9 de agosto de 2014

DISQUISICIONES SOBRE LA PENA DE MUERTE


Por, Emanuel Gonzalo Mora

Ríos de tinta ha generado un tema tan controversial y conflictivo como la justificación o rechazo de la pena capital, en él se entremezclan posturas meramente dogmáticas, con justificaciones racionalistas y filosóficas, inclusive no han faltado autores que justifican la pena de muerte en la propia supervivencia del Estado, como lo hace Jean Jacques Rousseau en “El Contrato Social”. Así, el citado autor, contemporáneo del llamado “siglo de las luces”, en la obra citada (ediciones Altaya, colección “Grandes Obras del Pensamiento”, pág. 34) dijo expresamente: 

“El contrato social tiene por fin la conservación de los contratantes; quién quiere el fin quiere también los medios, y estos medios son inseparables de algunos riesgos, incluso de algunas pérdidas. Quién quiere conservar su vida a expensas de los demás debe entregarla también por ellos cuando es necesario…cuando el príncipe le dice “es indispensable para el Estado que mueras”, debe morir, puesto que solo con esta condición ha vivido hasta entonces seguro, y puesto que su vida no es tan solo un don de la naturaleza, sino también un don condicional del Estado. La pena de muerte infligida a los criminales puede ser considerada casi desde el mismo punto de vista: para no ser la víctima de un asesino se consiente en morir, si se llega a serlo… Además, todo malhechor, al atacar el derecho social, se convierte por sus delitos en rebelde y traidor a la patria, deja de ser miembro de ella al violar las leyes, y hasta le hace la guerra”. Al decir de Rousseau, la pena capital se fundamenta en la ruptura del pacto social celebrado al formarse la propia sociedad, mediante la cuál, habiendo sido cedido el propio derecho a la vida al Estado al momento de su formación, este tiene derecho a darle muerte al criminal por su traición, justificándose la pena en el solo peligro abstracto representado por el delito ya cometido, logrando así la subsistencia del Estado, es decir, y parafraseando al autor citado: 

Quién quiere conservar su vida a expensas de los demás debe entregarla también por ellos cuando es necesario (quiere decir que todos son protegidos por el Estado al celebrar el contrato social, por lo que el asesinar convierte al delincuente en un incumplidor de ese pacto o convenio, siendo pasible de sanción), puesto que solo con esta condición ha vivido hasta entonces seguro, y puesto que su vida no es tan solo un don de la naturaleza, sino también un don condicional del Estado (en el razonamiento del ginebrino, él admite que el Estado es el titular del derecho a la vida de los miembros del pueblo, y no cada uno de sus individuos conformantes de la población, por lo que el propio derecho a la vida se convierte en un acto de posesión y de disponibilidad a favor del Estado), la pena de muerte infligida a los criminales puede ser considerada casi desde el mismo punto de vista: para no ser la víctima de un asesino se consiente en morir, si se llega a serlo (es decir, el asesino, que rompió el pacto social, debe ser asesinado, para que en el futuro no vuelva a matar: entonces, todos, según Rousseau, consentimos al celebrar el contrato social en que se nos aplique la pena de muerte, habida cuenta de antemano sabíamos que si matábamos a otro, se nos daría muerte, con la finalidad de asegurar la subsistencia estatal, todo ello fundamentado en una peligrosidad natural - El contrato social tiene por fin la conservación de los contratantes; quién quiere el fin quiere también los medios, y estos medios son inseparables de algunos riesgos, incluso de algunas pérdidas -, palabras de Rousseau).

Cuando Jean J. Rousseau dice que “Quién quiere conservar su vida a expensas de los demás debe entregarla también por ellos cuando es necesario”, no hace otra cosa que partir de una concepción de peligro abstracto del delincuente y de negación de la auto-determinación de la persona, en el sentido en que este criminal que ha asesinado, volverá a hacerlo, porque no puede ser de otra manera, dado su elección no es libre, es naturalmente peligroso, está determinado al delito, por ello se le debe matar, para eliminar a un sujeto que pone en peligro la propia subsistencia estatal.


