8 de abril de 2015

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.




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Este compendio corresponde a varias anotaciones tomadas en clases, de resúmenes, textos, lo comunicado por los profesores en el aula, criterios del suscrito y sobre todo de la obra de Carlos Arturo Gómez Pavajeau y Alfonso Gómez Méndez, llamado: «Delitos contra la Administración Pública». En ningún caso es un artículo de investigación o estudio sobre el tema. Solo una recopilación sistemática de la misma, con el fin de analizar los distintos tipos de nuestro Estatuto Penal, referente a este bien jurídico y por supuesto para el estudio académico de este.


Por, Mario Felipe Daza Pérez
TÍTULO XV
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Cuando hablamos de delitos contra la administración pública, anotamos que estos se materializan con conductas que atentan contra la función o gestión pública (la cual tiene que ser adelantada de manera legal, legítima, correcta, y con equidad), o contra bienes públicos (como en el peculado), o también contra los servidores públicos, en razón de tal calidad (como la violencia contra servidor público).
En la gran mayoría de los delitos encontrados en este título se exige un sujeto activo cualificado: un servidor público[1]. Para poder saber qué se debe entender por servidor público, en materia penal, hay que remitirnos al Art. 20 C.P.: “SERVIDORES PÚBLICOS. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política.
Explicación:
Corporaciones públicas: son las integradas a través de la elección popular. Por ejemplo: el Congreso de laRepúblicaa, las Asambleas Departamentales, los consejos municipales, etc. Entonces, si un edil de la alcaldía menor de Tunjuelito se apropia del computador de la secretaria del alcalde de Tunjuelito, estaría cometiendo peculado.
Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios: acá se hace referencia a los empleados públicos, quienes prestan su servicio en el sector central de la administración pública, que son de libre nombramiento y remoción, y que prestan su servicio básicamente en Ministerios, departamentos administrativos y superintendencias.
En este fragmento del Inc. uno también se hace referencia a los trabajadores oficiales, quienes prestan sus servicios a las entidades estatales, básicamente, a las empresas industriales y comerciales del Estado, y a las sociedades de economía mixta. Hay que tener en cuenta que estos segundos (los trabajadores oficiales) están vinculados a través de contratos individuales de trabajo, y muchos de estos trabajadores están vinculados también a la carrera administrativa. Lo que se acaba de decir acá no indica que en las empresas comerciales e industriales del Estado, o en las sociedades de economía mixta no existan trabajadores oficiales. Lo que se quiere decir es que estos son una minoría dentro de estas entidades.
Sobre las sociedades de economía mixta se presenta cierto problema al no poderse determinar tan fácilmente cuándo son del Estado, es decir, como están integradas por capital público y capital privado, ¿con qué porcentaje de capital público son consideradas como del Estado? La importancia de este punto radica en poder determinar qué calidad ostenta la persona que trabaja en una de estas empresas, de tal manera que si la empresa de economía mixta resulta ser del Estado, y Juan Pérez trabaja en ella, él ostentará la calidad de servidor público, y por tanto podrá ser, eventualmente, sujeto activo en la comisión de un peculado. Sobre este tema, luego de múltiples divergencias en opiniones, la Corte ha venido afirmando que una empresa de economía mixta será considerada como del Estado, cuando el capital público que la integran sea superior al 50% del capital total[2]. Se anota que esta afirmación realizada por la Corte es algo que ya tiene plena aceptación dentro de la doctrina.
Cuando se hace referencia a los empleados y trabajadores de las entidades descentralizadas del Estado territorialmente, y por servicios, esto nos indica que no se necesita que el servidor público esté radicado en Bogotá, de tal manera que el empleado o el trabajador del SENA de Pereira, también puede cometer un peculado o cualquier otro delito de los contemplados en este título.
Las Cámaras de Comercio: adelantan funciones administrativas, investidura esta otorgada por la ley 80 de 1996, con el fin de llevar a cabo el registro de proponentes, el cual es el generador de actos administrativos. Entonces, para esto efectos las cámaras de comercio se entienden como servidores públicos.
Igualmente se reputan como servidores públicos los miembros de las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas, quienes, aun cuando no pueden ser empleados públicos, si ejercen una función pública. Entonces, si Jerónimo designa a Carlos Pérez para que sea su representante ante la junta directiva de ECOPETROL, él (Carlos que además es particular), para efectos penales, respecto de las acciones que adelante, será considerado como servidor público.
La Corte Constitucional en providencia C-230 de 1995, con ponencia de Antonio Barrera Carbonell, considero que tienen la calidad de servidor público, que ejercen funciones públicas los representantes legales y funcionarios del nivel directivo, ejecutivo, asesor o sus equivalentes de las asociaciones o fundaciones de participación mixta (con capital público y capital privado, sin importar para nada la participación del capital estatal), o aquellas personas en quienes se delegue la celebración del contrato en representación de aquellas.
También se tiene como servidores los auxiliares de justicia.
El Artículo 56 de la Ley 80 de 1993 dispone que para efectos de responsabilidad penal en la contratación administrativa el contratista, el interventor, el consultor y el asesor, son particulares que cumple funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de contratos que se celebren con entidades estatales, y, por lo tanto, estos particulares, son servidores públicos, o sea que podrán ser tenidos como autores de celebración indebida de contrato. Respecto a esto hay que tener especial cuidado ya que los delitos que podrían cometer las personas ya mencionadas por la ley 80 en el Art. 56, solo pueden ser los contemplados en el capítulo IV del título XV, o sea, los delitos contenidos en el capítulo de la celebración indebida de contratos, y, por tanto, no pueden ser autores de, por ejemplo, concusión.
Fuerza Pública: son quienes integran las fuerzas armadas, que se encuentran integradas por:
a) Fuerzas militares: a su vez se encuentran integradas por: Ejército Nacional, Armada Nacional, la Fuerza Aérea (FAC)
b) Policía Nacional.
Sobre el DAS, se debe hacer la aclaración que es un departamento administrativo.
Los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria[3]: la atribución de funciones públicas a los particulares es consecuencia del incremento de las funciones asignadas al Estado, cuando este tiene que presentarlas, o garantizar que se haga su prestación. En otras palabras, la atribución del ejercicio de funciones públicas a los particulares es consecuencia de la imposibilidad del Estado de asumir el cumplimiento de todas las funciones por sí mismo.
Por otro  lado, el ejercicio de funciones públicas por particulares, tiene también varios fundamentos constitucionales:
a) Art. 2ª de la C.N.:Son fines esenciales del Estado: … facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación…”  acá lo que se está diciendo es que el estado colombiano participa con los ciudadanos en el cumplimiento del ya enunciado fin. La importancia de este texto es que de él surge el principal fundamento para asignarles funciones públicas a los particulares.
b) Art. 123, inc. Final C.N.:la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.”
c) Art. 210, inc. 2ª C.N.:los particulares pueden cumplir funciones administrativas en la condiciones que señale la ley”
d) Art. 365, inc. 2ª C.N.:los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.  Acá se debe aclarar que los servicios públicos que pueden prestar los particulares son: la educación (tal como lo dispone la ley 115 de 1994), la salud (ley 100 de 1993, en su artículo 2ª), el transporte (ley 105 de 1993, Art. 3ª), la actividad financiera y bancaria, el suministro de agua potable, de energía, el saneamiento básico. Los anteriores son catalogados como servicios públicos porque tienden a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el territorio nacional. Otras características de los servicios públicos son: universalidad, integralidad, participación, y solidaridad (esta característica se ve cuando la persona de estrato seis paga más por determinado servicio, porque con ese pago podrá acceder al mismo servicio la persona de estrato uno.
Acá es muy importante tener en cuenta que la persona que se vincula a una empresa que preste servicios públicos, a través de un contrato de trabajo, también habrá de recibir el trato propio de un servidor público. De tal suerte que si dicha persona se apodere de un bien mueble ajeno, no estará incurriendo en hurto, sino en peculado.
Existen otras funciones públicas enunciadas en la Constitución, y cuyo ejercicio también se le permite a los particulares. Tal es el caso del control fiscal (Art. 267), o la administración de justicia (Art. 116, inc. 4ª), donde los particulares se erigen como árbitros o conciliadores. En este caso, al particular se le debe el mismo respeto que a cualquier juez de la República, e igualmente él tendrá los mismos deberes que tienen los jueces de la República. Entonces, si el laudo arbitral proferido por un particular en la administración de justicia, es manifiestamente contrario a la ley, se puede demandar a esa persona por el delito de prevaricato.
Funcionarios y trabajadores del Banco de la República: es importante recordar que antes de la Constitución de 1991 el Banco de la República tenía una naturaleza mixta, es decir, para unos aspectos se tenía como una entidad pública (fundamentalmente para lo que tenía que ver con la emisión de moneda), y para otros se regulaba a través de las leyes de carácter privado. Con la constitución del 91, en el artículo 371, se le asigna una función eminentemente pública al Banco: la dirección de todo lo relacionado con la macroeconomía nacional (funciones de banca central). A través de la ley 190 de 1995 se dispuso que los funcionarios del Banco de la República serían tomados como servidores públicos, para efectos penales[4].
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción: surgió bajo el gobierno de Ernesto Samper, en el año 1995. se debe anotar que esta comisión nunca ha sido integrada, de lo que se puede deducir que lo que hizo el legislador de ese año (1995) y el del 2000 fue expedir una ley donde se determinará a los integrantes de la comisión como servidores públicos, con el único fin de darle legitimidad a la figura.
Las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política[5]: el Art. 338 establece la existencia de los recursos o bienes parafiscales, los cuales, según Juan Camilo Restrepo, son los pagos que deben hacer los usuarios de ciertos organismos públicos o semipúblicos para asegurar el financiamiento de estas entidades, de manera autónoma. Estos ingresos se establecen en beneficios de organismos privados o públicos, pero no encargados de la prestación de servicios públicos propiamente dichos. La Corte Constitucional, en providencia C-152 de 1997 dispuso como características de las contribuciones parafiscales las siguientes:
1.        son obligatorias, ya que se exigen como todos los impuestos y contribuciones en ejercicio del poder coercitivo del Estado.
2.        gravan únicamente a un grupo, gremio o sector económico.
3.        se invierten exclusivamente en beneficio del grupo, gremio o sector económico que las tributa.
4.        son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque estén destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa.
5.        el manejo, la administración. y la ejecución de los recursos parafiscales pueden hacerse por personas jurídicas de derecho privado, generalmente asociaciones gremiales, en virtud de contrato celebrado con la Nación, o de conformidad con la ley que crea la contribución.
6.        el control fiscal de los recursos originados en la contribución parafiscal lo adelanta la Contraloría General de la República.
7.        las contribuciones parafiscales son excepcionales.
Son ejemplos de contribuciones parafiscales: las contribuciones de seguridad social, el subsidio familiar, la que se hace por parte de los cafeteros, para el fondo nacional del café, etc.

