2 de julio de 2015

EN CONTRA DE LA IMPOSICIÓN DE SER JURADO DE VOTACIÓN




“Si hay algo a lo cual un libertario debe oponerse completa y firmemente, es a la servidumbre involuntaria –el trabajo forzado–, un acto que niega el derecho más elemental de propiedad, el derecho sobre uno mismo. La “libertad” y la “esclavitud” siempre han sido reconocidas como polos opuestos. El libertario, por lo tanto, está absolutamente en contra de la esclavitud”. — Murray Rothbard.

"Así pues el Estado no se enfrenta nunca intencionalmente contra el sentido del hombre, intelectual y moral, sino contra su cuerpo, sus sentidos. No se arma de honestidad o de ingenio superior sino de mayor fuerza física. Pero yo no he nacido para ser violentado. Y respiraré a mi aire; veremos quién es el más fuerte. ¿Qué fuerza tiene la multitud? Sólo pueden forzarme a algo aquellos que obedecen a una ley superior a la mía. Me obligan a ser como ellos. ¿Qué vida sería ésta? Cuando doy con un gobierno que me dice: 'tu dinero o tu vida'. ¿Por qué he de apresurarme a darle mi dinero?". — Henry David Thoreau

I. INTRODUCCIÓN

Normalmente, antes de presentarse cualquier elección de cargo popular en Colombia, escuchamos amigos y compañeros: “¡ey, a ti tocó ser jurado de votación?” A lo que contestan, sí o no; si dicen, sí, lo manifiestan de una forma triste, por lo general y si dicen, no, lo expresan con un semblante natural o risible, si es que le tocó al otro y a el no. Pues, me parece una total desfachatez que uno tenga que ir a tales eventos “prosopopéyicos”, levantándose temprano y yendo de mala gana,  para ser un jurado de votación, como si eso fuese un “honor”, porque no lo es y pues, si no lo quiero hacer, ¿por qué tengo que ir? Ahora resulta que para Carlos Ariel Sánchez (Registrador Nacional) ser jurado de votación es un honor, no un castigo; pero sí lo es, ¿por qué no lo hace toda su familia y amigos?..., veamos, dice este exactamente:

“Visto en términos puramente pragmáticos, cuando un ciudadano recibe la notificación que le informa que fue seleccionado como jurado de votación debería alegrarse porque se “ganó” un día de descanso remunerado con el que no contaba, que puede significarle un puente festivo adicional al del resto de los colombianos. Pero más allá del beneficio que se otorga al jurado, para un ciudadano miembro de una sociedad democrática ser jurado representa un honor, ganarse un premio: conformar el exclusivo grupo de personas que en representación de toda la sociedad civil cuidarán los votos y garantizarán la transparencia del proceso electoral y por lo tanto la legitimidad en la elección de nuestras autoridades”.

¡Ay, me tocó ser jurado de votación...que felicidad!

Cada vez que hay elecciones, son escogidas, miles y miles de personas, para ser jurado de votación y muchos de ellos sin querer, para no decir que la mayoría. Pues, si son los políticos lo mas interesados en que su proceso sea transparente ¿por qué no pagarle por este servicio a un grupo de empresas serias o de ciudadanos, para que lo hagan? ¿Por qué obligar a otros que no lo quieren hacer?

Esto, no se trata de querer ayudar a la democracia de un país, porque puede que sea uno demócrata o no, sino de no querer, porque no quieres hacerlo, es como si alguien X te dice que tienes que hacer algo porque si; por ejemplo, entregar un envío a tal parte porque el quiere que sea así y tu no quieres, y si tu no lo haces te multan, y se justifica diciendo que si no lo realizas hay sanciones, ya que es una labor tuya llevar ese objeto a tal parte, para que puedan beneficiarse tales personas o comunidad... Es el mismo cuento chino de siempre. La verdad, yo no quiero hacer parte de ningún proceso político del país, pues no me interesan los gobernantes de ahora, me interesa la política, claro, porque si no me interesara, ellos sí estarían interesados en mí y en ti. No se trata de ser apolítico o antipolítico, sino de ser anti politiquero. Pues, si bien, hacen sus politiquerías, ellos deben cargar con el costo de la politiquería y no los ciudadanos, que somos los carga ladrillos de sus políticas estatistas.

Más allá, de querer o no querer, quisiera entre ver que aquel que no quiere porque no quiere, debe tener una justificación y esa justificación debe ser el de la objeción de conciencia como derecho fundamental civil, individual, real, como libertad que tengo (tu o yo) de no asistir, que sería lo mismo de no hacerlo, porque no me da la gana, pero desde el punto de vista jurídico.

