15 de septiembre de 2014

EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD COMO SISTEMA DE INTEGRACIÓN FUNDAMENTAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO.





Por, Luis Miguel Hoyos Rojas. 


RESUMEN: El Bloque de Constitucionalidad y su función integradora-coordinadora ratificada y desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana, añade hoy una consideración más que exalta el papel de los tribunales constitucionales como fuentes novadoras de los ordenamientos Jurídicos contemporáneos. Desde esta perspectiva, el carácter vinculante de la doctrina de la Corte Constitucional en la plasmación del Bloque y su función, instala hoy un parámetro que interpretará el Consenso de Constitucionalidad interno. Siendo este caso un ejemplo de un fundamento hermenéutico para el contexto constitucional latinoamericano.


PALABRAS CLAVES: Derecho Constitucional, Coordinación, Integración y Garantías Fundamentales.


1. INTRODUCCIÓN.


El Derecho Constitucional como un orden autónomo constituye la rama esencial y principal del Derecho político (RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 2003) y del sistema normativo general. Es un derecho que implica un todo en el marco de la existencia de un Estado Constitucional, al fundarse como fuente que fija la sostenibilidad de un ordenamiento interconectado (L., 2002). Estandarizando principios rectores de los cuales se desprende el punto de partida de los demás sistemas que constituyen un amplio orden jurídico y normativo.

Bajo esta concepción quiero generar una seria de reflexiones sobre un tema general del Derecho Constitucional que delimita su propia auto constatación. En efecto, la construcción de un ordenamiento jurídico Garantista (DWORKIN, 1992), que establece beneficios, obligaciones y responsabilidades frente a circunstancias en las que sin aparecer formalmente en el articulado constitucional, son utilizadas como parámetros rígidos que encierran la aplicabilidad de las leyes frente a supuestos jurídicos no previstos por las normas legisladas.

Desde este análisis este documento fue animado por la comprobación de un hecho acusado en la academia y señalado en la esfera judicial. Quien logra comprobar que concepciones y criterios que permiten teóricamente definir el concepto de -Colombia: Estado Constitucional ó cualquier otro sistema jurídico comparado- puedan ser reflejados en la realidad normativa desde una visión constitucional aspiracional. (GARCIA VILLEGAS, 2003).

Así, dentro de esta óptica política entendida, las omisiones de aquellos actos jurídicos Constitucionales (GARCIA ALVAREZ, 1994) no reflejados en la realidad, forjan un proceso que he denominado Constitucionalización Nominal y/o Semántica, lo que muchos constitucionalista suelen denominar -consenso constitucional ficticio- (PEREZ ROYO, 2003); al quedar solo plasmada solo en la teoría una acordada disposición constitucional que no tiene eficacia en la realidad jurídica. En concepciones básicas, la figura es el Bloque de constitucionalidad.

Sin duda, siendo una de las más diestras y bellísimas instituciones de Derecho, dada por el ejercicio y poder de la Jurisprudencia Constitucional Colombiana “Caso Colombiano”, aún no ha captado de manera suficiente la atención de la doctrina internacional, como lo es caso del Sistema Constitucional Chileno, -donde no es igualmente aplicable como en Colombia-. Lo que genera menos praxis constitucional y jurídica que enseñen su concepto e ilustren su operatividad, de forma que su aplicabilidad moldee al Estado en la figura de un verdadero Estado Constitucional de Derecho, como lo ha logrado el Sistema Constitucional Colombiano dentro de concepciones mininas.



2. DE LA ESENCIA IUSNATURALISTA DEL BLOQUE.


Puede pensarse que el concepto de Bloque siempre ha existido. Como exigencia lógica es claro pensar que la noción nos remitirá a un concepto que demarca “conjunto” y la expresión “Constitucionalidad” establecerá una armonía y efectividad de ese agrupamiento normativo con alguna disposición que se presume legal, material y formalmente válida.

