18 de diciembre de 2013

¿SE PUEDE SANCIONAR DISCIPLINARIAMENTE A LOS ELEGIDOS POPULARMENTE?: A PROPÓSITO DE LA "DESTITUCIÓN" DE PETRO



“Ninguna mayoría, por muy aplastante que sea, puede legitimar la condena de un inocente o la absolución de un culpable”.  
(Luigi Ferrajoli)

  1. INTRODUCCIÓN

“Quienes controlan las opiniones de un pueblo, controlan sus acciones”.
(Jean-Jacques Rousseau)

Como es de costumbre cuando se mueve la cosa política, cuando se mueven las masas, se mueve del mismo modo el morbo, el caos, nos convertimos en sensacionalistas, nos volvemos más “opinadores” que los columnistas de RCN y CARACOL  juntos; no es raro que la muchedumbre lo haga, siempre nos queremos inmiscuirnos en todo y siempre que lo hacemos lo único que dejamos afectado son las instituciones y por tanto la dichosa democracia por la que tanto se habla.

Esta vez no hablaré concretamente del “chisme” relacionado con el ahora “destituido” Gustavo Petro, porque no me gusta hablar de ello; en esta ocasión comentaré de los aspectos jurídicos que se han originado y que se puedan iniciar a partir de la famosa remoción de la Alcaldía de Bogotá.

Me imagino que están hartos ya de tanto “que si patatín, que si patatán “, que lo uno que lo otro, porque ya tanta discusión y tanta polarización se convierte en fastidio, y más cuando las opiniones son repetitivas y molestas, sobre todo de aquellas personas que creen saber de la coyuntura, y nunca abordan el tema desde la estructura que es lo importante siempre en un debate.
      
Para no ser repetitivo, presentaré en este escrito, una introducción, tres preguntas problemas y una conclusión, que creo que deben ser abordadas, tal como lo son:

El sí se debe considerar injusto o ilegal la decisión tomada por el Procurador por el haber destituido e inhabilitado a Gustavo Petro por quince años, como también si acude a la proporcionalidad dicha medida.
El segundo punto a presentar es si el fallo dictaminado “afecta o no la democracia”, como también si se considera como incompetente o competente las funciones del Procurador a la hora de sentenciar al Alcalde Mayor de Bogotá.
Por último si es viable disciplinar a los elegidos popularmente; ya que como dicen algunos expertos existe algún tipo de antinomia constitucional o contradicción en las competencias del  jefe del ministerio público, ya que sus decisiones tomadas afectan gravemente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al ir en contra la Convención Americana de los Derechos Humanos y de los demás instrumentos jurídicos internacionales.

II.            ¿SE DEBE CONSIDERAR INJUSTO O ILEGAL LA DECISIÓN TOMADA POR EL PROCURADOR AL HABER DESTITUIDO E INHABILITADO A GUSTAVO  PETRO POR QUINCE AÑOS? ¿ES PROPORCIONAL?

"Cuando casi todos marchan en la misma dirección, párate, apártate y piensa."
(Albert Camus)

Abordando la primera pregunta problema podríamos decir que cuando decimos que algo es injusto bien como decía RADBRUCH: el derecho extremadamente injusto no es derecho, de la misma forma lo injusto equivale a arbitrario; fuera derecho, aunque no necesariamente a la ley, ya BOBBIO había hablado sobre ello en la llamada tridimensionalidad del derecho, diferenciando entre lo justo, lo legal y lo eficaz. Injusto en este sentido podemos abordarla como inmoral, pero no realmente fuera de derecho.

Conociendo el comunicado de prensa y contenido del fallo[1] ya después haberse notificado, (por tanto no ha sido destituido hasta que no se agoten todos los recursos y quede ejecutoriado), la decisión tiene aproximadamente quinientas hojas, (el expediente además cuenta con 5.000 folios, 13 cuadernos y 17 CD'S y DVD) es decir los argumentos y las pruebas no sobrarán en lo legal, aunque decir que tener más hojas, pruebas o más tinta derramada no nos garantiza que sea lo más coherente o legal posible. Pero conociendo el talante del Procurador en su minucia, en mayor medida tuvo que preverlo.

Iniciandome y dando mis primeros pasos en el estudio del Derecho Disciplinario, puedo decir que desde la creación de este nuevo derecho que ha nacido jurisprudencialmente y doctrinalmente (dogmáticamente), hace pocos años, no fue hasta el 2002 que se viene hablar de una dogmática del Derecho Disciplinario término que fue acuñado por GÓMEZ PAVAJEAU, y por grandes personajes del área tales como: MORALES TAMARA, ROA SALGUERO, FARFÁN MOLINA, entre otros… han conseguido esculpir cada vez más de este derecho una nueva ciencia y eso es lo que se está logrando.

Por mucho que me quiera dedicar a esta materia todo sabemos muy bien y no lo voy a desconocer, que para hablar de normas debemos hacerlo integralmente, es decir, en su conjunto, en armonización; hablar de la ley disciplinaria aisladamente es no tener cabida en este mundo de tantos instrumentos jurídicos, tales como: la misma Constitución Política que es norma de normas, o de los instrumentos internacionales tales como: la Convención Americana de Derechos Humanos, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas que aún muchos abogados desconocen, y que si conocen no la aplican en su vivir jurídico. En final el Bloque de constitucionalidad es lo que constituye todo esto y no debe ser desconocido por ningún jurista y  mucho menos por un respetado de la academia.

La expresión latina dura lex sed lex, significa dura es la ley pero así es la ley, el Derecho Disciplinario como norma disciplinaria (sancionatoria) se refleja en su dureza, y no puede ser de otra forma, solo puede ser limitada  por una norma de mayor categoría como la Constitución o una norma internacional vinculante que integre el bloque de constitucionalidad.

He repetido varias veces por medio de las redes sociales que el problema con la destitución e inhabilitación de Gustavo Petro es más del desarrollo legal que constitucional; hay muchos que me increpan y me dicen que es constitucional, pero de una vez le respondo a rajatablas que no es así, porque muy bien entiendo que la constitución es norma de normas y está por encima jerárquicamente de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único); no es menos cierto que la Constitución Política faculta, manda u ordena en el artículo 277 # 6, que el  Procurador puede sancionar y vigilar a los que son elegidos popularmente, si eso lo dice, es porque está en su facultad y derecho para hacerlo, así no estén de acuerdo muchas personas; otra cosa es el ser y otro el deber ser. No estoy hablando si estoy de acuerdo o no con que deba haber una reforma constitucional con respecto al tema, ese punto lo estoy escuchando desde hace rato al entonces ministro de justicia GÓMEZ MÉNDEZ concierne al doble juzgamiento del proceso disciplinario, comenzado por la Procuraduría y por otro lado por la pérdida de investidura,esto, no es de ahora.

