6 de julio de 2011

EL SUICIDIO EN EL DERECHO PENAL



“El suicidio es la derrota del individuo y la victoria de la sociedad. El suicidio es un acto antiliberal, a pesar de ser propio. Es una cobardía”.

El suicidio puede presentarse como una conducta condenable donde una persona unilateralmente o con la ayuda de un tercero decide acabar con su vida, con palabras de EMILE DURKHEIM, señala este sociólogo que el suicidio son fenómenos individuales que responde esencialmente a causas sociales (hechos sociales), las razones que se tomen para cometer estos actos pueden ser desde los aspectos económicos, mentales, emocionales o amorosos, religión, edad o profesionales.

La ESCUELA PSICOANALÍTICA ORTODOXA define el suicidio como un homicidio disfrazado, como una vía de escape para descargar la agresividad contra una persona odiada.

JACOBO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA sostiene que la palabra suicidio procede del latín y esta formada por sui y por caedere que significa matar a sí mismo o lo que es lo mismo, matarse. Así pues, suicida es aquella persona que se quita voluntariamente la vida. Esto quiere decir, que para poder hablar de suicidio es preciso que la persona que se quita la vida sepa lo que esta haciendo.

Plantea FERRANDO MANTOVANI que el ser humano siempre se ha planteado además de los motivos del suicidio, la licitud o la ilicitud del mismo, también se ha considerado varias posturas desde la filosofía como algo irracional, abominable, des del punto de vista religioso donde el hombre responsable de su propia vida ante Dios que se la concedido y de cual no es propietario sino administrador, el suicidio es objetivamente contrario al justo amor por uno mismo y contrario al amor de Dios. Desde el punto de vista jurídico que es lo que nos interesa sostiene el autor Italiano que en los mayores ordenamientos penales el suicidio esta exento de pena incluido en de su país,  como acto jurídicamente tolerado, pero siendo penado la inducción y el auxilio al suicidio. El suicidio puede considerarse como una auto-eutanasia cuando lo hace por cuestiones graves o de lesión.

GÓMEZ PAVAJEAU expresa que el suicidio es la expresión del libre desarrollo de la personalidad y existe una importante tendencia de considerar a la vida como un bien disponible y a proclamar la existencia de un derecho a morir, en suma la vida se protege penalmente solo respecto a las agresiones de terceros, por tanto es lícita la disposición sobre la propia muerte como parte del ejercicio de la libertad

MUÑOZ CONDE sostiene que aunque ciertamente el suicidio es muchas veces consecuencias de una situación psíquica conflictiva o patológica es también otras muchas una forma racional de respuesta a los problemas de la vida, un acto supremo de libertad.

La ayuda tanto como la inducción al suicidio están tipificados como tal en la legislación penal de nuestro país en algunas legislaciones no se tipifican por razones de práctica pero, nuestro legislador no lo expreso así, la decisión y la intención de matarse son castigados ya que debemos proteger el bien jurídico tutelado de la vida ubicado en el primer título del Código Penal del 2000 en su parte especial. Vale decir que en Alemania la cooperación o ayuda al suicidio no es delito en el supuesto que él quien abre la llave de gas de una casa para que este muera a petición del suicida, el quien tiene el dominio del hecho es el suicida, porque este muy fácilmente podría cerrar la llave de gas sin problema alguno (pudiéndose salvar la vida), por lo tanto existe auxilio al suicidio. Recordemos el caso connotado Hackethal en Alemania donde fue la misma mujer quien bebió el veneno para poner fin a los sufrimientos padecidos por el cáncer que la atormentaba.

Pero la cuestión es diferente cuando el que jala el gatillo para matar al que lo se lo pidió, estaríamos aquí ante un homicidio consentido donde el dominio del hecho aquí si lo tiene él quien oprimió el gatillo por lo tanto será penado, pero no de la misma forma de un homicidio agravado sino simple con algunas circunstancias de menor punibilidad, dependiendo el caso. Aunque la mayoría aboga por la tesis del derecho a la muerte, tal como lo hace los doctrinantes citados, tal como KAUFMANN donde expresa que existe una auto-determinación a la libre disposición de la propia vida y por tanto que existe un derecho a decidir el momento de su propia muerte; como también hay autores que se inclinan hacia una tesis del deber jurídico de seguir viviendo tal como lo es SCHMIDHÄUSER, por lo que una comunidad que se tome como si misma en serio, no podrá hacer depender su existencia al arbitrio de cada uno de los individuos, sino que debe estimular el respeto por la vida de sus miembros, también ante los intentos de suicidio, aunque se encuentre en una situación paralela a la de necesidad exculpante son punibles los partícipes.  