Según lo anterior, la persona que se encargue de la administración de estos recursos (los parafiscales), se entiende como servidor público para efectos penales.
CAPITULO I. DEL PECULADO
Conocido también como malversación o mala administración, se estructura cuando se administra mal o se hace un mal uso en sentido amplio de bienes del estado o de particulares que han sido confiados al servidor público en razón de la investidura pública. El nuevo tipo penal introdujo con diferencia del pasado un nuevo objeto material: bienes o fondos parafiscales, se introdujo también la tenencia de los bienes particulares que se le ha confiado al servidor público por razón de sus funciones, ya no se dice ¨`por razón¨ sino ¨por razón¨ o ¨con ocasión¨ de sus funciones, las penas para este delito se aumentaron considerablemente.
ARTÍCULO 397. PECULADO POR APROPIACIÓN. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta (180) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado.
Sujeto activo: servidor público (relación especial de disponibilidad, debido a la administración, custodia y tenencia de los bienes, ya que no toda apropiación es peculado, pensemos en el secuestre).
Sujeto pasivo: el Estado, los particulares pueden llegar a ser perjudicados, en la hipótesis de los pluriofensivos donde se lesionó a varios bienes jurídicos.
Bien jurídico y antijuridicidad material: administración pública, es la deformación del instituto real, que es el patrimonio del Estado, también se tutelan la lealtad, la probidad, la fidelidad del funcionario según la CSJ.
Objeto material: bienes muebles o inmuebles del Estado, bienes o fondos parafiscales y en algunos casos bienes de los particulares, sin embargo, el código penal solo se ocupa de las entidades en que el estado tenga parte, según lo que establece la Ley 489 de 1998 donde el Estado tenga el 50% o más, para que podamos hablar de peculado, todo debe ser conforme a acto jurídico de lo contrario sería abuso de confianza, si no existe tal título y tiene la administración un particular, los bienes de los particulares pueden ser objeto de peculado, si le han sido entregadas al empleado oficial en razón o con ocasión de sus funciones, otra cosa es que se las entrega en razón de su amistad o confianza, entonces cambiaría el nomen iuris y seria abuso de confianza, porque es otro motivo no de sus funciones. ¨relación funcional¨
Tipo subjetivo y error de tipo: no contiene ingrediente subjetivo, sólo está compuesto por el conocimiento de los elementos objetivos, el tipo subjetivo sólo es el dolo, lo cual representa el desvalor de acción, si no los conoce muy bien habrá error de tipo, podrá haber dolo eventual, podrán verse la exclusión de acción, con vis absoluta o inexigibilidad de otra conducta con sede en la culpabilidad.
Autoría, participación e interviniente: sólo es autor el servidor público (relación especial de sujeción), habrá coautoría material entre los servidores públicos, puede haber autoría mediata, pueden ser partícipes quienes no tengan tal relación de sujeción especial, y con los intervinientes se hace la rebaja como indica el inciso final del art. 30
Tentativa: si admite, como delito de resultado
Concurso: es factible que confunda peculado con abuso de confianza e incluso con el hurto agravado por la confianza, pero se diferencia por la calidad de servidor público, y no en el titulo traslaticio propio del abuso de confianza y el hurto, por lo que son solo concurso aparente, por lo general el peculado por apropiación va acompañado de prevaricato, falsedad documental, celebración indebida de contrato, abusos de autoridad etc. Son concursos materiales heterogéneos
Causal de justificación: estado de necesidad en principio.
Culpabilidad y error de prohibición: si está en el puesto quiere decir que es imputable, la conciencia de antijuridicidad debe ser eventual o actualizable, es decir que si el sujeto no tenía seguridad de estar actuando contra derecho, tenía el deber de diligencia de despejar la duda que le fuere vencible, pues de no hacerlo se hace acreedor al reproche de culpabilidad. No es posible pensar en error de prohibición cuando se quiere esquilmar el erario. ¡Por muy ignorante que sea!
Verbo rector de la conducta es: apropiarse, es decir, llevar a que la cosa entre con señorío al patrimonio del individuo. O sea que acá el sujeto agente debe tener el animus de apropiarse y manejar la cosa como señor y dueño. Como ya se pudo haber inferido de la lectura del artículo, este tipo también se configura cuando el servidor público, con una acción u omisión (y con el dolo correspondiente) permite que un tercero obtenga provecho de la apropiación, ante lo cual debe aclararse que el provecho debe tener un carácter económico.
El peculado por apropiación también se configura cuando la apropiación recae sobre bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado al servidor público por razón o con ocasión de sus funciones. Aquí hay que hacer referencia a dos grandes modificaciones que tuvo el tipo en comento. La primera de ellas se refiere a la relación funcional que debe existir entre el servidor público y el cumplimiento de la función asignada a él. La relación funcional supone que para que usted pueda cometer el delito de peculado, debe tener asignada la función de custodia, de manejo y/o administración.; entonces quienes no tendrían ninguna de estas funciones no se harían responsables por la comisión de esta conducta. Lo que ocurre acá es que antes de la ley de 1995 no se mencionaba la expresión “o con ocasión de sus funciones. Con la inclusión de esta frase, se hace más drástica la norma penal en cuanto está ampliando el ámbito de cobertura del peculado, para tener como constitutivas de peculado conductas que hasta ese momento no lo eran, sino que sencillamente eran consideradas como delitos contra el patrimonio económico. Así las cosas, antes de 1995 se decía que el delito de peculado solo lo podía cometer el servidor público que tenía asignada la función de manejo expresamente, que debía estar radicada en una norma legal. En vigencia de estas disposiciones anteriores se cuestionó mucho qué era la relación funcional. Cuestionamiento que se hizo más fuerte por el hecho de que la CSJ variará tres veces su posición en torno a este mismo tema entre el 76 y el 80: La variación de posición a que acá se hace referencia radica en:
La asignación de competencia (CSJ, agosto 3 de 1916): ¿la función de manejo debe estar establecida en la ley? Este tema pretende a establecer si la función de manejo debe estar asignado únicamente por la ley. Ante esto la Corte dijo que la ley no habría de entenderse solamente en sentido formal (la emanada del Congreso), sino también en sentido material, es decir, como norma emanada de autoridad competente con todas las características que la norma exige. En otras palabras: la asignación de funciones puede provenir de una resolución, de una ordenanza, de un acuerdo, etc. Esta posición se dio porque resultaría ilógico que todas las funciones atribuidas provinieron del Congreso de la República. La importancia de este cuestionamiento de la CSJ proviene del hecho de que para ese entonces se entendía que los únicos funcionarios que podían cometer el peculado por par apropiación eran los de manejo: aquellos a quienes están asignados los manejos de caudales públicos, como los empleados de las tesorerías, las revisorías, las auditorias, etc. La decisión de la CSJ incidió en que a partir de ese momento podrían ser tomados como autores de peculado todos los funcionarios públicos a quienes se les hubiese asignado la función de manejo o de custodia de bienes públicos, y que luego se apropiaron de ellos.
¿Podrá asignarse competencia de manejo de responsabilidad a través de una mera orden? En noviembre 25 de 1976 la CSJ dispuso que era perfectamente posible que la competencia de manejo o de administración. se pudiere hacer a través de lo que la Corte llamó  orden administrativa, reuniendo todas las características correspondientes: que emanara el superior jerárquico, que estuviere dirigido al subalterno, que fuere lícita, y que fuese dada con las formalidades de ley. Esta es una decisión que se tomó como resultado de un caso que llegó hasta la CSJ, en donde un mensajero se había apropiado del dinero que un agente de policía le había dado para que lo consignase.
¿La ocasionalidad en el ejercicio de la función pública puede conllevar responsabilidad en ese sujeto al punto de tener que responder por el delito de peculado en aquel que se apodera de esos bienes?[6] La postura que la corte tomó en esta oportunidad (1978, con ponencia del magistrado Romero Soto) fue el resultado de un caso suscitado en Pereira, donde se hallaba una seccional del DAS, la cual operaba en el segundo y tercer piso de un edificio. Un día llegó una señora a pagar un canon de arrendamiento, pero no se encontraba la persona encargada, sino el director de la seccional del DAS. La señora entregó el dinero al director, para que este se lo diera a la persona correspondiente, pero este nunca lo hizo, de tal manera que la señora aparecía como morosa. La pregunta ante esto, para la época fue la siguiente: dentro de las funciones asignadas al director no estaba la de manejar los dineros referidos a contratos que realizará el DAS. Esa era una función que le correspondía a otro funcionario. ¿Será que el director tiene que responder por peculado? Lo que se dijo fue que era cierto que el director se había apropiado del dinero, y nunca reintegro la suma. En esa oportunidad lo que dijo la corte fue que esa conducta había sido desplegada por una persona que no tenía asignada dentro de sus funciones la del manejo de ese tipo de dineros, y por tanto ahí no había un delito contra la administración pública, sino contra el patrimonio económico. Esta postura se siguió manejando hasta que llegó a la Corte, donde se tomó una decisión bastante discutida: si bien es cierto que el director no tenía asignada la mencionada función en el manual de funciones, sí es claro que la conducta la cometió con ocasión al ejercicio de sus funciones. La discusión que se formó en torno a esta providencia tuvo ocasión debido a que la corte tuvo que ir más allá de lo que decía la norma, ya que esta no incluía la expresión “con ocasión”, sino que decía “en razón a la función”[7].  Esto conllevo a que en años posteriores la Corte se retractara de lo dicho, aceptando así la tesis anterior, según la cual ahí había un delito contra el patrimonio económico. Las cosas cambiaron en 1995, ya que el legislador de ese año acogió la tesis de 1978 (donde el director era autor de peculado por apropiación). En resumen: hoy en día, toda apropiación indebida que haga todo servidor público (casi en todos los casos) es constitutiva de peculado. La importancia de esta nueva posición es referente a la tasación de la pena, ya que es mayor la que se impone para el servidor público que ha atentado contra la administración pública, que aquella otra que se le impone al particular que ha cometido un delito contra el patrimonio económico. Un último ejemplo sobre este tema de la ocasionalidad: María es una señora encargada de servir los tintos al director general el DAS. Una mañana María entra en la oficina de él (lo cual está dentro de sus funciones) y se apropia de una lámpara muy fina que hay allí. En este caso María seria autora de peculado, porque si bien es cierto que la lámpara no aparece asignado a la función cumplida por María, también es cierto que ella se apropió de la cosa con ocasión al cumplimiento de sus funciones.
Otro aspecto analizar sobre el artículo 397 tiene que ver con la expresión “cuya administración, tenencia o custodia”. La importancia de esto radica en que el legislador del 80 sólo incluía las funciones de administración y custodia, lo cual se mantuvo así hasta 1995. La razón de incluir solamente la administración y la custodia es que se entendía que existía un mayor vínculo entre el sujeto y el objeto, y si se le entregaba el bien a título de administración el mencionado vínculo era mayor, en cuanto el servidor público tenía la responsabilidad de que la cosa reportará las actividades propias de la explotación económica que dé él se derivaban, además de tener el deber de restituirlo una vez cesarán sus funciones. En el año de 1995 se decide cambiar esto, incluyendo la tenencia, con la finalidad de hacer el tipo de peculado mucho más amplio, dando como resultado que si usted como servidor público se aprovecha de la mera tenencia que tiene sobre un bien, para apropiarselo, estará cometiendo peculado. Durante la vigencia de la disposición original del Código del 80, esa misma acción habría sido un hurto agravado por la confianza o un abuso de confianza, pero no peculado.
Con todo lo que se ha explicado hasta acá, es claro que es muy difícil que cualquier apropiación que cometa un servidor público, sobre un bien público no se pueda calificar como peculado (como ya se mencionó arriba). Esto también nos muestra la evolución de la figura, ya que en los años 80 únicamente eran autores de peculado los que se reconocían como funcionarios de manejo, o sea, los responsables de las áreas de tesorería, auditoria, contabilidad, etc.
En los dos últimos incisos del artículo en comento, se puede apreciar que el legislador está teniendo en cuenta un estimativo, que se ve reflejado en el valor de la cosa al momento de cometerse la conducta.
NOTA FINAL: La apropiación puede producirse en provecho del sujeto agente o de un tercero, es indispensable el provecho propio o de un tercero objetivamente considerado, sin requerirse un ingrediente especial sin ánimo de lucro, no hay peculado sin provecho, ya sea para el propio agente o para un extraño, cuando se lo toma para sí o para cuando los toma y se lo entrega a un extraño sin obtener para el ninguna ventaja personal de carácter económico.
ARTÍCULO 398. PECULADO POR USO El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.
Acá, a diferencia del peculado por apropiación, el dolo que tiene el sujeto agente es el de usar, ya que con esto también se puede obtener beneficio.
El tipo de peculado por apropiación contiene un ingrediente normativo, que se ve reflejado en la palabra indebidamente”, la cual se entiende como lo que contraría la norma. Por ejemplo, si yo le adscribo a usted, por la actividad que está desempeñando como servidor público, un carro oficial, para que lo traslade de un lugar a otro, la finalidad que tiene tal asignación es la de facilitarle el desplazamiento a usted. Pero si usted decide echarse la rodadita hasta Cartagena, con su mozuela (o) en el carro oficial, se estaría consumando el peculado uso.
En este tipo hay que tener muy en cuenta el concepto de antijuridicidad material, ya que a través de este se puede determinar si el uso fue indebido, de tal modo que si el uso indebido afecto o puso en peligro la administración pública, se castiga la conducta, de lo contrario, no. En este sentido se tiene el ejemplo en el cual al servidor público se le entrega una resma de papel, y él toma una hoja de esa resma para hacerle un acróstico a la niña. En este caso se tiene que decir que no hay delito. Sobre este tema la Corte ha dicho, a través del Auto de noviembre 16 de 1988 con ponencia de Lisandro Martínez, que para que se estructure el delito se requiere siempre efectuar una especial valoración cultural de connotaciones extrajurídicas.
Estas infracciones pueden constituir también faltas disciplinarias, entonces, usted, como servidor público puede soportar dos procesos: el penal y el disciplinario, lo cual no constituirá una violación al principio del non bis in ídem, ya que los procesos ya mencionados tiene una finalidad distinta el uno del otro.
Segunda modalidad de la conducta punible: permitir que otro use. Por ejemplo, si usted, servidor público, lleva a su hermanita a la oficina, para que esta use el computador que le han asignado. En este caso ustedseríaa autor, mientras que su hermanita no respondería de nada.
NOTA FINAL: no sería peculado el caso del servidor público que usa el bien para un objeto oficial distinto de aquel señalado por la norma. En el peculado por uso se exige siempre la existencia de un uso o permisión de uso por fuera de toda actividad y relación oficial, nos parece que si un servidor público permite que un tercero use indebidamente bienes públicos, es predicable de la figura del uso por vía indirecta, tanto la apropiación como el uso pueden estar orientados para el provecho del propio sujeto agente o del tercero, por último la Corte identifica con el planteamiento que el dinero no puede ser objeto material de peculado por uso sino de peculado por apropiación.
ARTÍCULO 399. PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE. El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.
Objeto material: los bienes públicos, no se incluyen los particulares ya que no son oficiales
Tentativa: si admite, corresponde a un delito de lesión y no de peligro, como cuando se suspende por un acto administrativo hecha por la  PGN o cuando se compromete hacer algo, pero no lo paga. El error de tipo vencible genera atipicidad solo se da en forma dolosa.
Causal de justificación: estado de necesidad o ejercicio de un cargo público (terremoto, incendio, inundación).
Sujeto activo: el servidor público que tenga la facultad jurídica para hacer el cambio de destinación
Sujeto pasivo: el Estado.
Conducta: tipo compuesto alternativo, cuando se refiere al mismo objeto material no se da el concurso.
También es conocido como peculado técnico. Acá, si bien es cierto que lo que se pretende proteger es la administración pública, también lo es el hecho de que la razón por la cual existe este delito es la de dar a entender la importancia que tiene el manejo presupuestario, la Ley presupuestaria, la cual es compleja en el sentido de que se necesita la intervención de dos ramas del poder público: la ejecutiva (tiene la iniciativa –propone-) y la legislativa (aprueba o no aprueba).
El delito consiste en infringir la norma presupuestaria. Como si un Alcalde saca un porcentaje de los dineros que había presupuestados para salud, para invertirlos en el cumpleaños de la secretaria. Razón por la cual hoy en día el 70% de las personas que han sido alcaldes o gobernadores tiene proceso penales por este delito.
Este es un delito de conducta plural, ya que tiene tres formas conductuales:
Dar aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados los bienes[8].
Comprometer sumas superiores a las fijadas en el presupuesto[9].
Invertir o utilizar sumas en forma no prevista en el presupuesto.
Se dirá que se ha cometido el peculado técnico cuando se realice cualquiera de estas tres conductas
Hay que tener muy presente que para que se pueda castigar cualquiera de estas tres conductas, se debe demostrar que se infringió la Ley presupuestaria y que con dicha infracción se incurrió en perjuicio a la inversión social o que se afectó la cancelación de salarios y prestaciones sociales. En virtud de esta parte que está en negrilla, la comisión del delito va a verse disminuida en relación con lo que se venía presentando antes. En este sentido, si un alcalde invierte el dinero que estaba presupuestado para la salud pública, en la reparación de las escuelas de un determinado poblado, porque allí hubo alguna clase de suceso que las afectó, no se estaría incurriendo en el peculado técnico, aun cuando si habría lugar a una sanción disciplinaria.
NOTA FINAL: todo es cuestión de presupuesto, por si en el presupuesto esta hacer una ¨fiesta popular¨ no se configura, en contraste sí. Resulta este tipo de delito cuando se comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto y se debe demostrar el perjuicio
ARTÍCULO 399ª. PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE FRENTE A RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: adicionado por la ley 1474 de 201, art. 23 la pena prevista en el artículo 399 se agravará (es decir el anterior artículo), cuando se da una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral.
ARTÍCULO 400. PECULADO CULPOSO. El servidor público que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen (usted sabe que está pero no lo encuentra), pierdan o dañen, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término señalado.
Tentativa: no es admisible, porque la tentativa presupone el dolo
Autoría y participación: no se puede hablar en un delito culposo, se requiere de acuerdo previo. Aunque Gómez Pavajeau dice que puede ser admisible con la redacción del nuevo código hablar de participación en delitos culposos y hay determinación cuando el superior le dé una orden que comporte infracción del deber objetiva de cuidado y complicidad también como cuando los escoltas y choferes dejan el carro oficial en un lugar inseguro y lo hurtan.
Culpabilidad: considerar que pudiendo y debiendo evitarlo y no lo hizo, en Colombia se deben llenar aptitudes para tomar un puesto, para prevenir este tipo culposos y asunciones de riego,
Error de tipo: no es posible hablar, ya que solo está compuesto el delito culposo del tipo objetivo, el error sobre él deber objetivo de cuidado excluye la culpabilidad, si es vencible se castiga a título de culpa por asunción.
Causales de ausencia de responsabilidad: miedo insuperable, coacción ajena, estado de necesidad, entre otros.
Acá hay un ingrediente normativo, que es la culpa, cuando usted actúa con negligencia, impericia, imprudencia, o desconociendo las normas reglamentarias. Acá lo que se sanciona es precisamente lo que se acaba de señalar (la culpa) por parte del servidor público. Como si usted ha tomado el carro oficial, bajo los efectos del alcohol, y lo destruye. Otro ejemplo es el que se nos expuso, donde una tesorera de 60 años tenía la clave de la caja fuerte en todos lados, dando la oportunidad a que se extrajeran $3.500 millones.

Para que se estructure el peculado culposo no se necesita saber quién se apropió de los bienes que se extraviaron. Basta con demostrar que el servidor público fue negligente, imperito, etc.
NOTA FINAL: este tipo constituye, una arteria rota a través de la cual se despilfarra el patrimonio estatal en razón de inadecuadas inversiones.  Omitir el estudio de viabilidad de la inversión de unos recursos públicos por parte de un servidor de tal naturaleza en el ejercicio de sus funciones comporta peculado culposo, se exige el máximo de responsabilidad. En fin cuando el servidor público no se sujeta a su desempeño oficial al entendimiento de que se encuentra al servicio del estado y de la comunidad, surge la responsabilidad. La jurisprudencia ha dicho que se configura este delito, sin que tenga ni siquiera incidencia como esta, el objeto material haya desaparecido del despacho del funcionario.
En vigencia del código del 80 existían varias clases de peculado: por apropiación, por uso indebido, peculado técnico, peculado culposo, por error ajeno, por extensión, por uso indebido de trabajo oficial.
Hay que tener en cuenta que la modalidad de peculado indebido por trabajo oficial diferente desapareció del ordenamiento jurídico, mientras que error ajeno y por extensión, pasaron a ser constitutivas de otros ilícitos: el peculado por error ajeno constituye una defraudación, y los supuestos del peculado por extensión constituyen circunstancias calificantes del abuso de confianza.
PECULADO CULPOSO FRENTE A RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.ARTÍCULOO 400: las penas previstas en el artículo 400 de la ley 599 de 2000, se agravarán de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral.
ARTÍCULO 401. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA. (Modificado por la ley 1474 de 2011, art. 25) Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal uso, reparar lo dañado, corrigiera la aplicación oficial diferente o reintegrare lo apropiado, perdido, extraviado, o su valor actualizado con intereses , la pena se disminuirá en la mitad.
Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte.
Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena en una cuarta parte[10].
Las circunstancias de atenuación, tal como lo describe el artículo son:
Hacer cesar el mal uso.
Reparar el daño.
Reintegrar lo apropiado, perdido, extraviado, o su valor.
Como se puede observar, cada una de las conductas hace referencia a una modalidad de peculado, ante esto, se venía diciendo sencillamente que no era posible acceder al atenuante ya que este solo se aplicaba en los supuestos taxativamente señalados. Sin embargo, en el 2005, una providencia de la CSJ, con ponencia de Marina Pulido de Barón, explicó que los tres supuestos ya mencionados se extienden al peculado técnico, atendiendo al principio de igualdad.
Hay que notar como dependiendo de la fase procesal en que se presente cualquiera de estas tres conductas, la incidencia de las mismas en la medida de la pena va a ser diferente.
Cuando se habla del reintegro (o devolución) parcial, para que este tenga significación en el ámbito de la pena, obviamente tendrá que ser significativo. Por ejemplo si usted se apropia de 100 millones y restituye 5, esa restitución no tendrá incidencia en la tasación de la pena.