De las faltas incurridas por el burgomaestre de las que son conocidas, todas ellas se encuentran plasmadas en el Código Disciplinario Único (en adelante CDU), sobre todo si revisamos el catálogo de faltas, deberes y prohibiciones existen muchas de estas que pueden ser cometida por cualquier funcionario público, el CDU es duro muy duro; ahora cuando hablamos de temas de contratación estatal, la cuestión no es dura sino pesada, cualquier equivocación que cometemos en temas de la administración pública (violación del principio de planeación) se convierte en tormentosa, eso todo alcalde lo sabe, el haber actuado arbitrariamente por omisión (dejadez) u acción se debe castigar, así son las normas sancionatorias, de allí que se puede encontrar que la decisión de Petro sea tan dura y poco flexible.

La proporcionalidad es un tema que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, desde la época griega, no fue hasta la época del derecho penal liberal, precisamente con BECCARIA en su libro de los delitos y las penas que se comienza hablar de este punto y de una necesidad de pena correspondiente con el delito cometido, mutatis mutandi del derecho penal son trasladados al derecho disciplinario al ser hermanos de la misma causa; por ende la proporcionalidad de la pena medicinal impuesta por el procurador se justificaría en grado de la culpabilidad en que haya incurrido este.    

Debemos recordar que aunque el Derecho Disciplinario tiene muchas herramientas propias, también le son dadas o prestadas desde el Derecho Penal, pero no todas, lo esencial; la estructura disciplinaria sigue un esquema del delito neoclásico, recordemos a MEZGER uno de los precursores de este esquema, en donde la culpa y el dolo se encuentran en la culpabilidad, y no en la tipicidad como fueron trasladados por WELZEL hacia la tipicidad, “lo cual dejó vacío”, la culpa y el dolo se equivale al derecho civil, aunque el dolo y en la tripartición de la culpa son los mismos en ambas ramas del derecho; solo que la tripartición si es propia del derecho civil, porque si bien miramos en el Derecho Penal solo existe la culpa con representación y sin representación, no la culpa gravísima, grave o lata. Es por ello que es distinto.

Si tenemos en cuenta el grado de culpabilidad según lo que establece el artículo 43 del CDU, uno de los criterios para determinar la gravedad de la falta, es el grado de culpabilidad, la jerarquía y el mando que tenga la institución; si sabemos que tiene la máxima autoridad en la estructura no solo de la ciudad sino la segunda más importante del país. Además de esto le sumamos la trascendencia social que tiene el tema de las basuras en toda la ciudad y de todos los afectados , los motivos y por último que dicha conducta fueron a dos a título de dolo (gravísimas) y otro a título de culpa gravísima, por lo que la sanción sube aún más, precisamente por violación a las siguientes normas:

Artículo 48. Faltas gravísimas:

“31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”.

El cargo que se le formuló al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en su condición de alcalde mayor de Bogotá y jefe de la administración distrital, se hizo a título de dolo y en la modalidad de determinador, forma de autoría para la realización de una falta disciplinaria, contemplada en el artículo 26 del Código Disciplinario Único.

“60. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta en la norma otorgante”.

El cargo que se le formuló al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en su condición de alcalde mayor de Bogotá y jefe de la administración distrital,  en esta última falta se le hizo a título de dolo

“37. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, de los recursos naturales y del medio ambiente, originando un riesgo grave para las etnias, los pueblos indígenas, la salud humana o la preservación de los ecosistemas naturales o el medio ambiente”.

El cargo que se le formuló al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en su condición de alcalde mayor de Bogotá y jefe de la administración distrital,  en esta última falta se le hizo a título de culpa gravísima.

Siendo la destitución la máxima expresión de una sanción disciplinaria es obvio que se haya cumplido después de todo lo mencionado; lo que podemos debatir es el tiempo de inhabilitación que fue de quince años, para mucha gente “erudita” piensa que es mucho, o para otros que fue poco. Teniendo en cuenta que siempre que sea gravísima una falta (dolo) o ya sea por culpa gravísima, la sanción es ingente, por tanto no se puede esperar solo subjetividad en la decisión del Procurador encargado, por lo menos varios años de inhabilitación, además de las faltas que existen en el CDU también existen otras que están irrigadas por todo el ordenamiento jurídico, como la que se presentan en el Estatuto de Contratación Estatal, en la Ley de la Competencia Desleal, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios u otras normas; las faltas cometidas por Petro ya la sabemos, pero principalmente está encaminado a tema de las basuras, ya sea porque violó la libre competencia, ya sea porque expidió el Decreto que no debía expedir, su mala organización etc…

Es de destacar que las quejas disciplinarias impuestas hacia el alcalde Gustavo Petro fueron varias, como la del ex alcalde Jaime Castro, Roberto Hinestrosa (hijo del jurista Fernando Hinestrosa), la del defensor del pueblo, como anónimas…

Además de ello, se puede comprobar que las medidas tomadas, después de catalogado como el desastre por el aseo, se declaró la urgencia manifiesta, de allí que se celebrará un contrato interadministrativo con la Empresa de Acueducto de Bogotá; que después de todo el embrollo el alcalde expide el Decreto 564 de 2012, y con el Decreto 570 del mismo año, se dicta que hay desastre con el tema de las basuras, por eso que se utilizaran las volquetas para prestar ayuda, ya que no podían con las basuras que había en Bogotá.  

De aquí podemos partir con la máxima de que el proceso disciplinario tiene como objetivo verificar si los servidores públicos han infringido o no sus deberes funcionales.

De los cargos formulados:

1. Por la suscripción del contrato interadministrativo 017 del 11 de octubre de 2012, entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E. S. P. (EAAB), así como la suscripción del contrato interadministrativo 1-07-10200-0809-2012 del 4 de diciembre de 2012, suscrito entre la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E. S. P. (EAAB) y la empresa Aguas de Bogotá E. S. P.
2. Por la expedición del Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012; y
3. Por la expedición del Decreto 570 del 14 de diciembre de 2012.

