11 de abril de 2014

TEORÍA DE LA NORMA[1]





Carlos Arturo Gomez Pavajeau en un Congreso de Derecho Disciplinario


Por  Carlos Arturo Gómez Pavajeau


Se define a las categorías como “conceptos generales por los cuales se agrupan individuos u objetos con caracteres comunes y se ordenan las ideas”[2], destacándose en ellas, en tanto principios del entendimiento, su “función relacionadora”[3].

Podría decirse que allí se define y se destaca una función básica de las categorías. Llama la atención, inmediatamente, cómo las nociones utilizadas por los primeros dogmáticos, tal cual se verá, responden de manera adecuada a dicha definición, por demás el alma de la dogmática, concretada en el pensamiento sistemático, que tiene como base de desarrollo la tarea de relacionar instituciones por medio de la identificación de semejanzas extraídas de su análisis particular y contraponerlas, para la construcción de las especies, a las diferencias específicas.

Por ello en filosofía las categorías “constituyen momentos estructurales de la teoría del conocimiento”, conceptos fundamentales del saber en general, que forman un “sistema cerrado y completo de estructuras”. Son “elementos del edificio articulado del saber mismo, determinaciones sistemáticamente deducidas y distintamente localizadas de la unidad del ser y del saber”. Explicitan “la relación de la razón con el lenguaje” y aparecen como “momentos de construcción de una realidad racional”, de unos “principios racionales”[4].

Si las categorías introducen e imponen la noción de estudio sistemático, toda ciencia es fundamentalmente teoría y la ciencia “busca no el conocimiento puntual sino el sistemático”, resulta verdad inconcusa el hecho de que para hacer ciencia necesaria e indefectiblemente tenemos que trabajar los conceptos que demanda a partir de su elaboración categorial[5].

De allí que la tarea de la dogmática como ciencia del Derecho Positivo “consiste en la construcción de las instituciones jurídicas, en la reducción de las normas jurídicas a conceptos generales y en la deducción de las consecuencias que derivan de estos conceptos”, imponiéndose la “construcción categorial”,  según LEGAZ Y LACAMBRA[6].

Por tanto entonces, por medio de la razón, utilizando un análisis lógico, para la elaboración del dato se “extrae del objeto su carácter y cualidad”, esto es, se identifican a partir de la letra de la ley las proposiciones jurídicas que encarnan y a partir de ellas se dividen los objetos en clases a través de la comparación de diferencias y semejanzas, clasificando a cada uno de ellos a través de la agrupación por homogeneidad, la cual “está determinada por la comunidad o identidad de un número mayor o menor de caracteres”[7]; método denominado como el paso del estado precientífico al científico, esto es, al sistemático, y que implica:

a) La “individualización de los géneros fundamentales;

b) La “división de los géneros en especie”; y,

c) La “definición de los nombres que indican tanto los géneros como las especies”[8].

Allí resalta la función clasificatoria de la dogmática, cuya característica pone de presente un orden establecido a partir de diferentes niveles de los objetos del conocimiento, los cuales paulatinamente van siendo reducidos a conceptos abstractos de mayor o menor entidad.

Surge a partir de tal procedimiento la idea de sistema, también artículo del credo positivista, cuya necesidad es imperiosa e indefectible, por cuanto como decía SAVIGNY, “se debe partir de la exégesis y relacionar con ello el sistema”[9].

Lo anterior implica que el estudio de la ley positiva, esto es, del objeto del conocimiento, parte de identificar individualmente a los preceptos jurídicos, aquellas oraciones legales que portan un mensaje normativo, relevantes para la regulación de situaciones y relaciones jurídicas, las cuales se captan a través de las proposiciones que conceptualmente se van formando por la aplicación, por parte del sujeto del conocimiento, de un progresivo grado de abstracción.

De la misma manera AUSTIN daba cuenta materialmente de ello, puesto que demandaba encontrar en la ley unas “largas series de proposiciones”, que tienen como particularidad la “relación entre ellas”, relación que se caracteriza por mostrar una “conexión íntima e indisoluble”, que las muestra “unidas bajo una denominación común”, que además permite distinguir sus caracteres que las diferencian entre sí[10].

