7 de octubre de 2010

LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN SEGÚN CARL SCHMITT


Por, @mariodaza vía @derechopublico1

El derecho material del control judicial en lo que se ejerce las distintas jurisdicciones, que son comprobar que las leyes estén de acuerdo con su contenido en los preceptos constitucionales; el tribunal en acto de conocer y proteger todo lo referente a una ordenación social y económica, esto es que el Tribunal de Reich y el Tribunal de USA tengan una similitud en este sentido al imperio de la ley, los jueces son protectores de una parte de la constitución el derecho de control judicial asumida por el tribunal supremo solo tiene por consiguiente los caracteres de todo el derecho de control judicial ejercido por los tribunales sentenciadores en solo ración de una competencia ocasional a una sentencia jurídica; la diferencia del tribunal alemán con el tribunal americano es que este último defiende los principios generales, que protege el orden social y económico existente.


Una segunda opción que se plantea a los tribunales se trata de determinar hasta que punto es posible otorgar al juez una cierta libertad de movimientos, solo entonces se puede decir de estos tribunales que existe un protector de la constitución conforme al espíritu de las instituciones, ya que los tribunales ejercen el derecho de control judicial accesorio y difuso que no pueden ser declarados protectores de la constitución; una serie de entidades administrativas por el mero hecho de que su defensa de la constitución puede llevarse a cabo con menores peligros que en el caso de cualquier otro organismo entre criterios de menor riesgo, puedan servir de fundamento a ningún protector de la constitución.


El autor afirma que la justicia en aquello que hace un juez independiente basta sostener todos los pleitos constitucionales por lo que la organización constitucional se convierte en un cosmos de engaños, ficciones. Fue allí el problema de ser el protector el tribunal constitucional; una ley no puede ser protectora de otra ley, la ley del más débil no puede proteger o garantizar a otra que sea más sólida.


El presidente de Reich como defensor de la constitución


Debemos de hallarnos en un poder neutral cuando hablamos de presidente revestidos de una pluralidad de atribuciones que tenga el carácter de organizar el funcionamiento constitucional en sus diversos poderes.


Por esta causa de la atribución neutral al presidente, es enlazarlo dentro de un poder equilibrado, estas pre rogatorias que posee el jefe de estudio en el que posee atribuciones tales como el indulto, nombramientos de ministros y funcionarios, por lo que lo ideal es que este jefe de Estado tenga una posición neutral, reguladora, tutelar; figura que ha sido fundada en la tradición de la estructura política romana (todos los jefes de Estado se han situado detrás de sus ministros sin necesidad de perder su autoridad). Al presidente o canciller del Reich que es elegido por el pueblo está dotado con atribuciones que le hacen independientes de los órganos legislativos, aunque dependan de la confianza del parlamento, por lo que tienen una independencia frente al Reichstag


En un estado de coalición de partidos da lugar al que el canciller del Reich se sienta con intensidad de una persona que con una visión general abarque todo el conjunto, es por eso que el presidente del Reich actúa con una potencia mediadora sin que el presidente no se podría dar lugar a una unidad completa, por lo que el canciller del Reich va a ser el intermediario entre el parlamento y el gobierno. El presidente del Reich según la constitución de Weimar en la época, el canciller poseía un poder neutral mediador regulador y neutral (ya antes mencionado). De lo cual poseía una importancia específica en el derecho constitucional que podría ampliarse en el ámbito general de la teoría política y amplia cause al Estado en su conjunto. Esta neutralidad debe de estar frente a los métodos de integración funcional (elecciones, votaciones y coaliciones).


Los intereses y pasiones partidistas se compensan mutuamente y crean un equilibrio con la particularidad de que un tercero neutral (el canciller) con el espíritu de la objetividad sea justo y equitativo, de colaborar con el triunfo de la razón, trata de evitar todos los impedimentos que se oponen a la auto conciliación por lo que el mediador neutral (el canciller) dirige los debates y formula las propuestas.


Se dice que el representante de la nación entera es un órgano individual y el parlamento es un órgano y el Estado es un organismo por lo que la neutralidad es importante dentro del presidente, y la hora que es elegido por la nación entera por lo que hablamos de independencia ya sea independencia del juez, independencia del funcionario profesional, de los funcionarios judiciales, independencia del presidente y también de los miembros del tribunal de Reich por lo que entonces la independencia del presidente en un Estado es democrático constitucional, tal como la de Weimar debe de estar asegurado por las elecciones realizadas por el pueblo alemán entero.