El quid del asunto o la cuestión está en quien deba tener o no la posición de Garante de lo que llama JAKOBS –roles– (competencia institucional y competencia organizacional), el que omite un padre la vida del hijo (menor de edad) entonces, aquí no hay una mera omisión (omisión de socorro, art. 131 del C.P) sino como auxilio de suicidio por esta conectado con la llamada comisión por omisión (omisión impropia) es decir por tener la calidad de posición de garante. Al existir una posición de garante o no, también debe existir un auxilio moral o material para con los demás,  suponer el que no abra la ventana para que salga el “monóxido de carbono“, el no cortar la soga para que no se ahorque o no quitarle el arma de fuego para que no se mate constituye omisión en estos casos.

¿Es esto ser omitente? ¿Hay que disuadir? ¿Actuar diligentemente para no enmarcar en la descripción típica?

Es aquí donde se deba hablar sobre la solidaridad humana contemplada en art. 95.2 de nuestra Constitución Política referida a los deberes sociales, cívicos y políticos donde en su numeral dos expresa:

“Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas¨. Una omisión entonces equivale a una acción cuando el sujeto tiene una posición de garante.

Por ejemplo cuando el marido no evita el suicidio de la esposa, como pudo pasar en esta noticia donde se explica que la mujer se da cuenta tardíamente de lo que había sucedido, no hay duda alguna que es difícil probar esta situación si actúa diligentemente o no, el que actuaba como posición de garante o el que tiene la obligación jurídica de hacerle en este caso debe de tener el más mínimo esfuerzo de evitarlo, por lo que solo podemos hablar de impunidad, por lo que solo se le puede achacar el hecho al mismo sujeto que perpetró la conducta punible (el suicidado).

No obstante, dentro de la Dogmática Penal el garante que no impida la muerte voluntaria responde únicamente por auxilio al suicidio que al estar tipificado expresamente en el art. 107 de nuestro C.P que reza lo siguiente:

¨El que eficazmente induzca a otro al suicidio a le preste a uno ayuda efectiva incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años¨.

Un sector doctrinal sostiene negativamente que exista comisión por omisión  para ENRIQUE GIMBERNAT expresa que la victima se deje matar por otro, resulta patente que quien meramente no impida (aun estando obligado a ello) el suicidio de otro, al no impedírselo  a pesar de nuestra omisión y a pesar de nuestra posición de garante, esa inactividad no podrá nunca equivaler como delito.

Para MUÑOZ CONDE y MIGUEL OLMEDO es admisible cuando el que mata por ejemplo y el que no quiere vivir, se ponen de acuerdo en que la forma de producir la muerte sea dejando de suministrar uno al otro (enfermero-enfermo) una medicina, no hay inconveniente en admitir la comisión por omisión siempre que el enfermero tenga el deber jurídico de suministrar la medicina y la posición de garante respecto a la vida del que quiere morir. La cuestión reside en la intervención, si es del propio suicida o si es ejecución ajena.

JAKOBS sostiene que en el suicidio decae la posibilidad de establecer garantías jurídicas en virtud de competencia institucional  - familia, estado  para impedir intentos libres de suicidarse  otra cosa sucede cuando estamos frente a un menor de edad, afectado psíquico o psiquiátrico sin autonomía para conducirse debe procederse a ejecutarse los deberes de salvamento general o especial.

JACOBO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA sostiene que lo que importa no es la conclusión de que el suicida es imputable o no lo es, sino que realmente tenía la capacidad suficiente para comprender su acto y querer la muerte. En esa capacidad radicará el límite entre la autoría mediata o la inducción, De manera que si el omitente no es garante estará excluido del tipo, pero si es garante puede ser autor.

Otra cuestión que debemos acotar es el delito de homicidio consentido (homicidio-suicidio, homicidio a petición, auxilio ejecutivo al suicidio, o seudo-eutanasia), que consiste en que la vida del suicida se acabada por un tercero, en esta afirmación cabe el segundo parágrafo del Art. 107 del C.P que se encuentra implícito dentro del delito denominado inducción o ayuda al suicidio donde reza:

¨Cuando la inducción o ayuda este dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años¨.

También puede ser encontrado dentro del art. 106 del C.P donde se declara del homicidio por piedad que reza lo siguiente:

¨El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años¨.

El Código Penal de 1936 contemplaba un tipo penal denominado homicidio consentido (art. 368), al cual asignaba una pena de tres a diez años de presidio, lo que indicaba que aunque el legislador consideraba la vida como un bien jurídicamente protegible, a pesar de la decisión de su titular, y por ende califica como injusto el homicidio consentido, la voluntad del sujeto pasivo obraba como una causal de atenuación de la sanción

Para GÓMEZ PAVAJEAU el homicidio consentido se presenta cuando el sujeto pasivo del homicidio tenga plenas facultades de disposición y lo haga de manera libre y espontánea, esto es libre de dolo, coacción o engaño. Aquí se presenta un homicidio y no un homicidio asistido dejando por fuera los artículos presentados anteriormente, artículos 106  e inciso 2 del 107 del CP ya que no se habla de asistencia.