Un gran maestro italiano, me refiero a CARNELUTTI,  era claro en señalar que interesaba “observar más atentamente esta fase de la clasificación, que representa el fruto de la comparación de los datos. El estudioso opera, ante todo, en el sentido del análisis, esto es, descomponiendo los objetos, y por consiguiente, las imágenes en sus varias cualidades y caracteres; pero la descomposición no daría ningún resultado si no fuese seguida de la recomposición, mediante la cual, extrayendo de la  especie se obtiene el género. Establecer, observando los objetos, sus analogías y diferencias, esto es, entresacar las cualidades comunes de las cualidades diversas, no serviría para nada si con las cualidades comunes no se fabricase un modelo que sirva de término de comparación para poner en un grupo los objetos similares y eliminar los objetos diversos, o también podría decirse para servir de caudillo del grupo. Este modelo o maniquí es lo que llamamos el género en contraposición de la especie, las cualidades relevantes para la formación del concepto … son las cualidades comunes a todos los individuos del genus[11].   

Puede entonces entenderse, con precisión, por qué decía GIMBERNAT ORDEIG que la ciencia del Derecho procede “formando conceptos allí donde el legislador ha empleado sólo, por ejemplo, representaciones”[12]. Ello se logra deduciendo de la ley la solución aplicable al caso “mediante la construcción jurídica, esto es, a través de la abstracción progresiva de los conceptos más específicos a los generales”[13].

Por medio de dicho procedimiento se captaba la esencia de lo que constituía la responsabilidad y sus componentes, llegándose a la determinación de que los mismos se representaban en las ideas abstractas, por tanto categorías, de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

Expresan tales ideas la noción de relación jurídica, término en el cual englobaba SAVIGNY la esencia de la naturaleza orgánica que demandaban los estudios dogmáticos, lo que se evidenciaba “en el contexto de sus elementos que mutuamente se apoyan y condicionan”. Por eso concluía que “todas las instituciones jurídicas están ligadas en un sistema” y “sólo pueden ser comprendidas por completo dentro del magno contexto de este sistema”[14].

En fin, pues, con el descubrimiento de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad se logra lo que IHERING denominaba el encumbramiento de “las reglas del derecho a la categoría de elementos lógicos del sistema” y estos a su vez “pueden colocarse en categorías superiores”, hasta mostrar el “precipitado de las reglas del derecho en un sistema”, lo que no es otra cosa que “penetrar en su inteligencia misma”[15].

El precipitado de las reglas del derecho sancionatorio se encuentra en la categoría dogmática de la responsabilidad, entendida ésta como el instituto que da cuenta de los elementos y de su organización a partir de los cuales puede decirse que se ha creado una situación o un acto jurídico que comprende una serie de relaciones de tal tipo, a partir de las cuales puede afirmarse la necesidad de atribuirle consecuencias, lo cual se hace a través de la llamada sanción jurídica.

Pero no toda consecuencia jurídica que conoce el derecho sancionatorio se comporta de igual forma, pues no es lo mismo derivar responsabilidad del comportamiento de un sujeto de derecho personal que del de un sujeto de derecho societario, como tampoco lo es de un sujeto individual que del de un sujeto colectivo. Súmase a ello también, por diferencia genérica y específica, que no resulta igual derivar responsabilidad de un sujeto, cualquiera que fuere, que realizara un comportamiento dotado de sentido ético que hacerlo respecto de otro cuyo valor del comportamiento se encuentra en lo adecuado o apropiado del mismo para el funcionamiento del orden económico general de un país.

Por ello debe decirse, que la ciencia jurídica se encuentra en deuda con el derecho sancionatorio, pues prácticamente sólo ha trabajado el modelo de responsabilidad que conoce el Derecho Penal, el cual, de todos modos, incluso para su propio ámbito, resulta incompleto para la comprensión de la responsabilidad de las personas jurídicas.

La ciencia jurídica debe comprometerse con el estudio del derecho sancionatorio como género y a partir de allí con la concreción de las diferentes estructuras de responsabilidad que demandan las situaciones y relaciones jurídicas vistas desde la perspectiva de los sujetos involucrados en ellas y del sentido del acto o comportamiento que se les endilga, pues diametralmente se aprecia que no puede tener la misma estructura de análisis conceptual la responsabilidad de una entidad bancaria que se desencaja en cuanto a la proporción mínima de los depósitos que debe mantener en reserva, que aquella que se corresponde con el comportamiento de un servidor público cuyo núcleo fundamental se encuentra en la perspectiva ética del substrato del juicio jurídico.

