12 de mayo de 2020

LA JERARQUÍA NORMATIVA MATERIAL: ¿SON LAS LEYES ESTATUTARIAS U ORGÁNICAS SUPERIORES A LAS ORDINARIAS?


Por, Mario Felipe Daza Pérez

Twitter: @mariodaza               Instagram: mariodaza      E-mail: mario.daza@hotmail.com 

A propósito de la impugnación presentada a la presunta legalidad de la Resolución 0163 del 13 de abril del 2020 expedida por el Procurador General de la Nación debido a que su acto administrativo ha sido promulgado con infracción de las normas en que deberían fundarse, por tanto sin competencia, en razón de que la disposición concerniente al “Régimen disciplinario” del artículo (disposición especial) 53 de la Ley 137 de 1994, "Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia" esta derogado, hago este escrito para demostrar bajo la égida de la jerarquía normativa no en el campo ya formal (de la cual deberían tener el mismo peso) sino ahora material demostrando el porque las leyes estatutarias, orgánicas no son superiores a la ordinaria, ni entre ellas mismas en la pirámide de Merkl o teoría escalonada. 

Por tanto, la respuesta a la pregunta problema formulada sera depende al nivel y a su tema a tratar, es decir, asociado a su materia, identidad o sustancia. Esto significa, que en algunos casos la ley estatutaria será superior a la orgánica o viceversa, asimismo una ordinaria podría ser de mayor jerarquía a las demás mencionadas. 

Desde el aspecto formal se podría decir que un Decreto Ley tiene la misma jerarquía que una ley (rango en la pirámide), cualquiera que sea su denominación, pero depende de su materia, esto es, en lo que respecta a esa autorización emanada del congreso para que el ejecutivo pueda reglamentar alguna normativa en especifico, pero esta, tiene algunas prohibiciones, lo que la hace mas limitada que las demás, como por ejemplo, esta restringido a "hacer códigos", por medio de Decreto así sean ley (por remisión), desde este punto material seria inferior a la ley ordinaria, la cual si tiene esta facultad como la de elaborar códigos o "regímenes disciplinarios" por esencia (art. 150.23), lo que la hace en este sentido con mayor relevancia que una ley estatutaria u orgánica (así estas ultimas estén incluidas en el bloque de constitucionalidad, y esto no per se tiene la misma categoría que la Constitución Política). Pongamos un ejemplo.

“Artículo 53. Régimen disciplinario. Siempre que un funcionario administrativo obstaculice grave e injustificadamente el cumplimiento de las medidas legislativas de excepción o se extralimite en su ejercicio, podrá ser destituido previo el adelantamiento de proceso breve, por la Procuraduría General de la Nación la cual podrá, así mismo, cuando la falta sea grave, ordenar la suspensión inmediata y provisional del funcionario investigado. En todo caso se respetaran los fueros señalados en la Constitución para la investigación y juzgamiento de funcionarios públicos (...)".

Nuestra posición es que esta disposición citada esta derogada expresamente por el artículo 177 de la Ley 200 de 1995, exactamente cuando indicó que: "sin excepción alguna" y deroga las disposiciones generales "o especiales" que regulen materias disciplinarias a nivel Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, o que le sean contrarias (...)”, texto que además ha sido declarado exequible por las Sentencias C-280 de 1996, C-614 de 1996 y C-630 de 1996 de la Corte Constitucional, sin hacer nunca una alusión a la falta de jerarquía por ser una ley ordinaria y la otra estatutaria, precisamente por no contar ya con vigencia, es más, expresa que las disposiciones disciplinarias no pueden estar en esta última tipología de leyes (como veremos más adelante). 

Dice el artículo 177 de la Ley 200 de 1995: 

Vigencia. Esta Ley regirá cuarenta y cinco (45) días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los Personeros, por las Administraciones Central y Descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria se aplicará a todos los servidores públicos "sin excepción alguna" y deroga las disposiciones generales "o especiales" que regulen materias disciplinarias a nivel Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este Código.

A lo primero que debe acudir es el utilizar las herramientas básicas que nos da la “teoria y filosofía del derecho”, en especial al tema de la validez, vigencia (existencia) y eficacia, con tal de abordar esta discusión que quizás sea considerada básica, pero que no deja de ser interesante e importante por lo que se discute, ya que se trata de poner en tela de juicio “procedimientos sancionatorios” que se han venido construyendo con base en “paradigmas constitucionales y convencionales”, esto, evitando toda laya de arbitrariedad en las decisiones de los operadores jurídicos disciplinarios, sobre todo en épocas de estados de excepción, lo cual hace que hoy sea la norma y no la excepción como diría tal cual el filósofo italiano, Giorgio Agamben.

