25 de marzo de 2015

PRINCIPIOS, VALORES Y REGLAS TÉCNICAS EN EL DERECHO SANCIONATORIO.





Por, Mario Felipe Daza Pérez.

Cuando hacemos referencia al Derecho Sancionador (Derecho Penal (Criminal), Disciplinario, Contravencional, Correcional...), nos hacemos la idea de una vez en la cabeza de: «sanción negativa», pero no tenemos en cuenta que también hay sanciones positivas o premiales. Debemos considerar a las sanciones a partir de la naturaleza del Ius Puniendi, es decir de la facultad que tiene el Estado, para perseguir y sancionar a particulares y a funcionarios públicos (público-estatal). Esto no quita que los principios aplicados en materia sancionatoria del Ius Puniendi, sean aplicados también para el ejercicio potestativo (público-privado) que se derive de la pena en particular; en el sentido del proceso disciplinario que se desarrolle en una relación de trabajo. Como para colocar un ejemplo, del empresario con el trabajador, en que este último cometa una falta en la relación laboral y sea despedido; pues que conozca después el Derecho Administrativo Sancionador (que si es Ius Puniendi) a través de la Oficina de Trabajo, ya es otra cosa; pongamos la situación del incumplimiento de un contrato que se haya forjado en una relación civil entre los contratantes, como el de la cláusula penal o la resolución del contrato por incumplimiento, si bien no tienen la característica de pena en el sentido criminal, sancionatorio, si es una sanción. 

Aunque uno de estos principios propios del Derecho Sancionador, no le sea aplicado porque se habla de un sancionamiento distinto, al ejercido por el Ius Puniendi, debe por lo menos tener unos contenidos mínimos de principios que se debe llevar a cabo en todo proceso sancionador (en este caso en disciplinario particular o privado), sea éste público o privado, eso no importa. Teniendo en cuenta que en lo estatal se amplía más esta gama de principios, valores constitucionales y reglas técnicas (más que todo las dos primeras) que en lo privado, porque es el que se debe seguir en todo proceso público-estatal sancionatorio, para evitar precisamente la arbitrariedad, por ende, es más riguroso.


Pero antes, de tener en cuenta cuales son estos principios, reglas técnicas y valores constitucionales, debemos saber qué entendemos por estos.



Para comprender lo que son los principios tenemos que irnos a la parte más general, para ir luego a lo particular, porque «principio» es todo lo que irradia un ordenamiento jurídico, es el que causa, ilumina el sendero de una cosa, en este caso del derecho, pues guía al operador jurídico que camino seguir, en caso tal de estar perdido, es el último eslabón e importante, y rector (siendo que se debe tener en cuenta desde un comienzo), son universales. Dworkin habla en los Derechos en Serio (página 72-73), como pautas o directrices políticas, como un conjunto de estándares que no son normas. A su vez se suele remitir y es válido, que los principios sean un conjunto de valores que regulan la vida de organización en una sociedad (derecho natural, subjetivos, individuales...), en este caso del ordenamiento jurídico, en específico de la materia sancionatoria, todo esto interpretado bajo el artículo 230 constitucional y artículo 4 de la Ley 153 de 1887.


Con respecto a la valores algunos dicen que es lo mismo que los principios (nomoárquica) y otros que son diferentes, y que son cuestiones de sentido cuantitativo (de grado y eficacia) y no cualitativo (no es normativo), así el valor tiene mayor trascendencia por estar inmerso en la Constitución, pero para no desviarnos y no quedarnos en esta discusión, propondremos que los valores son distintos a los principios, aunque sea o no sea así, solo por cuestiones de método, y no confundirnos, lo detallaremos así, a pesar que para Estrada Vélez, no sea así. De esta manera el principio irradia todo el ordenamiento jurídico, y los valores también porque se tratan de valores constitucionales, que a su vez estos valores se llama principios constitucionales, por eso hacemos la diferencia, porque también hay principios que no son constitucionales sino legales, y otros que son específicos de cada materia e incluso hay principios morales, no morales y jurídicos, principios matemáticos, físicos, otros que lo consideran un axioma, como Rothbard, otros como un fundamento que puede ser derrotado (mandatos de optimización), en fin..., detalles a la que no entraremos.





