23 de septiembre de 2015

HACIA LA ACUSACIÓN PRIVADA EN MATERIA PENAL



No es un secreto para los que han leído los escritos del blog, que soy un defensor acérrimo de la acusación privada (hasta incluso de la acusación popular en ciertos casos, para saber la diferencia, ver, aquí) en materia sancionatoria (es decir, no solo en lo criminal sino también en lo disciplinario y todo lo que conlleva penas estatales, ya que no es justo que el monopolio de la acusación esté en manos solo de la Fiscalía General de la Nación; porque bien debe ser la victima la verdadera afectada por los delitos cometidos, no el Estado; es un entelequia decir que sea este el interesado o la sociedad. La reforma que se avecina al Código de Procedimiento Penal para que las víctimas puedan tomar el rumbo de la acusación y no el ente acusador en sí se ve bien, lo mismo debe suceder con la Procuraduría General de la Nación. (Para más información sobre esto, ver mi artículo sobre: ¿POR QUÉ LA ACCIÓN PENAL Y DISCIPLINARIA ESTÁ EN CABEZA DEL ESTADO?).
Este proyecto (Proyecto de ley 048/15S, agosto 11/2015) establecería la posibilidad de convertir la acción penal de estatal a privada, para dar titularidad a un acusador que solo operaría para las contravenciones penales, en ningún caso para los delitos (que se debería ampliar hasta estos también). La iniciativa entiende que el titular inicial y preferente de la acción penal sigue siendo la Fiscalía General de la Nación (poder preferente), aunque esta pueda ordenar su conversión y en consecuencia asignarla a alguno de los agentes descritos por el artículo 71 de la Ley 906 de 2004. Es decir, a los querellantes legítimos.

“Por tanto la Comisión Primera del Senado aprobó, en primer debate, el proyecto de ley de justicia rápida para delitos menores presentado por el Gobierno, informó el Ministerio de Justicia. La iniciativa también prevé que los afectados por delitos menores puedan tomar parte activa en su proceso, investigando y acusando, a través de sus abogados, convirtiéndose así en una especie de “fiscales” bajo la figura del acusador privado, aunque solo la propuesta esta presentada para delitos menores, es un buen comienzo para dar inicio a esta figura”.
Además se reducirían las audiencias de cinco (imputación, acusación, preparatoria, juicio oral y lectura del fallo) a únicamente dos: una audiencia concentrada (en la que se descubrirán y solicitarán las pruebas) y un juicio oral (en el cual se adelantará la práctica de pruebas y de una vez se decidirá si es culpable o no) a todo esto le llaman procedimiento especial abreviado criminal, de esta manera, se suprimiría el acto de imputación, por lo que la acusación se hará de una vez (con comunicación de los cargos). Excepcionalmente, se podrían comunicar los cargos anticipadamente cuando medie solicitud de medida de aseguramiento (ver, aprueban, en primer debate, proyecto sobre delitos menores).
Aunque no soy muy partidario de los proyectos legislativos que se tomen en el Congreso (valga la redundancia), solo aplaudo estas tres (acusación privada, reducción de audiencia y simplificación de competencia en la jurisdicción sancionatoria). Tal como he dicho en varios escritos de este blog, “una ley liberal a la que hagan estos “honorables” congresistas hacen diez liberticidas o más”, como es el caso del aumento de penas en materia electoral (ver, lista de ponencia sobre incremento punitivo para delitos electorales), la creación del delito de feminicidio, delito de discriminación a personas en condición de discapacidad, ley anticontrabando, que  endureció los castigos por esta conducta, como querer crear un delito para el ataque con ácido, querer construir delitos que no son delitos y que le llaman “delitos menores” tales como la injuria y calumnia, la inasistencia alimentaria, entre muchos otros...
Ahora, centrándonos en el tema...
Pasando a los delitos que son delitos, es decir los que afectan a terceros, que se incluyen en este propuesta tal como la lesión personal, daño a bien ajeno (me parece más una medida civil o delito privado en época romana que uno criminal) y hurto, como bien otros...; me parece que debe quedar a manos del acusador privado, siempre; y que la victima decida si quiere que sea el ente acusador o este mismo por medio de su abogado o defensor personal (puede ser el estatal que sería el defensor del pueblo y uno privado) siendo que se deben tener unos factores para considerar todo esto, simplemente indicativos, tales como la gravedad de la conducta, si es una organización criminal o no..., de tal forma que la victima (por medio de su apoderado) deban comunicarle a la Fiscalía y a la defensa (principio de defensa y de publicidad) como se va actuar, de igual forma podrían proceder conjuntamente y prestar los servicios de criminalística que se necesiten por medio ya sea del CTI o de Medicina Legal.
Parece ser que la iniciativa consta de tres ejes fundamentales: la caracterización de las conductas contravencionales en un nuevo libro tercero de la parte especial del Código Penal (para más información ver, aquí); la estructuración de un proceso bipartito para la investigación y juzgamiento y la consagración de un sistema de conversión de la acción penal que permita radicar en cabeza de un particular las facultades de investigación y acusación. Porque se pretende constituir un título especial para las contravenciones, situación que debe ser tomada por los códigos de policía; ahora con mucho más razón se debe hablar de una jurisdicción sancionatoria (donde no solo se conozca de situaciones criminales, sino también disciplinarias, contravencionales y administrativa sancionadora (contravencional) en materia contenciosa administrativa, radicado como una jurisdicción distinta o del mismo) ahora se querrá hacer una diferenciación entre delitos y contravenciones (y que son querellas solamente frente a esta), distinción que no existía anteriormente pero que se hablaba, lo mismo ha pasado con la figura de la acusación privada, que se previó por medio de un acto legislativo pero no tenía desarrollo, y lo mismo esta pasando con los llamados jurados de conciencia en materia criminal.
Si bien tenemos en cuenta de todo lo dicho en esta nota, es importante destacar la figura de la acusación privada, como el de la simplificación de audiencias y creación de una jurisdicción que no solo conozca de lo criminal, sino también de lo contravencional, que puede ser a través de este mismo o por medio de otra competencia y como también de lo disciplinario, para que de una vez la persona a través del principio de separación de funciones (poderes) y de autonomía judicial pueda obtener una defensa (debido proceso) y respaldo ante cualquier infracción cometida; es decir, si alguien comete una falta de tránsito lo más lógico es que conozca el juez administrativo sancionador (es decir su juez natural, no un juez que es parte y juzgador) no una autoridad administrativa (radicada en lo ejecutivo), NO, simplemente se debe hacer frente a la justicia, como igual sucede en materia criminal, como también debe hacerse en materia disciplinaria, no es práctico, lógico, ni moral en ningún sentido, que las faltas disciplinarias las conozca alguien que es acusador y juzgador a la vez, siendo que este debe ser reconocido como acusador, tal como se ha presentado por ejemplo en la CN de 1863 (que existía la acusación disciplinaria), lo mismo en materia contravencional, de tránsito, ambiental...; aquí el acusador sería el agente de tránsito frente a la orden de comparendo; no es posible que el mismo que actúa como acusador sea el juzgador en este caso el distrito, que quien detenta el poder es el alcalde que es el jefe superior de la policía nacional y de tránsito en el ente territorial, de la cual delega la función hacia una secretaria (de transito) que pertenecen todos al mismo costal de rufianes, no pasaría lo mismo por ejemplo si se radica dicha acusación en la justicia PROPIAMENTE DICHA, justicia de verdad, respetando el principio LIBERAL de la separación de poderes, que bien esta quebrantado en nuestro país y en todas partes.