El concepto de estructura está referido a la manera como están organizadas las partes de un todo y muy especialmente a la “solidaridad e interdependencia de cada una de ellas”, en orden a que se facilite el análisis interno de la totalidad, el cual depende de las relaciones de sus componentes vistos desde una perspectiva sistemática[16].

Cuando nos ocupamos del comportamiento ético, para nuestro caso del comportamiento conforme a la ética de lo público o de la ética profesional, sin duda alguna corresponde identificar, además del objeto del juicio, por cuanto se trata en los juicios éticos de la aprobación o desaprobación a través de una valoración, de lo correcto o incorrecto de las acciones, cuál es la estructura de la relación obligacional, en tanto lo importante ya no es sólo la explicación como tal de la conducta, sino de la dirección de conductas como cometido de la ética, esto es, de la “norma de conducta”[17].

Esa relación obligacional, para el Derecho Disciplinario, tiene connotación especial y surge, como también se entiende y configura, a partir de la categoría dogmática superior de la “relación especial de sujeción”.

En términos jurídicos, por vía general, se ha dicho que responsabilidad es “la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro cualquier pérdida o daño que se hubiere causado a un tercero”[18].

La responsabilidad es un “concepto jurídico fundamental” y por su intermedio “la adscripción de responsabilidades jurídicas puede pretender dirigir directamente la conducta a través de la imputación de deberes”[19], cometido propio del Derecho Disciplinario.

En el juicio ético de lo público o ético profesional se compromete la visión del hombre como sujeto dotado de autonomía ética y dicho concepto, hoy reconocido como dignidad de la persona, resulta ser el fundamento del orden jurídico colombiano (artículo 1 de la Carta Política).

Por tanto, como bien se ha dicho, la responsabilidad es una personalísima atribución[20], de allí que se diga que es una categoría ética[21].

El hombre se libera de la necesidad y de la naturaleza haciéndose libre, por tanto, como lo sostiene la antropología filosófica, “con el concepto de libertad volitiva va anejo necesariamente el concepto de responsabilidad”[22], lo que implica que el “sujeto debe administrar responsablemente su esfera de libertad personal”[23], en tanto como ser responsable de sus actos “orienta su futuro y asegura su destino” [24]

Si ello es así, igualmente, la estructura de la responsabilidad disciplinaria deberá aprehender conceptualmente la esencia del sujeto ético[25], y como tal, la norma de conducta al formular la relación obligacional, también deberá respetar la esencia de lo humano.

Desde la filosofía se afirma que todo juicio implica:

a) Desarrollar una “teoría del valor o axiología”, que apunta a un juicio de valor sobre lo apetecible o despreciable respecto de fines, objetos, experiencias, estados de cosas o disposiciones, aquello que extrínseca o intrínsicamente se persigue por el estatuto ético disciplinario, aquello que da cuenta de la “teoría de lo que uno debe proponerse o buscar”; y,

b) Desarrollar una “teoría de la obligación o deontología” que se ocupe de los juicios de obligación”, esto es, de aquello que está referido a la obligatoriedad, rectitud o incorrección del juicio o, con mayor precisión, se ocupe de la “teoría de lo que debe hacerse”[26].     


Lo que constituye lo contrario a Derecho en nuestra disciplina está dado por tal juicio.

No incumbe sólo lo relacionado con lo correcto o incorrecto respecto de las obligaciones formalmente concebidas, aquello que importa para el juicio referido a la “teoría de la obligación”, lo que denota la infracción de los deberes funcionales o profesionales, determinado a partir de lo que “debe hacerse” como substrato de la deóntica, esto es, la cuestión del “significado y status de lo correcto o incorrecto”.

También importa, y no en menor valía, lo referido a lo bueno o correcto “por referencia al bien o al valor de algo, haciendo así a “la teoría de la obligación dependiente de la teoría del valor”[27], lo cual caracteriza a la ética actual, cada vez más preocupada por los valores[28].