Inicialmente podríamos tomar las figuras de las diferentes escuelas o planteamientos del derecho natural al concebirse la existencia de un conjunto o agrupamiento de un derecho conformado por principios, postulados y otros que materializan la existencia de los Estados y Constituciones de hoy. Tomándose como una agremiación en “Bloque” de principios rectores de carácter superior sustentados en postulados teológicos, cosmológicos, racionales, etc; que obligan al derecho positivo a -Constituir- dentro de sus fundamentos Estatales un sistema superior en concepciones iusnaturalistas, como fundamento de toda su estructura y organización (RESTREPO PIEDRAHITA, 1998).

La esencia entonces del Bloque de Constitucionalidad en un sentido preciso no entra en contradicción con lo que he definido con anterioridad respecto a una existencia con anterioridad al Derecho Constitucionalizado y positivo (VERGOTTING., 2002).

Parto así, de la noción filosófica en calificarme creyente de la existencia y esencia del Bloque de Constitucionalidad a partir de la existencia del Derecho Natural o con fundamento estructural en éste. Al crearse al Bloque como un orden autónomo, situado y coordinado al lado de la Constitución el cual responde a unos factores reales de legitimidad por principios iusfundamentalistas.

Una elevación Constitucional normativa que precisa que la configuración iusfilosofica justifica la existencia del Bloque de una base axiológica para que asciendan a derechos-subjetivo-valor, normas que no se encuentran expresamente encontradas en el articulado fundamental de la carta política. Así el Bloque trae un conjunto de concepciones que se remiten expresamente al derecho natural y que en ultimas son integradas a la norma constitucional por exigencia de la misma (HABERMAS, 1998) pero que taxativamente no se encuentran tipificadas en ella. El primer concepto del Bloque, se desprenderá según esta visión, del Derecho Natural.

El Artículo 94 de nuestra constitución al establecer que la enunciación de los derechos y garantías enmarcadas en la carta política no son suficiente respecto al concepto de dignidad humana y derechos atribuibles al hombre, nos remite a un conjunto de disposiciones que se enmarcan desde un “derecho superior” que determina la validez a las actuaciones de las normas del sector interno.

La aplicación de un conjunto de disposiciones que coaccionan el actuar Estatal en pro de la no vulneración de derechos tutelables al ser humano, es la primera faceta reconocible que demuestra que el Bloque no es una institución creada a partir de construcciones e interpretaciones netamente jurisprudenciales.

Podríamos dilucidar que, -ese conjunto de disposiciones- a los cuales hoy llamamos “tratados, principios de derechos humanos y otros adaptados a la legislación de forma material, utilizando al bloque como filtro”, tienen una reglamentación constitucional fáctica que los exteriorizó y lo sacó del anonimato iusfilosófico. Pues,

¿Cómo es considerable pensar que existen normas -no encontradas- en la norma constitucional que se adaptan a nuestro ordenamiento jurídico en el mismo rango de las expresamente encontradas en ella?,

Esta tesis que sostengo en que el bloque era aplicado mucho antes en que apareciera como institución jurídica mediante adaptación jurisprudencial, es compartida por la Corte Constitucional, quien mediante Sentencia C-574/92 hizo hincapié señalando que::

“Los valores y principios incluidos en el texto constitucional cumplen la función de asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material de la Constitución. Aquí se refleja la voluntad constituyente de hacer obligatorio el respeto de principios considerados como universales e inherentes a la persona, cuya obligatoriedad va más allá de las Contingencias propias del ordenamiento jurídico nacional”. La referencia a valores y principios constitucionales y supraconstitucionales, se explica como una pretensión enérgica de los constituyentes acerca de la validez material de la Constitución que en opinión de Bachof: «implica un orden de valores que ha sido considerado por la Constitución como anterior a ella misma (...)».