De esta manera Rousseau, quizás sin pensarlo, comenzó a formar las bases de la ideología de la sociedad capitalista actual, donde aquellos que cometen crímenes son vistos como sujetos inferiores, dignos de desecho, porque están de más, molestan al sistema, porque demuestran el fracaso del mismo, por ello se los priva de la libertad, se los arroja a la “cárcel” ó “penitenciaría”, que funciona como un verdadero contenedor humano, siendo que la sociedad no se persuade de que quizás estos “sujetos contenidos”, que no son otros que los delincuentes, son quizás el resultado del propio sistema de acumulación del capital, donde el objetivo consiste lisa y llanamente en la mayor acumulación de dinero posible, porque el capital representa la adquisición de todos los bienes materiales que existen en el mundo, dado el valor simbólico del dinero hace que este objeto se convierta en el fin mismo del sistema propio, dado no se puede vivir sin dinero, el problema, como todos sabemos, es que no todos los individuos tienen la misma capacidad de acumulación, lo que genera que el reparto de un bien escaso (el dinero) se acumule en forma desigual, lo que motiva que lo que debería ser un remedio social, termina siendo una enfermedad.


Esta ideología determinista del delincuente, que tanto daño le ha hecho al hombre, no ha perdido vigencia, al menos a mi juicio, simplemente ha mutado en su concepto, en su enunciado formal, porque hoy ningún filósofo u formador de opinión pública se atrevería a afirmar cosas como que “el Estado es el titular del derecho a la vida”, o que “el que quiere el fin quiere los medios, entonces si asesino consiento que me maten”, pero la esencia del instituto de la pena de muerte sigue siendo la misma: la peligrosidad social del delincuente.
Muchos son los aparentes justificativos para la aplicación de la pena de muerte, así, hay quienes hablan de la inmoralidad y gravedad del crimen cometido, de la indignación social que produce un delito aberrante, del temor que causará a los que no delinquieron, etc; enrolándose unas u otras hipótesis, según la forma en que son exteriorizadas, en la llamada teoría de la prevención general negativa (ej: por el temor generado en los que no delinquieron), en la especial negativa (¡que mejor neutralización del “sujeto peligroso” que su muerte!), en la retribución pura (la inmoralidad del delito, la indignación pública que genera, etc), pero la pena de muerte jamás podría basarse en la teoría de la prevención especial positiva, porque ello implicaría admitir un sinsentido, pronto demostraré el porqué de mi afirmación axiológica.


Para aquellos partidarios de la prevención general que sostiene que la pena capital logra un estado de intimidación pública que genera y disuade el futuro delito, vale la pena citar parte de un artículo periodístico publicado en el diario “Mundo”, el día 17 de marzo de 2009, donde se expresa: “…El director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte de los Estados Unidos, Richard Dieter, aseguró hoy que "sería un problema" y un "retroceso", que un país piense en implementar la pena de muerte… "En Estados Unidos, los estados que usan la pena de muerte, tienen índices de crímenes más altos", aseguró y explicó que "hoy la discusión está centrada en cuestionar la continuidad de ésta práctica". Para Dieter, "el que un país piense en implementar la pena de muerte sería un problema", dijo y agregó que mientras "muchos países la están aboliendo, otros directamente no la tienen, por lo que sería inusual que un país la instale en estos tiempos", comentó. "En Estados Unidos, los estados que usan la pena de muerte, tienen índices de crímenes mayores", reflexionó y afirmó que justamente por eso es que "el énfasis está puesto en no retroceder"…”
Vale interpretar, al menos a mi criterio, que el fin no justifica los medios en este caso (parafraseando a la inversa la célebre frase de Nicolás Maquiavelo, expresada en su obra “El Príncipe”), según se interpreta adecuadamente las palabras de Dieter, habida cuenta que los crímenes no cesan, sino que por el contrario, aumentan, lo que demuestra la falta de utilidad del argumento de la prevención general como justificante de la pena máxima. 