En la actualidad la interioridad del hombre no se reduce sólo a las esferas conativas y de voliciones, esto es, a los conocimientos y deseos, sino que hay otros componentes de ella que los trasciende, va más allá de la referencia a objetivos, se caracteriza por cuanto “la dimensión del valor es el elemento fundamental de todo tender” y son las “cualidades de valor presentes en el tender las que delimitan el margen de maniobra de la voluntad”. Esto es, que las “actitudes interiores exhiban de manera originaria una dirección hacia un valor determinado”[29].

Por ello es que ya no bastan aquellas afirmaciones acerca del entendimiento del hombre como un ser corpóreo-psíquico o, en una visión más avanzada, como dotado de una dimensión corpóreo-psíquica y psíquico-espiritual, sino comprender su esencia a partir de su conciencia “técnico-práctica” y “ético-práctica”; refiriéndose la primera a la capacidad de lograr objetivos propuestos por medio de la utilización de instrumentos y la segunda como la capacidad de comprensión de lo valorativo, esto es, la llamada “conciencia axiológica[30].

Pero tendrán su particular sentido y contenido, apropiados y adecuados a su propio objeto y finalidad, lo cual podemos afirmar se encuentra muy cercano a la deóntica jurídica, puesto que las normas tienen como función primaria “la de motivar o guiar la conducta de la gente”, función que se cumple a través de las “normas de mandato”[31].

WELZEL decía que “si hay un lugar donde reside el núcleo de la personalidad ética y el fundamento de la dignidad humana, éste es la conciencia”[32].

Así, el Derecho Disciplinario como ética juridizada persigue, a través de las normas, dirigir la conducta de los servidores públicos, particulares que ejercen funciones públicas y abogados en el ejercicio profesional, a través de pautas de conducta.

KALINOWSKI concibe a la deóntica como “la teoría general del deber-ser”[33] y otros expertos manifiestan que la norma es un acto de comunicación en el cual se involucra lo que se comunica, quién comunica y a quién se comunica, expresándose lo comunicado a través de una fórmula lingüística. Las normas de conducta o prescripciones son enunciados que contienen una prescripción, esto es, comportan un mensaje a través del cual se le ordena, prohíbe o permite “ciertas acciones o actividades” a su destinatario[34].

La expresión idiomática de norma “es un imperativo o una frase referente a lo que debe ser”, “quien da una orden o manda algo quiere que algo deba suceder”; esto es, quien impone una norma “demanda un determinado comportamiento, prescribe, quiere que una persona (o varias de ellas) se deba (o deban) comportar de una determinada manera”[35].

Así aparece la norma como un objeto lógico destinada a la comunicación humana. La norma jurídica influye sobre el comportamiento humano “para darle el adecuado impulso o freno hacia una coordinación social”; las palabras utilizadas por la norma “tratan de afectar los comportamientos humanos en sociedad”[36].

El directivo, a través del lenguaje, expresa una idea-acción, un tipo o forma de conducta; de allí que “el rasgo distintivo del lenguaje prescriptivo es su función, la cual es guiar la conducta”[37].

Según OLIVECRONA el propósito de toda disposición jurídica es “influir en la conducta de los hombres y dirigirla de ciertas maneras”[38]. Para K. OPALEK las normas como directivas cumplen una “función de información indispensable porque ellas influyen sobre el comportamiento de sus destinatarios”[39].

En fin, pues, el intento exteriorizado de influencia impone la idea de que “la existencia de la norma jurídica viene así a significar un encauzamiento y limitación de las conductas alterales de los hombres” por una “objetiva necesidad de ordenación social”[40].

La tipicidad, en consecuencia, encarna las normas directivas o de encauzamiento de conductas. La ilicitud sustancial como constatación de una afrenta axiológica y deontológica de las normas de conducta y la culpabilidad el reproche por no conducirse, pudiendo hacerlo y con la comprensión axiológica del quebrantamiento de la norma de conducta, de conformidad con alternativas conforme a lo mandado por el ordenamiento jurídico.

Recordemos cómo ese gran dogmático que fue IHERING precisaba que se elevan “las reglas del derecho a la categoría de elementos lógicos del sistema” y estos a su vez “pueden colocarse en categorías superiores”.