Por lo general la inhabilidad general como límite, oscila entre los diez a veinte años, es decir que no fue la máxima impuesta, teniendo en cuenta que hay varios que se le ha impuesto de la misma forma la misma sanción, por ejemplo a Palacino se le impuso una pena de 20 años de inhabilidad (aunque no sea actor de la política), a Andrés Felipe Arias que se supone que es del mismo partido del “godo” se le impuso una pena mayor de 16 años; a Fernando Londoño que aunque no fue impuesta por Ordóñez la sanción, no ha hecho nada para mover influencia para que sea “envolatada” su pena (ya que son amigos), Antonio Salazar con 12 años, Cielo González con 11 años, Juan Carlos Abadía con 10 años; si vemos bien no solo sucedió con los partidos contrarios, sino con personas de todos los partidos (sobre todo “con los de la derecha” que representa el 80% de la sanciones) arremete con cualquiera que le falte el respeto a la institución, sobre todo a la deontología jurídica o profesional como es llamada, eso sí es democracia, ahora que nos vengamos a dar cuenta que el Procurador tenga más poderes de lo debido, ya es otra cosa, pero esa es su función y debe ser respetada, no ultrajada; aunque no comparta su visión.

Pero dirían en la comunidad, ¿qué sucede con los otros sujetos al que se le han impuesto menos sanciones, por cuestiones que son más trascendentales? ¿Qué pasa? La razón es que puede ser trascendental socialmente pero jurídicamente no, como lo indique arriba; hay factores que marcan el grado de determinación de la pena que debe ser seguido, eso marca una pauta objetiva, pero también como todo ser humano tiene moral y tiene subjetividad, como todo, está a la final también, porque la moral a la hora de fallar no se separa del derecho en los “falladores”, en todos los campos de las decisiones ya sean administrativas o judiciales, es un criterio no arbitrario sino discrecional muchas veces, otras veces no, que sea una decisión política son meros prejuicios y no sabemos con exactitud si hay desviación de poder u otra fuente externa que haya manipulado el proceso, lo cierto es que hay pruebas suficientes y argumentos válidos, como también de las faltas cometidas, que dan lugar a una sanción disciplinaria, guste quien le guste o no, sea el Procurador que sea, o el disciplinado que sea, sea de derecha o de izquierda.

Desde ya he dicho y auguro que si los abogados de Petro quieren “tumbar”, la decisión del Procurador debe ser con medidas internacionales (aunque lo dudo)[2], porque nacionalmente está difícil, el fallo además de tener cientos de hojas con argumentos que no son de cualquier garabato (sobre todo testimonios fehacientes), el recurso de reposición (está totalmente descartado ya que el que lo resuelve es el mismo Procurador, lo único que podría hacer es bajar la inhabilitación y también lo dudo), la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (dura mucho tiempo para resolverse, solo por medio de medida cautelar se podría dar rapidez) y la acción de tutela cuando existan derechos vulnerados, pero ya la Corte Constitucional se ha pronunciado que con el artículo 277 de la Constitución no hay nada que hacer, respecto a lo que arguyen las sentencias C- 417 de 1993 y la SU-712 de 2013.

En caso que se decida ir por instancias internacionales lo que pueden solicitar es una medida preventiva (suspensiva del fallo), pero en todo caso debe haber  agotamiento de los recursos internos según el artículo 46.1 de la Convención Americana; es un principio base para poder instaurar una demanda internacional, (subsidiariedad), típico de los procesos internacionales, que se lesione sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos del mismo que se le retarde injustificadamente en la decisión sobre los mencionados recursos, según el artículo 31 de la misma Convención. Por último, después que todo haya acabado (si es que acaba) puede demandar al Estado por su presunta responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

III.           ¿AFECTA LA DEMOCRACIA LA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE GUSTAVO  PETRO?

“La democracia no es más que el gobierno de las masas, donde un 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%”
(Thomas Jefferson).

Comúnmente es normal entre los políticos, mencionar la “importancia de la democracia”, como acicate para incentivar al pueblo para lograr algo..., este sistema de gobierno que significa el poder de la mayorías, es decir, el poder aplastante de la mayoría[3], que por lo general es impuesto sobre los demás, significa que si una mayoría dice una cosa debe ser así, y punto, va en contra de los principios naturales del hombre, de las libertades individuales[4]. Ya lo decía el Estadista CHURCHILL: La democracia es el menos malo de los sistemas políticos”. En el mismo sentido completandose con la cita del mismo autor: “el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio”.   

Hemos vivido con la democracia desde hace mucho tiempo; la democracia es un sistema que fue introducido hace unos 150 años en la mayoría de los países occidentales.  Entre otras razones, se hizo para alcanzar los ideales socialistas dentro de las sociedades liberales[5]. Parece ser que las instituciones y la constitución se mueve según lo que diga ella, que esto es lo que afecta la democracia, que esto no, en fin se supone que un ¨Estado Social de Derecho¨ es compatible con un sistema como lo es la democracia (tal para cual), de eso no hay duda, es una de las herramientas claves que ha impuesto la ¨Socialdemocracia¨ (progresismo) en la comunidad, con los llamados derechos sociales, económicos o culturales (DESC), recordemos desde aquella revolución Rusa o Mexicana, que abrieron camino para la consagración de estos derechos hasta hoy.

Ante todo, este no es un artículo de Derecho Constitucional, ni de Ciencia Política o Filosofía Política como parece, sino que nos toca abordar el tema de la democracia, ya que nos parece que le han dado un mal uso desde tiempos inmemorables no solo desde Petro para incentivar a la demagogia, sino también porque se ha venido tergiversando el concepto; ya no es el mismo de antes, que podríamos utilizar “pacíficamente”, la democracia ahora se utiliza para coyunturas de masas y revoluciones no pacíficas; incentivar al pueblo que al expresar que se está tomando un golpe de estado contra la democracia es poco pacífica y no tolerable.

No he dicho que la democracia sea mala, por el contrario, es la menos mala, pero tienes varios puntos en contra, como todo, que deben ser analizados aún más en un futuro, eso lo que esperamos de las generaciones venideras;  estamos en el día que la democracia se arregla con más democracia y así no es,  bien como lo sostiene KARSTEN y BECKMAN:

“En todos los países democráticos hay ciudadanos insatisfechos y profundamente divididos. Los políticos se quejan de que los votantes se comportan como niños malcriados y los ciudadanos se quejan de que los políticos hagan oídos sordos a sus deseos. Los votantes se han vuelto notoriamente volubles. Con frecuencia cambian su lealtad de un partido político a otro. También se sienten cada vez más atraídos por partidos radicales y populistas. Por todas partes vemos que el panorama político se está fragmentando, haciendo cada vez más difícil superar las diferencias y formar gobiernos viables”.