Aquí se trata de ser políticamente incorrecto, no dejarse de mangonear de las castas políticas ni de la estupidez colectiva, que manejan este país siempre, los mismos con las mismas. Si tu, eres un buen ciudadano, cumples con tus deberes y obligaciones y además pagas impuestos ¿por qué carajo te tienen que molestar? Con atribuciones que no te corresponden, de lo contrario sería una servidumbre involuntaria o esclavitud para el mayor de los males. Y la verdad no es un ningún honor serlo, y si es un castigo y bien grande.

Pongamos un ejemplo...

Si soy un defensor del abstencionismo, o un contradictor del sistema político, económico, social... y no quiero ser parte de este entorno, y me notifican por medio de un E1 (que es la notificación a los jurados de votación) para que vaya a ubicarme a tal lado para ser uno de los jurados de tal mesa, me están obligando a hacerlo, no es voluntario para nada; lo realizan dizque para asegurar transparencia en el proceso electoral (ya que fui seleccionado por medio de un software por medio de valores “sofisticados”), para que no tomen represalia contra mi ¿pero, por qué? Nuevamente enfatizo, ¿le estoy haciendo daño a alguien o que?

Estas medidas estatistas, que van en contra del individuo ensalza todo un modelo autoritario, que no soporta el más análisis jurídico, político, ético y de todos los factores existente en un mundo liberal/libertario, o llamémosle: «liberalizador». A mi no me tienen porqué imponer cosas que no quiero, mientras que yo no le impongo cosas a otros, eso se llama o se conoce como el —principio de no agresión—. Y eso es lo que hace el Gobierno a través del Estado, para coartarnos nuestras libertades civiles y políticas. Si yo quiero votar o no, es problema mio, si quiero ser jurado de votación, es problema mio y si quiero tomar (alcohol) un día antes de las elecciones (Ley Seca), sigue siendo problema mio, todo es problema mio, mientras no dañe a otro. Ese es un principio básico natural: «mis derechos terminan, hasta que comiencen los tuyos». O bien, también se puede decir que es: «el respeto irrestricto de los proyectos de otros». Y lo que hace esta ley es no respetarlos, para nada, lo mismo sucede si llega acontecer el voto obligatorio, que en algunos países sigue vigente aún, y que es un fiasco, además de ser un autoritarismo de mayor escala; lo mismo pasa con el servicio militar obligatorio; son tipos de servidumbres involuntarias, como también de esclavitud en que el Estado te debe decir que hacer, supuestamente para el bien común de la colectividad: ya sea para el bien de las personas o la famosa y mal llamada patria. Y en esa estamos.


II. DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL


Esta IMPOSICIÓN está consagrada en la la Ley 163 de 1994, artículo 5, párrafo 1 y Decreto 2241 de 1986 (del Código Electoral, en adelante CE), artículos 40, 47, 55, 101, 104, 105, 108, 109, 110 y 200.

Para comenzar, incineramos con la gran exposición de los artículos sobre: «los jurados de votación», que es el 105 del CE que expresa:

“El cargo de jurado de votación es de FORZOSA ACEPTACIÓN, y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva, que hará el Registrador del Estado Civil o su delegado diez (10) días calendario antes de la votación”.

¿Pero, que es y como funciona eso de los jurados de votación?

Los jurados de votación en palabras de OCAMPO RAMBAL son los ciudadanos seleccionados mediante sorteo para atender la mesa de votación, hacer los escrutinios correspondientes y entregar a la Registraduría los resultados de las votaciones, ante ellos y los testigos electorales pueden presentar reclamaciones, cuando las actas hubiese un error... estas reclamaciones han de ser resueltas por las comisiones escrutadoras distritales municipales o auxiliares, según los actos (Ocampo Rambal, Jairo (2007). Diccionario y Norma Electoral. Bogotá: La Ley).

Para complementar nos dice la Corte Constitucional en sentencia C-620 de 2004:

“El nombramiento de los jurados de votación, es un acto administrativo mediante el cual la administración pública  selecciona, de un espectro amplio de ciudadanos; aquellos que deberán cumplir con el deber constitucional de apoyar, como jurados de votación, los procesos electorales. En consecuencia, el acto administrativo de nombramiento de jurados de votación, tiene el carácter de particular y concreto”.