Las reglas del derecho no son más que la base lingüística de las proposiciones jurídicas, aquello que como sentido porta la letra de la ley, toda vez que la proposición es “una entidad abstracta que puede ser caracterizada como el significado de una oración declarativa”[41]. Esto es, las proposiciones jurídicas son portadoras de un significado determinado[42], de allí que para Aristóteles “toda expresión es significativa, esto es, “dotada de sentido”[43].

Ya vimos cómo las categorías dogmáticas tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad se constituyen en lo que IHERING denominó “categorías superiores”, empero, el mismo señaló que a un nivel inferior encontrábamos otras categorías, que surgían de las reglas de derecho como base de las denominadas proposiciones jurídicas.

Su conjunción hacía saltar el concepto lógico de categoría, puesto que al pensar el derecho como sistema, se cumple con la importante función de “suministrar criterios de pertenencia de las normas que componen el orden jurídico”. La construcción sistemática se constituye en un marco conceptual básico aceptado para la teoría del derecho. Es un “presupuesto recurrente” en la dogmática jurídica, que apunta al conocimiento científico de la norma[44].

Para BOBBIO existe una conexión estrecha entre teoría estructural del Derecho y punto de vista jurídico, como también entre teoría funcional del Derecho y punto de vista sociológico[45].

Lo anterior pone de presente la discusión actual sobre la materia jurídica. Por un lado destaca el pensamiento de los dogmáticos puros, aquellos que conciben el sistema jurídico como un modelo lógico formal, abstracto y cerrado; como por otro el de aquellos que le apuestan a la dogmática así concebida pero admitiendo la importancia de reconocer que lo jurídico no se queda atrapado en la fórmula jurídica y mucho menos en la lógica formal, sino que trasciende hacia el reconocimiento de contenidos materiales aportados por las realidades sociológicas y los intereses que en su seno se plantean, fuente material de los avances de las doctrinas jurídicas y que evitan la petrificación del Derecho.

De allí que se conciba al Derecho complejamente, puesto que han penetrado al seno de lo jurídico una serie de postulados funcionales que miran más allá de la estructura lógica, para dotar a las mismas de un leit motiv que puede responder a diferentes orientaciones.

Muy bien las resume FERRARI cuando da cuenta que al Derecho se le atribuyen las siguientes funciones[46]:

a) De orientación social.

Se dice por nuestro autor que el Derecho cumple la función de “orientación general de la conducta a través de la influencia ejercida recíprocamente por los miembros del grupo, mediante modelos, más o menos tipificados o coordinables institucionalmente”.

b) Tratamiento de conflictos declarados.

El Derecho se ocupa de resolver los conflictos surgidos al interior de las sociedades, donde se disputan unos y otros de sus miembros diferentes derechos o intereses, asunto de importancia para nuestra disciplina, si se tiene en cuenta que no es menos cierto que al interior de la organización estatal y de la profesiones liberales intervenidas pueden surgir disputas entre los sujetos a la relación especial de sujeción o entre éstos y los representantes del Estado, cuando los primeros se apartan de las directivas de conducta que se han materializado en deberes de conducción o encauzamiento, fijados a partir de los principios, valores y derechos fundamentales que imperan como principios de la conducta humana en sociedad.

c) Legitimación del poder.

Precisamente es allí, en dicho escenario, donde debe legitimarse el ejercicio de la potestad penal, siendo la dogmática de tal naturaleza un invaluable aporte cuando se ocupa de organizar los presupuestos de la responsabilidad en el marco de los principios, valores y derechos pregonados por tan significativo modelo de Estado.

Pero, por ahora, pues los demás módulos se ocuparán de la forma en que se procesan los conflictos funcionales y profesionales, como la legitimación procedimental de la aplicación del Derecho Disciplinario, es importante resaltar que para la primera función afirma FERRARI, que el Derecho como es una modalidad de acción social de naturaleza jurídica, que “consiste en la persuasión de los interlocutores a través de la influencia de mensajes normativos”[47].

Por eso debemos recordar a KELSEN cuando señalaba que el “hombre es destinatario de las normas, o sea, sujeto del comportamiento prescrito por las mismas”, toda vez que la norma manda, permite y autoriza[48].