Tenemos entonces que debemos diferenciar lo que es la validez de la vigencia, de allí que se relacionan algunos efectos de uno y otra noción como “existencia”, sea cierto o no, la verdad es que la disposición reprochada no pertenece al sistema legal desde el año de 1995 (exactamente desde el 28 de julio), lo mismo ha hecho la Ley 734 de 2002 y ahora la reciente Ley 1952 de 2019 dejando en duda el procedimiento a aplicar en estos tiempos de pandemia. 

Podemos decir de esto que la primera norma ya no es válida, ni tampoco vigente, es decir la Ley 200 de 1995 pero fue la que eliminó aquella disposición reprochada del ordenamiento jurídico, esta es el artículo 53 de la Ley 137 de 1994, mientras que la segunda con validez y con vigencia (condicionada hasta el 2021 la confirmó) siendo la Ley 734 de 2002 activa, sigue aún en pie en los procedimientos e incluso para estos casos y la última, Ley 1952 de 2019 con validez pero sin vigencia es la que entrará en circulación el año entrante y que dispone todo el andamiaje disciplinario ya sea en época comunes o excepcionales, tal como lo debería de hacer ahora el Código Disciplinario Único. 

Para este propósito la Ley 137 de 1994 (sobre “Estado de excepción” ) se podría considerar válida conforme a los otros aspectos que recoge, ya que solo puede ser modificada, subrogada, reformada por otra ley estatutaria bajo las mismas características. Pero no podemos decir lo mismo conforme al artículo 53 de esta norma debido a que ha perdido vigencia y por tanto ha dejado de existir, de este modo, el procedimiento aplicado en dicha Resolución se encuentra infringiendo una norma por la cual debería fundarse que es la actual Ley 734 de 2002, por tanto el Procurador no tuvo competencia para expedir ese acto. 

De este modo la Sentencia C-873 de 2003 no has indicado que: 

“La “validez” de una norma se refiere a su conformidad, tanto en los aspectos formales como en los sustanciales, con las normas superiores que rigen dentro del ordenamiento, sean éstas anteriores o posteriores a la norma en cuestión. Desde el punto de vista formal, algunos de los requisitos de validez de las normas se identifican con los requisitos necesarios para su existencia –por ejemplo, en el caso de las leyes ordinarias, el hecho de haber sido aprobadas en cuatro debates por el Congreso y haber recibido la sanción presidencial. 

La “vigencia” se halla íntimamente ligada a la noción de “eficacia jurídica”, en tanto se refiere, desde una perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor. Así, se hace referencia al período de vigencia de una norma determinada para referirse al lapso de tiempo durante el cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos”.

Bajo esta consigna la disposición contenida en el artículo 53 de la Ley 137 de 1994 dejó de existir porque ya no esta vigente, duró exactamente hasta el momento que fue promulgado la Ley 200 de 1995 (28 de julio), mencionada en el artículo 177 (derogación expresa), esto no significa que la Ley deje de ser válida ya que se trata de una ley estatutaria que solo puede ser modificada por una de igual categoría, cuestión diferente es que pierda sus efectos.

Si nos vamos a la Sentencia C-179 de 1994 por medio de la cual declaró la exequibilidad de la ley estatutaria 137 de 1994 sobre “estados de excepción” se obtiene que: 

“Si bien es cierto que las leyes estatutarias se caracterizan por tener una estabilidad mayor que las ordinarias, ello no puede entenderse como que son inmodificables o que deban permanecer incólumes para siempre, lo que implicaría la parálisis o estaticidad de la actividad legislativa en este campo. Además, no puede dejarse de lado que algunas de las circunstancias que inciden notablemente en la adopción de medidas especiales en épocas de excepción, obligan al legislador a ajustar la normatividad existente a esos ritmos cambiantes para que no resulte obsoleta o inaplicable. De la expresión "una ley estatutaria" contenida en el artículo 214-2 de la Carta, a la que aluden los intervinientes mencionados, no se deduce de ninguna manera que únicamente se puede expedir una sola ley sobre los estados de excepción, sino que no pueden regir varios estatutos reguladores de dichos estados en forma simultánea. Pero es claro que las leyes estatutarias pueden ser modificadas o derogadas por otras de igual categoría, tal como lo autoriza el artículo 153 de la Carta, las cuales obviamente deben ceñirse a la Constitución en cuanto a su trámite y contenido”.