Según CANCINO sostiene que nos encontramos frente a un estatuto real, y que puede devolver el objeto del peculado un tercero sin que intervenga para nada el sujeto activo.

Según CANCINO con respecto al peculado en general comenta que, los funcionarios de hecho y de derecho son empleados públicos por lo tanto incurren en peculado no se puede decir lo mismo de los usurpadores, que ni siquiera es de hecho, por calidades que nunca ha tenido, solo responderá por usurpador de funciones. Tiene un título putativo, lo importante no es que el bien sea público o privado sino que lo administre el empleado oficial por razón de sus funciones, en el peculado de uso se porta como señor y dueño, pero tiene la intención de devolverlo, es necesario que sea indebido, y que se haga con fines privados del sujeto activo o tercero, se dice que los bienes fungibles no pueden ser objetos de uso indebido por que no se pueden devolver en este caso GÓMEZ PAVAJEU, diría que es peculado por apropiación. El uso indebido que hace el servidor público que presta un instrumento de trabajo como el computador, a un tercero, emplea dicho elemento en alguna forma indebida, podría hablarse delito, pero no alcanza a mermar el objeto jurídico. En el peculado por aplicación oficial diferente se refiere a los desórdenes presupuestales, este igual que Bernal Pinzón afirma que no solo es la imputación presupuestal sino también es necesaria la inversión de los caudales. Comprometer sumas superiores, en la que el servidor  compromete y no puede pagar por no ser previamente presupuestadas, por lo tanto habrá incumplimiento de contrato, también la inversión de los bienes públicos en obras de interés social que no figuran en el plan presupuestal. En el peculado culposo la conducta puede tipificarse respecto de lo más insignificante comportamiento nocivo, como el utilizar una máquina y esta se le daña por un café que le cae encima, o el empleado oficial que colisiona con su vehículo, de todos modos creemos que es inocuo, en la omisión del agente retenedor si este hace el pago, queda en impunidad, pierde la competencia la fiscalía y con respecto a los metales preciosos, pues en verdad el explotador ilícito da un informe acerca del lugar en el que obtuvo los metales preciosos y recibe fuera de esto una utilidad.

La comisión por omisión en el peculado, es posible en todos los tipos penales de peculado, tanto en la modalidad culposa como en la dolosa, pero más que todo en la culposa, por pérdida, extravío o daño de bienes, en modalidad dolosa podría ser: por apropiación por uso, aplicación oficial diferente, y por destinación indebida de recursos para estimular el fraude en materia de metales preciosos, el sujeto activo es el servidor público, cuando tenga deberes de salvamento del bien jurídico o custodia de una fuente de peligro, lo cual surge la posición de garante, el sujeto pasivo es común para los peculados, la situación es que tiene que actuar cuando le toca, si el resultado no se produce nos encontramos frente a un delito de comisión por omisión tentado. Siempre que exista el elemento cognoscitivo nos encontramos en un cuasi-dolo, quien conoce el deber y no actúa es porque no quiere hacerlo.  Y por tanto la comisión por omisión culposa por peculado, es posible cuando se trate de pérdida, extravío o daño de bienes del estado. Solo tiene tipo objetivo, los elementos típicos son los mismos enunciados para el tipo objetivo de la comisión por omisión dolosas, sumase el deber objetivo de cuidado (imputación objetiva), no resulta la modalidad tentada, la culpabilidad sólo está referida a la culpa inconsciente, en la consciente se da el factor cognoscitivo propio del cuasi-dolo.

ARTÍCULO 402. OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autor retenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas.
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.
PARÁGRAFO. El agente retenedor o autorretenedor, responsable del impuesto a las ventas o el recaudador de tasas o contribuciones públicas, que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de investigación, o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar.
Objeto material: igual que el del peculado, pero con diferencia por tener dineros provenientes de las retenciones y autoretenciones en la fuente, tasas o contribuciones públicas e impuestos a las ventas.
Sujeto activo: agentes retenedores y autorretenedores en la retención en la fuente y los responsables de la tenencia o custodia del impuesto de ventas, si el agente retenedor pertenece a la administración pública habrá peculado.
Sujeto pasivo: estado.
Verbo rector: complejo alternativo, omitir consignar las sumas retenidas, que el plazo es de dos meses, omitir consignar las sumas recaudadas del impuesto sobre ventas a los dos meses.
Tipo subjetivo: la omisión se lleva a cabo conscientemente, habida cuenta que conoce su deber y no actúa es porque quiere infringir (cuasi-dolo), es difícil pensar en error de tipo, no integra ingrediente subjetivo, por lo que se requiere conocer los elementos que componen el tipo objetivo, puede incurrir en error al contabilizar los plazos otorgados para efectuar las consignaciones, (error de tipo sobre los elementos fácticos).
Autoría y participación: autores mediatos, inmediato o coautores quienes tengan la calidad de sujeto activo cualificado (agente retenedor), no hay problemas con los partícipes, puede existir el actuar por otro, como el actuar son los requisitos de ley, cuando la PJ encargada de dicha función, y queda la rebaja para intervinientes no calificados.
Tentativa: no es concebible, ni fáctica ni jurídicamente, la ejecución y la consumación se dan en un mismo acto.
Concurso: puede aparentemente concursar con abuso de confianza calificado por razón de abusar de funciones discernidas confiadas por autoridades públicas, pero se halla la solución en el principio de especialidad, teniendo la calidad del agente retenedor o recaudador, también aparentemente con peculado por apropiación, como el particular con funciones públicas o el agente retenedor servidor público si pasado el plazo se apropia si se configura el peculado con apropiación.
Causales de justificación: mutatis mutandi que el de peculado por apropiación.
En vigencia del código del 80, a partir de la ley 383 de 1997 (que adicionar el estatuto tributario, a través del Art. 22), y luego con la ley 488 de 1998 (Art. 25), se disponía que él no pagar las tasas y las contribuciones públicas dentro del término previsto en la ley, era constitutivo de peculado por apropiación, por lo cual entre el 97 y el 2000 la evasión tributaria era tratada exactamente igual a la ya mencionada modalidad de peculado. El legislador del 2000 entendió que era excesiva la represión que se estaba ejerciendo de este comportamiento porque si bien es cierto que la conducta recae sobre bienes del Estado, también lo era que el sujeto agente no tenía la calidad de servidor público.
Este es un tipo de omisión propia: el agente retenedor tiene una obligación de hacer, que es entregar al Estado los valores que ha retenido o auto retenido de conformidad con lo establecido en el Estatuto tributario, de tal manera que si no se cumple con esa disposición se está cometiendo el delito. De esto también se infiere que el delito tiene un sujeto agente cualificado: el agente retenedor o autorretenedor.
Para analizar este tipo hay que tener presente que existen impuestos directos e impuestos indirectos. Los primeros son los que recibe directamente el Estado, y los indirectos son los que recibe indirectamente el Estado. En este segundo caso, tenemos como ejemplo la Retención en la Fuente, o el IVA. La suma que se recaude, tiene que ser pagada dos meses después de su causación: si usted recauda dineros en marzo y abril, tendrá que entregarlos en mayo.
Con todo lo que se ha dicho, se puede inferir que no es cierto que en Colombia no haya responsabilidad por evasión tributaria, ya que el Código tipifica la apropiación que se haga de recursos parafiscales. Además, también se tipifica la omisión del agente retenedor o recaudador. Lo que aún no se ha tipificado es la evasión tributaria por concepto de impuesto de renta.
Se debe notar como el inciso tercero cae en redundante, ya que lo que enuncia es algo que se tiene como un principio propio del derecho penal, según el cual las personas jurídicas no son objeto de este, sino que lo serán sus representantes legales.
En el parágrafo ocurre algo similar a lo que ya se señaló respecto al inciso tercero. Además, en este parágrafo se halla la razón que llevó al legislador al tipificar este comportamiento: forzar el pago de las obligaciones morosas. Por esta razón, una vez se ha producido el pago debe cesar el ejercicio de la acción penal. Sobre este aspecto se ha suscitado un problema en el caso en el cual el contribuyente no tenga con qué pagar, ante lo cual este va y manifiesta su intención de pagar, y con esto obtiene un acuerdo formal de pago ante la DIAN. El problema concretamente radica en determinarquée ocurre con ese acuerdo formal de pago. La tesis mayoritaria es que ante este acuerdo el proceso penal se suspende hasta cuando se cumpla el cuarto de pago, y si este no se cumple, se continúa con el proceso. Otra tesis indicaba que el acuerdo llevaba a la extinción de la acción penal. La DIAN, de la mano de los fiscales, entendió que esa no era una causal de improcedibilidad de la acción, porque no estaba satisfecha la exigencia contenida en la norma: obtener efectivamente el pago completo de la suma adeudada.
ARTÍCULO 403. DESTINO DE RECURSOS DEL TESORO PARA ELESTÍMULOO O BENEFICIO INDEBIDO DE EXPLOTADORES Y COMERCIANTES DE METALES PRECIOSOS. El servidor público que destine recursos del tesoro para estimular o beneficiar directamente o por interpuesta persona, a los explotadores y comerciantes de metales preciosos, con el objeto de que declaren sobre el origen o procedencia del mineral precioso, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, en multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses. En la misma pena incurrirá el que reciba con el mismo propósito los recursos del tesoro, o quien declare producción de metales preciosos a favor de municipios distintos al productor.
Tipo objetivo: incurre en la comisión el servidor público y quien recibe el dinero.
Sujeto activo: servidor público, es indeterminado ya que también lo pueden ser los comerciantes y explotadores.
Sujeto pasivo: el estado.
Objeto material: los recursos públicos destinados ilícitamente.
Tipo subjetivo: tiene ingrediente subjetivo, con el objeto que declaren sobre el origen o procedencia del mineral precioso.
Autoría y participación: las mismas que el de peculado por apropiación.
Causal de justificación: si el servidor público lo hace para obtener recurso en provecho propio, se estaría configurando además un cohecho.
Esta es una conducta que fue tipificada a través de la ley 366 de 1997. Indica una carga en cabeza del productor, del explotador, y del comerciante de metales preciosos: reportar la obtención o el hallazgo de las minas o de los metales preciosos a las autoridades estatales, porque de la obtención de esos recursos le corresponden a las entidades territoriales unas regalías que el Estado liquida y entrega a la entidad territorial correspondiente.
Este delito se materializa cuando una persona obtiene un kilo de oro en una mina que queda en Maramato, Caldas, y usted, servidor público, le dice a esa persona que obtuvo ese kilo de oro en Rio Sucio, Chocó. Con esa conducta se estaría perjudicando a Marmato, porque allí no llegarían las regalías.

Acá se debe tener presente que, para efectos penales, el petróleo no es tenido como metal precioso.