El desconocimiento de las diferencias epistemológicas entre principios y valores ha generado que las críticas formuladas a los valores (la pérdida de seguridad jurídica, infracción al principio de separación de poderes y el abuso de las facultades políticas otorgadas a la jurisdicción), se extiendan a los principios jurídicos en perjuicio de su aplicación o efectividad. Tomar el derecho en serio implica alinderar el lenguaje empleado frente a los principios a efectos de determinar si se hace referencia a principios morales o valores, a principios jurídicos o a qué otro tipo de elementos.  Cuando se habla de principios se hace referencia a valores como el de justicia, dignidad humana, soberanía popular, pluralismo, seguridad jurídica, entre otros, se confunden así los principios con los valores cuando es clara la doctrina al señalar que los valores no son normas jurídicas. Pero ese uso conjunto de la expresión “principios y valores” no puede significar que sean sinónimos, que tengan la misma naturaleza, las mismas funciones o el mismo grado de vinculatoriedad. Luego de una lectura a estas sentencias, es posible afirmar que la Corte Constitucional emplea principios constitucionales a modo de valores y valores como si fueran principios constitucionales, esto es, hace un uso indistinto, a modo de sinónimos, de ambos conceptos.


Señala el profesor Martínez Sospedra:


“A diferencia de principios y reglas, que son normas jurídicas, que son Derecho en el sentido fuerte de la expresión, los valores no reúnen esa condición. Los valores orientan al legislador, inspira institutos y normas, postulan reglas concretas, pero no son normas y de ellos no se puede predicar la estructura, propiedades y eficacia de aquellas”. (Manual de Derecho Constitucional, 2007, p. 193).


Ejemplos de principios legales o generales del derecho sancionatorio no constitucionales:


EVENTUALIDAD O PRECLUSIÓN, PUBLICIDAD, IGUALDAD PROCESAL (igualdad ante la ley, aunque también sea constitucional), ECONOMÍA PROCESAL…, debemos considerar que los principios legales o jurídicos no constitucionales constituyen un numerus apertus, pueden haber más o menos, dependiendo a los que se vayan dando, lo mismo sucede con las reglas técnicas de todo procedimiento, de esta última tenemos la regla técnicas de:


Ahora, con respecto a las reglas técnicas tenemos que son cuestiones propias del procedimiento, propios de un proceso, por lo cual no lleva a alambicadas confusiones, lo que sí puede generar duda, es que algunos principios jurídicos no constitucionales, sean llamado a veces reglas técnicas o viceversa, sin serlo. Entonces las reglas técnicas son herramientas, así como las que usa un obrero o un mecánico, para agilizar las cosas, por ejemplo tenemos:


La ACUSACIÓN, o ya sea dispositivo o inquisitivo, por si no es un principio sino una forma de como se debe concretar el proceso, pues en el proceso penal no hay de otra que llevarlo a través del sistema acusatorio, porque así dice la Ley, pero en el proceso disciplinario jurisdiccional es ante un sistema inquisitivo (y que luego se puede convertir en jurisdiccional-judicial); hacemos la crítica porque todo proceso disciplinario en la que lleva la marca del Ius Puniendi se debe hacer siempre ante la regla técnica del sistema acusatorio, y no frente a uno inquisitivo (propio de un sistema de la inquisición) y pues este en últimas (el acusatorio) se constituye en un principio propio del Derecho Sancionatorio, dirían algunos (es un principio no una regla técnica), pues sí, pero su forma es de regla técnica.


La INMEDIACIÓN, ESCRITURA U ORALIDAD, que el proceso penal se haya convertido en un principio, pero repetimos, su forma es una regla técnica, y tampoco en el proceso penal acusatorio se prescinde de la escritura, es más, ninguna proceso oral de los que hoy conocemos se prescinde del todo la escritura, y nunca se podrá hacer.


Tenemos también la regla técnica de la DOBLE INSTANCIA, que en el proceso sancionatorio debe ser un principio, aunque su base sea tomada como regla técnica, no se le puede negar el reo a corregir el error del operador jurídico o de ratificación, y más si tenemos en cuenta de lo falibles que son hoy en dia los tribunales. La de la CONCILIACIÓN, (que en el caso penal (criminal) sería el acuerdo, pre-acuerdos, allanamientos o formas anticipadas de acabar el problema jurídico).