Porque si la idea de la pena capital es disuadir al potencial delincuente, evitando que este delinca, movido por el temor de ser meritorio de la pena de muerte, pues bien, queda claro que la experiencia estadounidense no hace más que confirmar la falsedad de la hipótesis, habida cuenta la tasa de criminalidad no hace más que incrementarse en su penosa estadística, cabe preguntarse acaso: ¿han sido vanas las muertes de aquellos que ya fueron condenados en la historia de los EE.UU.?, la respuesta parece afirmativa si se fundamenta la tesis de la pena de muerte en la prevención general.

Además, ella hace del hombre un medio, dado que la pena se impone no por el delincuente en sí, sino que se utiliza al criminal como medio de propagación de la llamada “prevención general”, repito que el hombre es un fin en sí mismo, jamás puede ser reducido en un simple medio estatal, ello implicaría la cosificación humana, porque el delincuente condenado a muerte pasa a ser un objeto de descarte, una especie de “latigazo” a la sociedad para atemorizarla y advertirle lo que puede pasarle a cualquiera que pretenda delinquir.


Además, este fundamento no hace más que propiciar la base ideológica de un Estado autoritario, cuando no totalitario, con el peligro que ello conlleva, dado que si admitimos que el Hombre sea un medio, siendo superior y preexistente al Estado, es claro que estamos, solapadamente, admitiendo una tesis de superioridad del Estado sobre el Hombre, tal como lo hace Rousseau en su contrato social, fruto del idealismo del que parte, lo que conllevó tristes consecuencias en el curso de la historia. Salvando las distancias ideológicas, piénsese en el nacionalsocialismo y la matanza de miles de personas con discapacidades, por el mero hecho de no tener “aptitudes superiores”, es decir, por estorbar.


La falta de utilidad de la pena de muerte desde el prisma detallado (la presunta “prevención general”), con más las razones reseñadas, no hacen más que generar mi ánimo de descarte del axioma de la prevención general como fundamentación de la pena capital.
Puntualizando el análisis desde la pena como retribución, como castigo, ello conlleva consecuencias distintas, o enfoques distintos, sea que se utilice como discurso la inmoralidad y gravedad del crimen, o la lisa y llana venganza social (implícita en el sentimiento social de indignación pública), todas ellas, sin importar la forma del discurso (ej: “ese criminal debe morir por lo que hizo”, “la sociedad no puede tolerar que pasen estas cosas”, “el delincuente debe pagar por la muerte de la víctima”, etc.), todas, sin excepción a mi juicio, conducen a un único camino justificativo: la ley del talión.


El asesino, el violador sexual, el ladrón consuetudinario y todos aquellos criminales semejantes deben morir porque sus gravísimos crímenes merecen un castigo igualmente gravísimo, esa es la verdadera razón suficiente en la lógica jurídica de la pena de muerte como retribución al delincuente por lo que hizo, que no es otra que el hipotético justo castigo por el crimen cometido, lo que guarda una suerte de lógica proporcional entre el delito y la sanción a imponer, porque de otra manera, un ladrón de gallinas podría ser penado con la muerte, algo que ni siquiera desean los defensores de la pena capital.


Como se aprecia, la sanción a muerte no se justifica, desde el prisma de la retribución, en otra cosa que la devolución del mal que cometió el delincuente, traducido en el justo castigo por el grave crimen, motivado, explícita o implícitamente, en el inmoral hecho cometido por el criminal, pero ello encierra un círculo vicioso del que los sostenedores y defensores de la pena capital no podrán salir, en efecto: ¿cómo se justifica el asesinato del delincuente entonces a mano del Estado?, porque si decimos que una persona merece morir producto de la inmoralidad y de la gravedad de su crimen, ¿cómo puede matársela válidamente sin caer igualmente en otra inmoralidad?, cabe preguntarse si la pena impuesta en la supresión de la vida no termina siendo un acto más inmoral que el propio delito del criminal, habida cuenta que estamos, de considerar inmoral la pena capital, institucionalizando por vía estatal una serie indeterminada de actos inmorales.