Según el CE en los artículos 101 y 104 nos dice que:

“Los Registradores Distritales y Municipales integrarán a más tardar quince (15) días calendario antes de la respectiva elección, los jurados de votación, a razón de cuatro (4) principales y cuatro (4) suplentes para cada mesa, con ciudadanos no mayores de sesenta y cinco (65) años, pertenecientes a diferentes partidos políticos, en forma tal que no existan jurados homogéneos, aún en aquellos lugares donde únicamente haya afiliados a una sola agrupación partidista. En este caso se nombrará como jurados: de otros partidos a ciudadanos de lugares próximos y para ello podrá requerirse la colaboración de las autoridades y de las directivas políticas. Todos los funcionarios y empleados públicos pueden ser designados jurados de votación, con excepción de los de la jurisdicción Contencioso Administrativo entre otros...”

Las funciones de los Registradores Distritales, municipales, auxiliares, como los delegados de este, según los artículos 40, 47 y 55 son:

“Reemplazar los jurados de votación que se excusen o estén impedidos para ejercer el cargo.Sancionar con multas a los jurados de votación en los casos señalados en el presente Código. Nombrar para el día de las elecciones Visitadores de mesas, con facultad para reemplazar a los jurados que no concurran a desempeñar sus funciones o que abandonen el cargo Estos Visitadores Comunicar al Registrador del incumplimiento o mal desempeño de las funciones de los jurados de votación, para las sanciones a que hubiere lugar”.

Ahora, si nos vamos a las noticias de cualquier medio colombiano, nos encontramos con hechos como estos:

La Registraduría Nacional del Estado Civil impuso 12 mil millones de pesos en sanciones a los ciudadanos que no asistieron o abandonaron sus funciones como jurados de votación en los certámenes electorales celebrados durante 2010 en Atlántico, Hasta la fecha, la entidad adelanta en el departamento 6.585 procesos de cobro coactivo contra personas que no cumplieron su función como jurados de votación en las pasadas elecciones”.

¿Cuales son las medidas en contra de oponerse a este imposición?

— Las multas pueden llegar hasta los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Solicitar el embargo de una parte del salario que devenga el jurado

— Si la persona es funcionaria pública podría ser destituida de su cargo y podrá recibir una inhabilidad de hasta de 10 años para ejercer cargos públicos.

Si tenemos en cuenta, según la cifras de la misma registraduría, son cada vez más las sanciones que se imponen debido a este imposición arbitraria. Es así, que la página de la registraduría, tiene la gente que no paga por cobro coactivo.
:
Con respecto a la exoneración solo tenemos estas (legalmente) siguiendo el artículo 108 del CE:

Será, a) Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padres o hijos, b)   Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas, el mismo día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores, c)   No ser residente en el lugar donde fue designado, d)   Ser menor de 18 años, e)   Haberse inscrito y votar en otro municipio.

Pero no existe la opción: f) porque no me da la gana, o seamos mas jurídicos g) por objeción a conciencia.

Además en el párrafo de este mismo artículo nos dice, cómo debe ser el rigor probatorio, para salvarnos de la sanción:

“La enfermedad grave sólo podrá acreditarse con la presentación de certificado médico, expedido bajo la gravedad del juramento; la muerte del familiar, con el certificado de defunción; la edad, con la presentación del documento de identidad; la no residencia, con la certificación de vecindad expedida por el Alcalde o autoridad competente del lugar donde se reside y la inscripción y voto, con el respectivo certificado de votación”.

Para colmo de males tenemos en el artículo 200 de este código perverso, que ante cualquier irresponsabilidad o algo que pase será responsable del jurado de votación, ¿Si? ¡Si! Léelo, tu mismo:

“Sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar, los jurados de votación, los miembros de comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares y los Delegados del Consejo Nacional Electoral que omitan firmar las correspondientes actas de escrutinio incurrirán en arresto inconmutable de quince (15) días, los jurados; y de un (1) mes los demás; penas que impondrán previa investigación sumaria, el Registrador Nacional del Estado Civil, en el caso de los Delegados del Consejo Nacional Electoral y los Delegados del Registrador Nacional, en las demás casos”.

¿Que pasa si no vamos o nos retiramos, y estamos inconformes con la decisión que se toma en contra mía o en contra de cualquier ciudadano? Adivinen...

Según el artículo 109 y 110:

“Será, a) El de reposición, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de fijación de la providencia, y b) El de apelación, dentro de los treinta (30) días siguientes de desfajada la resolución que impone la sanción o de la ejecutoria de la providencia que niegue el recurso de reposición. Ejecutoriada la providencia del Registrador del Estado Civil, éste le enviará copia a la Administración o a la Recaudación de Hacienda Nacional, para que proceda a hacer efectiva la multa y se abstenga de expedir el sancionado certificado de paz y salvo, hasta que se efectúe el pago de aquella”.