Sería muy oportuno requerir que los cargos de un tribunal de tal género solo fueran provistos o presupuestos del presidente que solo pudiera completarse por medio del método de la cooptación por lo que el protector de la constitución como se ha dicho constantemente por el autor siempre debe ser independiente y políticamente neutral, según este.


La independencia del juez no es suficiente por lo que su función solo sería delimitar y asegurar dentro de un sistema estatal ordenado todo esto sujeto a la ley, por lo que se tiende a confundir los términos neutralización, despolitización y eliminación de la política de partidos por lo que también hay que conocer de las inmovilidades, inmunidades e incompatibilidades. Por lo que esto último el autor dice incompatibilidad va a tener con el diputado del Reichstag, por lo que se va a expresar la independencia del sistema de plebiscitos, pues es una independencia política pero no apolítica. Las incompatibilidades de los miembros constitucionales quieren evitar los riesgos de una contaminación política.


El presidente teniendo la superioridad con referencia a los demás órganos se halla en todo el centro del sistema constituido sobre fundamentos plebiscitarios de neutralidad e independencia. Por lo que se puede decir con seguridad en que la constitución de Weimar tiene ya un protector de la constitución a saber que es e presidente del Reich junto con su independencia frente a los demás órganos como conciliador titular y moderado de sus derechos.


Por lo que el presidente del Reich tiene por objeto el orden político como conjunto de Estado como garante del sistema constitucional y del funcionamiento de las instancias supremas del Reich, por lo que tiene abstracciones especiales que le hace tener defensa activa que proteja a la constitución nacional. El presidente está obligado a salvaguardar la constitución nacional según el artículo 42 (Constitución de Weimar) debe proteger todos esos preceptos implícitos que se encuentran sumergidos dentro de la constitución. El presidente del Reich es elegido por el pueblo frente a sus atribuciones, es la de disolver el Reichstag, y la de promover un plebiscito que son por naturaleza “apelación de pueblos”.


Haciendo el presidente del Reich centro de un sistema de instituciones y atribuciones tanto plebiscitario como neutralizador en el orden de los partidos políticos la vigente constitución de Reich tarta de crear partiendo del principio precisamente democrático un contra peso al pluralismo de los grupos sociales y económicos del poder y de garantizar la unidad del pueblo como conjunto político. Por lo que presupone la nación alemana entera como una unidad pata para la acción de un modo directo y no por intermedio de las organizaciones o grupos sociales una unidad que pueda expresar su voluntad y orientarse e imponerse en los momentos decisivos pluralistas por lo que esta constitución procura especialmente dar a la autoridad del presidente posibilidades para anularse de modo directo con esta voluntad política del conjunto del pueblo alemán para proceder a consecuencia como protector y quedarían de la unidad constitucional y de la integridad de la nación, sobre el éxito de este intento se ha de fundamentar la existencia y la permanencia prolongada del actual Estado alemán.


Críticas al Tribunal de Justicia del Reich.


Los jueces dentro del tribunal deberán ser inamovibles, el Tribunal Constitucional presta un contenido propio aun concepto plenamente impreso e ilimitado de cuestiones constitucionales recurriendo a meros precedentes y determinados de este modo por si mismo lo que es un litigio constitucional, esto significa que el tribunal de justicia constitucional se traza su propia competencia se le debe imponer límites a su competencia. El Tribunal Constitucional solo es competente para los litigios constitucionales que se plantean dentro de un territorio y no para el resto del país o del Reich, por lo que debe de servir el canciller o presidente.


El Tribunal Constitucional consiste en resolver de modo indiscutible las dudas referentes al contenido de un precepto constitucional lo que el tribunal realiza no es justicia sino una turbia asunción de legislación y labor de asesoramiento por lo que el tribunal debe de seguir un camino muy distinto. El Tribunal Constitucional solo podrá pronunciarse si es que se pronuncia cuando un modo manifiesto carezca de toda justificación intrínseca y cuando de dichas medidas pueda afirmarse con seguridad que contradicen la voluntad de los autores de la corte constitucional.


El Tribunal Constitucional solo se pronuncia contra transgresiones manifiestas individuales y seguras, si resulta precisamente lo contrario de una instancia llamada a resolver dudas e incertidumbres (por lo que sería escalofriante). El Tribunal Constitucional no puede resolver por el tribunal mismo, esperando que su propia práctica desarrolle a su arbitrio el concepto de litigio constitucional y la admisión de las partes si así fuera el protector se convertiría en dominador de la constitución.

