20 de octubre de 2009

¿EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE ES REALMENTE EXIGIBLE?



Esta es la primera pregunta que nos debemos hacer, ahora en el mundo en que vivimos en donde el planeta hace giros futuros constantemente, hace 30 o 40 años no se hablaba de este derecho, se desconocía por completo: ¿Derecho al medio ambiente? ¿derecho a un ambiente sano? Desde que comenzó la revolución industrial en Europa y se ha extendido en el mundo, las personas no se daban cuenta del daño del que causaban, es ahora que se comienza hablar de este importante derecho, se habla de un principio de prevención o precaución, que los Estados y los individuos deben de tener para preservar el medio ambiente. Desde el año de 1972 se han venido ratificando Protocolos, Convenios y demás Decretos para prevenir más no resarcir el daño ambiental  “el daño hecho ya esta hecho”.

La conferencia de Estocolmo, la Convención de Unesco, Convención de Berna y el Protocolo de Kioto, han sido de las conferencias y de los Protocolos ratificados internacionalmente por Colombia y por demás países que han contribuido con el medio ambiente. En Colombia, el Código de los Recursos Renovables , más la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993, le dio mucha importancia como se dijo anteriormente al tema del medio ambiente, por lo que se comienza hablar de los Derechos de tercera generación, y de los mecanismos de defensa de estos derechos ambientales colectivos e individuales. La defensa de los derechos colectivos está radicada en cualquier persona natural o jurídica y, por lo tanto, no necesita probar interés particular. De otro lado, porque la acción invocada constituye un medio procesal idóneo para proteger derechos colectivos violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.El artículo 88 de la Constitución Política de Colombia consagró la acción popular como un mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos. De ahí que su objetivo sea la prevención o eliminación de los factores que tienen incidencia colectiva y que exceden la afectación de intereses subjetivos la Ley 472 de 1998, en cuyo artículo 2 definió las acciones populares como:

“Aquellos medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos, que se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

Con la expedición de la Ley 472 de 1998, el legislador finalmente reguló las acciones populares, lo que llevó a la Corte a redefinir los criterios de procedencia y alcance de la acción de tutela, consignando en la sentencia T-1451 de 2000 los siguientes elementos:

(1) La protección de los derechos colectivos debe realizarse, en principio, mediante la acción popular;
(2) El requisito esencial para la procedencia de la acción, es la conexidad o relación directa entre la vulneración de un derecho colectivo, y uno fundamental;
(3) El peticionario debe ser la misma persona que alega una vulneración a sus derechos fundamentales, por conexidad;
(4) Debe probarse la pretendida vulneración a un derecho fundamental; y
(5) la orden del juez debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, más que la protección del derecho colectivo.

“El derecho al medio ambiente se encuentra conectado de forma estrecha con la salud pública, la vida digna y la integridad personal, entre otros derechos fundamentales” según la carta política.

En tal contexto, para el caso objeto de estudio es necesario armonizar o ponderar, de un lado, los derechos de todas las personas, por lo que es considerable que si es viable decirlo pero hasta cierta medida, hasta la medida en que se vulnera este derecho al medio ambiente, por lo que debe estar conexos con algunos derechos fundamentales, con el fin de obtener protección constitucional al derecho a un ambiente sano, en conexidad con los derechos a la salud, la integridad física, y la vida. Por lo que es exigible por cualquier ciudadano, y ante todo cuando una persona vive en situaciones precarias y sin tener un derecho a una vivienda digna ni un mínimo vital, como pasa por ejemplo en el caso de los habitantes que viven alrededor del Río Bogotá, donde las personas que viven en las orillas padecen de enfermedades constantes debido a las putrefacciones que se presentan alrededor del río a causa de los desechos arrojados en el, es por eso que nos debemos hacer la pregunta:

¿Solo algunos o son todos los que poseemos este derecho importante al medio ambiente? ¿Como derecho individual o como derecho colectivo? ¿Es realmente exigible? Ya que ha sido consagrado por tratados internacionales,en nuestra legislación colombiana y que hasta ahora no se ha cumplido a cabalidad.