12 de septiembre de 2017

¿PUEDEN LOS INSPECTORES DE POLICÍA EJERCER DILIGENCIAS JURISDICCIONALES POR COMISIÓN DE LOS JUECES?




A raíz de la polémica legal interpretativa existente en torno a si un Inspector de Policía puede o no ejecutar despachos comisorios (autos) provenientes de la rama judicial (juez de conocimiento), tenemos los siguientes argumentos:
Según los artículos 6, 37 y 38 del Código General del Proceso (en adelante CGP), la comisión solo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que autoriza el artículo 171, para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester. En este caso solo el juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice.
Si tomamos en cuenta lo que expresa la Enciclopedia Jurídica sobre la función jurisdiccional, tenemos que es el poder- deber del estado político moderno, emanado de su soberanía, para dirimir, mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre éstos y el estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. De manera que está bien el parágrafo del articulo 206 de la Ley 1801 de 2016 cuando aclara que los Inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia, se refiere por ejemplo a la práctica de pruebas, que es un acto propio de lo jueces y no de las instancias policivas.
Por otra parte, algunos municipios (o distritos) han tomado al Alcalde Local (por lo general no son abogados), como autoridad de policía. Por ejemplo, el inc. 3 del articulo 38 del CGP indica que se puede comisionar a la autoridad de policía. El artículo 189 del Codigo de Policía de Bogotá dice que el Consejo de Justicia es la máxima autoridad de policía de Bogotá, sumado a que todos los consejeros son abogados; entonces, habría mas garantia en el debido proceso si el juez envía el despacho comisorio a ese órgano, pero no es así. El Código vigente (Ley 1801 de 2016) no toma a los Alcaldes Locales como autoridad de policía, (revisar el artículo 198), como si lo hacía el Acuerdo 079 de 2003.  (Vg. Código de Policía de Bogotá).
En reciente Sentencia del Consejo Superior de la Judicatura del 2 de marzo de 2017, con número de radicación 201700097- C. M.P. Carreño Hernandez, la Inspección Segunda Municipal de Policía Urbana Tránsito y Espacio Público de Tunja y el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad tuvieron un conflicto de competencia negativo que fue resuelto a favor de ejecutar por el primero el despacho comisorio.
Días después del fallo, en Circular PCSJC1710 de marzo 9 de 2017, lo mismo que del 12 de junio de 2017, CSJCUC17-118, del Consejo Superior de la Judicatura arguyó que de acuerdo con este contexto, que la interpretación sistemática de las mencionadas normas permite aseverar que al encontrarse vigente la primera parte del inciso 3° del artículo 38 del CGP, “Las autoridades judiciales sí pueden comisionar a los alcaldes, con el fin de materializar la colaboración armónica entre las ramas del poder público”. Es decir que la comisión es para cumplir la orden de un juez que ya cumplió su función jurisdiccional al decretar un embargo o una entrega. Lugo la función del comisionado no es jurisdiccional sino de ejecución, es de naturaleza administrativa, y no judicial. Es un auxilio, (colaboración) para cumplir la orden del juez en aras de descongestionar los despachos.
El Consejo de Estado (2013, 26 de septiembre, S.IV) ha manifestado con relación a los actos administrativos de ejecución, que se limitan a dar cumplimiento a una decisión, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las del acto ejecutado. Los actos administrativos cumplimiento son aquellos actos que se dedica a la materialización, concretización... bien ya sea general o particular, es decir, de un acto administrativo definitivo, dictado de una norma general (Consejo, Asamblea...) o concreto (Secretaria de Gobierno, Director de una entidad descentralizada...), pues. el efecto jurídico lo produce el acto administrativo objeto de la ejecución, de ahí que no sea posible de control ante el juez, porque solo son de órdenes.
Libardo Rodríguez (2013) en su texto Derecho Administrativo, expresa que de lo mencionado, hace parte de la clasificación de los actos administrativos desde el punto de vista de su relación con la decisión, el acto de ejecución, definido como aquel que da cumplimiento a lo decidido en otro acto administrativo (definitivo) ya sea general o particular, como también de lo ordenado por la jurisdicción contenciosa, por lo que lo hace no demandables, ni admisibles de recursos (regla general) siempre y cuando no excedan total o parcialmente la orden impartida. De esto se predica que si pueden ejercer funciones administrativas (de ejecución) por comisión los jueces, como por ejemplo alinderar un inmueble y secuestrarlo, porque en ello no hay debate sustantivo, (que debe darse es en la sede judicial, no administrativa).
En este sentido, y corolario de lo anterior, el Inspector de Policía, no puede administrar justicia, en el sentido que carece de funciones como tal, tampoco puede llevar a cabo diligencias de idéntica naturaleza; sin embargo de conformidad con el principio de colaboración armónica, no impide que cumpla con la función en la ejecución de las diligencias encargadas a través de despachos comisorios enviadas por la jueces. Las diligencias de entrega de bienes, secuestro y medidas cautelares son actos de ejecución o de cumplimiento. En los eventos que se presente oposición a la diligencia, si bien es cierto la Sentencia C-733 de 2000 de la Corte Constitucional, ha señalado que no se necesita ser abogado para presentar contradicción porque la decisión que al respecto tome el comisionado está sujeta al recurso de apelación ante el comitente. Son comisiones judiciales: i) los embargos o secuestros, ii) la restitución de inmuebles y iii) entrega del tradente al adquirente.
En virtud de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 38 del CGP como de la Providencia y de las Circulares expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura se obtiene que cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas o de la realización de diligencias de carácter jurisdiccional (propiamente dichas) podrá comisionarse a los alcaldes, demás funcionarios de policía, es decir a los Inspectores. Estos últimos, mantienen la competencia para los asuntos administrativos ya expuestos, máxime que de presentarse oposiciones en la práctica de las diligencias administrativas que les son encomendadas, deben enviar las mismas al Juzgado comitente para lo de su competencia jurisdiccional, artículos 309-7 y 596 del Código General del Proceso, ya que estos no tienen la función de debatir, interpretar o declarar el derecho aludido sino de ejecutar.

REFERENCIAS


Consejo de Estado (2013). Sentencia del 26 de septiembre, S.IV. exp. 20212.
Consejo Superior de la Judicatura (2017). Providencia del 2 de marzo, exp. 201700097- C. M.P. Carreño Hernandez. Recuperado de: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2314946/11741351/CSJCUC17-118.pdf/473c72d1-c55f-4ada-8366-576fd7533a83
Consejo Superior de la Judicatura (2017). Circular del 9 de marzo, num. PCSJC1710. Recuperado de: https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/civil-y-familia/conozca-la-ultima-circular-sobre-despachos-comisorios-en-el-codigo-general-del-proceso
Consejo Superior de la Judicatura (2017). Circular del 12, num. CSJCUC17-118. Recuperado de: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2314946/11741351/CSJCUC17-118.pdf/473c72d1-c55f-4ada-8366-576fd7533a83.
Corte Constitucional (2000). Sentencia C-733. M.P. Cifuentes Muñoz.
Enciclopedia jurídica (s.f). Función Jurisdiccional. Recuperado de: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funci%C3%B3n-jurisdiccional/funci%C3%B3n-jurisdiccional.htm
Rodriguez, L. (2013). Derecho administrativo: general y colombiano. Bogotá: Temis.


*Abogado de la Universidad del Norte, Especialista en Derecho Administrativo y Magíster en Derecho Público de la misma universidad. Me puedes seguir en Twitter e Instagram como: mariodaza.