Así lo destaca también el profesor español Alfonso Ruiz Miguel, como propuesta diferente, relacionada con la idea de “derogabilidad”, de la cual ha afirmado en alguna ocasión que: 

“Una norma es superior a otra cuando puede derogarla sin poder ser derogada por ella gracias a la existencia de un procedimiento especial de reforma de la primera, sobrentendiéndose que son de igual rango cuando ambas pueden derogarse recíprocamente”, esto, en caso tal que se tratara de normas iguales, como las estatutarias, ordinarias u orgánicas según su “identidad” o “naturaleza”.

Si bien sabemos que el artículo 53 de la Ley Estatutaria 137 de 1994, por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia, establece un procedimiento disciplinario especial que se puede aplicar únicamente, de manera excepcional, por faltas disciplinarias cometidas con ocasión o en razón de una declaratoria de de emergencia solo por faltas “graves” que nos dice de las “leves” o “gravísimas”, como también de la “inhabilidad”, esta no es aplicable por la razón de que esta derogada.

La jurisprudencia C-529 de 1994 ha manifestado sobre esto:

“La función legislativa, primordialmente encomendada al Congreso de la República, comprende no solamente la atribución de expedir las leyes sino que incorpora las de modificarlas, adicionarlas y derogarlas, bien que ésto último se haga expresa o tácitamente, según la clásica distinción plasmada en la Ley 153 de 1887”.

Ahora, si nos vamos al artículo 14 de la Ley 153 de 1887 remitida por el órgano constitucional nos indica que: 

“Una ley derogada no revivirá por sí sola las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva”.

Por tanto, el invento ahora de la Procuraduría General de la Nación de reproducir una norma que fue abolida, si se quiere dos veces, con la Ley 200 de 1995 y ahora con la Ley 734 de 2002, y aún si tenemos en cuenta que la Ley 1952 dispuso el mismo planteamiento, lo que se obtiene es una pérdida de vigencia, es decir de sus efectos.

Pensarían los defensores de la mencionada Resolución que una norma “estatutaria” no podría ser derogada por una norma ordinaria, es cierto, pero esto en razón, de la materia (derechos fundamentales, estados de excepción, etc), y digamos lo mismo de una “orgánica” cuando conoce temas de ordenamiento territorial, lo cual señala que deberían ser subrogados o modificados por la misma norma de elaboración, pero el problema de la cuestión es que esta referido a asuntos de sustancia, no de jerarquía formal (Merkl) sino material (Kelsen), como si de forma de solución de conflictos entre normas se tratara, referidos ya en la Ley 153 de 1887 por remisión. 

De este modo una ley (cual sea la denominación que sea) tiene la misma jerarquía de modo formal, cambiaría con respecto a su identidad, es decir, en relación a su “materialidad”, y así lo ha establecido la Sentencia C-439 de 2016: 

“No hay reglas de jerarquía o subordinación entre leyes ordinarias y leyes [véase aquí disposiciones] especiales”.

Al respecto ha dicho la Sentencia C-052-15 que:

“En ejercicio de la función legislativa, la Constitución Política ha “encomendado al Congreso de la República hacer las leyes, interpretarlas, reformarlas o derogarlas. Sin embargo, de acuerdo con su contenido, el propio Constituyente ha clasificado las leyes en diversos tipos. De este modo, el Legislador puede expedir códigos o conjuntos sistemáticos de normas, leyes marco, leyes de facultades extraordinarias, leyes estatutarias, leyes ordinarias o de contenido ordinario y leyes orgánicas”. 

Se ha comentado que las leyes “orgánicas” y “estatutarias” hacen parte del bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional ha dicho que las leyes “orgánicas” dado a su “naturaleza”, tienen un rango -material- superior frente a las demás leyes, pero frente a su identidad, así, una cosa es la forma de elaborar las normas y los requisitos de las cuales se procede a materializar y otra su sustancia, entonces no esta bien que un derecho fundamental deba ser tramitado por una ley ordinaria, porque no podría, y no aguantaría el mayor análisis riguroso de la corporación, en caso tal que se realice será vigente hasta que sea declarada inexequible, bien como pasó con el tema sobre “derecho de petición” de la Ley 1437 de 2011 (“ordinaria”) la cual fue declarado inconstitucional con efectos diferidos y que luego fue “compuesto” por la Ley 1755 de 2015 (“estatutaria”).