Para FERNÁNDEZ MONTES las normas son exigencia propia de las organizaciones[49].

De allí que, siguiendo el concepto funcional de FERRARI, haya de acordarse sin mayor esfuerzo que “el Derecho se compone de reglas dirigidas más o menos directamente a orientar comportamientos”[50].

Magistralmente ALF ROSS enseña que la norma se dirige al ciudadano prescribiéndole cómo comportarse y al juez prescribiéndole cómo ha de reaccionar a las violaciones de la norma[51].

Nuevamente aquí se destaca la función directiva de la norma y la función legitimante del Derecho expuestas por FERRARI, puesto que toda norma porta un doble mensaje. Aquel dirigido al destinatario primario, quien debe comportarse de conformidad con las pautas de conducta señaladas por la norma directiva o prescriptiva, por un lado; y por otro al juez, aquel encargado de realizar el control, por tanto entonces destinatario secundario, cuando el destinatario primario no se ha encauzado correctamente.

Esta última función cumple con la atribución de un poder legitimante del Derecho, que a través de las autoridades instituidas, mediante la concepción de que la norma se dirige al ciudadano prescribiéndole cómo comportarse y al juez prescribiéndole cómo ha de reaccionar a las violaciones de la norma, mediante la señalización y establecimiento de autoridades competentes y  dictando las reglas procedimentales para un ejercicio legítimo del poder, que no es otra cosa que un instrumento de control social de sus destinatarios[52].

KELSEN ya señalaba desde hacía mucho tiempo que toda “orden que se designa como norma, presupone la existencia de dos personas: una que ordena, que da la orden o que instaura la orden, y otra a quien va dirigida la orden, a quien se le ordena algo: es decir, una persona cuyo comportamiento está prescrito en la norma como algo debido”[53].

Allí se pone en evidencia la idea de control social[54], pues hay un sujeto que manda y otro que obedece, lo cual muestra en la relación general de sujeción la idea de relación jurídica, que se instaura entre el Estado, su titular, y el ciudadano, su destinatario.

Ya decía OLIVECRONA, desde la perspectiva del realismo jurídico, que a través del lenguaje jurídico se efectúa un control, por lo tanto, al utilizar la norma un lenguaje directivo, se constituye en un instrumento de control social[55]. Ese control se ejerce en tanto “las normas tienen su origen en la voluntad de un agente emisor y que van dirigidas a algún agente para que adopte un determinado curso de acción”, por tanto entonces, las “normas consisten en directivas dadas por alguien que se halla en posición de autoridad a otro que se encuentra en situación de sujeto destinatario[56].

La relación normativa entre el sujeto que envía el mensaje, esto es, la autoridad normativa y el receptor, queda trabada con el acto de recibirla materializado en la promulgación de la norma. Tal acto es el que marca su puesta en vigor y no su expedición[57], esto es, su “relevancia para justificar una decisión jurídica”[58].

Si el destinatario no cumple se activa la actualización de la norma secundaria a través de la cual se hace un llamado al juez para que, coactivamente, al detentar el Estado el monopolio de la fuerza, se constriña al sujeto al cumplimiento de las normas[59].

Así, tenemos que cada norma es conexión de dos normas. La primera, norma primaria, es aquella que ordena hacer algo a alguien o establece como debido un comportamiento; la segunda, norma secundaria, dirigida al que debe imponer la sanción por el incumplimiento de la norma[60].

Pero vuelve a aparecer, al lado de la función directiva o prescriptiva, la función de legitimación del Derecho, pues VON WRIGHT dice que al lado de las anteriores aparecen las normas constitutivas dirigidas a las condiciones que deben satisfacer las acciones y sus operadores para que las anteriores sean aplicables[61].

Formulada la norma, comunicada su vigencia a través de la promulgación y activados deberes especiales del Estado y de los servidores públicos como particulares que ejercen funciones públicas, todo queda dado para que la orientación de la conducta de conformidad con los principios, valores y derechos fundamentales funcione de tal forma que produzca un efecto en la conciencia de los destinatarios, suficiente para que los comportamientos sean ajustados a Derecho.