Seguido de lo anterior, nombrando, mas no desarrollando, los principios jurídicos, valores constitucionales y reglas técnicas que debe seguir en todo Derecho Sancionador, teniendo en cuenta que en esta área genérica del Derecho, es muy amplia y podemos encontrarnos con un Derecho Sancionador en cualquier área, como en tributario, ambiental..., para este escrito tuvimos presente no las áreas específicas de cada rama sancionatoria de cada área específica del derecho (valga la redundancia), sino en el sentido del sub-género, haciendo referencia sólo al Derecho Administrativo Sancionador en general, del Código Disciplinario Único, del Código Penal y Procedimiento Penal, del Código Penitenciario y Carcelario, como de la Constitución misma. Y pues si en cada uno puede variar, encontramos que muchas de estas se encuentra en una y en la otra, con algunas diferencias.


Entonces, tenemos como valores constitucionales y principios legales generales y específicos que deben seguir el Derecho Sancionador, los siguientes:


VIDA, en todo proceso sancionatorio se debe garantizar la vida del reo, y quedar prohibido la pena de muerte, la cadena perpetua, los tratos inhumanos, tortura, confiscación, destierro y cualquier acto cruel para el ser humano, pues la vida es el valor constitucional triunfante de toda sociedad.


DIGNIDAD HUMANA, (no solo es un fundamento constitucional, sino también legal, que esta en todos los estatutos sancionatorios, no sólo como principio como dijimos ut supra, sino como valor constitucional o principio constitucional).


DEBIDO PROCESO, (lo mismo que lo anterior, teniendo en cuenta que dentro de esta, están muchos principios o valores constitucionales implícitos o explícitos que tienen que ver directa o indirectamente con en este gran principio (valor) magno constitucional y legal, tales como el de:


LEGALIDAD (al hablar de penas y sanciones, toda descripción debe estar descrita en un tipo penal, por ello dentro de la legalidad se encuentran otros principios implícitos, como el de la TIPICIDAD, que esta incluido como principio rector del Código Penal. La constitución no habla de ella concretamente pero sí hace referencia a ella cuando se refieren las penas y delitos, así mismo debe ser considerado un principio propio del Derecho Sancionador.


FAVORABILIDAD, si en el artículo 53 de la Constitución se habla de favorabilidad laboral, con mucho más razón se debe hablar de favorabilidad penal, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA también inmerso en este artículo del debido proceso y siguientes, pues se pensaría que no debe estar descrito, porque toda persona es libre hasta que no agreda a otros (PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN), pero los ejemplos históricos sobran, cuando de arbitrariedad sancionatoria se trata). INDUBIO PRO REO, toda duda razonable se debe fallar a favor del reo.


LIBERTAD, consigna máxima del individuo, no se puede quitar la libertad sin un fallo definitivo, y tiene mucho que ver con el principio de presunción de inocencia, en contraste con el de culpabilidad. Toda persona debe ser juzgada por un JUEZ NATURAL, y no por cualquier tribunal ad hoc, y puesto en lugar porque sí, esto va de la mano con el que juzgue sea el competente, esto tiene que ver mucho con EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN PENAL.


El principio de DEFENSA en que todo imputado, acusado o reo en general, debe estar defendido por cualquier persona designada por él o por un abogado de oficio, y este principio no sólo tiene que ver con el debido proceso sino también en que la defensa haga una buena labor en ella contamos con que ejerza la CONTRADICCIÓN  de las pruebas, como el de CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN, en que toda prueba obtenida ilegal e ilícitamente en el proceso debe ser excluida (aunque no sea del todo cierto). IGUALDAD de las partes en la ley o en el derecho, debe ser tomado de forma objetiva, no se debe juzgar a una persona por sus condiciones, ni teniendo privilegios para otros, dura lex sed lex, con diferencia a la igualdad procesal como regla técnica, a lo que mencionamos ut supra; aquí tiene mucho que ver lo que es la LEALTAD PROCESAL, el principio de BUENA FE, en que todo acto debe ser tomado con toda la rectitud y honestidad posible, sin tapujos.