Es decir estamos jodidos por los mismos que nos joden... Es como querer presentar una acción en contra del mismo agresor mío o tuyo; tomando un caso risible sería:

Usted señor atracador o agresor que me acaba de atacar, no estoy conforme a su golpe, podría por favor de indemnizar, a lo que te dirá, pues presenta tu inconformidad ante mi despacho y yo veré que hacer, si no me retracto apela ante mi jefe criminal, que es el supervisor y es quien da las órdenes para los golpes. A lo que dice el agredido, ah bueno, eso haré. Gracias. Y esto es lo que significa, si llegamos a tener nuestro inconformismo, no es más de ahí. Por lo que lo único que nos queda es la acción de tutela (como inconformismo ante la misma entidad, pero ante otro jefe criminal).

III. FRENTE AL CASO EN CONCRETO

Primero analicemos, ¿qué es la objeción de conciencia?


Ya hemos dicho que la única forma de combatir este atropello es por medio de una acción de tutela, invocando el derecho a la objeción de conciencia (libertad de conciencia), frente a las libertad de pensamiento y de más, si es que lo aprueban y no lo rechazan. Por ello la objeción de conciencia es el baremo central, al menos por ahora, en esta sociedad estatizada para comenzar a recobrar las libertades que nos han sido coartadas; para ello y poder tutelar este derecho debes tener algún fundamento ético, político, religioso o de cualquier otro tipo para impetrarlo, porque sino, se pierde el tiempo, además del esfuerzo incesante que estamos haciendo con tan solo invocar esta acción de tutela, demandar la inconstitucionalidad de esa norma, puede ser más tedioso y hasta infructuoso, debido a la derechización (conservadurismo) de nuestra Corte Constitucional en aspectos sociales e izquierdización también de la misma por el mismo punto, por ello es que la única forma de que alguien con conciencia conservadora pueda votar a favor es que sea un conservador con lógica y sentido común (como este), o al menos un progre o un liberal, que de este último no hay.

Si nos vamos a la pregunta 32 sobre preguntas frecuentes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, nos dice que no se puede alegar la OBJECIÓN DE CONCIENCIA, para eximirse de tal servicio de “honor”, que debido a la ley (CE, artículo 108), no esta permitido esta opción. Ya ven como vamos caminando por el mundo de la positivización de la positivización. Ahora, contestando a esta afrenta, hemos revisado varias sentencias de la Corte Constitucional y nos hemos encontrado con varias tutelas que reconocen el derecho del afectado, pero por notificaciones indebidas o por cuestiones de seguridad en el conflicto armado, por ello, hasta ahora no hemos encontrado una sentencia que hable sobre LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA FRENTE A LA IMPOSICIÓN DE SER JURADO DE VOTACIÓN. Lo único parecido ha sido el caso de una persona que es religiosa (adventista) y esta encauzó mal la tutela, porque alega la LIBERTAD DE CULTOS como derecho fundamental, siendo que tenía que alegar OBJECIÓN DE CONCIENCIA, por ser religioso, aunque en la sentencia se ve claramente que es una objeción de conciencia, solo que se habla de esta libertad, ya que la corte no puede hablar de otros derechos que no han sido invocados, pero claramente sí lo es, y hablamos de la T-447 de 2004. Y hasta aquí va la situación, esperando que haya precedente frente a la jurados de votación ante la objeción de conciencia como derecho fundamental. Por ejemplo en España se admite la objeción de conciencia para no ser jurado, no de votación pero sí jurado de estrados, que es prácticamente lo mismo, una imposición; y nosotros siendo un referente constitucional (entre comillas) no deberíamos quedarnos atrás.

Tal como lo hemos dicho a lo largo de este artículo, discutir sobre el servicio obligatorio de tal cosa X, Y o Z (—inserte—: militar, de votación, de estrado...) es una imposición ideológica la cual, muchos no quieren cumplir ni a bate, ¿por qué? Porque primero no les da la gana, o segundo porque la conciencia no les da para hacerlo, debido a su posición religiosa, política, ética, jurídica, el que sea..., pero tiene su justificación que debe ser respetada y tomando en cuenta como toda libertad de pensamiento, conciencia y expresión.

Pues, si se ha aceptado la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, que es precisamente una imposición, ya que hablamos de lo mismo ¿por qué no aceptarlo frente a ser jurado de votación? ¿Por qué solo es un día y no es repetitivo o constante, como lo es el servicio militar obligatorio? Pues la muerte también es un solo día, ¿podremos considerar la esclavitud por un solo día? Una persona puede ser secuestrada por cuestión de horas, y el secuestro es precisamente una coacción o una imposición. En este caso ¡es una IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA!