3. DE LA ESENCIA JURISPRUDENCIAL DEL BLOQUE.


El concepto jurídico del Bloque es ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-225/95, C-578/95, C-538/97 y C-191/98 quienes establecen que:

“El Bloque de Constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto ha sido normativamente integrado a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución….. Esto es normas situadas al mismo nivel de la Constitución.”

La Corte Constitucional ratificó al Bloque de Constitucionalidad como orden anterior a todas las disposiciones constitucionales de hoy. Siendo éste el elemento esencial que genera el consenso de constitucionalidad que recubre a los Estados Constitucionalizados. Es entonces éste utilizado como parámetro del control de constitucionalidad y legalidad del ordenamiento. Pues está estipulando la esencia y el peso del Bloque como institución jurídica, confirmando la hipótesis por mi establecida respecto a la fundamentación iusnaturalista.

Se da a comprender que la necesidad de integrar un orden de valores considerado por la Constitución como anterior a ella misma (Art. 94 CP, Sentencia C-574/92) que funde los parámetros a la hora de generar las interpretaciones de las disposiciones legales y así mismo constitucionales; normativamente hará que esos principios fundamentales y puros funjan en el ordenamiento como “Umbrales Rectores” aplicados por las vías legales y jurisprudenciales por mandato de la propia Constitución. Para efectos de establecer las garantías y la validez del Estado.


4. LAS FUNCIONES INTEGRADORAS DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS DE UNA HERMENÉUTICA CONSTITUCIONAL.


Creado El Bloque por dos aspectos las cuales generan Validez y fundamentación y aplicaciónpráctica y exigibilidad, unifican el criterio tesis de coordinación pues desarrollan un mismo fin constitucional.

Los principios y valores que definimos con anterioridad repercutirán de manera directa al ordenamiento Estatal tomando normas supranacionales para ser adaptadas al orden interno. La armonización de estos fines garantistas supranacionales a los cuales debe someterse el Estado, llamada ha operar la Función Integradora del Bloque de Constitucionalidad como instauración jurídica. Estableciendo las siguientes subfunciones las cuales he denominado: Función Integradora Incondicionada y B) Función Integradora Fáctica-Eminente.


4.1 DE LA FUNCIÓN INTEGRADORA INCONDICIONADA. (F.I.I.)


Son seis los Artículos de la Constitución Política de Colombia que definen la adopción de “Principios, Valores, Estándares, Umbrales Fundamentales” o bien llamados “Normas Supranacionales” de un orden superior basados en el Derecho Natural o en el desarrollo de Normas de Derecho Internacional:

i) El Articulo 9, el cual reconoce que “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia”;


ii) El Articulo 93, según el cual “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”


iii) El Articulo 94, que establece que “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.”


iv) El Articulo 214, que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”.


v) El Articulo 53, que preceptúa: “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna” y A partir de los mencionados artículos se establece el acercamiento de nuestro orden en la aplicación de normas supranacionales al orden interno. Es decir, estos artículos dan aplicación inmediata a ese conjunto de valores y principios en la condición inexorable de ser integrados y aplicados al ordenamiento jurídico sin ninguna restricción. La función integradora aquí no presenta oposición directa de frente a disposiciones que quieran o pretendan resquebrajar lo pétreo de las exigencias que establecen estas normas Constitucionales.

Estas normas imperativas permiten que el integracionismo Constitucionalista, predicado del Artículo 9° constitucional, establezca la relación del Estado Colombiano con instituciones jurídicas en sentido estricto.

Esto con el fin de comprobar la validez y eficacia del ordenamiento de frente a la adopción de sistemas superiores que sirvan de control Constitucional, Legal y Jurisdiccional de todas las disposiciones jurídicas y políticas que conforman nuestro ordenamiento jurídico. La adopción entonces de un tratado Internacional, de una disposición de derecho internacional, de normas consuetudinarias de derechos humanos y cualquier otra disposición que pretenda darle validez a los derechos adquiridos por los ciudadanos del Estado Colombiano, incondicionada, es decir, fuera de condiciones de aplicación en nuestro territorio, pues los efectos y aplicación del Bloque no serán restringidos ni condicionados de frente a otras disposiciones.