Parece ser que los ciudadanos de hoy en día son tan volubles que cambiaron de parecer al expresar que la administración de Petro no iba en buen camino, parece que por un fallo de un procurador “godo, conservador, troglodita” les haya cambiado la mentalidad (falacia); se les haya olvidado la revocatoria de mandato y de los perjuicios que venía cometiendo el burgomaestre, ya no es un mal administrador ahora es un mártir que “lucha por la democracia” y por lo intereses del pueblo, así comenzó la lucha conseguida por Stalin, Hitler[6], Lenin, Pol Pot… y precisamente hablando de la democracia.

Siguen estableciendo estos mismos autores que:

“Por lo general, las sociedades democráticas sufren de un exceso de burocracia y un afán regulador. Los tentáculos del Estado se introducen en cada una de las vidas de sus ciudadanos. Hay reglas y regulaciones para todo lo imaginable. Y cada problema es atendido a golpe de legislación en lugar de mediante verdaderas soluciones[7]”.

Pensemos solo en el decreto expedido, en la decisión de darle la administración de las basuras a unas empresas que no tenía capacidad o más bien aptitudes para recolectar basuras.  En consecuencia, es inaceptable que de manera posterior se trate de justificar una insolvencia técnica y operativa, inobjetablemente palpables que tenían las entidades del Distrito antes de la suscripción de los contratos interadministrativos y del inicio del nuevo esquema. En otras palabras, lo lógico era que se tomarán las medidas administrativas en el marco de los contratos que habían terminado, y no que se terminarán “premiando” un supuesto incumplimiento con el otorgamiento de nuevos contratos.      

Por último, estos mismos autores comentan que:

“La fe democrática se ha arraigado tan profundamente que, para la mayoría de la gente, es sinónimo de todo aquello que es (políticamente) correcto y moral. Democracia significa libertad (todos pueden votar), igualdad (todos los votos tienen el mismo valor), justicia (todos somos iguales), unidad (todos decidimos juntos), paz (las democracias nunca inician guerras injustas). En este modo de pensar, la única alternativa a la democracia es la dictadura. Y la dictadura, por supuesto, representa todo lo que es malo: falta de libertad, desigualdad, guerra e injusticia”.

Si realmente nosotros fuésemos quienes fuéramos, no tendríamos que cargar con el yugo de los que piensan los demás, no debemos pensar como pueblo sino como multitud unidos individualmente como sujetos pensantes, críticos, no llevados por las masas, debemos pensar por sí mismo, tener pensamiento propio, por algo poseemos libre albedrío y razonamiento, determinándonos por sí mismo, opinar o criticar como piensan los demás es políticamente incorrecto e inmoral[8].

Así mismo lo establece FERRAJOLI:

"Si el significado de 'democracia' equivaliese a 'voluntad de la mayoría', quedaría ciertamente excluida toda posibilidad de fundar una axiología democrática y garantista del derecho penal [...] porque el punto de vista de la mayoría tiende a concebir el derecho penal esencialmente como un instrumento de defensa social [...]. La batalla por el garantismo penal, ha escrito Norberto Bobbio, siempre ha sido una 'batalla de la minoría'"[9].

Si entendemos como esa misma garantía no solo en el proceso penal, sino también en el disciplinario, como derecho sancionatorio, lo miramos como un instrumento que debe ser tomado no por lo que ostentan la mayoría, sino también como defensa de los minoría, la mayoría no puede imponer o no un fallo, porque no sería “democracia”, no se debe expresar que la decisión es violenta e arbitraria, porque no se respetaría la axiología democrática propia de la constitución.

Por ello decir que la decisión del Procurador, es una decisión política, no es la solución; el gobierno y las funciones del Estado se han venido incrementando, a pesar de las “políticas de reducción”. Para nadie es un secreto del poder que tiene la Procuraduría hoy en día[10], de todo el control que puede manejar, pero decir que se viola la constitución y que el acto que está llevando Petro es adecuado, no es correcto.

Anunciar Petro que el fallo del Procurador atenta contra la democracia es ir en contra de la doctrina de los actos propios, ("venire contra factum proprium non valet") en principio establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, de seguir con un trato consecuente a lo que había hecho en el pasado, como lo que paso con el liderazgo en el proyecto para la destitución del entonces alcalde de Bogotá Jaime Castro, precisamente por cuestiones de la recolección de basuras, por tanto la conducta que tuvo en el pasado no se puede esgrimir en el presente porque por tanto habría una incompatibilidad e inconsecuencia.

Petro y sus seguidores se encuentra en un estado de hybris o libido imperandi donde creen que todo lo acontecido tiene que ver con un ardid planeado por los Uribistas, o con lo dicho de Emilio Tapia (con Patiño), presuntamente puede que sea verdad, pero que sea probado es difícil relucirlo.

La situación son que las irregularidades se cometieron, y el burgomaestre dio “la papaya” para que lo sancionaran, eso si no tiene ninguna magia: “soldado avisado no muere en guerra” dice un buen dicho. Los mismos que dicen estas teorías conspirativas son los mismos de la izquierda que piensan que todo esto se debe a un plan “neoliberal” del procurador y de los “capitalistas salvajes”, bien como sostiene Mario Vargas Llosa:

“Yo no conozco algún ¨neoliberal¨, yo solo conozco liberales o – libertarios -, (para no confundirlos con los liberales de izquierda), nunca he visto alguno”.

Si con neoliberalismo se refieren a las políticas implementadas para imponer monopolios, eso se llama corporativismo, y hace parte del estatismo, políticas intervencionistas compatible siempre con el socialismo, que son los modelos que imperan en nuestra región desafortunadamente.

IV.          ¿SE CONSIDERA UNA ANTINOMIA CONSTITUCIONAL Y A SU VEZ IR EN CONTRA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  EL  PODER SANCIONAR A UNA PERSONA QUE HA SIDO ELEGIDA POPULARMENTE?

“Los alcaldes no estamos para hacer ideología, sino para recoger la basura”
(Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York)

Creo que este es el argumento más difícil de todos, ya que a partir de aquí es que se expresa si el procurador tiene facultades para destituir e inhabilitar primero a los elegidos popularmente y la otra si lo puede realizar con los alcaldes de Bogotá; son respuestas difíciles que explicar en los argumentos por parte de los que consideran que no debe ser así, que son admisibles, pero decir que son admisibles no quiere decir que sean los correctos o los valederos.

La dualidad  entre lo legal o lo legítimo es lo que enmarca este panorama, bien como expresó Rachid Nader en la red social Facebook, entre el poder y el derecho, que siempre se encuentra donde quieran y vayan. Son inseparables, tal como la libertad y la responsabilidad, tal como lo dice Hayek: “la ley, la libertad y la propiedad son una trinidad inseparable”. Pero que en todo caso al menos en teoría siempre debería ganar lo justo y lo correcto.

