16 de agosto de 2015

UNA CRÍTICA A LAS “VÍAS DE HECHO” Y A LAS LLAMADAS “TÉCNICAS DE CASACIÓN”.




Por, Mario Felipe Daza Pérez (@mariodaza)


Es inconcebible, (hic et nunc); considerar como en un “Estado social y democrático de derecho” (Estado garantista), se vean con tantas falencias en el sector judicial. In extenso cabría preguntar al sistema judicial o al sistema político acogido en Colombia si saben de qué forma explícitamente la  constitución vigente y “respetable” indica que todos los operadores jurídicos deben de conocer el artículo  29 de la Carta Magna (referido al debido proceso, derecho a la defensa y demás derechos implícitos consagrados en este artículo) sabiendo en concreto de las providencias que hubieren resuelto con base en toda su sapiencia y de la prohibición de ir en contra de la administración de justicia, se reniegan de este modo a impartir justicia por errores fútiles como son: “las técnicas de casación”; el Gobierno y el Consejo de Estado presentan sus propuestas para dizque mejorar estas falencias, ¿podrán restaurar este sistema  judicial?  ¿Será esta la solución? Querer regular las acciones de tutela contra sentencia judicial agregándole más requisitos, como las que:


Sea interpuesta por un abogado, (no estoy de acuerdo) creen que esta medida es muy confortable para evitar que se presente tantas “vías de hecho” e irregularidades de “técnicas de casación” nequaquam (de ninguna manera) creo que es esta la solución más seria; los jueces deberían estar más capacitados para argumentar racionalmente, razonablemente y proporcionalmente, no interpretar de forma tan legal y formalista, no es bueno el apego tanto a la norma, lo que hay que hacer es un análisis sistemático y buscar las garantías pertinentes constitucionales de los derechos individuales para  así evitar violar los derechos fundamentales.


El artículo 228 de la Constitución Nacional referido al principio de la administración de justicia, donde menciona además que el derecho sustancial (material) prevalece sobre el procedimental (adjetivo) parece ser que es una utopía; estos principios no son muy claros en los magistrados de casación por lo que veo (solo nombrando algunas sentencias) podemos apreciar sin velo, que se han presentado violaciones a derecho fundamentales debido a las “vías de hechos” y a la venerables “técnicas de casación mal interpuestas” por lo cual lo peor aquí no sería en la no admisión, sino en la admisión y en la no casación por falta de “técnica”; para ser más preciso los invito a revisar algunas de las providencias: «T-016/09, T-027/ 98, T-1306/01, T-803/2004, T-1189/2001, T-1018/2005, C-426/02. Et alia».


No solo habría que ver lo procedimental, es importante también mirar las razones de aplicación (material), no tiene porque violarse el derecho sustancial, es así como se ha argumentado que en mucha de las sentencias que están llenas de vías de hechos, no miran las normas como un todo “no hay una perspectiva holística”. Máxime de esta forma los argumentos de razonabilidad servirían a su vez para fundamentar la justificación interna en palabras de ALEXY, id est (esto es) para que las providencias dejen de ser arbitrarias e irracionales.


Mutatis mutandi propongo que todos los jueces sean capacitados por escuelas judiciales, como la de “Rodrigo Lara Bonilla” y  exigirles una formación mínima para evitar este tipo de deplorables fallos judiciales, evitar así de una vez las vías de hechos y dejarnos de tanta holgazanería e injusticia, el no uso correcto las técnicas de casación no debe ser móvil para que no puedan casar una sentencia, dejémonos de tanta exegética francesa o semántica, que ya no estamos en tiempo de los glosadores y comentaristas, (eso no quita que pueda ser usado como argumentación) más bien deben de velar como siempre lo ha dicho esta misma corporación y reiteradamente la Corte Constitucional, por la unificación de las sentencias como órgano de mayor jerarquía en la jurisdicción ordinaria (así como lo propuse en un escrito sobre La Teoría del Precedente y además deben de velar por la preexistencia del derecho objetivo en miras de perseverar un real “Estado social y democrático de derecho”, garantizar la seguridad jurídica, igualdad y justicia ante las decisiones judiciales.