Se trata de una integración absoluta, una adaptación de la legislación interna a las condiciones que materialmente comprueban validez y protección de los derechos en el sentido estricto. -Aquí el sistema interno en conjunto con el Bloque trabajan en grado coordinación,- pues su aplicación no es condicionada y es inmodificable producto de la voluntad que expresamente tipificó el constituyente. Esta incondicionalidad sucintamente, es exigible en relación en que el orden jurídico interno debe estar validado en la propia norma constitucional y en disposiciones superiores que complementen su fin y objetivo como Estado Social de Derecho. (Art. 1° CP)

Producto de este tipo de función a la cual nada le es contrario, la Corte Constitucional ha establecido fallos como la T-402/92 y C-574/92 que instauraron que los convenios sobre derecho internacional humanitario tienen carácter prevalente en la Legislación Interna y que a luz de éstos, deben regirse la interpretación de los artículos infraconstitucionales.
De forma que, el poder legítimo para establecer que el Bloque en Colombia presenta una Integración absoluta respecto a su no contradicción con el ordenamiento, completamente meritoria, salvo excepciones y procedimientos.


4.2 FUNCIÓN INTEGRADORA FÁCTICO-EMERGENTE (F.I.F.E.).


Le defino como aquella que “resulta de la aplicación de los controles de Constitucionalidad manifestados por la Corte Constitucional u otro administrador de justicia en grada de constitucionalidad, respecto a Derechos Humanos y Derechos Públicos Fundamentales”.

En referencia, es establecida por la Corte Constitucional o un cualquier funcionario de la administración de justicia constitucional. Lo que no admite ningún fuero especializado. Diré así mismo, que es la operacional y exigiblemente obligatoria por el peso de la Doctrina Constitucional y la importancia de la Jurisprudencia Integradora como fuente formal del derecho. Aquí la función del Bloque es circunscrita en un caso de derecho (Casos Facticos) y como resultado de la misma, una providencia de rango constitucional que obliga al orden interno y demás jurisdicciones al mantenimiento del precepto avalado a nivel Constitucional. (AROZAMENA, 1979).

Esta función del Bloque, resulta de forma lindante a casos muy puntuales, a escenarios jurídicos particulares y concretos que no se derivan de la generalidad de las normas anteriormente definidas. Sino que, es una función que es delimitada por el Juez en asuntos de constitucionalidad. (DIEZ PICASO, 1985).
Su aplicación sería prevista de la siguiente manera:


Artículo 93, Constitución Política:


“La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.”


CASO HIPOTÉTICO:

 Presupuestos:


P: Persona Presuntamente Afectada.
Y: Situación Fáctica. “Reclamación de Pensión sin semanas cotizadas.”
Q: Derecho Fundamental a la Vida. (Principio 1)
X: Derecho a la Dignidad Humana. (Principio 2)
Z: Derecho al Mínimo vital.


 Ilustración:


P en la situación Y es sujeto de una violación inminente a los principios Q, X y Z inherentes a P como persona humana. Jurídicamente la situación Y no está expresamente tipificada y presenta una reglamentación que se opone a los principios anteriormente establecidos por mandato legal.


5. TEST DE LA COORDINACIÓN-ACCESIÓN.


5.1. REGLA 1: PONDERACIÓN MEDIANTE FUNCIÓN INTEGRADORA INCONDICIONADA. (F.I.I.)


Aplicación inmediata al caso, del Artículo 93 P. En la interpretación, acceder a principios, valores y normas rectoras de derechos Humanos que tutelen y casen su hecho con el fin de suspender la violación y ordenar a la institución o persona que comete la violación, a la previa reparación fundamental del daño jurídico. Se coordina el sistema interno y en efecto, vía accesión se trae la norma supranacional o inmersa en el bloque para que subsane la anomia prevista. En efecto, dada la especialidad de la situación, no es necesario reglamentación propiamente dicha de la deposición, incluso si está en el Bloque. Pues los derechos fundamentales o derechos humanos no necesitan de la misma. Son de aplicación inmediata.