Siempre que hay una contradicción de alguna norma, decimos que existe alguna incompatibilidad, derogación, o también alguna antinomia, independientemente de los tipos de antinomia que conozcamos, solo abordaré el de antinomia constitucional.

Muchos detractores o más bien críticos del constitucionalismo tal como: GARCÍA AMADO, puede expresar que la técnica o la metodología de la ponderación es errada, pues el grado de subjetividad que maneja el fallador, es decir el juez a la hora de interpretar los principios (en su colisión), pueden ser arbitrarios. Están en lo cierto además de estos tiene muchos argumentos más, sobre todos los positivistas de cepa, pero en todo caso, cuando hablamos de antinomia constitucional para algunos autores hablamos de ponderación constitucional, término que para algunos les cae como un trago amargo.

Las formas de resolución del conflicto de las antinomias como la especial, jerárquico o cronológico… no son suficientes, por ello PRIETO SANCHÍS, precursor de la teoría de las antinomias constitucionales, discípulo de ALEXY que junto GUASTINI afirman que para buscar una solución de igualdad la ponderación es un subsidio de las formas de resolver antinomias tal como la del mismo valor o jerarquía.

Se presupone que la reglas se subsumen y que los principios son derrotables, se lo escuchamos siempre a GARCÍA AMADO como critica, porque no sabe a ciencia cierta cuales son esos “principios derrotables”, por lo que incurrimos en una inseguridad jurídica tremenda al considerar en un caso que sea este el que ganó y el otro que perdió y más aún cuando nunca se invalidan ya que son principios universales (y no específicos tal como lo plantea MORESO), así es que los principios puedan ganar casi siempre ante las reglas.

Cada vez que existe una subsunción tal como lo puede ser la pena impuesta al alcalde Gustavo Petro, podremos decir que los principios adecuan a estas reglas para que no sean desproporcionadas, ya que esa tarea la lleva a cabo el juez y nunca el legislador.

La satisfacción y sacrificio de un principio tal como lo puede ser el artículo 277#6 y el 323 de la Constitución Nacional, en que el Procurador es quien tenga la facultad de tener la potestad disciplinaria para sancionar al alcalde de Bogotá y en otro sentido es que sea el presidente, no es ni siquiera una antinomia constitucional, porque si nos remitimos a la ley que desarrolla esta facultad expresa que en todo caso el Procurador es quien decide si disciplinar o no al Alcalde de Bogotá, a fortiori, cuando se trata de uno elegido popularmente.

En todo caso, que no sea así. Digamos que se trate de una antinomia constitucional, el juez no tiene una moral objetiva, y como ha dicho el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Petro si llegare, debe solucionarse con el método caso por caso, es decir está hablando de la técnica de colisión de principios, temas preferente del neo-constitucionalismo que ha abarcado la mayoría de la cortes en el mundo.

Entonces lo que busca la ponderación según PRIETO SANCHÍS es la universalización de las reglas para todos los casos análogos, es por eso que la racionalidad constituye un requisito exigible en la producción normativa, por lo que solo existe una sola noción de racionalidad y es aplicable tanto en la legislación como a la jurisdicción[11].

Ahora desde otra tónica, es claro que el régimen especial, por ser especial como su nombre lo indica el Presidente de la República puede suspender o destituir al Alcalde Mayor de Bogotá, pero esta supone como otra facultad, así mismo, como las oficinas de control interno disciplinario, las personerías o también la Procuraduría podrá destituir e inhabilitar a un funcionario por algún tiempo, solo que la Procuraduría por ser el jefe del Ministerio Público y ser la que tiene el poder preferente, puede decir si enarbola el proceso disciplinario o no; lo mismo  sucede con la destitución que preside el presidente, sus funciones están arraigadas por el ejecutivo es decir son funciones administrativas, digamos que solo él lo puede sancionar, fallando en contra de Petro también se estaría violando el dichoso artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque a la final es una autoridad administrativa, entonces no llegamos a ninguna solución.

Es más adecuado y justo que una persona que tenga el poder preferente y que no responda o pertenezca en principio a ninguna rama del poder público, por ser independiente como organismo de control lleve la batuta frente a todos los procesos disciplinarios del país[12], aun cuando el presidente decida iniciar con el artículo 323 de la carta magna, menciona en que caso taxativamente señalado por la ley se deba hacer y en el caso que no lo esté plasmado ¿no se podría sancionar?, ¿porque solo sería función del Presidente?, el párrafo en la constitución, sabremos que si no se encuentra desarrollada en una ley, opera la figura de la vacancia iuris, y en “principio” no se aplica hasta que no se crea su regulación, pensemos por ejemplo en los jurados de votación, esta detallada en la constitución, pero aún no se desarrolla, por lo tanto no se aplicaría. Lo mismo sucedería con esta norma, pero realizando un análisis según las tantas normas que tiene el país según el Estatuto Orgánico de Bogotá como lo es el Decreto 1421 de 1993, si la tenemos y establece en el artículo 44 sobre la destitución  y reza que el Presidente de la República destituirá al alcalde mayor cuando contra él se haya dictado sentencia condenatoria de carácter penal, segundo cuando así lo haya solicitado el Procurador General de la Nación, y en los demás casos previstos por la Constitución y la ley.

Si tenemos claro, esta norma hace referencia al año de 1993, Decreto vetusto  pero que se sigue aplicando, lo que no comprendo además de todo lo dicho es como un proceso disciplinario se daba seguir o atar bajo un proceso penal si la naturaleza es distinta, yo puede iniciar un pliego de cargos disciplinario y no uno penal, o uno penal y no uno disciplinario (como tanto uno fiscal), son autónomos e independiente[13], menciona la fecha porque puede decir que en esa época, debido a la juventud de la rama del Derecho Disciplinario no se haya clarificado dicha dualidad, que aún cuesta reproducir en la mente de muchos abogados.

Siguiendo con el asunto, no puede esperar a que se dicte una sentencia de carácter penal, porque como ya dijimos son naturaleza es distinta, y además habría que esperar muchos años, para que se puede iniciar un proceso disciplinario y se puede concluir, eso no es justicia por tanto, eso “no es democracia”, ni constitución. El proceso disciplinario en el país es claro, es preferentemente iniciado y terminado por la Procuraduría con los respectivos controles de la jurisdicción contenciosa administrativa.

El artículo 121 de la constitución sobre la organización del estado o de su estructura también establece que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distinta de la que atribuyen a la Constitución o la ley, la constitución dice que el Procurador puede preferentemente ejercer el poder disciplinario eso quiere decir que tiene prioridad por cualquier rama o poder público que quiera iniciar un proceso disciplinario, aún e incluso que la iniciada por el Presidente.

