10 de marzo de 2013

ANTE UNA POSIBLE SOLUCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR





"Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada el mal: el buen juicio no necesita de la violencia".
León Tolstói


Las mujeres son víctimas de maltratos físicos/verbales, igual que los hombres. Más de 92 mil casos de violencia intrafamiliar se presentaron en Bogotá en 2012. Si tenemos en cuenta la ley de cuotas (Ley 581 de 2000) expresa que el 30% de los cargos tienen que ser asignados a las mujeres, el Consejo de Estado ha manifestado al ejecutivo y a las autoridades públicas de cumplirlo. La violencia intrafamiliar, las lesiones, la tortura, el homicidio y otros delitos afines es el pan de cada día en los Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, llámese (CAV), (CAIVAS) y (CAVIF), las denuncias son permanentes sobre todo cuando de agresión se trata, es decir de violencia intrafamiliar (VIF).
El Decreto 2734 de 2012 que trata sobre “salud pública” en aspecto de alojamiento, alimentos y transportes cuando la mujer se encuentre en situación de riesgo y quiera irse de su casa es una de las normas que están a pro de la mujer pero que en última el procedimiento de esta es muy engorroso. Nos encontramos con la Ley 1542 de 2012 que eliminó el carácter de querellables y desistibles a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, que en principio uno de los beneficios de la norma es que la denuncia ya no será conciliable y los procesos se podrán iniciar de oficio.
Pero según lo acotado en el párrafo anterior, va en contravía del mismo ordenamiento jurídico ya que como lo expresa Gil Ordóñez (2012) y Bernate Ochoa (2012), aducen que el inciso segundo, numeral tres del artículo 37 del Código Penal señala que: “La investigación de oficio no impide aplicar los efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto, a lo que se podrá conciliar y desistir así esta ley le haya quitado presuntamente este categoría”. Lo que implica además aplicar el principio de oportunidad, que se dará cuando se llegue a un acuerdo sobre la indemnización de perjuicios, por lo tanto en palabras de Bernate Ochoa sigue estando perfectamente vigente esta aplicación, con lo que esta legislación queda en letra muerta.
Partidario de un derecho penal (criminal) mínimo, somos conscientes de la necesidad que incurre el legislador y el ejecutivo a la hora del llamado por parte de la sociedad para castigar conductas delictivas de suma importancia, de razón que sea fragmentario y subsidiario; nuestro sistema penal debe proteger los bienes jurídicos más importantes de ello es cierto, pero también no es menos cierto que no se puede sacrificar la coherencia del sistema penal a costilla de criminalizar lo que el populum pide. Al caer la actividad legisferante de su venidero populismo punitivo expansivo, hizo que se incurriera en un berenjenal, pero que a pesar de todo es resuelto por el mismo código tal como se explicó, para ello que existen otras medidas que pueden castigar si así se desea la conducta descrita como violencia intrafamiliar.
Es admisible señalar que respecto al “género” debe haber una corresponsabilidad que no solo debe ser consciente de la responsabilidad de la persona que está a su cuidado o de ella misma, sino también el Estado y la sociedad, todo esto se desprende la Constitución misma y de la Ley 1257 de 2008; por lo que se desata la situación misma de protección y no solo de aumentar penas tal como hizo la Ley 882 de 2004 y la Ley 1142 de 2007. Es así, que los Defensores/Comisarios de Familia tienen el “mango agarrado”, ya sea para ordenar al agresor que desaloje la casa, mantenerlo aislado de su familia, prohibirle esconder o trasladar los niños y personas con discapacidad. También podrán ordenar que el victimario se someta a un tratamiento terapéutico y que asuma el costo de la asesoría jurídica del caso, así como lo dispone la Ley 1257 de 2008 en su artículo 5 y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ratificada por Colombia en la Ley 248 de 1995.
Pero problema es la inexistencia de la infraestructura adecuada, la ausencia del equipo interdisciplinar, o su presencia incompleta, condiciones para garantizar una atención integral y la rectivimizacion de la personas afectadas. Por lo tanto antes de pensar en una sanción penal (criminal) para el victimario pensemos en el interés superior del niño (si se tiene); la institución misma de familia del artículo 42 de la CN, que en la sustancia misma de la oficiosidad de perseguir el delito, que aunque este no haya sido eliminado como tal, se da una incongruencia con las figuras de la conciliación y el del desistimiento que puede surgir en las etapas de la actuación, que en muchos casos se presentan en contra de la voluntad de la víctima.
Es por eso mejor que la mejor solución es el arreglo de las partes; es palpable la frase que en la jerga ordinaria se conoce como: “En líos de faldas nadie se mete, porque termina perdiendo hasta uno mismo”. Arreglan el problema y terminan perjudicándose quien instauró la denuncia o quien lo hizo oficiosamente, colapsando un sistema ya fenecido, en el que se impone talanqueras a quien verdaderamente lo necesita, ya que en mucho casos se llegan a conciliar y muy pocos casos llegan a juicio. Es una situación que se presenta día a día, solución que no debe ser penal (criminal) y si lo es, debe ser tratada como última ratio, por tanto, si tanto queremos proteger esa indefensión, debemos aspirar a las sanciones administrativas efectivas propias de las autoridades competentes, tales como el del: Defensor/Comisario de Familia, e instituciones públicas afines y privadas que traten de mitigar el daño.
En el 2012 fueron presentadas más de 12.000 medidas de protección por parte de las Comisarías de Familia para proteger especialmente a las mujeres, pero muchas de estas protecciones no se pudieron efectuar debido a la pequeña cobertura que tiene esta entidad, a lo que muchas de estas no se cumplen a su totalidad. En última, las víctimas pueden solicitar que se aplique una medida de protección y en caso de reiteración puede darse la sanción de multa y hasta el arresto de 30 a 45 días y que en un plazo máximo de diez (10) convocar la audiencia con el fin de resolver el conflicto; en todo caso el Ministerio de Justicia y Derecho deberá hacer el seguimiento de los casos que lleguen a estas dependencias.


Referencias
Bernate, F. (2012). Nueva ley contra la violencia intrafamiliar: otra solución coyuntural. Bogota: Ámbito jurídico.
Gil, E. (2012). La ley 1542 de 2012: en contravía del ordenamiento jurídico. Bogota: Ámbito jurídico.