NOTA FINAL: el minero o comerciante tiene la obligación de declarar, bajo la gravedad de juramento, la procedencia exacta del material precioso, con esta norma se pretende desestimular las prácticas fraudulentas que permiten a un municipio, por medio de prebendas a los mineros o comerciantes para que declaren en su favor la procedencia del mineral precioso a la transferencia ilegítima. Porque puede existir un municipio que fomente que se haga aparecer como explotados en su jurisdicción que lo fueron en otro.
ARTÍCULO. 403ª. FRAUDE DE SUBVENCIONES. El que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco a nueve años, multa de doscientos a mil SMLMV, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis a doce años, las mismas penas se impondrán al que no invierta los recursos obtenidos a través de una subvención, subsidio o ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados.
Según REYES ALVARADO, en ese contexto comenzaron a ser evidentes comportamientos de personas que a través de engaños obtenían recursos estatales que por su condición económica no requerían, de quienes simulaban el cumplimiento de las condiciones exigidas para recibir esas ayudas oficiales, de algunos que fingían cumplir con las obligaciones que adquirían al recibir esos dineros y los de otros que se ponían de acuerdo con funcionarios públicos para que una adecuada redacción de las normas les facilitará cumplir los requisitos para ser beneficiarios de esos auxilios.
El hecho de que a través de esas maniobras se perdieran enormes cantidades de dinero, el peligro que ellas representaban para la consolidación de las relaciones económicas entre países agrupados en zonas de comercio compartidas, así como la necesidad de proteger las subvenciones como mecanismo de fomento industrial y comercial, encendieron las alarmas de la comunidad europea; resultaba especialmente preocupante que los códigos de entonces no incluyeran normas que permiten tener como delitos autónomos los fraudes de subvenciones, de tal forma que ellos podían ser vistos como conductas socialmente reprobables pero no criminales. Por eso, en la segunda mitad del siglo XX, países como Alemania, Francia, Italia y España ajustaron sus legislaciones internas mediante la creación de normas que en sus códigos penales elevaron a la categoría de delito esta clase de comportamientos.
Convendría que prestara especial atención no sólo a las normas que permiten el otorgamiento de ayudas económicas del Estado a los particulares, sino a los controles que desde el punto de vista del derecho penal deben ejercerse para tener la certeza de que ese dinero será entregado sólo a quienes realmente lo necesitan, satisfacen las condiciones para recibirlo y cumplen con los compromisos adquiridos.
CAPITULO II. DE LA CONCUSIÓN
ARTÍCULO 404. CONCUSIÓN. El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
Concusión viene del latín concutere que quiere decir “agitar el árbol para que dé el caigan sus frutos”. Así, pues, concusión es agitar al particular por parte del servidor público para obtener de él una dádiva (utilidad).
Gómez Pavajeau, afirma que la concusión es tal vez uno de los más graves atentados contra la administración pública, como quiera que el agente realiza el comportamiento abusa de su cargo o de la función que el estado le ha confiado para obtener un provecho indebido,
Este delito tiene una característica especial que lo diferencian del cohecho: El servidor público abusa del cargo o de la función. Esto es lo que se llama metus pública et potestatis. Por ejemplo, cuando el agente de tránsito, le dice a usted que si no le da $500 mil le retiene el automóvil. O sea que acá nos encontramos ante la constricción, que es ejercer violencia física o moral. También se puede ver la inducción, que es llevar o seducir a la otra persona, paso a paso, a cometer una determinada conducta, como si le dijera este le dice que trabaja hasta mañana.
Objeto material: es personal, lo importante es que se tenga a la persona constreñida o inducida no importa que no exista los bienes que se prometan, sino estaríamos hablando de tentativa imposible.
Verbo rector: constreñir, empujar a alguien que se haga una cosa, también la exhortación o el consejo puede bastar con tal que haya aceptación en la posición de superioridad del funcionario, hay forma de concusión rara en la que implícitamente se pide, en la que puede hacer temor de su poder, la mera solicitud con engaño, gestos ademanes, se debe descartar todo lo que constituye una satisfacción estética, sentimental o sensual o puramente honorifica o una complacencia de vanidad según Soler que no es tan tomada por Cancino, son utilidad, los regalos, descuentos, prestación de fianza, uso gratuito de habitación, seguro de vida, pensiones, empleos, una condecoración puede ser indebida cuando haya utilidad o ventaja.
Según Gómez Pavajeau, constreñir, que es una presión, inducir, persuadir, lo implícito también puede llevar a consumar este delito de tal forma que el sujeto pasivo se siente intimidado y teme que si no hace u omite lo que el funcionario pretende puede resultar un perjuicio en su contra. En otras palabras que esté presionando a la víctima en determinado sentido y por medio de encubiertas amenazas de usar en su contra de esta, la potestad de la que está investido.
El momento consumativo se presenta cuando se da o se promete dar, no necesariamente cuando se obtenga la cosa o la promesa. Igualmente la consumación se da cuando se hace la solicitud. La inclusión del verbo solicitar se presentó en el código del 80, y para ese entonces algunos consideraron que la mencionada inclusión no era prudente porque así se podía confundir este delito con el de cohecho, donde hay una negociación, mientras que en la concusión hay una imposición por parte del servidor público, y es este último quien pone las condiciones. Lo que dijo la Corte fue que para evitar confusiones se tenía que mirar de dónde provenía la solicitud. Dando como resultado que si esta era realizada por el servidor público, sin posibilidad de regateo, habría concusión.
Cuando la norma indica que se le puede dar o prometer al mismo servidor público o a un tercero, lo que hay que tener en cuenta es que en este segundo evento (con el tercero) debe haber una relación de causalidad: la tercera persona va donde el particular porque participa de La comisión del delito o porque el servidor público lo engañó para que fuese a donde el particular (lo cogieron de “gancho ciego”).
Es necesario que el sujeto activo realice su conducta con abuso de sus funciones específicas o cuando abusa del cargo, aunque no esté abusando de la funcionalidad correcta, el abuso puede concretarse en actos o conductas que no entran en la competencia funcional del agente pero que se concretan en un abuso de calidad o condición, por tanto no es necesaria la competencia del funcionario para que se estructure le abuso, se castiga la indebida utilización de su cargo y extralimitación, y no solo de sus funciones, porque también lo podrá hacer en vacaciones. Otra cosa es el que el servidor público actuando como particular constriñe para que le entregue una suma de dinero, así este haya obrado con temor se configura el delito de extorsión.  Entonces es menester repetirlo que no interesa que el funcionario obre dentro de los límites territoriales de su jurisdicción, puede estar fuera de ella.
La tipicidad: se predica mutatis mutandi, lo ya señalado en el modelo punible de peculado, por apropiación.
Sujeto activo: servidor público, se requiere además abuso del cargo o de la función, el delito se comete no sólo por abuso de las funciones sino también por el de la investidura, esto es del carácter de funcionario público aun cuando el hecho ejecutado no pertenezca propiamente a la competencia del sujeto activo, se puede cometer este delito, aun cuando se encuentre en licencia o permiso, es posible la comisión de este delito por parte de un servidor público por asimilación, cuando el particular ejerce funciones públicas y la conducta punible tiene que ver necesariamente con tal ejercicio, como la del represéntate legal de una empresa privada que ejerce función pública como control fiscal, que constriñe para que le entregue una suma de dinero a un servidor
Sujeto pasivo: el estado, pero el particular puede ser perjudicado.
Objeto jurídico: administración pública, también el patrimonio económico en forma eventual y la autonomía personal, (pluriofensivos), deformidad del instituto funcional, fines estatales y interés general
Objeto material: la persona, aunque alguno dicen que es la dádiva,
Elemento normativo del tipo: la promesa, es la oferta de una contraprestación futura, basta sólo la exigencia indebida para su consumación.
Tentativa: se excluye ya que se presenta en el instante en que se obtiene la promesa o la solicitud, no es indispensable que el agente efectivamente obtenga el provecho buscado.
Autoría y participación: sólo puede ser autores los servidores públicos, como garantes del correcto funcionamiento de la administración pública, es posible una autoría mediata como el  magistrado que utiliza como instrumento a un notificador u otra persona servidora pública, en los eventos de partícipe sino se tiene la calidad típica debe procurarse la rebaja punitiva como interviniente del art. 30 inciso final, también los servidores públicos asimilados se necesita de tal rebaja.
Tipo subjetivo y error de tipo: es casi imposible y muy difícil pensar en dolo eventual.
Concurso aparente: con el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, se arregla por subsidiariedad, con el constreñimiento ilegal, que es diferente el sujeto, y con la extorsión que se arreglaría con el principio de especialidad
Causal de justificación: estado de necesidad por razones económicas o legítima defensa, como cuando un servidor es atropellado por otro con una actuación arbitraria mediante la cual persigue ilícitamente registrarle su escritorio, y el segundo lo constriñe que de proceder en tal forma le ordena un lanzamiento de un bien por razón de un pleito que tiene pendiente fallar como inspector policía, caso en el cual se configuraría una legítima defensa.
Culpabilidad y error de prohibición: es muy difícil en la práctica, la conciencia de la antijuridicidad siempre se presenta como actual, de pronto un error de prohibición indirecto sobre los elementos objetivos-fácticos de una causal de justificación, miedo insuperable o coacción ajena.
Diferencia entre concusión y extorsión: A pesar de ser conductas similares, la extorsión es un delito contra el patrimonio económico, y en ella no media el ejercicio de  una función pública, el sujeto agente, al ser un particular, no está afectando la administración pública. También se podría pensar en una similitud a través de la segunda circunstancia de agravación de la extorsión: “2. Cuando la conducta se comete por persona que sea servidor público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas, de seguridad del Estado.” En este evento se dice que la conducta cometida por el servidor público no es conexa con sus funciones. Como si el Fiscal lo amenaza de muerte, caso en el cual tampoco habría compromiso de la función pública.
CAPITULO III. DEL COHECHO
Acá, como ya se mencionó, sí hay negociación de la función. Entonces acá se trata de que el servidor público y el particular se encuentran en un mismo nivel, de tal manera que el servidor público ya no está fijando sus condiciones, sino que éstas se negocian. Por esto se dice que el cohecho es un tipo de encuentro y se sanciona tanto al servidor público, como al particular.
También conocido con el nombre de corrupción y es la venta de la función pública por parte del servidor público, puede tratarse de una bilateralidad, como quien ofrece y quien acepta, es la ruina moral de las naciones
El cohecho tiene varias modalidades:
ARTÍCULO 405. COHECHO PROPIO. El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
Este tipo penal tiene un doble desvalor de acción: 1) el servidor público recibe dineros u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria. 2) el recibimiento o la aceptación se dan para contrariar sus deberes oficiales. Por ejemplo, yo acepto un millón de pesos para no dejarlo salir a usted de la cárcel este fin de semana.
Es recibir para sí o para un tercero, este se acepta como un contrato, basta sólo la aceptación o  por lo menos un acuerdo o compromiso, puede que la promesa no se cumpla pero de todos modos el delito se configura, si la promesa es fingida o falsa se habla de tentativa imposible, por lo que solo hablamos de una provocamiento, lo que tiene que ser anterior es el pacto o acuerdo la retribución puede ser posterior, dependiendo que se realice uno u otro comportamiento alternativo, como cuando un extraneus le entrega al intraneus una suma de dinero, en ultima el servidor público no está obligado a regular su actividad conforme a las normas legales sino también con sujeción a la dignidad, probidad e imparcialidad que el cargo le impone, así si un juez  no tiene competencia de un caso ya que le toca al tribunal y realiza acto contrario a sus deberes oficiales comete delito de cohecho, depende es el alcalde que tenga que resolver sobre una detención preventiva y recibe el dinero, se configuraría otro delito pero no cohecho.
Ingrediente subjetivo del tipo: para retardar u omitir o ejecutar
Sujeto activo: servidor público el que recibe, y el que da el particular
Sujeto pasivo: el estado
Objeto jurídico: la administración pública, deformación del instituto funcional fines estatales e interés general, también puede ser la imparcialidad, probidad, moralidad etc…
Objeto material: el dinero, la utilidad, promesa, de contenido económico u otro
Conducta: recibir y aceptar es alternativo, como el juez que recibe dinero para abstenerse de abrir una investigación para no vincularlo como procesado, o expedir una sentencia absolutoria existiendo mérito para condenar, el servidor público debe tener competencia, por esta misma razón no comete delito  quien recibe delito por acto ilegal ya cumplido, si no ha existido acuerdo previo con la persona que le ofrece dádiva o la promesa
Tentativa: se excluye, ya que se consuma en el momento de la aceptación de la promesa o de la recepción del dinero o de la utilidad, por esto es inconcebible
Autoría y participación: se aplican los mismos que para la concusión.
Tipo subjetivo y error de tipo: lo mismo que la concusión pero se le agrega el elemento subjetivo ¨él para¨. Es importante ya que si luego que un servidor público detiene en forma arbitraria a un sindicado y luego el interesado, enterado del hecho, le entrega el dinero, no se genera propiamente el delito de cohecho por ausencia de esta relación entre la oferta o entrega del objeto material y la ejecución del acto ilegal.
Concurso: si de omisión se trata, con el prevaricato por omisión, o prevaricato por acción, sino se expresa una determinación jurídica, que tenga categoría de resolución, auto sentencia, dictamen o concepto, se generaría el abuso de autoridad si se configura acto arbitrario e injusto.
Causales de justificación, los mismos que la concusión
ARTÍCULO 406. COHECHO IMPROPIO. El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
Acá no más que un desvalor de acción: recibir el dinero o aceptar la promesa, por hacer algo que debo hacer y que luego hago. Por ejemplo, le doy $500 mil para que mantenga retenido a Juan, y resulta que activamente usted tenía que mantener retenido a Juan. Lo que acá se censura es que el servidor público reciba el dinero para cumplir la función, ya que ese es el deber que asiste al servidor público.
Por realizar lo que la ley permite o le exige cobra una suma de dinero, en esta clase no es necesario que con antelación haya existido pacto alguno, la competencia debe tenerla en toda su extensión, este es un delito de muy difícil demostración ya que está ausente todo elemento subjetivo o finalidad específica.
El segundo inciso habla del COHECHO APARENTE, el cual recibe este nombre porque no hay una manifestación expresa de parte del servidor público para la obtención del beneficio del cohecho, es decir, el servidor público no le manifiesta al particular la intención que tiene de negociar la función. Lo que sucede es que el servidor acepta dineros u otra utilidad de la persona que tiene un interés en un asunto sometido a su conocimiento. En otras palabras: si un servidor público acepta alguna cosa que le pueda reportar utilidad, por parte de una persona que está interesada en un asunto que está sometido a su conocimiento, ese servidor público estaría cometiendo el delito. Este tema también debe ser analizado con especial atención a la antijuridicidad material, porque si usted, por ejemplo, le compra unas medias veladas a la juez que está conociendo del proceso, eso no se catalogaría como delito, porque la conducta no sería antijurídica.

En el supuesto en que usted le envié algo al servidor público, luego de que este haya desempeñado la respectiva labor, no se puede decir que se esté cometiendo el delito.
Se ha sostenido que las invitaciones, los agasajos y otros actos similares son estructuradores de este ilícito, pero no debemos olvidar, especialmente en zonas rurales existen costumbres que podemos calificar que han sido aceptadas.
Cuando se circunscribe a recibir dinero por el cumplimiento de un deber, sólo se diferencia del propio por efectos punitivos, el error de tipo es el mismo, la diferencia es en la propuesta, para recibir un dinero adicional por el cumplimiento de su deber, la diferencia estriba en el elemento normativo, no se presenta el delito si el servidor público recibe el dinero por acto legal ya cumplido.
Tentativa: se excluye, por lo mismo que el cohecho propio.
Concurso: no es posible concurso de hechos punibles, ya que el acto es legal no surge un nuevo hecho punible del servidor público, el recibo del dinero o aceptada la promesa, cumple lo prometido mediante la expedición del acto jurídicamente perfecto.  
Se limita a recibir dádivas, en términos generales, otorgadas no en razón de una finalidad específica sino en consideración de su cargo, parece ser la forma menos grave de cohecho pero la que más puede comprometer la independencia del funcionario por lo sutil de su realización, el caso frecuente de los regalos.
La conducta: puede ser realizada tanto por el servidor público como por el particular, no se comete el delito si el dinero o la dádiva han sido entregados exclusivamente en consideración del cargo, como cuando alguien que NO TIENE asunto pendiente en el despacho del juez, le envía un regalo el día de su nombramiento o matrimonio o cumpleaños, y el juez lo recibe, no se tipifica, se requiere que el particular tenga algún asunto cuya decisión dependa de la conducta del empleado a quien le envía el regalo, no significa que deba estar materialmente en manos del servidor público, no lo cometen los que en el mes de diciembre reciben regalo por parte de los departamentos de relaciones públicas, de las empresas donantes no tiene algún asunto que deba ser decidido por el funcionario, el quid está en no tener pleito pendiente.
NOTA FINAL: No se admite tentativa es de conducta instantánea, autoría, son problemas en tanto se trata de sujeto activo indeterminado, tipo subjetivo y error el mismo tratamiento de cohecho por dar u ofrecer, es más aceptable aquí el error, ya que no se llama a la ilegalidad con el ¨regalo¨, no resulta pensable los aparentes ni reales concursos, tampoco las causales de justificación pues la mediatez entre el comportamiento excluye cualquier apremio, los errores de prohibición no son excepcionales , no contradice la conciencia colectiva de lo ilícito y el sentimiento general de lo justo.
ARTÍCULO 407. COHECHO POR DAR U OFRECER. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