Todo esto, sin contar que bajo el principio de armonización todo artículo no debe ser visto aisladamente sino en su conjunto, es así que el artículo 44 debe ser visto junto con el artículo 51 de la misma ley donde dice que El Presidente de la República suspenderá al Alcalde Mayor cuando así lo soliciten el Procurador General de la Nación, un juez de la República o cualquier otra autoridad facultada para ello por la ley, y designará su reemplazo temporal conforme a las previsiones de este Decreto…

Como reza el artículo se puede inferir un grado de incerteza en algunos expertos en constitucional que expresan que el procurador no pueda destituir y ni siquiera suspender al alcalde de Bogotá, donde precisamente sin el aval del procurador no se puede realizar nada, ya que cuando el Procurador decida suspenderlo, a fortiori, destituirlo el presidente de la república, si o si, tendrá que aceptar dicha decisión. Entonces discutir cuando el Procurador tiene toda la vara alta para determinar lo que debe ser disciplinado o no, es perder el tiempo, porque de lo contrario se estaría violando el principio de la separación de poderes.

Continuando con nuestros argumentos, el artículo 323 ya ha sido interpretado en varias ocasiones por la Corte Constitucional, en sentencia C- 229 de 1995 y en el mismo sentido la SU-712/13:

En la actual Constitución, la situación es diversa, puesto que el Ministerio Público es autónomo y no está sometido a ninguna dirección gubernamental. Además, la Carta expresamente confiere al Procurador la facultad de "imponer sanciones" y no sólo la de "cuidar" el desempeño de los funcionarios públicos, como decía la Carta derogada. En tales circunstancias, y teniendo en cuenta la independencia del Ministerio Público, la Corte considera que la única interpretación adecuada del alcance de esta facultad de imponer sanciones es que, como regla general, corresponde directamente al Procurador, a sus delegados o a sus agentes, no sólo adoptar la decisión disciplinaria correspondiente sino, además, hacerla efectiva”.

En el mismo sentido la sentencia termina diciendo y acabando con la falsedad que la destitución o suspensión solo la debe realizar el Presidente, reza lo siguiente:

"Los artículos 314 y 323 señalan que la suspensión o destitución de los alcaldes por el Presidente y los gobernadores opera en los casos taxativamente señalados por la ley. Es pues una facultad excepcional que requiere causales específicas. Por ende, no puede ser atribuida al Presidente y a los gobernadores una facultad genérica de hacer efectiva la suspensión o destitución en todos los casos derivados de sanciones disciplinarias, por cuanto se estaría desconociendo la facultad sancionadora propia de la Procuraduría. Además, una regulación de esa naturaleza vulnera la autonomía administrativa de los municipios, pues el Presidente y los gobernadores devienen verdaderos superiores jerárquicos de los alcaldes, cuando éstos son, conforme al artículo 314 de la Carta, jefes de la administración local, representantes del municipio y funcionarios elegidos por voto popular".

Ahora cuando se habla del artículo 278 #2 de la Constitución hace referencia al tipo de fuero especial al que se le atribuye al alcalde, sino otro diferente con respecto al régimen disciplinario especial, de allí que el Procurador encargado puede emitir el concepto, no porque el presidente deba liderar el proceso disciplinario y luego el procurador emitirlo, para que sancione, no. En sentencia C-017 de 1996 expresa:

"Como bien lo ha señalado ese Honorable Tribunal, el establecimiento de regímenes disciplinarios especiales tiene su razón de ser en la clase de servicio público o función que compete desarrollar a cada una de las entidades del Estado, hasta el punto de que los miembros de las Fuerzas Militares no son los únicos funcionarios públicos que tienen ese tipo de régimen, pues lo tienen igualmente, además de los funcionarios de las dos entidades de control mencionadas, los docentes, los empleados penitenciarios, los de servicio de salud, los de la rama judicial, etc. (ver Sentencia D-152 de 1993), sin que ello dé lugar a pensar en un fuero disciplinario, por ejemplo, judicial o penitenciario. El fuero disciplinario es la prerrogativa que la Constitución confiere a ciertos servidores públicos en virtud de la cual el juzgamiento de su conducta por hechos u omisiones que cometan en ejercicio de su cargo o por razón de él debe llevarse a cabo por autoridades distintas a las ordinarias. (Cuestión que no es el caso con el alcalde de Bogotá)[14]. En cambio el régimen especial significa que ciertos servidores, en razón de las especificidades de su función, tienen un régimen particular de faltas disciplinarias, que por ser especial, prevalece sobre el general. Pero ello no significa que tales faltas no sean conocidas por el Ministerio Público, en virtud de su facultad preferente de vigilancia superior de la conducta de los servidores públicos¨.

Así mismo el Consejo de Estado afirma en el Fallo 2614 de 1995:

“La competencia “general”, “superior” y “preferente” para vigilar la conducta de quienes desempeñen funciones públicas y ejercer frente a ellas el poder disciplinario corresponde al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados o agentes. Dicha competencia es “general” en cuanto cobija, como principio, a todas las personas que desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular. Es “superior” y “preferente” en cuanto su facultad de vigilancia y su poder disciplinario están por encima del que pueda otorgarse a otras autoridades, (eso incluye las del presidente por ser un órgano independiente y donde su potestad es netamente disciplinaria[15]) en virtud del régimen de responsabilidad de los servidores públicos que corresponde determinar a la Ley de acuerdo con el artículo 124, en concordancia con el artículo 150-23 de la Constitución, y del control interno que corresponde a cada entidad por mandato del artículo 269 de la Carta”.

Así mismo en el mismo fallo sigue expresando que:

“Un fuero especial, como es el caso del poder disciplinario atribuido al Consejo Superior de la Judicatura y frente a “los funcionarios de la rama judicial”. (…) ello implicaría que una jurisdicción disciplinaria, instituida como un órgano imparcial e independiente, estaría sujeta a la interferencia y a las determinaciones de otro organismo de control que aunque tiene su misma categoría constitucional, ejerce su función a través de actos de menor firmeza, en cuanto como ya se dijo, son simples actos administrativos sometidos al control de la rama judicial”.  

Esto quiere decir que por tener fuero especial sus actos, se someten a la jurisdicción de la rama judicial no a la Procuraduría, en caso de los alcaldes y de los elegidos popularmente, hasta donde me han enseñado, pertenece a la rama ejecutiva, es decir a la parte administrativa; la Procuraduría es un organismo de control independiente que emiten fallos administrativos, (con finalidad judicial, pero no lo mismo, para ser controlado luego por autoridades administrativas judiciales). Ahora decir que la alcaldía no hace parte de lo administrativo es no correcto, el Procurador pertenece a este campo, y por tanto puede sancionar cualquiera quien viole la moral pública, solo emitirá concepto cuando no pertenezca a su rama, como por ejemplo cuando sea ante los funcionarios de la rama judicial, de allí que se hable de fuero especial.