Como se ve, los defensores de la pena de muerte, desde el prisma de la presunta “inmoralidad” del crimen (que se empleará en todos los casos, dado la pena como retribución tiene como axioma básico la inmoralidad del crimen consumado) caen en un círculo vicioso, en un callejón sin salida, porque se encadenan una serie de acciones inmorales, porque castigamos al delincuente, creador del acto inmoral del delito, con otro acto inmoral, matándolo.


Así las cosas, de justificarse la pena capital en la retribución por la inmoralidad del crimen, llegamos a la conclusión de que la pena de muerte no es una expresión del derecho, sino una mera demostración de poder estatal, habida cuenta de la inmoralidad de la sanción impuesta.


Así concebida, la pena de muerte no es otra cosa que la supresión de una vida, que no persigue ningún fin para con el delincuente, porque tal como la reflexiona Zaffaroni, no es más que “un simple impedimento físico, similar al que puede consistir en amputar una mano al carterista o colocar una pared que impida el avance de peatones y vehículos” (Manual de Derecho Penal, ed. Ediar, pág. 659, punto 459).


Se tome el criterio de la prevención general o la teoría de la pura retribución, ambas se fundamentan, jurídicamente, en un derecho penal de peligrosidad, porque se concibe al delincuente como un ser perdido, incorregible, que no puede variar su conducta, porque es un ser determinado al delito, donde lo único mensurable en la sentencia es el grado de peligrosidad social que ostenta el criminal, y como la elección para este delincuente es algo inexistente, porque está predestinado al mal, debe de matárselo, habida cuenta que la entidad y gravedad del crimen que cometió demuestra un grado de proporcionalidad de la personalidad criminal del condenado a morir que justifica la propia muerte del criminal.

El derecho penal de peligrosidad tiene por objetivo contener ese peligro abstracto que representa el delincuente, lo que justifica para sus sostenedores que el delito leve deba ser levemente castigado, porque revela, en su proporcionalidad, una también leve peligrosidad de la personalidad del delincuente, pero cuando el delito es gravísimo, el castigo, dicen los defensores, debe ser la pena de muerte, habida cuenta que el criminal revela un grado de peligrosidad que no puede ser sostenido por los canales institucionales del Estado, por lo que la única solución es la condena a muerte del criminal.


El argumento no resiste tampoco el análisis, desde varios prismas: primeramente, porque yerra desde como concibe al Hombre, sosteniendo que es un ser determinado e incapaz de tomar decisiones, porque las elecciones son una mera ilusión, partiendo de un absurdo idealismo que lo único que logra es destruir la propia concepción humana, porque si el Hombre está determinado en un solo sentido: ¿cómo es posible que las personas puedan tener buenas y malas acciones en su vida?, partamos de la base de que todo individuo hace el mal o el bien, según la conducta que despliegue y de los resultados que esta materialice en el mundo exterior, por ende, son las acciones, aisladamente consideradas, las que deben ser calificadas de buenas o malas, pero no la personalidad en sí misma. Solo se pueden imputar jurídicamente las acciones, no el carácter. Condenar a muerte es sancionar el ánimo, la personalidad del autor.


La chance de elegir entre buenas y malas acciones, conforme a las pautas de la normatividad es lo que justifica la existencia del fenómeno de la responsabilidad en general, más aún de la de naturaleza penal, por lo tanto, si el hombre es libre en sus elecciones, es claro que no es el propio Hombre el bueno o malo, sino sus conductas separadas (“por tus obras se te conocerá” dice un célebre pasaje bíblico).
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Ello elimina la afirmación de que el hombre está determinado, porque dicho juicio lógico es falso, dado que el hombre siempre puede elegir que hacer, siendo capaz de acciones buenas y malas, en forma indistinta.


Desde otro punto de vista, si el delincuente esta naturalmente determinado al delito, y si su grado de peligrosidad hace imposible su contención, lo que justificaría la pena de muerte para eliminar la amenaza que representa el criminal, es claro que dicha afirmación encubre una solución demasiado simple y perezosa para el Estado, porque se prefiere la muerte del criminal a su encierro perpetuo, por ejemplo, con lo que la “imposibilidad de contención del delincuente altamente peligroso” tampoco justifica la pena capital, dado el Estado siempre tendrá formas a su disposición para contener al “delincuente altamente peligroso”, no se necesita matarlo.