De allí que haya que suscribir, sin reserva alguna, la afirmación de KALINOWSKI cuando concibe a la teoría de la norma como teoría de la “significación de un acto de voluntad”[62].

La norma porta un mensaje y el Estado se compromete a realizar los esfuerzos necesarios para su comprensión, tal como se vio, por tanto entonces, sólo quien tenga la capacidad de comprender y de actuar de conformidad con tal comprensión, respecto de dichos mensajes normativos, puede ser un receptor válido de los mismos.

No en vano se ha dicho que la norma es entendida, complejamente, como: a) Norma-comunicación, en tanto porta un mensaje prescriptivo; b) Norma-prescripción, por cuanto da cuenta de un comportamiento que debe ser observado en circunstancias de tiempo, modo y lugar; y c) Norma-sentido en cuanto porta un significado[63].

Ya decía muy claramente KELSEN, que la “violación subjetiva de un mandato sólo aparece cuando el comportamiento del destinatario del mismo deja de corresponder a un mandato por él conocido, es decir, cuando no quiere comportarse tal como corresponde al sentido por él entendido del acto mandado”[64].

Esto es, si la responsabilidad punible sólo puede ser “originada en el uso ilícito de la libertad”[65], sólo aquel que, en la situación concreta y más allá de cualquier abstracción tenga libertad, puede ser sujeto del Derecho Disciplinario.