El Tribunal Constitucional es una institución puramente federal debe resolverse conflictos que se dan entre Estados y que pueden comprometer la paz y la seguridad o la homogeneidad de la confederación  por lo que los tribunales solo resuelven para un Estado o varios pero no para la nación entera. Porque los litigios para la nación entera es entre el parlamento y el gobierno (canciller). Para los litigios para una nación solo puede ser resueltos por el gobierno por lo que hay un tribunal alguno para su resolución dentro de un terreno por lo que hay mera limitación territorial. Por lo que el tribunal no es un compañero alternativo del gobierno cabe considerarlo como subsidiario.

1 de octubre de 2010

DEMOCRATIZACIÓN Y CONTROL CONSTITUCIONAL EN COREA DEL SUR.



En la Universidad del Norte el día 30 de de Septiembre de 2010 se realizó una cátedra llamada Asia–Pacífico, con el fin de traer personalidades de otras partes del mundo, con la razón de ilustrarnos sobre su cultura y conocimiento. Desde hace 30 años esta universidad ha venido incentivando a los estudiantes y profesores por medio de las cooperaciones internacionales que tienes con distintos países alrededor del mundo para hacerlo y así lo esta haciendo.

En el dia de ayer con la ponencia de RODRIGO GONZÁLEZ QUINTERO, nos habló sobre la «Democratización y control constitucional en la república de Corea» (Corea del Sur, por si acaso); finaliza esta cátedra, sirviendo de gran manera a los estudiantes de esta alma mater. A continuación brevemente explicaremos lo que se mencionó en la conferencia sobre este tema en particular.

Comenzó explicando el jurista con la explosión que ha tenido el constitucionalismo en Corea, resaltó que los problemas sobre el control de constitucionalidad que tiene Corea, es igual a los problemas que tiene Colombia. En toda la conferencia hizo comparaciones entre la corte coreana, la corte americana, la corte española y la colombiana, pero dándole prioridad y haciendo paralelos entre la corte colombiana y la coreana.

La corte coreana comienza a operar en sus sentencias a partir del año de 1988, mientras que la Corte Colombiana comienza a operar sus sentencias a partir del año de 1992. En la quinta república de Corea, precisamente en las elecciones parlamentarias de 1985, se viene una crisis política, ya que se presentaba un 49 % de escaños para la oposición (congreso unicameral), y 35% escaños para el partido de Chun (Partido Democrático Republicano)

En 1985 gana la oposición, al gobierno militar que poseía Chun, por lo que posteriormente la población sale a las calles y en 1986 el pueblo pide un referendo, por lo que se quería era acabar las arbitrariedades y convertirse en un sistema parlamentario.

Por lo que se llama Represión Militar o Juegos Olímpicos de 1988 (por lo que en ese año de 1988 Corea era candidata para ser el país donde se realizarían estos juegos, finalmente se hizo, pero con el riesgo de que Corea del Norte, en cualquier momento podía atacar militarmente. Después de salir de la presidencia Chun, es sucedido por Roh–Tae Woo, por lo que en su debate sostiene , que si el es el elegido va hacer una reforma constitucional integral, en la que se cambiaría, las elecciones presidenciales (siendo directas), por lo que se desarrollaría los derechos y las libertades que antes no habían, y por lo que habría también amnistía.

El referendo aprobatorio fue casi de un 93 % en Octubre de 1987.

El Comité Constitucional (1948–1960), llamado después Corte Constitucional (1960–1967), llamado después Corte Suprema de Justicia (1962 – 1972) y posteriormente Comité Constitucional (1972 – 1980).

El Control Constitucional en Corea del Sur se da a partir de 1987, toma un modelo kelseniano, la Corte Suprema de Justicia de esa época mencionada anteriormente (1962–1972), asume controles constitucionales, por lo que se propaga en toda Corea y Japón los modelos del profesor judío-alemán HANS KELSEN, esto se dió ya que el profesor estuvo dando sus enseñanzas en las universidades de Harvard y Berkeley, por lo que en esas universidades había muchos estudiantes orientales que regresaron a sus tierras, y profundizaron los temas en sus tierras natales.

En la constitución de Corea se mantiene plasmada en el capítulo VI, en sus artículos 111, 112 y 113 las atribuciones que tiene la Corte Constitucional en Corea, por lo que son artículos exclusivos para esta corporación.