Todas estas hipótesis, sin importar el discurso que formalmente expongan, sea la indignación pública, la inmoralidad de la conducta, la prevención general, etc; todas ellas encierran una visión al menos autoritaria del poder estatal, y una visión política de la sociedad fundada en la ideología de la comunidad abstracta, porque justifican que un individuo sea eliminado porque es “prescindible”, porque es una “molestia” ó “sobra” social, que se puede arrojar al cementerio como si fuera el condenado un paño sucio destinado al cesto de los residuos. En todas estas cosmovisiones, se parte del axioma de que el Estado es superior al Hombre, porque el Hombre, en su razonamiento, es un medio para el funcionamiento del Estado, y si no sirve como medio, por ser un criminal predestinado a cometer delitos, entonces el Estado como ente superior puede prescindir de esa vida humana que está de más en el planeta. Recuerde el lector sagaz las palabras de Rousseau citadas al principio del título: “El contrato social tiene por fin la conservación de los contratantes; quién quiere el fin quiere también los medios, y estos medios son inseparables de algunos riesgos, incluso de algunas pérdidas. Quién quiere conservar su vida a expensas de los demás debe entregarla también por ellos cuando es necesario” (¿alguien piensa que las ideas de Rousseau han muerto el día de hoy, o que simplemente variaron en su forma, presentando un discurso menos violento?).


Gracias a Dios, tengo el orgullo de que mi país sea claramente abolicionista de la pena de muerte, porque, tal como reseña Zaffaroni, la última condena data del año 1914 (hace casi un siglo), en Buenos Aires, por un homicidio, recibiendo durísimas críticas de la opinión pública en general. Además, y tal como enseña el maestro penalista nombrado, siempre se instauró su régimen con fines políticos, como el combate a la subversión.


La teoría de la prevención especial, que tiene en miras la readaptación del delincuente, jamás podría justificar la pena de muerte, habida cuenta que nunca puede basarse esta en la peligrosidad del criminal, sino en la gravedad del acto que cometió, porque reconoce la posibilidad de elección del Hombre, reconoce la libertad y la responsabilidad que ella conlleva, por ende, entiende axiomáticamente que el ser humano, al poder elegir, puede de adaptarse a pautas culturales conforme a las concepciones de la moral de la sociedad.


La pena de muerte, tal como dice Zaffaroni, es solo un impedimento físico, es lisa y llana retribución por el mal causado por el delincuente, así las cosas, no soluciona nada, ni intimida a la población, ni disuade al criminal, ni se justifica moralmente, lo único que logra es simplemente eliminar una vida humana, aparentando una solución al problema de la delincuencia, la que es causada por problemas estructurales de la sociedad en general, fundamentalmente en la crisis de valores morales del siglo XXI, producto de la sociedad de consumo, que parte de la falsa premisa de que todos son “iguales” en el “libre” mercado, regido este por la “igualdad” de oportunidades, sin contar que los que mejor pueden afrontar ese diabólico sistema son los que más tienen, los que mayor capacidad de acumulación de dinero presentan, ello genera que los débiles se queden con las sobras, o simplemente sin nada, porque no tienen capacidad o fuerzas para acumular dinero al ritmo que exige esta enferma sociedad globalizada.


Pareciera que la pena de muerte, en dicho contexto, se parece más a una escoba barriendo individuos que a una sanción penal, vaya paradoja del destino.

6 de agosto de 2014

¿DEBEMOS HABLAR DE DERECHO PENAL O DE DERECHO CRIMINAL?



Podría ser algo sencillo hasta banal disertar sobre si es más conveniente hablar de «Derecho Penal o Derecho Criminal», pero no lo es; dado que resulta de un yerro idiomático (semántico), y a una mala interpretación.