5.2. REGLA 2. PONDERACIÓN MEDIANTE FUNCIÓN INTEGRADORA FÁCTICO-EMERGENTE (F.I.F.E.).


Corresponderá al Juez en asuntos de constitucionalidad declarar la existencia de los Principios violados en invocación de la norma accedida mediante la anterior regla, dada la autorización del Artículo 93. Deberá entonces ordenar la suspensión-violación de los principios demandados. Cualquier Juez debe manifestarse aplicando el derecho efectivamente. Que para el caso de la Corte Constitucional, será mediante Providencias T cuando revisa la constitucionalidad de las decisiones en Tutela e incorpora disposiciones no contempladas en el derecho interno y si, en el Bloque propiamente dicho.

Puntualmente se establecerá la obligatoriedad y exigencia de la norma invocada al caso para regular de igual forma casos fácticos eminentes (efecto Iter comunis). De esta forma el Bloque es aplicado como un sistema de integración y de aplicación del Derecho y los Derechos Fundamentales a casos puntuales, visto de la hermenéutica Constitucional.
Finalmente la sentencia tendrá fuerza vinculante como de fuente formal de derecho para los casos de la Corte Constitucional en la categoría de regla o principio erga onmes. En los casos de los demás jueces de menor instancia, de acuerdo a las circunstancias de hecho (efecto inter pares o inter partes).  La anterior función en la jurisdicción constitucional ha dado precedentes como: T-402/92, C-542/92, T-295/93, C-337/93, C-179/94, C-225/95, C-578/95, C-600/95, C-270/97, C-287/97, C-327/97, T-662/97, C-358/97, C-191/98, C-400/98, T-568/99, C-1022/99, C-010/00, T-256/00, T-1490/00, C-567/00, T- 1319/01, C-053/01, T-601/01, C-200/02, C-392-02, T-268/03, T-419/03, T-512/03, T-955/03, C-034/04 y T-891/04.


6. CONSECUENCIAS LA OMISIÓN DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.


El sistema constitucional ha madurado y moldeado esta figura jurídica de forma que ha permitido desarrollar la construcción de un ordenamiento jurídico más pleno y compacto. Por hoy, los Estados suelen establecer omisiones aplicando lo que aparece formalmente en el articulado del texto legal y constitucional, excluyendo derechos reconocidos de orden superior, los cuales necesitan ser coordinados a la normativa público-interno.

La estructura del Bloque está a cargo de la Corte Constitucional, guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, quien ha sido trascendental en la consolidación del ordenamiento jurídico Colombiano en un plano muy superior. Pero, en el caso en que sus pronunciamientos susciten en la no aplicación del Bloque, considero que sería él escenario para el nacimiento de lo que llamo la Constitucionalidad impura (GARCIA ALVAREZ, 1994).
Si bien en la actualidad se prevé la existencia de una teoría Constitucional que establece el estudio introductorio a los lineamientos del Derecho Público Constitucional, la aparición de una derogación de la figura del Bloque cambiaría y modificaría la Constitucionalidad de los Estados y con estos sus Teorías Constitucionales.

Se instituiría la existencia de condiciones distintas en materia de garantías y seguridad jurídica, de respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de acuerdo con sus especiales condiciones permanentes o coyunturales, entrando cada Estado en un tratamiento institucional y jurídico indiferente a la propia idiosincrasia Constitucional. De esta forma, la destrucción del Consenso de Constitucionalidad Estatal seria evidente. (RESTREPO PIEDRAHITA, 1998).