La DOBLE INSTANCIA, es un requisito o un principio esencial de todo proceso sancionador, aunque sea tomado también como regla técnica, en esta materia no lo es; la tercera instancia que no existe (erróneamente conocida como: «casación»), no, pero si la segunda, para buscar una forma de ratificar la condena o la absolución, como forma de garantía del debido proceso. De aquí que se hable de COSA JUZGADA, como principio baluarte a que no se vuelva a repetir el mismo proceso dos veces, ni por la misma causa, objeto o partes, ni siquiera por dos autoridades, solo por una. El NE BIS IN IDEM, tiene que ver con lo anterior, con la cosa juzgada es decir que una vez ejecutoriado el fallo, no se puede volver a repetir lo mismo, no puede ser investigado por otra parte, a menos que sea de naturaleza distinta, tal como sucede con la disciplinaria y la penal. NO REFORMATIO IN PEJUS, es cuando se sea único apelante, no se puede agravar la condena o pena. HABEAS CORPUS, como solución a la arbitrariedad estatal, la NO INCRIMINACIÓN, de asimismo, ni del cónyuge, hasta cuarto grado de consanguinidad o primero civil.


Y así podemos seguir, con todos los artículos a lo que habla la Constitución Política desde el preámbulo, hasta el artículo 34 de la misma, sumando claro está el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales y esto a su vez los fallos de Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo en materia de derechos subjetivos e individuales.. Todos estos principios explicitos e implicitos en el debido proceso tienen que ver mucho con un DERECHO SANCIONADOR LIBERAL/LIBERTARIO, lo contrario sería uno conservador, retrógrado, inquisitivo, tal como lo tenemos medianamente ahora.


Se habla de otros principios, no tan importantes como los primeros, que son:


GRATUIDAD que por cierto, todos sabemos que ningún proceso es gratis y tiene un costo, aunque sea pagado por el Estado, es decir por los ciudadanos, creo que la expresión gratis esta mal utilizado, es una de las palabras peores utilizadas en el mundo, porque nada es gratis, se debe hablar del SERVICIO DE JUSTICIA o ACCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, uno que es subsidiado y otro pagado voluntariamente, sin necesidad de aportes de impuestos, en este caso, como no se puede ejercer justicia sancionadora a partir de tribunales privados, se debe ejercer a través de tribunales estatales, por ello se debe cobrar impuesto para la justicia, que por lo general cuesta dinero y repetimos, no es gratis. Ahora, con respecto al otro tipo de justicia: civil, comercial, familia, si debería ser totalmente o mayormente público-privado.


Se habla además de principios tales como:


VÍCTIMA, que puede estar inmerso en el principio de defensa a su vez inmerso, en el principio constitucional del debido proceso, pero es importante recalcarlo, ya que la víctima es olvidada, a pesar de ser el principal actor en el proceso, pues se debe hablar de igualdad de armas, como principio constitucional y legal de todo proceso sancionador.


INTIMIDAD, en sí no es un principio rector, aunque así lo reconozca el Código de Procedimiento Penal, pero toda persona debe tener intimidad en lo que hace, como persona, más que principio o derecho, es una libertad negativa, porque no hay tal cosa como un derecho a la intimidad, solo esta el derecho de que no se metan contigo.  


OBJETIVIDAD, se habla también de IMPARCIALIDAD, siendo que nunca hay imparcialidad, lo que puede haber es objetividad, y se consigue siendo recto y leal en el proceso, y pues bien ya fue incluido dentro del principio rector magno constitucional y legal del debido proceso.


PRELACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES, en el artículo 93 de nuestra constitución le da esa importancia, y como orden superior jerárquico, se debe tener en cuenta los derechos individuales que ahí se consignan, sumado a esto, como ya hemos dicho arriba, los fallos de la Corte IDH y el bloque de constitucionalidad.


INTEGRACIÓN NORMATIVA, todas las normas se deben analizar armónicamente, sistemáticamente y teleológicamente, es decir dogmáticamente, y ese es la labor de un abogado especialista en sancionatorio (penal (criminal), disciplinario, penitenciario...)


INTERPRETACIÓN, debe estar inmerso en el artículo del debido proceso, como principio legal explícito y como principio implícito del valor constitucional, pues lo colocamos a parte, porque pues se sobreentiende que la interpretación debe ser la más clara posible, evitando tergiversaciones en contra del reo, de alli que se prohiba la interpretación extensiva y se prefiere la restrictiva o favorable a lo que llamamos a favor rei o en bonam partem en contraste con la malam partem.