Nos expresa BUSTOS RAMÍREZ en su texto Introducción al derecho penal

El primero que utiliza el término derecho penal fue un discípulo de CHRISTIAN WOLFF (REGNERUS ENGELHARD) en 1756 y que después fue popularizado con el código penal francés en 1810. Este mismo autor comenta que muchos han utilizado el término criminal por su tópico descriptivo de no solo englobar penas sino porque se refiere a cuestiones sustanciales como procesales (adjetivas). Es decir, cuando se utiliza el término derecho criminal es para referirse a la materia procedimental criminal y la sustancial como uno solo. FEUERBACH era quien utilizaba la expresión derecho criminal junto con el principio de legalidad.

Entonces, algunos suelen recurrir al «Derecho Penal o al Derecho Criminal» como sinónimos, otros como conceptos distintos; dándoles relevancia a lo criminal, donde el crimen tiene mayor rigor que lo penal. Existiendo delitos (referidos a la pena) y criminal (a penas más severas). Pero, para nuestro entender en sentido amplio es lo mismo, pero en sentido estricto cambia, porque bien el Derecho Criminal se entiende desde el mismo sentido de lo que se encarga esta rama del derecho, de repeler o combatir desde su juridicidad todo delito (en sentido criminal) o crimen. Pues si bien, si se colocan penas, no necesariamente tienen que ser penas privativas de la libertad, como bien expresamos ut supra; hay otras ramas del derecho que se dedican precisamente de la pena, pensemos, en el Derecho Administrativo Sancionador (Derecho Penal Administrativo), Derecho Disciplinario, Derecho Policivo, Derecho Civil, Derecho Laboral y del Derecho Privado en general, en todos ellos hay pena; e incluso pena privativa de libertad no como prisión sino como arresto (ordenada por el juez).

Si bien atinamos a lo que expresa el penalista alemán CORNELIUS PRITTWITZ, ergotiza que la terminología de «Derecho Criminal» es la mejor noción que hay, ya que el concepto de «Derecho Penal» es un idea posible mas no necesaria, porque lo importante es el crimen, no la pena en sí. Debido a que también se puede prescindir de la pena. Siendo que el Derecho Criminal es más amplio porque abarca un abanico de fundamentos, y no se limita solo a la pena, con respecto a esta materia y no frente a las otras, viéndolo desde este punto de vista.

Así que la palabra crimen clarifica que no toda infracción es objeto de este derecho, sino los crímenes mismos. A lo que hablar de crímenes, tiene peso en sí mismo, algo importante (bagatelas no son crímenes, por ejemplo). Se habla de lo verdaderamente criminal y de lo delictual, que puede ser cualquier cosa determinada por el legislador; atisbamos el montón de delitos que se encuentran plasmados en los códigos penales domésticos, siendo que son innecesarios y no se aplica el concepto de fragmentariedad y subsidiariedad, intervención mínima.., no siendo de ultima ratio, ni siendo realmente delitos (reales).

Figuran muchos como presuntos delitos (crímenes), como para mencionar algunos: injuria, calumnia, ayuda al suicidio, incesto, delitos frente a la administración pública (algunos), en este último hay varios delitos que deben estar en el ámbito administrativo sancionador o simplemente disciplinario; como también en el civil o policivo, mas no en el penal-criminal. Deberíamos quedarnos con los delitos criminales reales;, debemos ser partidario de un derecho criminal, no ya mínimo, ultra mínimo, debido al derecho expansionista en que estamos. (Ver vídeo aquí).

Desde el contexto histórico, el «Derecho Penal» no ha sido llamado así por siempre, por lo que ha tenido múltiples denominaciones, tales como:

“Derecho Represivo, Derecho de Defensa Social, (el Código de Defensa Social cubano de 1936 por ejemplo) Derecho Criminal, Derecho Sancionador, Derecho Restaurador, Derecho Protector de los Criminales, Derecho de los Medios de Lucha Contra el Delito, Derecho Penal y de Medidas, Derecho Vergonzoso, Derecho de Penas y Medidas de Seguridad, Derecho de Castigar, Derecho Trasgresional, Derecho Reformador, Derecho de Prevención, Derecho Protector de la Sociedad, entre otros... [1]”.