JAKOBS equipara el suicidio con el homicidio consentido, pues en el primero que no es punible en Alemania como tampoco la participación en el como se dijo ut supra, nos encontramos frente a una modalidad de ejecución de propia mano y en el segundo ante un suicidio con división de tareas, toda vez quien solicita su muerte organiza con su petición un hecho que sirve para su propios fines, por tanto el homicidio consentido no lesiona la vida como tal sino que existe una infracción a una disposición formal que traduce una preocupación paternalista del  Estado por el que no quiere vivir, por tanto es un delito de peligro abstracto, determinando por el que no quiere vivir madura y con finalidad determinante, lo cual es una imposición legal no justificable hoy en día.

Así también lo comenta JACOBO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA y TOMÁS-VALIENTE LANUZA, en el tema del suicidio hay mucho paternalismo estatal, por tanto bien como sostiene DEL ROSAL BLASCO solo podría hablarse de conducta frente a terceros cuando nazca una voluntad donde esta no existía, la libertad del suicida no es absoluta o total, viéndose determinada desde fuera.

Cuando este delito suceda estaríamos hablando de homicidio, pero por subsidiariamente se encaja penalmente dentro del tipo de homicidio de piedad, o por el de homicidio simple por el cual se toma el menos gravoso todo dependiendo las circunstancias. FERNANDO MANTOVANI expresa que el hecho no se trate de la validez que daría lugar a un delito común o especial como el que puede ser el homicidio por piedad o delito especial atenuado, sino entre licitud o ilicitud del homicidio.

Una diferencia notable que tenemos en el homicidio consentido es que en nuestra legislación no existe una descripción típica que indique este tipo de delito, como si lo hace por ejemplo el Código Penal Español artículo 143.4 en sus calidades de homicidio consentido para el primero y en el caso de homicidio consentido por enfermedad grave o grave padecimientos para el segundo.

GÓMEZ PAVAJEAU alega que frente a este tipo tiene que imputarse como homicidio simple salvo cuando se encuentre un agravante tal como la del parentesco, bien si valiéndose de la voluntad de la victima no debe aumentarse su antijuridicidad o culpabilidad, ante un menor injusto, resultando aplicable por analogía in bonam parte el inciso 2 del número 7 del artículo 32 del CP, sobre necesidad, en armonía con el numeral 2 del mismo artículo que trata del consentimiento.

Enfrentándonos ante un exceso de la causal excluyente de tipicidad  pues no se da las condiciones del consentimiento, pero si del exceso percibiendo un menor injusto en tanto que no lesiona el bien jurídico de la autonomía personal, así que el injusto del homicidio consentido es menor que la del homicidio simple, pero aun así no desaparece completamente tal injusto, aunque no lesione la autodeterminación de la victima, en tales casos también se tendrá en cuenta a la hora de la individualización de la pena del artículo 61 del CP, como cuando se presenta por ejemplo situaciones como la obrar por motivos nobles o altruistas, obrar en estado de emoción  o pasión excusable, influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares u otras análogas del artículo 55 del mismo código. Ante lo anterior nos encontraremos frente a una ponderación de factores como de mayor o menor gravedad de la conducta y el daño real o potencial creado, que si no presenta ninguna estaremos ante un simple homicidio consentido.

Para ROXIN es preferible tratarlo como exención de responsabilidad del homicidio a petición para adoptar una decisión apoyada siempre en motivos de conciencia, como podría ser el caso en que el conductor aprisionado de un camión en llamas imposible de rescatar, pide a otra persona que la mate para evitar así el horrible sufrimiento de morir abrasado. Para estas situaciones no existe otra salida y no se encuentra ninguna disposición a ningún otro medio.

Para FERRANDO MANTOVANI se debe considerar lícito el suicidio ejecutado por mano ajena, el homicidio consentido, se debe afirmar la licitud no solo del suicidio sino también de todas las actividades de inducción  de facilitación, de auxilio, puestas en prácticas por terceras personas, por tanto debe ser lícito matar sea medico o no mediando solo el consentimiento de cada sujeto a una infinidad de personas, enfermas o sanas, ancianas, o jóvenes  deseosas de dejar de vivir pero que no tienen el coraje o no se encuentran en situación de ejecutar personalmente su propia muerte, comprobando la validez del consentimiento del sujeto que en muchos casos son difíciles hasta imposible de obtener en la mayoría de los casos

A modo de conclusión podríamos decir que hoy en día la inducción y el auxilio de suicidio son penados en la legislación penal. Hay que revisar la figura de posición de garante que se tiene frente a los garantidos; lo que también debemos acoger o aceptar del todo la figura del dominio de hecho y eliminar la ayuda o la inducción al suicidio como delito, y con el tiempo revisar el supuesto delito del homicidio consentido, a miras también de su eliminación, dependiendo su caso (como lo determine la praxis judicial) tal como se expresa en la dogmática penal, porque en la práctica se expresa otra cosa de lo que se dice gramaticalmente. Debemos cumplir a su máxima expresión la obligación moral y material que nos caracteriza como ciudadano y como todo ser humano medianamente racional y razonable.