Ahora solo falta aludir el último punto de esta pregunta problema y es concierne a lo internacional, específicamente a lo establecido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que tanto hablan, claro está solo cuando quieren y cuando les conviene mencionar por parte de algunas autoridades. Teniendo claro que este instrumento internacional integra el bloque de constitucionalidad debe ser tomado en cuenta en nuestra nación como en todos los países que se consideren democráticos en pro de los Derechos Humanos.

Este artículo habla sobre la violación de los derechos políticos,  comenta sobre  la “condena, por juez competente, en proceso penal”, como único competente para destituir e inhabilitar a una persona elegida por voto popular. Vale la pena recordar que la misma Corte Constitucional ha recabado que es la Corte Interamericana, la que ha avalado las sanciones administrativas bajo las garantías del debido proceso, Asimismo es la misma Corte Interamericana la que ha indicado que la aplicación de dicha Convención debe partir del diseño institucional de cada Estado, como lo reconoce el mismo instrumento internacional al indicar que corresponde a la ley reglamentar el ejercicio de los derechos políticos y el mecanismo de sanción.

Por su parte, la Corte Constitucional ha resaltado la importancia de armonizar los tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución, a partir de una interpretación coherente, sistemática y teleológica según lo que dispone el Comunicado No. 40 Corte Constitucional, 16 y 17 de octubre de 2013):

“La Corte recordó que, como lo ha precisado la jurisprudencia, el ejercicio del poder disciplinario ha sido calificado como consustancial a la organización política y absolutamente necesario en un Estado de derecho. Su objetivo primordial no es otro que garantizar la buena marcha y buen nombre de la administración pública, así como asegurar a los gobernados que la función pública sea ejercida en beneficio de la comunidad y para la protección de los derechos y libertades de los asociados. En relación con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que alude a la ‘condena, por juez competente, en proceso penal’, la Corte Constitucional recabó que la misma Corte Interamericana también avala las sanciones administrativas bajo las garantías del debido proceso. Indicó que la aplicación de dicha Convención debe partir del diseño institucional de cada Estado, como lo reconoce el instrumento internacional al indicar que corresponde a la ley reglamentar el ejercicio de los derechos políticos y el mecanismo de sanción. Esta corporación resaltó la importancia de armonizar los tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución, a partir de una interpretación coherente, sistemática y teleológica".

En sentencia C-028 de 2006 se expresa que:

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos”.

En suma, contrario a lo sostenido por el disciplinado Gustavo Petro, la facultad que le otorgó el legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.

Según el fallo de la Procuraduría IUS n.° 2012 – 447489 se expresa que:

“Es claro que la Procuraduría General de la Nación sí es competente para adelantar procesos disciplinarios contra servidores públicos, incluyendo a aquellos que acceden a los cargos públicos por voto popular, y que, según las eventualidades de un proceso disciplinario, dicho organismo de control sí puede imponer correctivos disciplinarios que impliquen la restricción del derecho al acceso o permanencia en cargos públicos”.

Ahora con respecto el fallo internacional López Mendoza vs Venezuela, lo que se ha logrado es una tergiversación del caso, ya que son materias totalmente distintas, a la que se presenta en el caso de Petro ya que:

La Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República impuso al ciudadano LÓPEZ MENDOZA unas multas a título de sanción principal, una vez culminado el trámite de la respectiva investigación administrativa. En este punto, es donde la Sala ha dicho que la Corte en manera alguna cuestionó la competencia sobre las autoridades administrativas para imponer sanciones en un proceso administrativo.

Fácil es comprender que el Contralor General de la República es un funcionario distinto a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General, que dicha decisión fue discrecional y accesoria y, por si fuera poco, que dicha sanción fue un acto consecuencia. En otras palabras, fue una decisión impuesta por fuera del procedimiento administrativo y que se tomó de manera discrecional, (violó el debido proceso) una vez culminó la actuación administrativa en donde se sancionó al ciudadano con las respectivas multas, a título de correctivo principal. Por ello, sin temor a equívocos puede decirse que hubo falta de competencia para que se impusiera la sanción accesoria, pero en manera alguna puede tener discusión que las autoridades administrativas, aún en el Estado Venezolano, sean competentes para investigar administrativamente a servidores públicos e imponer correctivos a modo de sanción, como en este caso ocurrió con las citadas multas.

Así en el fallo de la Procuraduría (ibídem) demuestra que:

“La Procuraduría General de la Nación, como cualquier otra autoridad con carácter disciplinario, sí puede imponer correctivos disciplinarios, siempre y cuando no sean medidas discrecionales, se lleven a cabo dentro de los respectivos procesos administrativos y en donde se respeten las normas de competencia que previamente han sido fijadas por la Constitución y las leyes y que por tanto es el juez natural disciplinario para investigar a los servidores públicos, incluidos los de elección popular, por lo que esta entidad, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, cumple la función material de administrar justicia, muy a pesar de que, por obvias razones, no ejerza jurisdicción penal”.

V.           CONCLUSIÓN

"Hablarle al pueblo es como hablarle a un muerto"
(Friedrich Nietzsche)

Después de haber abordado los diversos asuntos (preguntas problemas), creo que es viable siempre en todo escrito presentar una conclusión, como medida de solución, porque creo que sí expresamos algo que debe ser o no ser, o criticar, también debemos presentar de qué forma resolver los problemas, porque si no, no estuviéramos aportando nada al debate.

Mi último y único punto será presentar los contras que tienen los procesos disciplinarios en el país, y en la mayoría de los países latinoamericanos sucintamente, porque considero que la forma como se resuelven en Colombia no se adecua a los estándares internacionales, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya dicho que cada país es libremente de ejercer su potestad disciplinaria.

La Procuraduría como organismo de control disciplinario, entre una de sus funciones y no como organismo de cierre,  tiene la potestad de investigar y sancionar a un funcionario público, de allí la primera falla, estaría de acuerdo en que investigara, pero que sancionara a la vez no, ¡no! Me parece que a favor de un juicio justo, sería, el proceso disciplinario igual que al penal, en un proceso sancionatorio, debe tener las mismas calidades; cuando hablo del debido proceso en sentido amplio, de quien investiga debe ser diferente de quien falla, al llegar a la jurisdicción contenciosa administrativa somos conscientes como si este fuera otra instancia y no el mismo organismo, porque cuando la Procuraduría falla lo hace el mismo, por tanto hay suspensión, destitución e inhabilitación en el acto, después que se haya agotado todos los recursos.