En Alemania se le designó antiguamente con los vocablos Peinliches Recht, esto en los años de 1756 a 1794 empleado por REGNERUS ENGELHARD; modernamente se le denomina Strafrecht. En Italia con el nombre de Diritto Penale y en Francia como Droit Penal o Droit Criminal (Derecho Criminal). Adoptan el término de Derecho Criminal porque estiman su contenido más vasto, ya que comprende también a los no imputables y las medidas de seguridad [2]”.

Si recordamos, en el Derecho Romano se realizaba distinción entre delitos privados y delitos públicos (ver aquí), donde los primeros eran considerados los delitos en sentido estricto, y los segundos eran considerados como crímenes (de lo que verdaderamente se debe hablar). No del primero, ya que puede contenerse en otro campo como en el civil, como cuando hablamos de injuria y calumnia, precisamente hablamos de delitos civiles (privados), no de un crimen (público), como podría ser el homicidio, la rapiña (hurto con violencia), abuso sexual...

El «Derecho Criminal» debe abarcar todo tipo de delitos básicos o complejos, pero que sean delitos de verdad, criminales. No de bagatelas o supuestos delitos, que pueden ser tratados en otra forma o en otro campo ajeno al criminal, que pueden ser penales pero en su respectiva área.

Es así que el «Derecho Criminal» tratándose de nociones es el concepto apropiadamente, es el jurídicamente correcto; para referirnos al campo del derecho que estudia las conductas delictivas (criminales) que cometen los sujetos dentro de una sociedad, donde se impone una sanción y no necesariamente una pena privativa de la libertad. Se cree que su abandono como palabra se debe evitar cosas del pasado, por así decirlo, y no relacionado con la expiación, pero como es de surgir algunos autores comienzan esgrimir de derecho criminal, refiriéndose al derecho penal actual, e incluso algunos se refieren como: derecho penal criminal, derecho penal administrativo (que hoy en día se llama derecho administrativo sancionador, y que es válido de las dos formas)

En suma, si bien existen críticas acerca del término de «Derecho Criminal», no debe ser acogido del todo por la comunidad profesional en general, ya que si se critica la definición, es porque les parece vetusto, o es porque se esta familiarizado con la noción acostumbrada, y no bien, porque sea más acorde a lo que se refiere con dicho fundamento, que es más completo, preciso y abarca todo el ámbito de esta; tal como ha dicho MARC ANCEL en La Défense Sociale Nouvelle:  “se parte de la aceptación del derecho penal, aún en su denominación, aunque solo sea habitual de ella, a pesar que se encuentre más apropiada, como es lógico la de derecho criminal”.

Si se presta a confusiones en la comunidad, no es de preocuparse, porque son términos utilizados solo entre juristas, que son lo que investigan el tema, a lo que los crímenes solo deben estar remitido a lo que está en el código penal doméstico, como sinónimo, pero como reales crímenes, porque si no lo son, tal como sucede ahora, que hay crímenes (de mayor relevancia) y delitos privados (de menor relevancia), que deben ser excluidos (aunque ya no existe esta distinción), para solo quedarnos con los crímenes (de mayor relevancia) como también con las faltas cometidas contravencionalmente (que estarían integradas en los catálogos sancionadores, como el del tránsito, policía...).

De esta manera el Derecho Criminal no solo abarca estos delitos o crímenes (reales), sino también medidas de seguridad, algo que no integra el «Derecho Penal» que hoy conocemos (como noción), siendo realmente muy vago y no tan exacto. Es decir que aunque el Derecho Criminal abarque más temas es más preciso ya que esta caracterizado a su área, no a otra distinta, siendo contrario al término de «Penal», que es ambiguo, vago, incompleto y extenso.


[1] Cfr. Concepto del Derecho Penal, versión en linea: http://mtroedmundo.blogspot.com/2010/09/concepto-del-derecho-penal.html
[2] Ibidem.