El motivo de haber creado este tipo fue el de castigar la conducta del particular que actúa en cualquiera de las conductas que se describen en este capítulo. Hay que tener en cuenta que esta creación no habría sido posible de haberse aceptado dentro del Código la figura del interviniente, como una forma distinta de participación en el delito.
El sujeto activo: no está cualificado, (indeterminado) motivo por el cual aseveramos que se trata de un tipo penal en el que puede actuar solamente un tercero y el servidor público será entonces espectador de la acción.
Conducta: dar u ofrecer, se trata de un tipo instantáneo, se estructura sólo con el ofrecimiento
Tentativa: no es concebible, no compartimos la postura si el servidor público rechaza el ofrecimiento ilegal se configura, ya que este se trata de un delito de peligro, independiente del resultado obtenido, es mera conducta y de consumación instantánea
La autoría y participación: no tiene problema en tanto se trata de sujetos indeterminados
Tipo subjetivo y error de tipo: es ofrecer el dinero y tener la voluntad de hacerlo, si se entrega dádiva por otra razón no se tipifica, por falta del elemento subjetivo, como cuando se regala joyas de quien se está enamorado, cualquier tipo de error resultaría atípica por el remanente culposo
Concurso: es una figura autónoma, sería un concurso aparente de tipo. Se pensaría que hay concurso con la concusión, peculado y prevaricato, pero es aparente
Causales de justificación: estado de necesidad, quien ofrece una cesantía y ofrece el dinero al servidor público, con el fin de someter a su hijo a intervención quirúrgica, sino lo hace perdería la vida.
Culpabilidad y error de prohibición: el indirecto es viable, cuando en realidad el niño no se encuentra en peligro de muerte, y directo por falta de conciencia de antijuridicidad, como el campesino que quiere entrar a una plaza pública y no tiene el permiso respectivo, dado sus precarios conocimientos y difíciles acceso a la cultura, puede creer que su conducta es válida, también se podría pensar inexigibilidad de otra conducta, insuperable coacción ajena, aún más cuando se vive en un ambiente de  violencia y protección estatal.
Diferencia entre cohecho y concusión: se trata según GÓMEZ PAVAJEAU de tipos con un mismo sujeto activo (servidor público), que lesionan el mismo bien jurídico principal (administración pública), y en algunos casos con resultados similares (recepción de dinero u otra utilidad), mientras que un uno acepta y el otro pide y solicita, el elemento subjetivo en el cohecho, es que el funcionario público reciba el dinero o dádiva o acepte promesa remuneratoria como una retribución por el acto conforme o contrario a la función, en la concusión bien porque se abusó del cargo o investidura, tanto que se constriñe al sujeto pasivo cuando se le induce, siempre que quien así proceda sea un funcionario y que la prestación que se exija no sea debida, la cual puede ser para el mismo o para un tercero, utilizando procedimientos violentos, físicos o morales, hábiles o sinuosos, (disimulados, hipócritas), debido al temor de la víctima que actúa intimidada, estos dos delitos se excluyen entre sí y ni siquiera es posible recurrir al concurso aparente, pues la descripción de estas conductas implican comportamientos subjetivos y objetivamente diferentes.  De ahí se desprende que en la concusión siempre hay una exigencia por parte del servidor, en tanto que en el cohecho existe una mera aceptación de la propuesta indebida. La concusión afecta la autonomía personal, pero la diferencia radica en la iniciativa que viene del servidor público (concusión) y el otro del particular (cohecho), pero si el particular ofrece por insinuación del servidor público, no se trata de un caso de cohecho sino de concusión, esa es la diferencia fundamental, el objeto material de la concusión es personal la del cohecho es real, en la concusión hay abuso del cargo o función, en el cohecho hay abuso de la función.
CAPITULO IV. CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS.
Sujeto activo, el servidor público, a pesar que el artículo 20 del código penal expone quienes son los servidores públicos, la ley 80 de 1993 señala además que se le aplica también contratista, consorcio, uniones temporales, consultores, interventores, y asesores externos que se consideran particulares que cumplen funciones públicas. (Que esté dentro de sus funciones sino sería un usurpador, por lo que si se hace seria otro delito y no este). Aunque CANCINO expresa que todo funcionario se encuentra descrito dentro del art. 20 y concierte  a los funcionario mencionado en la Ley 80 de 1993, está derogado y cree que esto son considerados intervinientes.
Bien jurídico, administración pública (transparencia, integridad, la idoneidad y la rectitud u honradez, es polivalente.
ARTÍCULO 408. VIOLACION DEL REGIMEN LEGAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-652 de 2003
La etapa del iter contractual donde ocurre la tipificación de este delito es la de trámite, el lapso entre el perfeccionamiento y el cumplimiento
Tipo de mera conducta, (se presenta con la sola gestión del servidor público)
Tipo penal en blanco, son las incompatibilidades y las inhabilidades, que no solo se encuentra en una ley, ni en la constitución, sino en todo el ordenamiento jurídico, por ejemplo está el art. 128 de la CN que expresa que nadie puede desempeñar más de dos cargos públicos, está claro señalar también la ley 80 de 1993, la ley orgánica de congreso ley 5 de 1992, la ley 734 de 2002.
Tipo subjetivo, el servidor público, no solamente quien firma el contrato, sino todos los funcionarios que intervengan en el proceso tramitación, lo mismo para los particulares que cumplan función pública.
Sujeto pasivo, es el Estado.
Objeto material, el contrato respectivo, también como las ventas que se hagan o remates.
Objeto jurídico, deformación del instituto personal.
Elementos normativos, los conceptos de inhabilidad e incompatibilidad.
Tipo subjetivo, doloso y de resultado.
Error de tipo, cuando yerra sobre los elementos normativos de inhabilidad o incompatibilidad
Coautoría, puede ser propia, ya que cualquier aporte da igual. Se podría dar autoría mediata, como también participación
Tentativa, es posible, aunque es difícil de presentarse
Concurso ideal, entre este tipo y el de celebración indebida de contratos por violación de los requisitos esenciales. Pero se da el primero, ya que en el segundo se subsume en el primero, por lo que hay es un concurso aparente de tipos.
Causales de justificación, estado de necesidad, como por ejemplo por cuestiones económicas, como las de subsanar un peligro grave e inminente, que se esté dando.
ARTÍCULO 409. INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS.  Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.
Lo que se pretende con esto, es sancionar la conducta de aquellos servidores que no pretenden sino buscar la satisfacción de sus propósitos, necesidades e intereses personales, (lo que llaman actos de desvío de poder), pero lo que se busca proteger es la rectitud, y la ética más que el lucro, lo que se protege son los disconforme respecto a la función pública.
Se aplica mutatis mutandi de los tipos anteriormente citados.
Ingrediente normativo, interés indebido, no es entonces cualquier interés el que se penaliza sino el interés indebido que se manifiesta en las actuaciones del servidor público con las que se vulnera la transparencia e imparcialidad de la actividad contractual. Lo   que se sanciona repetimos es la infidelidad del servidor público a sus deberes. (El indebidamente es un término extrajurídico)
Objeto material, es el contrato y la operación administrativa (comprende toda clase de contratos), lo importante es que lo hubiese celebrado un servidor público en el cumplimiento de su función o en el ejercicio de su cargo y concierne a la operación, siempre será posterior al acto administrativo, es una ejecución de la ley, así que le acto administrativo lo aplica y la operación la ejecuta y siempre será posterior valga la repetición.
Sujeto activo, el servidor público
Tipo objetivo, el interés general, a lo que implica un desvío de poder, a lo que lo particular desplaza lo general.
Sujeto pasivo, es el Estado.
Objeto jurídico, la administración pública, se da la vulneración del instituto personal
Conducta, es interesarse. No existe posibilidad jurídica del dolo eventual, el interés es inseparable del acto contractual y no se puede dejar librado al azar.
Error de tipo, puede haber cuando yerra, en el acto contractual.
Autoría, es posible, lo mismo que la mediata, pero la complicidad no, porque el acto no necesita de cómplice, ya que un acto de interesarse es único.
Tentativa, no es posible, por ser un acto de absoluta instantaneidad. Una vez se interese, se consume el delito, es decir se pena el acto preparatorio.
Tipo subjetivo, doloso, interesado en realizar el acto contractual o la operación.
Concurso, es de carácter subsidiario, para no caer en la violación del ne bis in ídem, solo se aceptara este, cuando no se haya podido encajar en el primer tipo.
Causal de justificación, sería admisible la causal de justificación.
Culpabilidad y error de prohibición, es posible frente la insuperable coacción o miedo insuperable.
Ejemplo de este artículo, el jefe de oficina de contratación estatal que se interesa que se celebra un contrato cerca de su casa, para que se le valorice.
ARTÍCULO 410. CONTRATO SIN CUMPLIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ESENCIALES.  Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 917 de 2001; Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-652 de 2003
Este es un tipo penal en blanco, que raya en la indeterminación, cuestionando con el principio de tipicidad, utilizando el juez unas cláusulas generales de valoración, (conducta ofensiva, actos deshonestos, hechos subversivos, conductas contrarias al orden público, atentados al medio ambiente) o extra penales, como conductas contrarias al régimen minero o de recursos naturales, son denominados según FERNÁNDEZ CARRASQUILLA como tipo penales en blanco en absoluto, tipo súper-abiertos o de reenvío genérico
En consecuencia en todo contrato, será necesario precisar que el contenido de un contrato estatal tenga dos aspectos que se deben observar en aras de una cabal interpretación, los elementos comunes de los contratos y los elementos propios y especiales del contrato estatal, así debe haber capacidad que es la competencia en materia administrativa, consentimiento, el objeto, la causa
La pregunta está en cómo sancionar algo que esta inexistente, al no nacer a la vida jurídica.
La libertad de los contratos no son como los particulares, sino que están sujetas a unos requisitos, y no a la libertad de los contratantes
Deberá ser solemne, escrita, suscribirse por las partes, es necesario que haya respectivas disponibilidades presupuestales
Conducta compuesta alternativa, como la de es tramitar contratos sin la observancia de los requisitos legales esenciales o celebrar o liquidar sin verificar el cumplimiento de los requisitos.
En finalidad el tipo de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales está estrechamente vinculada con el principio de legalidad, mientras que el interés ilícito está ligado al concepto de interés general, mientras que en este último se sanciona el desvío de poder.
Sujeto activo, el servidor público
Sujeto pasivo, el Estado
Tipicidad, debe ser contraria a la ley, y esencial a la contratación estatal. Se podría relacionar con el prevaricato. Como cuando se declara una urgencia manifiesta sin fundamento y se evade la licitación pública. Pero puede ser que haya concurso aparente como cuando se aprueba un remate en contra de los requisitos legal, en este caso se prefiere este tipo al del prevaricato, por ser especia.
Causales de justificación, mutatis mutandi
Culpabilidad y error de prohibición, ibídem.
Objeto material, el contrato.
Objeto jurídico y antijuridicidad material, es la administración pública.
Autoría y participación, lo mismo que el tipo anterior.
Tipo subjetivo y error de tipo, lo mismo que el tipo anterior.
Tentativa, es admisible, porque es un delito de resultado.
CAPITULO V.TRÁFICOO DE INFLUENCIAS
ARTÍCULO 411. TRÁFICO DE INFLUENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO. El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de 285 conocer, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. Parágrafo. [Adicionado por el artículo 134 de la Ley 1474 de 2011] Los miembros de corporaciones públicas no incurrirán en este delito cuando intervengan ante servidor público o entidad estatal en favor de la comunidad o región.
Llamado como ¨venta de humo¨
Conducta, utilizar indebidamente en provecho propio o de un tercero, es en utilizar influencias reales.
Sujeto activo, servidor público, (se protege un deber genérico de fidelidad), el intraneus.
Sujeto pasivo, el Estado.
Objeto jurídico y antijuridicidad material, es la administración pública.
Objeto material, el otro servidor público, real o por asimilación.
Conducta, utilizar indebidamente las influencias del cargo, debe tener relación con el cargo o la función, y no por cuestiones personales. No hay que esperar que se prometa (que es el agotamiento del delito), sino sólo en el acto, no se necesita de ese elemento subjetivo.
Tipo subjetivo y error de tipo, dolo, tiene el elemento subjetivo con el fin de obtener cualquier beneficio. No es posible el dolo eventual o culpa, por lo que quedaría excluido debido al elemento subjetivo del tipo, ya que el elemento cognoscitivo tiene mayor valor que el volitivo que es propio del dolo directo, por ello es casi imposible concebir un error de tipo.
Autoría y participación, es posible la coautoría de servidores públicos, la complicidad se puede dar por parte de un servidor público o de un particular. En estos delitos es muy difícil la autoría mediata y la determinación, porque es muy difícil influir a otro.
Tentativa, no es admisible, pues se consume el acto en un solo (es unisubsistente).
Concurso, sería aparente, al presentarse un cohecho, prevaricato…
Causales de justificación, se admitirán.
Culpabilidad y error de prohibición, basta con la conciencia actualizable de lo injusto del acto.
ARTÍCULO 411-A. TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE PARTICULAR. El particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, con el fin de obtener cualquier beneficio económico, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Síguese la misma lógica del artículo anterior. Pero variando que el sujeto activo es el particular y no el servidor público.
CAPITULO VI. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
ARTÍCULO 412. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. El servidor público, o quien haya desempeñado funciones públicas, que durante su vinculación con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, incurrirá, siempre que la conducta no constituya otro delito, en prisión de nueve (9) a quince (15) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses.
Si en el proceso no se demuestra esa relación entre actividad funcional e incremento, mal puede hablarse del delito de enriquecimiento ilícito, porque el enriquecimiento puede que aparentemente sea injustificado o ilícito, pero en la realidad puede ser el fruto de una donación, de una lotería, del regalo de un amante y de muchas otras causas que excluyen al delito.  El legislador estructura este delito siempre que la conducta no constituya otro, se trata de una norma residual, necesita hacer el juez la exclusión de todas las variantes posibles.  En realidad queda muy difícil demostrar que en los dos años siguientes después que se configure el delito.
Sujeto activo, el servidor público
Sujeto pasivo, el Estado.
Objeto jurídico y antijuridicidad material, administración pública, protegiendo el instituto personal.
Conducta, obtener para sí o para otro, un incremento patrimonial no justificado.
Elemento normativo, no justificado.
Tipo subjetivo y error de tipo, dolo, dolo el directo. Es inconcebible un error de tipo, absolutamente.
Tentativa, no habría. Pero si el funcionario recibe dinero durante el cargo o los dos años siguientes, se trata de un delito permanente. Hay que recordar que es de carácter subsidiario, por lo que se imputa cuando no son acreditados los otros tipos.
Autoría y participación, no es posible la coautoría y autoría mediata y determinación. Solo autoría. Porque se necesita demostrar la distribución trabajo, la causalidad, y para llegar a eso, primero se llega a otros delitos como el de la concusión, cohecho, peculado. Recordando que este tipo es subsidiario.
Concurso, es subsidiario, sólo se aplica en medida que la conducta no constituya otro delito.
Causal de justificación, sólo sería posible en principio un estado de necesidad.
Culpabilidad y error de prohibición, se requiere tener conciencia eventual de lo injusto y que resulte exigible otra conducta, resulta impensable que la persona desconozca que su acto es antijurídico. Es casi imposible el miedo insuperable o la coacción ajena.
CAPITULO VII. PREVARICATO
ARTÍCULO 413. PREVARICATO POR ACCIÓN. El servidor público que profiera resolución, dictamen o 286 concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses
La conducta está en que se profiera resolución, dictamen o concepto con los cuales quedan cobijados los funcionarios de la rama judicial, por lo que no es solo de los jueces, estos deben ser manifiestamente contrario a la ley, sea ilegal en el fondo y no en la forma, el prevaricato por acción, queda subsumido el delito de abuso de función pública.
Sujeto activo, el servidor público
Sujeto pasivo, el Estado.
Objeto jurídico y antijuridicidad material, la administración pública.
Conducta, conceptuar ilegalmente, proferir dictamen o resolución ilegal.
Objetos materiales y elementos normativos, resolución, dictamen y concepto. Como otro elemento normativo está: manifiestamente contrario a la ley. Significa esto último que tiene que ser ostensible, abierta o no solo que sea contrario a la Ley.
Tipo subjetivo y error de tipo, dolo, el dolo eventual es admisible. Por lo que es un delito de resultado es más fácil acceder, lo deja a su probabilidad, a pesar que sabe que pueda ser injusta o no, los resultados son otros. Además no se plantea ningún elemento subjetivo como para negarlo.
Tentativa, admite, muy remotamente, se trata de un delito perfecto, como cuando quien prepara, proyecta o pretende dictaminar o conceptuar elabora un acto administrativo o jurisdiccional pero, por cualquier motivo, es descubierto antes que sea cometido.
Autoría y participación, solo el servidor público puede ser autor. Habrá coautoría solo en la decisión colegiada, puede haber autoría mediata, no es imposible pero difícil la complicidad.
Concurso, aparente, no, sino un falso concurso, entre el abuso de autoridad (subsidiario) y prevaricato.
Comisión por omisión, se admite en la jurisprudencia española. Y está ligado al silencio administrativo.
Causales de justificación, es difícil, solo se daría escasamente por cuestiones económicas, como estado de necesidad.
Culpabilidad y error de prohibición, mutatis mutandi del delito de peculado, especialmente el de apropiación. El dolo directo tiene que ver con la conciencia actual de lo injusto.
ARTÍCULO 414. PREVARICATO POR OMISIÓN. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
Se diferencia de la anterior porque ahora el servidor público no realiza lo que tiene el deber o la obligación de realizar o lo hace inoportunamente. Es cuando el funcionario falta a ese deber y está atentando no solo contra la buena marcha sino también con la rectitud misma.
Agravación, cuando se adelanten en delitos como homicidio, tortura, desaparición forzada, secuestro extorsivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Etc… se agrava porque atenta de forma notoria contra la sociedad y la persona para evitar que se hagan más daño, por lo que debe sancionarse de manera inmediata.
Tipicidad, que sea servidor público, que el acto recaiga sobre él y que omita, retarde o deniegue. Como tenemos claro es de omisión, se castiga el no hacer, el resultado no importa aquí, porque es ajeno a los delitos de omisión. Aquí no cabe la culpa, ni se puede argüir negligencia, impericia o imprudencia, lo mismo que en el prevaricato por acción.
Tipo subjetivo, no tiene elementos subjetivos, doloso.
Tentativa, no es admisible, por no ser un delito con ausencia de resultado.
Error de tipo, puede haber sobre los elementos fácticos.
Determinación, es posible por parte de otro servidor público o particular que tenga incumbencia.
Concurso, aparente, se resuelve a través del principio de especialidad con la detención arbitraria o de prolongación indebida de la detención. Cuando se profiere resolución sin motivación o defectuosa no es prevaricato de acción sino de omisión.
CAPITULO VIII. DE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD Y OTRAS INFRACCIONES
Los delitos acá contemplados tiene una naturaleza subsidiaria, teniendo menor importancia que los enunciados anteriormente, pero que igualmente afectan el desarrollo de la administración pública.
Si lo comete un particular, el servidor corrupto tiene garantizada su impunidad, ya que sabe que el particular no lo va a denunciar
ARTÍCULO 416. ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO. El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediendose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
Cuando el servidor público toma para su provecho el computador que le han asignado para el cumplimiento de sus funciones, es un abuso de la función pública, pero se constituye como peculado. Solamente ante las conductas que no se enmarquen dentro de ninguno de los tipos anteriores, se puede hablar de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
Lo arbitrario y lo injusto tiene que verse materializado como consecuencia del cumplimiento de la función. Se dice que hay un ACTO ARBITRARIO, cuando este no tiene sustento legal alguno, y el acto será INJUSTO cuando va en contra de la justicia.
En caso de concurso entre este tipo y otro, hay que tener en cuenta el criterio de la especialidad, dando como resultado que se habrá de tipificar la conducta de acuerdo al tipo que sea más específico, en cuanto a su descripción.
Tiene una falta de técnica legislativa, la conducta consiste en cometer acto arbitrario e injusto o en excederse en el ejercicio de sus funciones, tal como lo hace el prevaricador, el concusionario, el que celebre indebidamente contratos etc… toda falla que no esté de acuerdo a las normas es arbitraria e injusta, esta forma no se tiene que buscar en los códigos penales, por eso es subsidiaria, por tanto abusar del cargo o de las funciones es algo que puede hacerse en forma grave o leve, como la pérdida del empleo o cargo público
Sujeto activo: servidor público
Sujeto pasivo: el estado
Objeto material: real si recae sobre una cosa, personal sobre una persona, y fenomenológico si recae sobre un acto jurídico.
Conducta: es de forma acumulativa no alternativa, ya que la sola arbitrariedad configura una falta disciplinaria, lo que desconoce la subsidiariedad del régimen penal, la jurisprudencia ha dicho que cuando se tiene tiempo de indagar personas y no se hace o definir una situación jurídica se incurre en abuso de autoridad.
Tipo subjetivo y error de tipo: si un sujeto se ciñe a las leyes, no tiene por qué actuar con dolo, entonces habrá atipicidad, hay decaimiento de la imputación subjetiva, cuando se trata de un actuar omisivo por falta de los deberes propios, por lo que se tipifica.
Concurso: muchos de los delitos contra la administración pública requieren de abuso de poder tal como el prevaricato, concusión, pero se aplicaría el principio de subsidiariedad para descartar el concurso, en cuanto si el prevaricato es arbitrario e ilegal, desaparecería esta norma y se aplicaría la principal es decir el prevaricato.
ARTÍCULO 417. ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN DE DENUNCIA. El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
La pena será de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses de prisión si la conducta punible que se omitiere denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular.
Este es un delito de omisión propia, porque existe el deber de denunciar por parte del servidor público. El legislador del 2000 pretendió que este deber fuese extendido hacia el particular, por esto, en el proyecto de ley se planteó la posibilidad de plantear este delito como uno que atentara contra la administración de justicia. La justificación que se le hallaba a esta pretensión era la de que todos los ciudadanos tenemos este deber por el hecho de ser miembro de la comunidad. Sin embargo, cuando se debatió el proyecto en el Congreso, lo que se decidió fue que el deber que era general, habría de cualificarse tratándose de los servidores públicos, atendiendo a la orientación del código de hacer más gravosas las sanciones por las acciones u omisiones que emprendan los servidores públicos en razón de su función. Entonces, como el legislador de 2000 tenía dos intenciones: extender el delito también a los particulares, y la de hacer más gravosa la sanción, lo que se terminó haciendo fue tipificar dos delitos: omisión de denuncia por servidor público, y la omisión de denuncia en particular, en donde se va a hacer referencia a la no denuncia de determinados delitos.
Los delitos a los cuales se hace referencia en este artículo son aquellos cuya investigación se deba adelantar oficiosamente, no se hace referencia a los querellables. O sea que si un servidor público se percata de un secuestro, y no lo notifica, incurrirá en el delito de omisión de denuncia; pero si de lo que se entera el servidor público es de una injuria, y no la notifica, no se estaría consumando la omisión de denuncia.