La Constitucionalidad del propio Estado entonces no se preocuparía por estudiar las bases de un constitucionalismo seguro que soporte sus nociones en instituciones superiores, la cual radicaría en adjudicarse registros de inconstitucionalidades insuperables que establecerían las más altas tasas de trasgresión constitucional interna, siendo identificables como prevaricación común y violación a los derechos humanos. Sin la mediación de políticas internacionales ni de derecho “supraestatal” adaptables a la legislación interna que demanden condiciones distintas en materia de seguridad jurídica y garantías.



7. CONCLUSIONES


1. El Bloque de Constitucionalidad determina la coordinación existente entre las garantías y derechos fundamentales del orden interno al internacional. En efecto, la coexistencia pacífica de estos dos órdenes dentro del contexto colombiano se debe a la Coordinación-Integración como modelo de aplicación única en el contexto latinoamericano y comparado. Creado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para efectos de no precaver el principio de supremacía constitucional o norma normarun inmerso en el artículo 4 superior y los derechos humanos también entendidos, como elemento iuris naturalista, exigible al Estado.

2. La aplicación propiamente dicha del Bloque en Colombia respecto a derechos humanos y garantías fundamentales, acuerda el uso del Test de Coordinación y Accesión. Utilizándose la ponderación de principios vulnerados, utilizando la función integradora Incondicionada y la ponderación y aplicación fáctica del principio o garantía fundamental requerida, mediante la función integradora fáctico-Emergente. Lo que ultima al bloque como un tipo de control constitucional y legal propiamente dicho 

3. La obligatoriedad y exigencia del Bloque en Colombia de acuerdo a normas y garantías fundamentales, se debe a su efecto Iter comunis en la grada de principio mediante la jurisprudencia constitucional vinculante. De esta forma el Bloque aplicado como sistema de integración del Derecho y los Derechos Fundamentales a casos puntuales, visto de la hermenéutica constitucional es fuente formal del derecho en Colombia.

4. Finalmente, la actuación estatal o pública que excluya la aplicación del Bloque respecto a garantías fundamentales, fija el elemento constitutivo que logra la llamada inseguridad jurídica material. Pus es deber de los Estados Sociales y Constitucionales, detentar iguales y coordinadas fuentes de seguridad iuris en materia de garantías judiciales y derechos. Ante todo, para la preservación de los derechos fundamentales adquiridos.



8. BIBLIOGRAFÍA


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REVISIÓN JURISPRUDENCIAL. – CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA.


Sentencia, Corte Constitucional T-402/92.


Sentencia, Corte Constitucional C-542/92.


Sentencia, Corte Constitucional T-295/93.


Sentencia, Corte Constitucional C-337/93.


Sentencia, Corte Constitucional C-179/94.


Sentencia, Corte Constitucional C-225/95.


Sentencia, Corte Constitucional C-578/95.


Sentencia, Corte Constitucional C-600/95.


Sentencia, Corte Constitucional C-270/97.


Sentencia, Corte Constitucional C-287/97.


Sentencia, Corte Constitucional C-327/97.


Sentencia, Corte Constitucional T-662/97.


Sentencia, Corte Constitucional C-358/97.


Sentencia, Corte Constitucional C-191/98.


Sentencia, Corte Constitucional. C-400/98.


Sentencia, Corte Constitucional T-568/99.


Sentencia, Corte Constitucional C-1022/99.


Sentencia, Corte Constitucional C-010/00.


Sentencia, Corte Constitucional T-256/00.


Sentencia, Corte Constitucional T-1490/00


Sentencia, Corte Constitucional C-567/00,


Sentencia, Corte Constitucional T-1319/01


Sentencia, Corte Constitucional C-053/01


Sentencia, Corte Constitucional T-601/01


Sentencia, Corte Constitucional C-200/02


Sentencia, Corte Constitucional C-392-02


Sentencia, Corte Constitucional T-268/03


Sentencia, Corte Constitucional, T-419/03


Sentencia, Corte Constitucional T-512/03


Sentencia, Corte Constitucional T-955/03


Sentencia, Corte Constitucional C-034/04

Sentencia, Corte Constitucional T-891/04