[1] Fragmento del trabajo “Dogmática Disciplinaria Judicial”.
[2] FLORIÁN VÍCTOR. Diccionario de Filosofía. Bogotá, Panamericana, 2006, p. 59.
[3] RUNES DAGOBERT. Diccionario de Filosofía. Barcelona, Grijalbo, 1994, p. 54.
[4] KRINGS HERMANN, BAUMGARTNER HANS MICHAEL y WILD CHRISTOPH y otros. Conceptos fundamentales de filosofía. Barcelona, Herder, 1977, pp. 235, 236, 238 y 239.
[5] DEL ACEBO IBÁÑEZ ENRIQUE y BRIE ROBERTO J. Diccionario de Sociología. Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 66.
[6] LEGAZ Y LACAMBRA LUIS. Filosofía del Derecho. Barcelona, Bosch, 1979, pp. 109 a 111.
[7] CARNELUTTI FRANCESCO. Metodología del Derecho. México, UTEHA, 1962, pp. 51.
[8] LE PERA  SERGIO. La naturaleza jurídica. Buenos Aires, Ediciones Pannedille, 1971, p. 30.
[9] SAVIGNY FEDERICO CARLOS VON. Metodología jurídica. Buenos Aires, Valletta Ediciones, 2004, pp. 22 y 23.
[10] AUSTÍN JHON. Sobre la utilidad del estudio de la jurisprudencia. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981, pp. 29, 33, 40 y 41.
[11] CARNELUTTI, ob.cit, pp. 54 y 55.
[12] GIMBERNAT ORDEIG ENRIQUE. Concepto y método  de la ciencia del derecho penal. Madrid, Tecnos, 1999, p. 90 y 91.
[13] SILVA SÁNCHEZ JESÚS-MARÍA. Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. Barcelona, José María Bosch Editor S.A., 1992, p.  53.
[14] SAVIGNY FEDERICO CARLOS VON. “Los fundamentos de la ciencia jurídica” en La ciencia del derecho. Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1949, pp. 30 y 32.
[15] IHERING RUDOLF VON. La dogmática jurídica (extractos de su obra “Espíritu del Derecho Romano”). Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1946, pp. 32 y 33.
[16] FLORIÁN, ob.cit, p. 113.
[17] RUNES, ob.cit, p. 131.
[18] Así ESCRICHÉ JOAQUÍN. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. París, Librería de Rosa, Bouret y Cía, 1852, p. 1440.
[19] LARRAGAÑA PABLO. El concepto de Responsabilidad. México, Fontamara, 2000, p. 15.
[20] FERNÁNDEZ MONTES MARCIAL. Estructuras de responsabilidad punible. Madrid, Aguilar, 1957, p. 51.
[21] POLO LEONARDO. Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos. Madrid, Unión Editorial, 1996, p. 39.
[22] HAEFFNER GERD. Antropología filosófica. Barcelona, Editorial Herder, 1986, pp. 163 y ss.
[23] FELIP I SABORIT DAVID. Error iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el art. 14 del Código Penal. Barcelona, Atelier, 2000, p. 127.
[24] RUFFIÉ JACQUES. De la biología a la cultura. Barcelona, Muchnik Editores, 1982, p. 114.
[25] POLO, ob.cit, p. 86.
[26] RUNES, ibídem.
[27] RUNES, ob.cit, p. 132.
[28] FLORIÁN, ob.cit, p. 114.
[29] RODRÍGUEZ LEONARDO. Deber y valor. Madrid, Tecnos, 1992, p. 114.
[30] HAEFFNER, ob.cit, pp. 158 y 159.
[31] ATIENZA MANUEL y RUIZ MANERO JUAN. Las piezas del Derecho. Barcelona, Ariel, 1996, p. 67.
[32] WELZEL HANS. “Ley y conciencia” en Más allá del derecho natural y el positivismo jurídico. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1970, p. 68.
[33] KALINOWSKI GEORGES. Lógica de las Normas y Lógica Deóntica. México, Fontamara, 1996, p. 9.
[34] ALCHOURRÓN CARLOS y BULYGIN EUGENIO. Sobre la existencia de las normas jurídicas. México, Fontamara, 1997, p. 17
[35] KELSEN HAS. Teoría General de las Normas. México, Editorial Trillas, 1994, pp. 20 y 41.
[36] LÓPEZ CALERA NICOLÁS MARÍA. La estructura lógico-real de la norma jurídica. Madrid, Editora Nacional, 1969, pp. 11, 20 y 47.
[37] ROSS ALF. Lógica de las normas. Granada, Comares, 2000, pp. 3, 46 y 47.
[38] OLIVECRONA KARL. Lenguaje Jurídico y Realidad. México, Fontamara, 1992, p. 43.
[39] Citado por KALINOWSKI, ob.cit, p. 13.
[40] LÓPEZ CALERA, ob.cit, p. 8.
[41] ALCHOURRÓN y BULYGIN, ob.cit, p. 18
[42] ROSS, ob.cit, p. 4.
[43] Citado por KALINOWSKI, ob.cit, p. 14.
[44] CARACCIOLO RICARDO. La Noción de Sistema en la Teoría del Derecho. México, Fontamara, 1999, p. 47.
[45] BOBBIO NORBERTO. Contribución a la teoría del derecho. Madrid, Editorial Debate, 1990, p. 256.
[46] FERRARI VINCENZO. Madrid, Editorial Debate, 1989, pp. 111 y ss.
[47] FERRARI, ob.cit, p. 107.
[48] KELSEN, ob.cit, pp. 19 y 100.  
[49] FERNÁNDEZ MONTES, ob.cit, p. 51.
[50] FERRARI, ob.cit, p. 117.
[51] ROSS, ob.cit, p. 147.
[52] Le resulta aceptable la idea de que el Derecho funcione como “instrumento de control social” a FERRARI, ob.cit, p. 131.
[53] KELSEN, ob.cit, p. 45.
[54] Muy claramente sobre el concepto de “control social” que implica el entendimiento de la norma jurídica como directiva NAVARRO PABLO y REDONDO CRISTINA. Normas y Actitudes Normativas. México, Fontamara, 2000, pp. 22 y 27.
[55] OLIVECRONA, ob.cit, p. 43.
[56] MENDONCA, ob.cit, p. 126.
[57] ALCHOURRÓN y BULYGIN, ob.cit, pp. 23 y 24
[58] MORESO y otros, ob.cit, p. 153.
[59] De allí que se diga que las normas primarias son aquellas que estipulan obligaciones y las normas secundarias son aquellas que estipulan sanciones; VON WRIGHT, ob.cit, p. 22.
[60] KELSEN, ob.cit, p. 68.
[61] VON WRIGHT, ob.cit, p. 22.
[62] KALINOWSKI, ob.cit, p. 23.
[63] ALCHOURRÓN y BULYGIN, ob.cit, p. 19
[64] KELSEN, ob.cit, p. 69.
[65] FERNÁNDEZ MONTES, ob.cit, p. 58.