Al mismo tiempo, cuando la norma nos indica que el objeto material son los delitos que se deban adelantar oficiosamente, se está trayendo un ingrediente normativo jurídico penal, ya que son las mismas normas penales las que nos enseñan cuales son los delitos que se deben adelantar oficiosamente.
También hay que notar que lo que se pide es que el servidor público de cuenta a la autoridad, más no que formule denuncia, porque esta es un acto procesal, que exige el cumplimiento de unos determinados requisitos ante determinadas autoridades.
En el inciso segundo del articulo 417 se traen un agravante, que es cuando la omisión recaiga sobre alguno o algunos de los delitos que constituyen el delito de omisión por particular (artículo 441): genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario o de las conductas de proxenetismo cuando el sujeto pasivo sea un menor de doce años.
Cuya investigación es oficiosa, se trata de los casos que se conozcan no de cualquier manera sino de lo que se hubiese enterado en ejercicio de su cargo o función, basta que el servidor público tenga conocimiento de la comisión de una conducta que pueda ser delito y se deba investigar de oficio.
Sujeto activo: servidor público y se requiere además que tenga conocimiento de la comisión de un delito cuya investigación sea de oficio.
Sujeto pasivo: el estado
Objeto jurídico y antijuridicidad material: administración pública, pero especialmente la administración de justicia
Objeto material: fenomenológico
Aquí se sanciona una serie de conducta que afecta la función pública ,en efecto, en reuniones, o leyendo el periódico obligaría a los servidores públicos estar denunciando por todo, ese no es el alcance que le quiere dar precisamente el código penal, sería inaplicable y no tendría suficiente tiempo para denunciar las comisiones, el conocimiento no supone la totalidad de los elementos del delito, basta que sea que corresponden a un tipo penal, no se puede con la contravención, tampoco los de querella solo los de oficio, se trata como si fuese una omisión de no hacer algo,
Tentativa: no es admisible, puede ser escrita o verbal ante el competente, a nadie se le puede exigir lo imposible hasta donde puede denunciar. Se sigue de las mismas reglas del prevaricato por omisión, no se puede denunciar a cónyuge, familiares hasta el cuarto grado… o los secretos profesionales, se presentará como atipicidad el legítimo ejercicio de un derecho.
Tipo subjetivo y error de tipo: consiste en saber que se está ante un delito de investigación oficiosa. , pero lo esencial es que el agente se abstenga de producir el acto esperado a pesar de saberse obligado, el error de tipo será atípico
Concurso aparente: con el encubrimiento (favorecimiento), que se resolvería con este último.
La pena consiste en la pérdida de empleo, tendría mejor adecuación con un proceso disciplinario.
                                                    
ARTÍCULO 418. ABUSO DE AUTORIDAD POR REVELACIÓN DE SECRETO. Él servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión, multa de veinte (20) a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
Se trata de indebidamente revelar noticia o documento, ese objeto material puede ser circunstancial o de un superior, esta puede ser verbal o escrita y ver de qué forma el número de individuos que obtienen ese conocimiento.
Sujeto activo: servidor público
Sujeto pasivo: el estado
Objeto jurídico: sufre mengua la administración pública deformación del instituto jurídico
Objeto material: documento o la noticia, ya que es el escrito, fenomenológico, el documento como tal no interesa el soporte material que lo contiene sino el contenido de este. El interés debe ser público no privado porque si lo fuese serio otro tipo, por lo que debe permanecer en secreto y además que haya sido manejado en forma indebida.
Según GÓMEZ PAVAJEAU que una simple orden del superior jerárquico no puede darle el carácter de indebido a la divulgación de un documento o noticia, puede ser revelando el documento a alguien en particular o a un grupo de periodistas, filtración, mediante escrito firmado o anónimo, como las piezas o noticias que reconstruyen el hecho delictuoso, las pruebas, pero no las resoluciones judiciales
Es un tipo de peligro, cuando surge el perjuicio varía la pena, que puede ser para la administración o para un tercero.
Concurso: si el servidor público ha recibido dinero habrá concurso este con cohecho.
Error de tipo y tipo subjetivo lo mismo que las reglas de abuso
ARTÍCULO 419. UTILIZACIÓN DE ASUNTO SOMETIDO A SECRETO O RESERVA. El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor.
Tiene que existir un aprovechamiento y no meramente un propósito de aprovechamiento, el objeto material está representado por el descubrimiento científico, información o dato, pero se repite que debe ser en provecho propio o ajeno y además se exige la relación funcional que no se exige en el anterior, mas no el perjuicio en este, no siempre que existe un perjuicio tiene que existir una aprovechamiento. , de todos modos es subsidiario y el juez tiene que ver si no hay otro delito de mayor pena, este descubrimiento, dato o información debe permanecer en reserva para que se configure, con diferencia en el anterior que esta reserva la tiene el sujeto activo, ya que es el garante de la reserva, y aquí se predica del dato mismo no del sujeto.
Entonces no es la simple divulgación del objeto material sino el provecho que busca el agente o para un tercero.
Sujetos: lo mismo que en el pasado.
Objeto material: fenomenológico: descubrimiento científico o dato, es necesario que este dato haya llegado a conocimiento del agente en razón de sus funciones, lo que se sanción es el aprovecharse del cargo con fines particulares.
Conducta: el provecho no solo es económico también puede ser de otra índole.
Concurso: tipo subsidiario, puede concursar con el espionaje.
ARTÍCULO 420. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA. El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
Estos tres tipos penales se refieren más o menos a lo mismo: la revelación o utilización en provecho propio de secretos. Así mismo, estos tipos se refieren al deber de fidelidad con la función, y, portando, lo que se va a examinar en estos tres tipos son distintos supuestos en los este deber se rompe.

El SOBRE LA REVELACIÓN DE SECRETO contiene un ingrediente normativo jurídico (documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva), o sea, en el cumplimiento de sus funciones, el servidor público debe saber que documentos o noticias son las que debe mantener en secreto. Esto tiene que ser así, porque, además de que así lo exige el tipo, el conocimiento de los hechos es un elemento constitutivo del dolo, que es la única modalidad que admite esta conducta.
La palabra “indebidamente” guarda relación con las circunstancias vigentes al momento en que revela el secreto.
En el inciso segundo del artículo 418, habla sobre una circunstancia de agravación punitiva: la causación de perjuicio. Este perjuicio puede ser causado a cualquier persona (natural o jurídica), demostrando además la relación de causalidad entre la revelación de la información por parte del servidor público y el mencionado perjuicio.
En la UTILIZACIÓN DE ASUNTO SOMETIDO A SECRETO O RESERVA, se aprecia un ingrediente que acompaña la conducta del sujeto agente: el provecho propio o de un tercero. Por ejemplo si usted, como miembro de una junta directiva, supo que a partir de mañana las tasas de interés van a  bajar dos puntos. Entonces hoy toma todas las previsiones para liquidar los CDT que tiene constituidos, porque sabe que a partir de mañana bajan los intereses y por lo tanto el reconocimiento va a ser menor a lo que hoy se estaba percibiendo.
Hay que notar como estos dos tipos penales se podrían contener en uno solo, porque lo que hace el segundo es generar una circunstancia adicional que podría tenerse como un agravante de la revelación de secreto.
El tercer tipo penal habla de la UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA. Como ya se dijo, este guarda relación con los dos tipos anteriores, pero se diferencia de los mismos porque si bien se habla igualmente de un servidor público, este es cualificado porque tiene que ser empleado, directivo o miembro de una junta directiva o de un órgano de administración de cualquier entidad pública.
La razón para la tipificación de esta conducta fue que, como ya se mencionó, son servidores públicos también los particulares que hagan parte de las juntas directivas de las juntas directivas, o sea que si yo soy un particular, pero el Presidente de la República me designa como su representante ante la junta directiva de ECOPETROL, para los efectos que cumplo como miembro de la junta directiva de dicha entidad, soy servidor público. La norma se tipificó de esta manera porque cuando se tipificó en el código del 80, no había claridad sobre la calidad que ostentaba el particular en el caso acabado de referir. Como ya hoy existe esta claridad, la disposición del 420 sobra, porque el desvalor de acción puede quedar subsumido en las dos conductas anteriores (revelación de secreto y utilización de asunto sometido a secreto o reserva). O sea que las tres conductas habrían podido quedar en una sola disposición, empezando con el 418, que sería la descripción general, y continuando con las otras dos, que se tratarán como agravantes.
Es un agente delictivo doblemente calificado, se refiere a servidores públicos y además de alta dirección manejo o confianza, la cuestión está en hacer uso indebido, es un tipo abierto inseguro que va en contra del principio de legalidad, no tiene que ser de conocimiento público, el elemento subjetivo es el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, desde el punto de vista probatorio es difícil la demostración, esta disposición puede ponerse como ejemplo de una mala técnica legislativa.
Así cuando la conducta es realizada por el servidor público afecta la administración pública y cuándo lo hace un particular (defraudaciones) el patrimonio económico.
Sujeto activo: cualificado
Sujeto pasivo: el estado
Objeto material: fenomenológico, privilegiada esta información, por la mera desobediencia, no se puede incluir por virtud de una autorización constitucional o legal como lo es el derecho de petición, sólo puede tenerse comprendía aquella información que potencie desigualdad con los demás ciudadanos, generando injustas ventajas a favor del funcionario que por razón de su cargo ha tenido acceso a ella.
La antijuridicidad  material: está dado por la deformación del injusto jurídico
Conducta y elemento normativo: si el sujeto agente tiene conocimiento de la información por fuera de sus funciones, no incurrirá en el tipo penal, en el evento de usar indebidamente de la misma, el uso indebido debe producirse además
Tipo subjetivo y error de tipo: obrar con él con fin de obtener provecho para sí o para un tercero, ya sea económico, persona, profesional, gremial. Etc… en cuanto al dolo se ha de ser consciente de la confidencialidad de la información y de la obligación legal de no difundir.
ARTÍCULO 421. ASESORAMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES ILEGALES. El servidor público que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial, administrativo o policivo, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Si el responsable fuere servidor de la rama judicial o del Ministerio Público la pena será de prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
Como ya se mencionó, esta era considerada como una modalidad de prevaricato, que se transformó para el código actual, en un abuso de autoridad.

Se entiende que el servidor público ingresa a la administración pública a cumplir con las funciones inherentes a ese cargo. Ello lo hace de tiempo completo: usted es servidor, y por tanto tiene que hacer a un lado los asuntos de del particular o profesionales, que pudiera estar atendiendo antes de haber ingresado a la administración pública. O sea que tendré que renunciar a todos los poderes de representación que yo tengo como abogado, porque resultaría ilógico que yo por la mañana vaya a un juzgado como litigante y por la tarde vuelva al mismo juzgado, como juez. Sobre esto mismo hay que notar como la Constitución contiene la prohibición para los congresistas. Antes de la Carta del 91 estos servidores públicos podrán ejercer su profesión, pero ahora necesitan de dedicación exclusiva para el cumplimiento de su función legisladora. Igualmente ocurre con los miembros de la junta directiva del Banco de la República, quienes antes de la mencionada Carta, hacían parte de una junta asesora, lo cual nada les impedía desempeñarse en los ramos correspondientes a sus profesiones.
La palabra “ilegalmente” sencillamente significa que se está contrariando la Ley.

El asesoramiento es aconsejar o recomendar, para lo cual no se necesita que exista o medie un poder.