Artículo 111: menciona la competencia, jurisdicción, composición, número de miembros y el presidente de la corte.

Por lo que la Corte Constitucional de Corea tiene el poder del (impeachment), destituciones de funcionarios de altos cargos, resuelve conflictos de competencia de entes territoriales, tiene presente la disolución de partidos políticos (inconstitucionalidad), conoce además del recurso de amparo (acción de tutela en Colombia), que lo puede presentar cualquier ciudadano, como sucede en nuestro país.

Habla también de que son nueve (9) magistrados impares, 3 magistrados son elegidos por el presidente, 3 elegidos por la asamblea legislativa unicameral y 3 elegidos por el presidente de la Corte Suprema de Justicia

Artículo 112: menciona la temporalidad de los magistrados, que se señala de seis (6) años, por lo cual puede ser prorrogable para un periodo de tres (3) años más, se conoce además en este artículo las incompatibilidades que pueden tener los magistrados, como por ejemplo cualquier violación de normas que se relacione con la religión (sabiendo que en corea, predomina el confucionismo), por lo que la destitución lo hace la Asamblea Legislativa Unicameral.

Artículo 113: remite toda información extra que disponga la ley, toda su disposición.

Siendo esto así, podríamos decir que la la ley, la constitución y la conciencia hacen parte del marco legal dentro de la Corte Constitucional de Corea.

Los requisitos de los magistrados es que tenga por los menos cuarenta (40) años de edad, que tenga por lo menos quince (15) años de experiencia en la rama judicial o de profesor (el promedio en Corea de los magistrados es de 45 a 46 años). La Corte opera en sala plena, pero toma el derecho de amparo en sala de revisión de tres (3) magistrados, lo mismo que aca en Colombia, pero si no se llegan a poner de acuerdo de que como deben de fallar para resolver el derecho de amparo o de tutela, acuden a sala plena de la misma corporación. Para presentar una acción de inconstitucionalidad de alguna norma se debe de acudir ante la representación de un abogado (lo que lo hace diferente a Colombia, que no necesita representación de un representante, lo puede interponer cualquier ciudadano).

Por último, Corea ha tenido estas líneas jurisprudenciales importantes:

- Pena de muerte

- Familia y filiación, (partiendo de que solo hay 5 familias tradicionales dentro de Corea)

- Juicios Políticos

- Seguridad nacional (partiendo de que es más primordial que la dignidad y que la vida)

- Representación política

- Constitución y costumbre

Y un dato adicional: la Corte de USA, profiere anualmente aproximadamente cien (100), providencias. La Corte de Corea, profiere anualmente aproximadamente nueve mil (9000) providencias. La Corte de Colombia desde que se creó ha proferido aproximadamente, veinte y cinco mil (25.000) providencias.

EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD


Prólogo de @mariodaza vía @derechopublico1


El «Bloque de Constitucionalidad» es una caja política-jurídica que contiene normas internacionales, que va a servir de herramienta a la Constitución de 1991, y al ordenamiento jurídico colombiano con el propósito de establecer garantías y libertades que debe de tener los individuos y la sociedad; tal como lo establecen los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Nuestro derecho, por ser un derecho dinámico, contiene reglas, valores y/o principios que están cambiando constantemente; por lo que de igual manera lo hacen los tratados internacionales y las legislaciones internacionales en general. El autor nos trae una gama de conceptos sobre el tema de Bloque de Constitucionalidad y sobre diversas sentencias que ha proferido la Corte Constitucional con el fin de darnos el conocimiento respectivo a este tema controversial.




El Bloque de Constitucionalidad está referido a aquellas normas y principios que no hacen parte del texto formal de la Constitución, pero que han sido integrados por otras vías a la Constitución Colombiana, y que sirven a su vez de medidas de control de constitucionalidad de las leyes como tal.


El Bloque de Constitucionalidad va de la mano de la justicia constitucional, sin embargo como término ha sido utilizado tan solo en unas décadas, Un ejemplo de ello lo encontramos en la historia jurídica norteamericana, en cual es de conocimiento de todos, que la normas y principios constitucionales en ese país, se derivan de formas más amplias que su texto constitucional; sin embargo la conceptualización precisa de Bloque Constitucional surge en Francia, gracias a la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés en la década de los setenta y la labor investigativa doctrinal acerca de la justicia constitucional desarrollada por el profesor LOUIS FAVOREU. Luego esta misma doctrina se extendió a varios países con el fin de que la misma contribuye a formalizar y consolidar los Estados de Derecho, en especial de los países que habían sido víctimas de tiranos, y que por mucho tiempo los Derechos Humanos fueron desconocidos.