TITULARIDAD, por lo general la tiene el Estado (monopolizada), pero no deberia ser asi, ya he defendido la tesis de que la titularidad de la acción sancionatoria (penal o disciplinaria) la debe tener la víctima o el perjudicado, ya sea a través del  mismo Estado o a través de una acción particular o privada.


PRINCIPIO DE LAS SANCIONES PENALES, en donde la sanción debe ser necesaria, justa y PROPORCIONAL, y de aquí que tenga que ver con la MODULACIÓN DE LA SENTENCIA O DE LA ACTIVIDAD PROCESAL, ya que el fallo razonable y racional y debe ser MOTIVADA, y no en caprichos arbitrarios subjetivos, sino fundamentada.


FUNCIONES DE LA PENA, debe ser preventivo, resocializador en su ejecución y simbólico como última instancia.


FUNCIONES DE MEDIDA DE SEGURIDAD, debe buscar la protección especial, rehabilitación, curación y tutela del inimputable.


CONDUCTA PUNIBLE, debe ser tipica, antijuridica (injusto) y culpable (estos tres últimos constituyen principios independiente en el Código Penal y pues son principios implícitos constitucionales), y así debe ser en todo proceso sancionador de índole subjetivo, no sucede lo mismo cuando la responsabilidad es objetiva, pues se debe determinar cuando lo sea, en caso contrario es subjetiva. La tipicidad, como hemos dicho arriba, hace parte del principio de legalidad y ese a su vez del debido proceso, así mismo lo es el principio legal de la antijuridicidad y de la culpabilidad o de responsabilidad subjetiva, incluida también en el debido proceso y en el principio legal penal de la conducta punible.


NORMAS RECTORAS Y FUERZA NORMATIVA, esto tiene que ver para darle fuerza a los principios legales sancionatorios y pues estan inmerso en cada estatuto sancionatorio, así lo encontramos en el Código Penal, Código Disciplinario y también debería estar en cada Código Sancionatorio.  Esto tiene que ver mucho con la PREVALENCIA E INTEGRACIÓN, donde se expresa en donde se encuentre vacíos en el código, deben ser llenados por los códigos semejantes o los que diga la norma, todo esto a efectos de la interpretación, como por ejemplo las del Código de Procedimiento Penal, les sigue la del Código Procedimiento Civil (hoy, Código General del Proceso), de esta manera la fuerza normativa de las normas rectoras tienen prelación y son de total obligación cumplirlas.


RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, lo que se busca es en volver al estado anterior, en la que la persona afectada se encontraba antes de la afectación, no es tan sólo de imponer una pena, sino también que la víctima se sienta acorde con la sanción y hacer que se le resarza el daño. Tal como dice la sentencia C-060 de 2008: “los derechos de las víctimas dentro del proceso penal tienen una importancia cardinal, y no se agotan en la mera reparación económica de los perjuicios irrogados con la conducta punible, pues además de la reparación que debe ser integral, se agregan la posibilidad de conocer la verdad acerca de los sucedido y que se haga justicia, sancionando conforme la ley a quien o quienes hayan cometido el delito”.


CONCLUSIÓN.



Hay que decir que estos no son los únicos principios jurídicos o fundamentos jurídicos sustanciales y procesales que deben regir en materia sancionatoria, pues si son los que deben estar explícitos e implícitos mínimamente, porque como he dicho hay principios que pueden no ser principios que son creados jurisprudencialmente a través de otros principios y bien porque al operador jurídico se le ha ocurrido. No estamos de acuerdo que un principio subyace otro principio, pues lo principios son universales y son lo que son, hay una verborrea de principios, que podemos hablar hasta de principio de conservación, principio de argumentación, entre otros, principios que se han inventado, que verdaderamente no son principios. Esto normalmente ocurre con los principios jurídicos legales, pero no con los principios constitucionales y valores, porque si bien puede existir creación de principios implícitos derivados de los explícitos, son pocos, y pues es correcto siempre que se haga para determinar la real protección del proceso garantista, como también de las garantías procesales, por ello es que garantías, valores, reglas técnicas y principios deben ir en el mismo son, es lo mismo que decir que ética, moral y derecho van de la mano, pero eso si tal como dice Estrada Velez: distinguiendo entre un principio moral (valor), principio jurídico, y directrices, ya que no son lo mismo.