Es doblemente calificado, ya que tiene que ver con la profesión, pero no es cierto que deba ser abogado, incluso, podía variar la calificación, la representación, el litigio, la gestión o el asesoramiento aunque no sea abogado, por ejemplo si es un servidor público, un médico que desempeña el cargo de alcalde y es cono conocedor de la administración, puede asesora a un amigo, entonces por lo que no es cierto que tenga que ser un abogado, hay casos en que se da un asesoramiento sin interés alguno, y se toma como arbitrario e injusto, por lo que casos han sucedido en donde funcionarios han sido juzgados por esas actuaciones desprovistas en realidad de culpabilidad.
Sujetos: los mismo que los señalados anteriormente
Objeto material: desvió de la función pública.
Conducta y elemento normativo: representar, litigar, gestionar, asesora (todos los verbos rectores están ligados con el ejercicio de la profesión del abogado, la acción sólo es punible en la medida en que se realice en forma indebida.
Tipo subjetivo y error tipo según lo dicho anteriormente.
ARTÍCULO 422. ABUSO DE AUTORIDAD POR INTERVENCIÓN EN POLÍTICA. El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los miembros de las corporaciones públicas de elección popular.
Esta norma sufrió una modificación en la redacción respecto al tipo del año 80, porque en el código de ese año también se apreciaba un sujeto activo cualificado, pero simplemente se hacía referencia a servidor público que hacía parte de directorios, juntas, que utilice su poder para favorecer o perjudicar.  Según esta redacción, el tipo era mucho más amplio: podía ser sujeto activo todo servidor público: desde el portero del edificio del ministerio, pasando por la secretaria, la asistente, llegando al viceministro y terminando en el ministro. El código nuevo limita el sujeto activo a aquellos servidores públicos que ejerzan jurisdicción (fiscales y jueces), autoridad civil (los representantes de los entes territoriales, o sea, las personas que conforman el gobierno municipal, departamental, o nacional –lo conforman el presidente y sus ministros, los jefes de departamentos, y los superintendentes-), o política, cargo o dirección administrativa (como el jefe de personal, o el jefe de transportes de una entidad), o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control (el secretario de la Procuraduría, o el de la Corte Suprema), o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político.
Doble cualificación, ya que tiene que ser servidor público y además ejercer autoridad civil o política, o utilice su poder para favorecer o perjudicar a un candidato partido o movimiento político, el servidor público no puede realizar actividades incompatibles con lo que son inherentes a su funcionalidad, no puede perjudicar ni favorecer a ninguna persona, esta norma es un rey de burlas, viola el principio de ultima ratio y debe ser considerado falta disciplinaria.
Sujeto activo: aquellas personas que ejercen jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa o desempeñan cargo de dirección administrativa o se desempeñan en el órgano judicial, electoral o de control, es sujeto calificado especialísimo
Sujeto pasivo: el Estado
Objeto material: fenomenológico, a la utilización indebida del poder y la función.
Conducta: es alternativo, hacer o utilizar , en este caso es indispensable que el agente sepa de su inclusión en uno de esos organismo y acepte que su nombre figure en ellos, no es necesario que actué de manera efectiva, también que muestre lo arbitrario del comportamiento, por el favorecer unos y perjudicar a otros. , también admite la modalidad omisivo, cuando no se gestiona a tiempo, por parte de un alcalde, una solicitud de permiso para una manifestación pública de un contradictor político.
Tipo subjetivo: el elemento subjetivo es la utilización indebida del poder.
Concurso aparente: cuando se ordena una ilegal captura para perjudicar quien se encuentra una manifestación pública, se estará frente una detención ilegal o un prevaricato
ARTÍCULO 423. EMPLEO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA. El servidor público que obtenga el concurso de la fuerza pública o emplee la que tenga a su disposición para consumar acto arbitrario o injusto, o para impedir o estorbar el cumplimiento de orden legítima de otra autoridad, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses, multa trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
El ejemplo del acto arbitrario o injusto es: yo tengo unos policías para garantizar mi seguridad, y quiero salir con Alejandra, entonces pongo los policías en la portería del conjunto de David, para que él no nos vaya a estorbar. El ejemplo de impedir o estorbar el cumplimiento de orden legítima de otra autoridad es: cuando yo, alcalde, veo que van a realizar una inspección judicial en un terreno que es suyo, entonces lo que yo hago es enviar a la policía para evitar el adelantamiento de la diligencia.
Hay que notar como la fuerza pública sirve a manera de instrumento o herramienta para el adelantamiento del acto arbitrario o injusto.
Obtiene el concurso de la fuerza pública o emplea la que tiene a su disposición, sería el caso del secretario de hacienda que abusando de su condición de tal, emplee la fuerza para impedir que se realice un embargo en su casa de habitación, GÓMEZ MÉNDEZ cree que es posible la tentativa si el agente obtiene el concurso de la fuerza pública pero no se consuma el acto arbitrario e injusto, pero para CANCINO no, ya que se perfecciona con la primera parte del comportamiento delictual.
Puede suceder con el gobernador o alcalde como jefes de policía solicitan la colaboración de la fuerza pública, se requiere de un ingrediente subjetivo que es el concurso de la fuerza pública debe obtenerse bien para consumar acto arbitrario o injusto o para impedir o estorbar el cumplimiento de orden legítima de otra autoridad.
Es concebible tentativa, si el agente obtiene concurso de la fuerza pública pero no se consuma el acto arbitrario o injusto.  Este tipo debía configurarse como agravante del tipo básico, abuso de autoridad, más como tipo.
ARTÍCULO 424. OMISIÓN DE APOYO. El agente de la fuerza pública que rehuse o demore indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente, en la forma establecida por la ley, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
Como es obvio este es un delito de omisión propia.
Es una renuencia, ya sea negándolo, demorándolo o retardándolo, cualquiera de esto debe ser indebido, que es un elemento normativo de contenido jurídico, sujeto que debe ser de la fuerza pública.
Es una modalidad de prevaricato por omisión.
Sujeto activo: el agente de la fuerza pública (en el momento de la omisión tenía que tener la capacidad de prestar el apoyo, a nadie se le puede obligar a lo imposible).
Sujeto pasivo: el estado
Situación típica: solicitud de apoyo, por escrito o verbal de autoridad competente.
Conducta y elemento normativo: consiste en rehusar o demorar, debe ser indebida, debe ser solicitado por autoridad competente, no todo servidor público puede solicitar el concurso de la fuerza pública, puede ser gobernador, alcalde o juez, y el apoyo debe ser solicitado en la forma establecida en la ley en sentido material, decreto, resolución…
Concurso aparente: parece el prevaricato por omisión, pero es cuando se trata de apoyo material, no de forma jurídica.
Causales justificación: igual que los de delito de omisión.
CAPITULO IX. DE LA USURPACIÓN Y ABUSO DE FUNCIONES PÚBLICAS
La función pública sólo puede ser ejercida por los agentes de la administración formalmente vinculados a ella por los particulares a quienes legal y en debida forma se les ha discernido una función pública
ARTÍCULO 425. USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS. El particular que sin autorización legal ejerza funciones públicas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses.
Usurpar es tomar la posición de otro, para el caso, sin autorización legal.
No basta la simulación de ser un servidor público determinado, sino que es preciso que efectivamente ejerza funciones, como los sujetos que se dediquen a reemplazar a los policías de tránsito, pero cuando se trata de indigencias que por lo general reciben pequeñas sumas por su servicio y hablamos aquí de inocuidad de la conducta., hay agravación cuando se haga con fines terroristas, el quid está en que se usurpe estas funciones públicas sin autorización legal, ejemplo los árbitros son particulares que están facultados para administrar justicia.
Sujeto activo: el particular, que no tiene vínculo con la administración. El funcionario de hecho, es decir quien ha sido irregularmente nombrado (por falta de requisitos legales y constitucionales) no puede ser considerado como particular,  puede ser sujeto activo, si habiendo sido servidor público, se le ha notificado su desvinculación definitiva del servicio. El agente de este delito puede ser cualquier persona sea o no funcionario público, cuando se sale de sus funciones propias y se arroga alguna que no le corresponde.
Sujeto pasivo: el Estado.
Objeto jurídico: administración pública, afectación externa del bien jurídico.
Objeto material y elemento normativo: fenomenológico y apunta a la función pública
Conducta: ejercer funciones públicas, en el caso del particular actúa como si fuera servidor público en ejercicio de sus funciones
Tentativa, si admite, por ser delito de resultado, ingrediente normativo sin autorización legal
Tipo subjetivo y error de tipo: se tiene que conocer que se está realizando una función que no se tiene, quien es particular sin investidura no puede arrogarse una función que no se le ha dado, si actúa, es porque quiere realizar el tipo. Difícilmente se admite el error de tipo, como el caso del servidor público que se le declare insubsistente y continua sin saberlo, cumpliendo una comisión fuera de su sede de trabajo sin enterarse de ello, o prácticamente incomunicado, le sobreviene el vencimiento del cargo
Concurso de tipo: puede concurrir en forma efectiva con la estafa, cuando hace creer que es agente del estado y que ejerce una función pública, y logra que la persona le entregue objetos o documentos de contenido patrimonial, habrá concurso aparente cuando se apropie de bienes ajenos, con el hurto
Culpabilidad y error de prohibición: tiene conciencia actual de lo injusto, no resulta compatible el dolo eventual, muy difícil pero puede pasar cuando el funcionario no interpreta bien una norma y se extralimita.
ARTÍCULO 426. SIMULACIÓN DE INVESTIDURA O CARGO. El que únicamente simulare investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza pública, incurrirá en multa. Modificado por la ley 1453 de 2011, el que simulare investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza pública, incurrirá en prisión de 2 a 4 años y en multa de 3 a 15 SMLMV, en la misma pena incurrirá el que con fines ilícitos porte o utilice uniformes o distintivos de una persona jurídica, la pena se duplicará si la conducta se realiza con fines terroristas o cuando se participe en grupos de delincuencia organizada.
Acá no se está induciendo en error a nadie, ni tampoco se le está estafando porque esa conducta será constitutiva de una circunstancia de agravación del delito de estafa.
Igualmente es usurpador lo cual no ejerce la función o el cargo, sino que únicamente engaña a terceros fingiendo ser servidor público o miembro de la fuerza pública.
Sujeto activo: indeterminado, puede ser un particular o un servidor público siempre y cuando no ejerza función sino que se limite a simular, el cargo o la investidura que realmente tiene.
Sujeto pasivo: el estado
Objeto jurídico y antijuridicidad material: administración pública y deformación del instituto personal
Objeto material: fenomenológico del cargo público o la función que simulare,
Elemento normativo: es cargo público y función pública.
Conducta: fingir, que es pasar por alguien. Y simular investidura, en caso de quien se presente como ministro, gobernador, alcalde, por el solo del placer de disfrutar atenciones, recordemos el caso del embajador de la India
Tipo subjetivo y error de tipo: dolo directo, es u delito medio, difícil el error de tipo.
Concurso: con el de estafa,  si se ha utilizado como medio para llegar a esta, por o que este delito que hablamos se configura con la sola simulación  o cargo, pero si obtiene provecho económico estaríamos hablando de concurso, si utiliza como medio engañoso. , sino simula para obtener un provecho indebido, sería una causal de inimputabilidad, quien cree que es sargento todavía.
Causales de justificación, estado de necesidad, por razones económicas, o legítima defensa.
Culpabilidad y error de prohibición: conciencia actual de lo injusto, actualizable o eventual de la antijuridicidad, insuperable coacción ajena dado a la violencia.
Cuando se realice con fines terroristas hay agravación, ya que este es un delito de medio, y puede llegar a delitos como el terrorismo.
ARTÍCULO 427. CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. (Usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas) Las penas señaladas en los anteriores artículos serán de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses cuando la conducta se realice con fines terroristas.
Acá está el ejemplo de la persona que quiere realizar acciones terroristas, en un lugar fuertemente custodiado, y lo que hace para lograr evadir los controles de vigilancia, o al menos morigerarlos, es la simulación.
ARTÍCULO 428. ABUSO DE FUNCIÓN PÚBLICA. El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
Este es el tipo que terminan haciendo cargo de funciones que no le corresponden a él, o sea, el servidor público se inmiscuye en órbitas que no le corresponden. Por ejemplo, si Pineda termina cumpliendo las funciones que se le han asignado a Sereno, sin que esté autorizado para hacerlo.
Acá nos encontramos con un ingrediente normativo jurídico extrapenal: “(…) diversas a las que legalmente le correspondan”.
La diferencia entre este delito y el de prevaricato por acción radica en que en este a usted le está asignada la función, y atendiendo al cumplimiento de la misma, profiere decisión manifiestamente contraria a la ley. En cambio, en este delito usted no tiene asignada la función. En consecuencia, si usted toma una función que no le es asignada y profiere una decisión que es manifiestamente contraria a la ley, no incurre en prevaricato por acción, sino en abuso de función pública.
Cuando el servidor público desempeña funciones diferentes de las que corresponden, como el que capta dinero y los invierte sin tener esa función, permite realizar cosas que no le corresponde, siempre tendrá concurso con otros, es muy difícil que se dé independientemente de todos modos este es un delito que tenía que  ser tomado por el régimen disciplinario.
Sujeto activo: servidor público
Sujeto pasivo: estado
Objeto jurídico: administración pública, evitando el desorden y la irresponsabilidad por tanto garantiza el cumplimiento del inciso 1 del art. 122 con armonía con el art 6 CN, deben realizar competencias tales que dice directamente el OJ, las que confiere un órgano medio o inferior, el que ejerce precisamente por el órgano desconcentrado y no por otro.
Objeto material y elemento normativo: fenomenológico, pues la conducta recae sobre la función arrojada.
Conducta y elemento normativo: función diversa de la que legalmente le corresponde, mirar si el servidor público excedió o no sus facultades jurídicas
Tipo subjetivo y error de tipo: cuando sepa que está ejerciendo una función que no está facultado, cuando recae sobre un ingrediente normativo hay error de tipo, se cree que puede haber dolo eventual con los mismos derroteros que el de prevaricato
Autoría y participación: lo mismo que el de prevaricato.
Concurso de delito: concurso aparente con abuso  de autoridad arbitrario e injusto, lo cual se arreglaría con abuso de función pública, ya que el abuso de autoridad es subsidiaria, si el acto ilegalmente ejecutado no está dentro de la órbita de la competencia del servidor pública, se tipifica este y no el prevaricato, como cuando el alcalde no tiene competencia para la detención. Por lo que la cuestión no es de competencia, sino la oposición manifiesta en contra de la ley, como el caso del secretario judicial que decide calificar el mérito del sumario sin tener competencia para ello, surgiría el prevaricato. En estos casos el prevaricato por acción por su mayor comprensión descriptiva, consume el grado de injusto del abuso de función pública.
Causales de justificación: difícil pero se piensa lo mismo que para el prevaricato, lo mismo que para el error de prohibición.
CAPITULO X. DE LOS DELITOS CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Este título trata aquellas conductas que tienen un objeto material personal: el servidor público, sobre quien se cometerá el delito, en razón a su calidad.
El objetivo de esta protección es que la función pública se ejerza no sólo dentro de los marcos legales sino libres de toda presión, el quid está en proteger contra la agresión de los particulares, libertad del funcionario, y de modo mediato,
ARTÍCULO 429. VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, modificado por la ley 1453 de 2011, art. 43
Este tipo contiene un ingrediente subjetivo: hacer que el servidor público ejecute u omita algún acto propio de sus funciones, o que cometa uno distinto a sus deberes oficiales.
Para la consumación del delito basta con que se suministre la violencia, con la intención de que el servidor público ejecute u omita algún acto propio de sus funciones, o que cometa uno distinto a sus deberes oficiales, lo cual denota la existencia de un ingrediente subjetivo dentro del tipo.
La violencia puede ser física o moral, pero no siempre se comete el delito cuando se golpea, ya que puede ser por cuestiones personales, se configuraría otro delito, no es necesario se logre el propósito buscado para que el hecho se tipifique, el delito se consuma cuando se ejerce la violencia con la finalidad indicada, aun cuando no se logre.
Sujeto activo: indeterminado, particular o servidor público
Sujeto pasivo: estado, administración pública  y autonomía de la libertad del funcionario.
Objeto material: personal, sobre el que recae la violencia
Conducta: ejercer violencia física o moral,, puede darse directamente con el servidor o con un allegado del agente de la administración.
Tipo subjetivo y error de tipo: obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo contrario a sus deberes oficiales, ejecutar un acto indebido, se afecta la libertad del agente, si la violencia se ejerce de modo distinto no se  tipifica
El delito se consuma cuando ejerce la violencia, aun cuando no se logre, la tentativa se constituye ya en un tipo consumado, sólo cabe dolo directo, se excluye el dolo eventual, por lo que tiene que ser conocido con un fin y también los medios.
Concurso aparente: si la violencia ejercido constituye otro delito como lesiones u homicidio entonces habría concurso formal  y habría que aplicar al delito más grave aumentada en una tercer parte, habría aparente con el constreñimiento ilegal, la diferencia estriba en el sujeto, el ingrediente subjetivo que no existe en el constreñimiento, y bien jurídico, bajo el principio de especialidad se resolvería violencia contra el servidor, en esta hipótesis si la violencia contra el servidor público es ejercida mediante amenazas (violencia moral), la disposición que se aplicaría sería la descrita anteriormente y cuando tenga relación con el cargo o las funciones.
ARTÍCULO 430. PERTURBACIÓN DE ACTOS OFICIALES. El que simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma, o valiéndose de cualquier otra maniobra engañosa, trate de impedir o perturbar la reunión o el ejercicio de las funciones de las corporaciones o autoridades legislativas, jurisdiccionales o administrativas, o de cualquier otra autoridad pública, o pretenda influir en sus decisiones o deliberaciones, incurrirá en prisión de cuatro años y en multa. El que realice la conducta anterior por medio de violencia incurrirá en prisión de cuatro a ocho años.
Este es un tipo supremamente abierto, que pretende que no exista la posibilidad de incurrir en las deliberaciones de los diferentes entes de las ramas del poder público. O sea, a través de este delito se estaría entorpeciendo el libre desarrollo de las deliberaciones ya mencionadas.
La segunda conducta (pretender influir en decisiones o deliberaciones) recae sobre la garantía que deben tener los órganos administrativos, legislativos, y judiciales para que cumplan a cabalidad su función.
Implica un intento y no un resultado, cuando el sujeto trata de perturbar una reunión o el ejercicio de sus funciones, cuando se impide una reunión se impide el ejercicio de sus funciones, la conducta no es de resultado sino de propósito, la actividad puede ser legislativa o administrativa o jurisdiccional, que se valga de cualquier modo engañoso. Es un tipo impreciso.
Sujeto activo: particular o servidor público, puede ser realizada por una o varias personas
Sujeto pasivo: estado
Objeto jurídico: se trata de una afectación externa del bien jurídico.
Objeto material: fenomenológico, recae sobre la función pública legítima
Conducta: tratar de impedir o perturbar reunión, pretender influir, será sancionado solo la intención, impropiamente es una sanción por tentativa, es impedir que algo ocurra y perturbar es poner trabas o dificultades, los dos verbos se pueden referir a la reunión misma o al ejercicio mismo de las funciones públicas. , las circunstancias de modo son las nutren de ilicitud el comportamiento, simulación de autoridad, la invocación falsa, cualquier medio engañoso, en fin en un engaño. Por naturaleza misas no es concebible la tentativa
Tipo subjetivo y error de tipo: conocer que se está impidiendo o perturbando la reunión o funcionamiento, que se incluyen en sus decisiones o deliberaciones, el dolo eventual es posible si llevan  sin conocer la efectiva realización de la conducta censurada pero aceptando sin que ello sirva para detenerse, que probablemente se va impedir o perturbar la reunión o el funcionamiento de autoridad pública, influir en las deliberaciones o decisiones si es conducta finalísimamente orientada que excluye el dolo eventual.
CAPITULO XI. DE LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN Y DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA
Este título es íntegramente nuevo. Acá se sancionan las conductas que tuvieran como sujetos activos a quienes hubiesen sido servidores públicos, y que al momento de ejecutar la acción ya no ostentan tal calidad.
Según GÓMEZ PAVAJEAU, este capítulo tiene como finalidad proteger la administración pública de actuaciones realizadas por personas que pese a no encontrarse vinculadas, tiene provecho ilícito o utilizan influencia o información derivada de la función pública.
ARTÍCULO 431. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, información obtenida en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa.
Este tipo constituye una forma de utilización indebida de información privilegiada, pero con un aditamento: el sujeto agente es un ex -servidor público. Este aditamento se hizo necesario luego de observar en la práctica que personas que ya no eran servidores públicos, podrán obtener ciertas ventajas, a través de la divulgación de información que obtuvieron como servidores públicos.
Esta semi-calificada por lo que es un particular que se desempeñó como servidor público durante un año inmediatamente anterior, si ya es de conocimiento público no pasa nada, lo que se protege es que el funcionario guarde lealtad que lo fue funcionalmente objeto de su conocimiento y tenga ese carácter de reserva
Se busca combatir una práctica de ex servidores, que dejan el cargo y se van a trabajar a otras partes donde se aprovechan de la información que resulta restringida por su propia naturaleza producto o posición que ostentaban, colocándose en ventaja frente a los demás ciudadanos
Sujeto activo: particular o servidor público, que ocupando otro cargo se desempeñó en el cargo que tiene la información, que no es de conocimiento público, o de un particular que ejercicio funciones públicas, (vínculo especial de sujeción).
Sujeto pasivo: estado
Objeto jurídico y antijuridicidad material: afectación interna y externa del BJ, buscar la protección de la administración pública y la guarda de la moralidad administrativa, igualdad ante la ley, imparcialidad y de transparencia de la función pública.
Objeto material: fenomenológico, información oficial obtenida en ejercicio de las funciones que no sea de conocimiento público
Elementos normativos: información oficial, obtenida en ejercicio de la función que desempeñó, información que no sea de dominio público, que sea apta para obtener un provecho propio o de un tercero, sea indebida en desventaja a colocar a quienes de alguna manera resultan competidores de quien desempeñó el cargo público.
Conducta: utilizar en provecho propio o de un tercero la información, no es utilidad económica precisamente, puede ser profesional, gremial y personal. La conducta está condicionada debe tener ocurrencia un año después de haber dejado el cargo
Tentativa: no admite, son actos preparatorios y se engloba los actos ejecutivos y consumativos, de manera que se consuma, aun así no se haya obtenido provecho propio  o para un tercero.
Tipo subjetivo y error de tipo: es dolosa, puede configurarse dolo eventual si dudándose del carácter restringido de la información, el sujeto sigue adelante cualquiera que sea el resultado jurídico de su conducta, a pesar de duda va para adelante con la infracción y se deja librada al azar, las demás categorías mutatis mutandi las figuras del prevaricato por acción.
ARTÍCULO 432. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función cumplida, con el fin de obtener ventajas en un trámite oficial, incurrirá en multa.
Sanciona a quien utiliza influencias que se derivan del cargo o de la función cumplida para obtener ventajas en trámites oficiales, Cancino afirma que si la norma hubiese dicho que las influencias derivadas del cargo o de la función pública deberían ser indebidas o ilegales podría tener razón de ser la disposición, pero realmente nos encontramos que se pude convertir en delito lo que realmente no debería serlo en forma alguna.
Sujetos: lo mismo que el tipo pasado
Objeto jurídico y antijuridicidad material: deformación del instituto funcional
Objeto material y elemento normativo: es la función pública legítima es fenomenológico
Conducta: utilizar influencias derivadas del ejercicio del cargo o función cumplida en el último año inmediatamente anterior
Tentativa: admite puesto que siendo un tipo penal con ingrediente subjetivo, el propósito perseguido determina una serie de actos que comienza con la ejecutivos, estoy proponiendo a mis antiguos compañeros de trabajo para que me ayuden en conseguir rápidamente una licencia, con el cual pondré en funcionamiento un negocio antes de decretarse una expropiación con el fin de obtener mayor indemnización pecuniaria, momento en el cual soy sorprendido sin llegar a cumplir la propuesta, pero para la consumación no se requiere más de la utilización, puesto que la materialización del elemento subjetivo no hace parte de la descripción típica, sino de lo que la doctrina ha llamado agotamiento del delito.
Tipo subjetivo y error de tipo: con el fin de obtener ventajas en un trámite oficial, las ventajas pueden ser de cualquier índole, especialmente económicas, es totalmente dolosa, el elemento subjetivo descarta cualquier posibilidad de admisión de dolo eventual, el error de tipo muy difícil para presentarse en todo caso lleva a la impunidad.
En lo demás se sigue las reglas del prevaricato.
ARTÍCULO 433. SOBORNO TRANSNACIONAL. Modificado por la ley 1474 de 2011, art. 30, el que dé u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que este realice, omita, o retarde cualquier acto relacionado con una transacción económica o comercial incurrirá en prisión de nueve a quince años y en multa de cien a doscientos SMLMV. Parágrafo: se considera servidor público extranjero, toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa de servicio público, también se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional. Se incorporó al ordenamiento interno a través de la ley 412 de 1997, en su artículo 6ª, ya que fue objeto del Tratado Interamericano de Lucha Contra la Corrupción.
De por sí la denominación del tipo es curiosa, teniendo en cuenta que en la legislación interna nacional el delito de soborno asume unas características que no son las que se ven reflejadas en este artículo: este es un cohecho de dar u ofrecer, cualificado, transnacional.
Acá también se presenta una solicitud, pero es efectuada por un particular, porque si fuese por un servidor público, nos hallaremos frente a un caso de concusión.
La necesidad de castigar este comportamiento, se dio gracias a que hacia la mitad de los 90 algunas firmas transnacionales (telefónicas) europeas, tenían previstos en sus presupuestos rubros destinados a sobornar a empleados (públicos) de esos países (los europeos), con la finalidad de obtener ciertos beneficios para sí mismas. Hay que tener presente que la aplicación de este tipo está garantizada a través del principio de reciprocidad.
Lo que se pretende lograr a través de este tipo es imponer una barrera transnacional, contra la corrupción. (Se trata este tipo de un cohecho por dar u ofrecer internacional).
Igualmente, el sujeto activo acá tiene una cualificación de derecho público: se dice que es nacional la persona nativa de un determinado país. También se incluye dentro del sujeto activo al extranjero que se encuentre residenciado en el país, y sobre esto hay que aclarar que se entiende que alguien está residenciado en el país, porque aquí es donde se desarrolla el flujo normal de sus actividades negociales.
No respeta en forma alguna el principio de legalidad y de certeza, la conducta no es de resultado, basta que se ofrezca a ese funcionario de otro estado dinero, objeto de valor pecuniario o utilidad para que éste realice u omita acto propio de sus funciones.
Sujeto activo: calificado, toda vez que tiene que ser nacional por sangre, nacimiento, o un extranjero con residencia habitual en el país y con empresas domiciliadas.
Sujeto pasivo: el estado, se resiente la comunidad internacional por actos de corrupción al interior de uno o varios miembros, causa descrédito en las relaciones bilaterales.
Objeto jurídico y antijuridicidad material: administración pública
Objeto material: personal, que es el servidor público del otro estado, es un elemento normativo de carácter jurídico extrapenal, dado que el tratado debe definir cómo se define el servidor público.
Conducta: ofrecer, directa o indirectamente cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra utilidad, no es necesario por tratarse de un ingrediente subjetivo, cuyo cumplimiento hace parte del agotamiento de delito, que el servidor de otro estado acepte el ofrecimiento, se trata de un delito  peligro abstracto.
Tentativa: no se admite, por la instantaneidad del verbo ofrecer, los actos ejecutivos coinciden temporal y especialmente con la consumación, toda vez que lo que es antes de los primeros es un acto preparatorio.
Tipo subjetivo y error de tipo: tiene un ingrediente subjetivo que es ¨a cambio de que éste realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, relacionado con una transacción económica o comercial¨, el dolo consiste en conocer que se está frente a un servidor público de otro estado y querer realizar el ofrecimiento en búsqueda del fin indebido, es impensable el dolo eventual, por la exigencia del elemento subjetivo. El error de tipo no se puede pensar ya quien genera este tipo son poderosos económicamente y saben lo que hacen, representantes o voceros, de gran influencia en la administración pública, de todos modos de presentarse sería atípico.
ARTÍCULO 434. ASOCIACIÓN PARA LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El servidor público que se asocie con otro, o con un particular, para realizar un delito contra la administración pública, incurrirá por ésta sola conducta en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la misma no constituya delito sancionado con pena mayor.  Si interviniera un particular se le impondrá la misma pena.
No se trata de un concierto para delinquir, porque este se da cuando usted se concierta con otro u otros para cometer delitos. O sea que acá se está sancionando como tipo independiente, la anuencia (consentimiento) que usted presta para la comisión de una conducta punible que atenta contra el bien jurídico de la administración pública, aun si no se empieza a materializar está a través de actos externos, idóneos, e inequívocos. Si se llega a presentar esta materialización, nos hallaremos en presencia de una coparticipación criminal. O sea que lo que se sanciona es el mero acuerdo, lo cual constituye, en el iter ciminis, los actos preparatorios o tal vez, los actos ideativos[11].
Es de tener en cuenta que en la práctica, este es un delito de muy difícil estructuración, porque aún no se ha empezado a recorrer el iter criminis, pero si ya se empezó a recorrer este, habría, como ya se mencionó, una coparticipación en el delito precisó.
En definitiva, este tipo cuenta con una gran falta de técnica legislativa.
Es un concierto para delinquir entre funcionarios públicos, o entre un servidor y un particular, por la sola asociación, es un delito de peligro abstracto.
Sujeto activo: plural, uno de ellos tiene que ser un servidor público, pueden asociarse entre dos servidores públicos o entre un servidor público y un particular
Sujeto pasivo: el estado
Objeto jurídico: y la antijuridicidad material: administración pública, deformación del instituto jurídico
Objeto material: función pública, fenomenológica.
Conducta: asociarse, presencia mínimo de dos personas, es un tipo de peligro abstracto
Tentativa: no se admite, peligro de peligro, todo acto previo al manifestación conjunta de voluntades es de naturaleza preparatoria.
Tipo subjetivo y error de tipo: elemento subjetivo que es realizar delito contra la administración pública, debe entenderse que uno de ellos debe ser cualificado, porque si no se configuraría el delito, porque si no es así se estaría penando actos preparatorios que no existen, por la presencia del elemento subjetivo no hay dolo eventual, resulta impensable un error de tipo ya que hay un doble conocimiento y una doble voluntad, los de asociarse para delinquir y la de comisión del otro punible.
Concurso: mayor riqueza descriptiva que las de concierto para delinquir.