Diversos autores concuerdan (en el concepto doctrinal acerca del Bloque Constitucional), que este es un conjunto normativo que contiene principios o disposiciones materialmente constitucionales, fuera del texto de la constitución documental. Las prácticas jurídicas del Bloque de Constitucionalidad han sido objeto de debate histórico en todo el mundo, por el abuso de algunos jueces en su aplicación.


El Bloque de Constitucionalidad es uno de las más importantes contribuciones de la Constitución de 1991 al sistema jurídico colombiano. Su función esencial es la de valerse como herramienta de recepción del derecho internacional, garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado y al mismo tiempo, servir de complemento para la garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el país. Sin embargo, dado que su regulación está exclusivamente a cargo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y que son muy escasos los esfuerzos dirigidos a decantar de ella las reglas y sub-reglas al respecto, hoy en día, el desconocimiento sobre el valor, contenido y alcance del Bloque, se traducen en un riesgo para la seguridad jurídica del país y en el posible desconocimiento de sus derechos por parte de los ciudadanos[1]


La importancia del Bloque de Constitucionalidad se deriva del hecho de que la constitución misma no sea tan amplia que trate de cobijar todos los asuntos referentes a la constitucionalidad en una nación o en la aplicación de la misma en el ámbito internacional, se requiere que este Bloque de Constitucionalidad haga de la Constitución un cuerpo normativo más dinámico, en la cual se puedan atender otros tipos de asuntos normativos que vayan acorde con los cambios históricos y sociales que ocurren en el mundo, es decir facultar a jueces constitucionales a que atiendan otros principios o normas de tipo supralegal que pueden estar o no determinados tácitamente en la Constitución, tal es el caso de los Derechos Humanitarios en el orden internacional. Lo anterior significa que el Bloque de Constitucionalidad es importante en la adaptación de determinados principios y normas de tipo constitucional a las nuevas realidades sociales y políticas.


También es bueno significar que el Bloque de Constitucionalidad tiene cierto riesgo en materia de seguridad jurídica, al permitir que ciertos operadores jurídicos utilicen en forma indebida determinados derechos fundamentales establecidos en normas o principios que no están contenidos en el texto constitucional, pero que toman su fundamento en otros derechos más abiertos y anular o invalidar la legitimidad de ciertos derechos contenidos en las normas constitucionales ya establecidas en una sociedad.


El marco normativo que presenta el Bloque de Constitucionalidad está contenido en seis artículos de la carta magna, tales como: el artículo 9, “El cual reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia”. Así mismo, en lo contenido en el artículo 93 de la constitución, según el cual “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”


También se menciona dentro del Bloque de Constitucionalidad el artículo 94, que establece que “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.”


El artículo 214 que al regular los estados de excepción dice en su numeral II: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”. Se alude también el Artículo 53 que preceptúa: “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”, y por último el artículo 101, en su inciso II dice que “Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la república”.


En relación a la evolución del concepto de Bloque de Constitucionalidad en un sentido estricto - contenido dentro del marco normativo- son: el preámbulo de la Constitución, la Constitución misma, los tratados limítrofes internacionales ratificados por Colombia, los tratados de derechos internacional de derechos humanos ratificados por Colombia, cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta; y la ley estatutaria que regula los estados de excepción.


En un sentido amplio el Bloque de Constitucionalidad se establece como parámetro de constitucionalidad de las normas contenidas en las leyes orgánicas y las leyes estatutarias en lo pertinente. Acerca de la evolución que ha tenido el Bloque de Constitucionalidad en Colombia es bueno señalar las sentencias T-409 de 1992 M.P´s: Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y C- 574-92 MP: Ciro Angarita Barón, en la cual se establecen como los convenios sobre Derecho Internacional Humanitario tienen carácter prevalente sobre la legislación nacional. Con base en la anterior jurisprudencia la Corte Constitucional interpretó en el inciso segundo del Artículo 93 de la Carta magna, la disposición de prevalencia de los tratados o convenios internacionales en el orden jurídico interno, siempre y cuando estas normas hayan sido integradas en la normatividad colombiana a través de la ratificación del Estado, previo análisis de constitucionalidad.


Esta claro que dicha norma es de carácter supranacional en la cual se consagra la preeminencia, superioridad o supremacía de los tratados y convenios internacionales en nuestro orden jurídico colombiano. Y en donde se hace necesario que tales acuerdos sean ratificados por el país.