Con esto no quiero decir que Gustavo Petro no requiera sanción, claro que sí, las faltas hablan por sí solas, como las pruebas, pero no quiere decir que las facultades constitucionales de la Procuraduría, como la de otros organismos de control (Contraloría) sea la más eficiente, y no me refiero a la críticas lanzadas desde hace tiempo por Rodrigo Uprimny; sino que todos vemos que cualquier ciudadano que ostente la calidad de funcionario público puede caer en esta desgracia y no solo Petro, esto nos pasa porque no somos los enjuiciados, pero una vez seamos nosotros o algún familiar o amigo, diremos otra cosa, por ello para evitar un juicio justo, he considerado en que se deba crear una jurisdicción propia.

Muchos críticos yo sé lo que me dirán..., es más congestión judicial, más presupuesto…, y le diría que no, aunque hablaría arbitrariamente porque no tengo ningún tipo de estudio empírico, solo que al ser eliminado en este caso si se crea tal jurisdicción, debería ser borrada de categoría a la Procuraduría; por tanto ya no ostentaría esa calidad, y el presupuesto pasaría a tal jurisdicción, de eso le sumamos que los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, o también de “segunda instancia” (o de control de actos), sea solo por parte de la jurisdicción propia.

La jurisdicción disciplinaria no solo debe ser aprovechada, para enjuiciar a funcionarios públicos, sino también a particulares, bien cuando se reforme el Código Nacional de Policía se podría lograr, para que deje de ser un desuso código, desde que lo ha sido, desde su creación en 1970, ¿Cuántas intentos de reformas no ha habido y no se ha conseguido ninguna?  Por eso, una contravención pública, debe ser juzgada ante esta jurisdicción, para así también hacer efectivo los mandamientos de este código, y poder también eliminar muchas delitos que son considerados “criminales” que en muchos casos son contravencionales, así también descongestionaríamos la justicia penal; pensemos en el delito de injuria y calumnia, o delitos de bagatela, si bien deben ser enjuiciados por una jurisdicción administrativa especial, o de otra forma por la civil, porque no todo puede constituir delito.

Es claro por otro lado que el alcalde y todos ellos que ostentan altos cargos, el principio de doble instancia les he conculcado, pues así lo considera el Código Disciplinario, pero de nada sirve que exista una segunda instancia en esta clase de procedimientos, porque quien decide es el Procurador o subalternos del mismo, esta no es solo una crítica al proceso disciplinario sino a todos los procesos sancionatorios, como los penales.

Para mi la Procuraduría debe ser eliminada a largo plazo y a mediano plazo reducirlo, sería excelente que muchos órganos del Gobierno y del Estado sean eliminados. No es menos cierto que la Procuraduría ha hecho una buena labor a la hora de disciplinar, otra cosa que dentro de las otras funciones que ostenta, como la de las procuradurías judiciales, que me parece irrelevante, que haya otra Fiscalía ostentando el rol de acusador o de victima en otros casos, porque que si es por eso, podemos poner a otros órganos a que hagan lo mismo para que haya “eficiencia”, y se garantice la tal verdad judicial material o real.

Si creo que la Procuraduría debe ser reformada, no tanto para mal sino para bien, como también en los temas de salud, de tributos, económicamente, judicialmente, estamos en un proceso de transición liberal que debemos asumir, para no caer en la redundancia de aquella plataforma de bienestar que nos cuesta a muchos el bolsillo y el progreso o crecimiento de un país.



[2] El secretario de la OEA, otros directores de los organismos internacionales, sumado a esto el mismo presidente de la CIDH, García-Sayán ha expresado que: ¨si una autoridad administrativa dicte fallo disciplinario en contra de un elegido popularmente no quiere decir que vaya en contra de la Convención y que de todos modos se debería revisar caso por caso¨.
[3] La democracia no significa libertad. Esta no es sino otra forma de dictadura –la dictadura de la mayoría y del Estado–. Ni siquiera es sinónimo de justicia, igualdad, solidaridad o paz.
[4] Para Erik von Kuehnelt-Leddihn como para también Alberto Benegas Lynch la democracia como ahora la conocemos debería denominarse oclocracia, (para este último cleptocracia) el poder de la muchedumbre.
[6] Cfr. Video de Hitler hablando sobre la democracia y en contra el mercado o capitalismo: http://www.youtube.com/watch?v=qYr43eUjQhU
[7] “A pesar de que la crisis de la democracia es ampliamente reconocida, rara vez se oye alguna crítica respecto al sistema democrático en sí. Casi nadie culpa a la democracia como tal de los problemas que estamos viviendo. Invariablemente, los líderes políticos –ya sean de izquierda, derecha o centro– prometen enfrentar nuestros problemas con más democracia, ni más ni menos. Prometen escuchar a la gente y poner el interés público por encima de los intereses privados. Prometen reducir la burocracia, ser más transparentes, ofrecer mejores servicios, hacer que el sistema vuelva a funcionar. Sin embargo, nunca ponen los supuestos beneficios del sistema democrático en tela de juicio. Antes de admitir su posible relación con la democracia argumentarán que nuestros problemas son causados por un exceso de libertad. La única diferencia entre progresistas y conservadores es que los primeros tienden a quejarse de la excesiva libertad económica y los segundos de la excesiva libertad social. ¡Esto ocurre irónicamente en el momento de la historia con las leyes más numerosas y los impuestos más altos de todos los tiempos”.   
[8] Para más información Cfr. Como la democracia es incompatible con la libertad. http://misesecuador.drupalgardens.com/content/c%C3%B3mo-la-democracia-es-incompatible-con-la-libertad
[9] Cfr. (Ferrajoli, Democracia y Garantismo, Madrid: Trotta, 2008, p. 196).
[10] También se cuestiona del poder que tienen los demás organismo de control como la Contraloría General de la República (en materia fiscal) que es incluso mayor que el de la Procuraduría General de la Nación, que puede ordenar la “suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios” (art. 268 numeral 8 C. P.) y ello se hace “verdad sabida y buena fe guardada”. Lo propio ocurre con el tema de la Pérdida de Investidura. Bien como dice Juan Manuel Charry se debe reformar Constitución, salud, Sistema acusatorio, tributos, etc., etc., así se diluyen las responsabilidades de tantos fracasos...
[12] Principio de separación de poderes, de no ser así este se socavar.
[14] Negrita me pertenece
[15] Negrita me pertenece