La Corte Constitucional nos dice al respecto en T- 409 de 1992, C-728 de 2009 (sentencias hito), T-430 de 2013, T-455 de 2014 (contra las batidas) frente a tres casos de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio (de igual forma se puede ver aquí el análisis histórico-jurídico sobre la objeción por parte de esta Corte):

“Es tan claro el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia, y su importancia en el orden constitucional vigente, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el desconocimiento generalizado de las reglas aplicables en materia de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, por parte de las autoridades encargadas de adelantar los procesos de reclutamiento, representa una amenaza constante a los derechos de libertad de conciencia y libertad de religión y cultos, de aquellas personas cuyas creencias se ven gravemente afectadas por el cumplimiento de dicho deber constitucional.

“Nadie está obligado a hacer lo que su conciencia rechaza” A la fecha, sólo tres colombianos han sido eximidos de prestar el servicio militar por objeción de conciencia. Dos de ellos por razones religiosas y el tercero, por motivos políticos. El común de los objetores de conciencia se rehúsa incluso a pagar la cuota de compensación militar. “Me niego a contribuir con dineros para la guerra” sentencia Mario Cardozo, uno de los eximidos por esta causa, pero, ¿cuando se abrirá el debate y tutelará los derechos de conciencia sobre los demás ciudadanos que apelen a no prestar el servicio militar, a no ser jurado de votación o a cualquier otra imposición en contra del individuo? ¿O es que debemos recurrir a desobediencia civil para hacer efectivos nuestros derechos? Muy bien decía Henry David Thoreau: Creo de todo corazón en el lema “El mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos” Bien llevado, finalmente resulta en algo en lo que también creo: “El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto”. Ver, aquí: la Desobediencia Civil como praxis en las sociedades democráticas. Una perspectiva latinoamericana, que nos dice algo respecto:

“Desde esta perspectiva, la desobediencia civil es un disenso legítimo y no debe confundirse con la objeción de conciencia, la cual es una negativa a obedecer un mandato legal, se basa en razones apolíticas, sin relación con la justicia o la transformación social. Según Rawls y Dworkin, la desobediencia civil surge de una democracia constitucional casi justa, porque las mayorías legislativas pueden errar o ser orientadas a violentar la constitución; pero si la injusticia no excede ciertos límites, debemos obedecer leyes injustas para evitar contravenir las instituciones establecidas (pág 30) Entonces la finalidad de la desobediencia civil no es sólo ser un correctivo para una ley injusta, sino constituirse como un medio para reafirmar el vínculo entre la sociedad civil y la política o transformar la sociedad y el Estado cuando se agotan las vías institucionales para llevarlo a cabo (pág 32)”.

IV. CONCLUSIÓN

La forma más natural e iconoclasta que podemos tener es a través de un juez liberal constitucional (aunque no lo haya), es que reconozca desde una tutela los derechos vulnerados a las agresiones que nos ha sido impuesto, valga la redundancia a través de una ley (positiva) autoritaria, o ley mala, en contra del individuo o comunidad. Si bien, los progres se jactan de ser liberales, ¿como es que no se han dado cuenta de estas aberraciones? Tanto que profesan las libertades políticas, sociales e individuales, pero se olvidan que el coaccionar al otro a través de una ley, para que este puede fungir como un jurado es patético jurídicamente, moralmente hablando y todas las mente, mente ... que le pongas al final. Este artículo creo que no ha sido en vano y espero que un juez de la república que haya leído este artículo pueda tomar consciencia que no alegar objeción de conciencia en un caso de jurados de votación, es hablar no de un Estado Social de Derecho, o de Derecho, o como le quieran llamar sino de un Estado Autoritario de Derecho. Y con esto quiero decir que esto no solo tiene aplicación frente a los jurados de votación, sino también con la prestación del servicio militar obligatorio, eutanasia, , abortos, voto obligatorio (si es que lo hay), frente a jurados de conciencia o penales (y todo lo que sea relativo a la imposición de cosas a las personas, ver, aquí)La objeción de conciencia es aquella figura que permite al individuo negar o rehusarse a cumplir una obligación jurídica, cuando la actividad correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan con sus convicciones íntimas”.  “Es la facultad de discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral, en relación con lo que concretamente, en determinada situación, debemos hacer o no hacer. Es la regla subjetiva de moralidad”. Ahora, el juez al aceptar la objeción de conciencia, junto con las libertades de conciencia, expresión o pensamiento, no se debe limitar solo a lo político, religioso, ético, jurídico, sino que debe también tomar en cuenta otros casos, mejor dicho mirar el caso en concreto.





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