el vendedor puede imponer cualquier precio o calidad con independencia de las preferencias de los consumidores.
El problema con el monopolio es que puede permitir imponer un precio mayor o una calidad inferior al que se ofrecería si  un empresario estuviera sujeto a la disciplina de la competencia, disminuyendo así, el nivel de bienestar de los consumidores.
¿Cuál es la solución?  La solución es la libre competencia. Y eso, precisamente eso, es lo que la ley de medios impedirá.
La competencia se consigue garantizando que cualquier empresario pueda  participar en una actividad para ganarse la aprobación y el voto de los consumidores. Lamentablemente se comete un error al identificar como monopolio el hecho de que circunstancialmente exista un solo vendedor, cuando en realidad corresponde calificarlo como tal, solo en aquellos casos donde existe la imposibilidad de que otro empresario pueda ingresar a competir en ese sector.
Se tiene la creencia de que los Gobiernos deben hacer leyes para impulsar la competencia regulando las distintas actividades poniendo, al arbitrio de un funcionario, la decisión de imponer desde una oficina, cual debe ser el límite de inversiones de determinadas empresas para luego ordenar divisiones y fusiones de algunos empresarios cuya posición es dominante en una determinada actividad. Este concepto no puede ser más erróneo.
En el caso Argentino, si tomamos al multimedio Clarín, (en el caso puntual de su diario, por ejemplo) tiene una posición dominante por el hecho de ser la empresa que más diarios vende, pero eso no significa que sea un monopolio.
Es evidente que el diario Página 12  compite con Clarín. No sólo eso: aun cuando el producto no sea idéntico cualquier tipo de revista compite con Clarín para ganarse el favor del consumidor.
Una de estas empresas puede quebrar, ya que todas las empresas compiten por servir mejor y ganarse la aprobación del consumidor y puede ocurrir que el consumidor prefiere gastar su dinero solo en una de estas empresas. Si debido a esta elección de los consumidores, queda una sola empresa, NO constituye una situación de MONOPOLIO en tanto que cualquier otra empresa pueda ingresar a competir en ese mercado y mientras sean los consumidores libres y soberanos de elegir otra alternativa, aun cuando en ese rubro sólo solo haya quedado una sola empresa.
De hecho, si una empresa quedará como la única del mercado, y quisiera incrementar desorbitadamente sus precios, en poco tiempo otros empresarios ávidos de beneficios entrarán en ese sector. En otras palabras: cada empresa compite con las potenciales nuevas empresas.
El solo hecho de que cualquier empresario pueda ingresar a competir, cuando lo desee,  hace que un mercado no sea monopólico sino de competencia.
Este caso suele ser confundido (a veces de un modo malintencionado) como un caso de MONOPOLIO, cuando en realidad nada tiene que ver con esa situación ya que se trata de un caso de una empresa que llegó a ocupar una posición dominante en un determinado sector debido a que fue la empresa más eficiente en satisfacer los gustos y las preferencias de los consumidores.
Cuando una empresa sirve a los consumidores mucho mejor que el resto, acapara la mayor parte o la totalidad de consumidores. No reconocer ese mérito empresario, y por el contrario, atacar, significa confundir “Éxito Empresario” con Monopolio.  Éxito que fue consagrado por la elección libre y voluntaria de los consumidores.
Sólo cabe hablar de monopolio cuando una empresa utiliza la fuerza (que es un delito), o un favor otorgado por el Estado (que es un privilegio) para eliminar a la competencia. Por ejemplo, cuando el Estado concede una patente o una licencia, o cuando se constituye un favor político exclusivo para los amigos del Gobierno, que impide participar a otros empresarios, en ese caso si existirá un monopolio.
Sin embargo, la mayoría de los dirigentes aboga por que el Estado corrija estos desequilibrios y reestructure la economía cuando en lugar de miles de vendedores sólo existe uno, o alguno que tiene una posición dominante en una determinada actividad.
Cuando el Estado emprende las llamadas "Luchas contra los monopolios" en realidad lo único que logra es aniquilar a las empresas exitosas e imponer por la fuerza a otras que NO serán tan exitosas en satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores.
Imagine una empresa que a través de la mejora del producto y del abaratamiento de su precio, consigue que casi todos los consumidores acudan a ella. La lógica socialista antimonopolio concluye que esa empresa debe ser desmembrada o reducida, para que las demás, torpes e ineficientes, puedan competir con ella en "igualdad de condiciones".
En otras palabras, los políticos atacan y destruyen a las empresas más eficientes del mercado y a las que fueron las preferidas de los consumidores,  con la excusa de que eran monopolios obligando a los consumidores a elegir otras que no eran de su preferencia.
La legislación antimonopolio representa un fraude escondido para los consumidores.
Las únicas leyes antimonopolio que necesitamos son las que prohíben que el Estado o cualquier individuo ejerzan la fuerza para impedir  a otros ciudadanos ejercer una actividad.
La verdad sobre las leyes antimonopolio:
Para fomentar la competencia se debe facilitar la entrada de cualquier interesado en invertir en determinado sector y no regular desde una oficina con grupo de funcionarios que decidan quienes son o no monopolios, a quien se autoriza y a quien no una concesión, situación que no va de acuerdo con una economía basada en un Estado de derecho.
La función del Legislativo y el Ejecutivo es generar un entorno jurídico y administrativo que facilite a quien solicite la entrada a cualquier sector de la producción, en base a reglas generales y no en las decisiones de los funcionarios.
Lo que genera monopolios dañinos a la sociedad son leyes que impiden a otros inversionistas dedicarse a lo mismo que el monopolista protegido por un funcionario.
En el sector de los medios masivos de comunicación, la función de un Gobierno no es decidir fusiones y desinversiones ni dificultar la entrada, sino que a todo aquel que solicite una frecuencia o espectro, si existe la posibilidad técnica de dársela, otorgársela.
Si el Gobierno quiere impulsar la competencia, la solución más fácil no es hacer falsas reformas, sino eliminar los trámites gubernamentales, licencias, aprobaciones y registros legales y los permisos de los funcionarios para que aflore la competencia de verdad.
Tal vez  algún día logremos entender que el consumidor siempre impone sus preferencias en base a sus gustos y necesidades, y el empresario es quien descubre qué le falta a la comunidad para ofrecérselo y ganar un beneficio. Empresario y consumidor se complementan mutuamente de forma natural sin leyes ni imposiciones.
Las leyes antimonopolio, sólo favorecen al burócrata aumentando su poder discrecional. Encomendar al Estado la defensa de la competencia, aun creyendo que es para impulsar, sólo una cosa es segura: la competencia será sustituida por la dictadura de la burocracia y la  planificación estatal.
El derecho a la libre expresión de las ideas será innecesariamente dañado si no sepultado.
Ahora el Estado tendrá vía libre para conceder licencias a sus amigos aumentando la ya flagrante situación de concentración de la opinión que existe en el país. Está claro que lo que se pretende es silenciar y despojar.
El economista, y Premio Nobel Milton Friedman lo expresó así: “De joven, como creyente en la competencia apoyaba las leyes antimonopolio pues pensaba que eran una de las pocas intervenciones deseables [...] Pero a medida que vi lo que ocurrió, observé que estas leyes tendían a hacer exactamente lo opuesto. [...] Con el tiempo he llegado a la conclusión que las leyes antimonopolio hacen mucho más mal que bien, y estaríamos mejor sin ellas”.