[1] Este es un tema que ha sido tratado por la CSJ, con la finalidad de poder determinar si un particular también puede ser autor, a título de interviniente, de estos delitos. El problema es que hay dos sentencias con opiniones diversas: en una se admite que una particular pueda ser autor interviniente, y en la otra se niega tal posibilidad.
[2] Este porcentaje es algo que se Puede saber a través de la composición accionaria de la empresa, la cual se encuentra en el certificado de constitución y gerencia de la sociedad.
[3] La ley 190 de 1995 consagró que los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria tienen la calidad de servidores públicos.
[4] Hay que tener en cuenta que la constitución dispone que el término servidor público ha de ser usado genéricamente, para referirse a toda aquella persona que trabaje con el Estado. La norma siguiente a la constitución, referente al tema de servidores públicos, en materia penal fue la Ley 190 de 1995, a través de la cual se pretendió reformar el título de delitos contra la administración pública, pero el legislador también aprovecho para expedir unas normas generales para adecuar las normas constitucionales al código penal. Motivo por el cual el texto de la ley 190 del 95 fue el mismo que el del Art. 20 del C.P.
[5] ARTÍCULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
[6] CSJ, noviembre 18 de 1980
[7] Hoy en día (y a partir de 1995) no habría lugar a dudas de que la conducta realizada por el director fue constitutiva de peculado por apropiación, ya que el artículo 397 C.P. expresamente dice “con ocasión de sus funciones
[8] acá está el ejemplo de los postes de luz que fueron utilizados de forma diferente a la presupuestada, ayudando al alumbrado de un sector diferente al previsto, en una región del país que iba a ser visitada por el Presidente Virgilio Barco.
[9] Se debe tener en cuenta que en toda inversión pública usted no puede, como ordenador del gasto, efectuar dicha inversión si no hay un certificado de disponibilidad presupuestal, que le indica al ordenador del gasto que existe el dinero para responder por la inversión. Se resalta que sí se pueden comprometer sumas que sean futuras, siempre y cuando se tenga la aprobación del legislativo, en  caso de transmilenio.
[10] Dice Corredor que acá hay una impropiedad lingüística, ya que reintegrar es devolver completamente. Por tanto, en sentir de Diego, este inciso debería decir “devolución”.
[11] Con esta posible sanción a los actos ideativos, se estaría creando un tipo peligrosista.