Esta lectura de la Corte Constitucional del inciso primero del Artículo 93 de la constitución, trajo consigo dos supuestos para que se diera la integración de las normas en el bloque, como son: El reconocimiento de un derecho humano; y que se trate de un derecho cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción[2] .


También a determinados derechos intangibles (el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y otros) se le dio carácter vinculante a los tratados de Derecho Internacional Humanitario[3] con prevalencia en el orden interno. En aras de mayor comprensión del tema se argumenta lo siguiente: De la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el Bloque de Constitucionalidad se deriva que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del Derecho Internacional Humanitario con el fin de potenciar la realización material de dichos valores[4].


Por otra parte según lo señalado en la Constitución Política en su Artículo 214: La conceptualización de la Corte del Bloque de Constitucionalidad implica que las reglas del Derecho Internacional Humanitario y las disposiciones de la ley estatutaria sobre los estados de excepción integraban, junto con las normas de la Constitución del Capítulo 6 del Título VII, un Bloque de Constitucionalidad al cual debía sujetarse el Gobierno cuando declaraba un estado de excepción[5].


En un segundo Bloque de Constitucionalidad están contenidos otras normas que sirven como parámetro para efectuar el control de constitucionalidad, es decir, la Constitución, los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, las leyes orgánicas y en algunas ocasiones las leyes estatutarias[6]


Es bueno señalar que la sentencia C-191-98 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz estableció que los tratados limítrofes también hacen parte del Bloque de Constitucionalidad en virtud del Artículo 101 de la Carta magna, establecida en esta disposición normativa lo siguiente: “El Bloque de Constitucionalidad constituye aquellas disposiciones que pese a no tener, todas ellas, rango constitucional, sirven de parámetro de control de constitucionalidad”.


Otro tipo de derechos fueron también incluidos dentro del Bloque de Constitucionalidad, tales como: el derecho a la especial protección de la mujer embarazada en concordancia con las disposiciones de derecho internacional de los derechos humanos[7]. También se mencionan dentro del Bloque de Constitucionalidad el alcance del Artículo 3º del Convenio 3 de la O.I.T., al Artículo 10 º del referido Pacto y al Artículo 11º del Convenio de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en armonía con la “protección especial a la mujer, a la maternidad” señalada en el Artículo 53 de la constitución.


En la sentencia T-568-99 MP: Carlos Gaviria Díaz, se integró al Bloque de Constitucionalidad los Convenios 87 y 88 de la OIT que protegen la libertad sindical, por ser éste uno de aquellos derechos no susceptible de limitación durante los estados de excepción


La sentencia T-568-99 – hace referencia al Bloque de Constitucionalidad en virtud en lo contenido en el artículo 93 de la carta magna- que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que tratan de derechos sociales


Se concluye de forma general que el Bloque de Constitucionalidad es un avance en la interpretación constitucional, ya que permite ampliar el texto constitucional de un país, así como también su propósito es anexar otras fuentes jurídicas del Derecho Constitucional como es la jurisprudencia, costumbre, tratados internacionales, entre otros, que brinde una interpretación más amplia y menos rígida del Derecho Constitucional en el plano internacional.


Es importante también concluir de manera puntual que la jurisprudencia de instancias internacionales son fuerza vinculante en la interpretación de los derechos consagrados en la Constitución. Tal es el caso de la integración al Bloque de Constitucionalidad de los Convenios de la OIT, así como lo establecido por la Corte Constitucional al afirmar que los tratados de derecho internacional de derechos humanos ratificados por Colombia son un criterio relevante para la interpretación de los derechos humanos que se encuentren consagrados en la Constitución, y que esta inclusión ha sido paulatina, debido a la aceptación parcial de ciertos derechos intangibles.




[1] -Contenido y alcance jurisprudencial del Bloque de Constitucionalidad de Colombia- Por: Luis Andrés Fajardo Docente Investigador Universidad Sergio Arboleda
[2] Sentencia C-295-93 MP: Carlos Gaviria Díaz
[3] Sentencia C-225-95 MP: Alejandro Martínez Caballero
[4] Ibid.
[5]Sentencia C-135-96 MP: Jorge Arango Mejía, Alejandro Martínez Caballero, Antonio Barrera Carbonell
[6] Sentencia C-191-98 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz
[7] Sentencia T-622-97 MP: Alejandro Martínez Caballero