Al respecto la Sentencia C-280 de 1996 ha indicado:

“Por tal razón, la Corte considera que no son admisibles los cargos contra las expresiones acusadas de este artículo 177, las cuales serán declaradas exequibles, por cuanto no sólo su contenido es congruente con la finalidad misma del CDU sino que, además, no es cierto que se puedan consagrar normas disciplinarias en leyes estatutarias, ya que ésta es una competencia del Legislador ordinario (CP art. 150 ord 23). Por tal razón, esta Corporación declaró inexequibles todas aquellas normas del proyecto de ley estatutaria de administración de justicia que eran disciplinarias, pues consideró que éstas no eran del resorte de una ley estatutaria”.

En consideración a lo expuesto podemos decir que la ley ordinaria para estos asuntos (que es lo que expresa el artículo 150.23 sobre tema de “funciones públicas” y/o “disciplinarias”) tiene mayor jerarquía materialmente hablando en lo que tiene que ver con su identidad, materia o sustancia a una ley estatutaria, ya que no es asunto de esta norma elaborar códigos de esta índole, o llevar consigo “regímenes disciplinarios” como trata el artículo 53 de la Ley 137 de 1994. 

Solo seria superior la ley estatutaria frente a una ley ordinaria si se tratase de “estados de excepción” en si (como la Ley 137 de 1994 como un todo), “derecho fundamentales” (como la Ley 1755 de 2015 sobre “derecho de petición”), o “administración de justicia” (como la Ley 270 de 1996), así mismo como sucedería con una ley orgánica, lo cual se daría superior frente a las demás al establecer temas referentes a la “distribución de competencias”, “planes de desarrollo” u “ordenamiento territorial”, etc, de esta forma cada ley tendría sus propios temas o “reserva” debido a su regulación expresa.

La C-052-15, ha señalado al respecto:

“En los casos sometidos a su consideración, la Corte Constitucional ha tomado varias posturas: ha entendido que ciertas normas ordinarias modifican una ley orgánica sin cumplir los requisitos que la jurisprudencia ha previsto para ello y por ende, devienen inconstitucionales, no se vulnera la reserva de ley orgánica puesto que la norma expedida para modificar una regla orgánica anterior respeta los requisitos de tal clase de normas especiales, y tambien que las normas que supuestamente se señalan como de reserva orgánica no tienen ese carácter y pueden modificarse por normas ordinarias”.

En este punto tenemos que si una ley ordinaria reforma una ley estatutaria en lo que tiene que ver con su materia seria inconstitucional, lo mismo que una orgánica, pero de la misma forma debe serlo si una ley estatutaria subroga un asunto atribuido de una ordinaria como lo son los asuntos referidos al “régimen disciplinario”, tal como lo indicado la Sentencia C-280 de 1996 (jurisprudencia que estudió el efecto del artículo 177 de la Ley 200 de 1995 la cual derogó, dejando sin vigencia el artículo 53 de la Ley 137 de 1994), pero en todo caso se debe entender que si una disposición que no tenga naturaleza de estatutaria si pueda ser derogada por una norma ordinaria u orgánica, que en este caso es una norma disciplinaria totalmente aplicable al caso, porque no les compete conocerlas las leyes estatutarias, por ello es que esta norma mencionada lo haya declarado como tal y dejado sin efectos. 

Al respecto dice Olano Garcia, “Las leyes estatutarias igual como lo señala Araújo Rentería es una categoría creada por el constituyente de 1991. Su aprobación, modificación o derogación exige la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, al igual que el trámite, el cual deberá desarrollarse en una sola legislatura; luego de aprobadas por el Congreso, deben enviarse a revisión previa en la Corte Constitucional, de las cuales están las de i) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección, ii) Administración de justicia, iii) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, iv) Estatuto de la oposición y funciones electorales;v) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana, vi) Estados de excepción y vii) Las que establecen normas de igualdad para candidaturas a la Presidencia de la República”, esto en lo que respecta su identidad, materia, sustancia o asignatura. 

En esta misma relación la sentencia C-013 de 1993 consagró los siguientes aspectos:

“Las leyes estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas dentro del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo evento ligado a los derechos fundamentales”.

Asimismo la Sentencia C-026 de 1993, ha indicado que: 

“Al amparo de los preceptos constitucionales que hoy nos rigen, las normas que establecen ritualidades en el trámite de la formación de las leyes tienen la misma valía e importancia y ocupan igual categoría y jerarquía que aquellos que regulan aspectos sustantivos, de manera que si alguna de esas exigencias o condiciones, son desconocidas por las Cámaras durante el trámite recorrido para la expedición de las leyes, corresponde a la Corte Constitucional previa acusación ciudadana retirar del orden jurídico las disposiciones legales que de una u otra forma lesionen los preceptos del Estatuto Máximo”.

Y esto según Sierra Porto es: 

"Un concepto material de ley significa que la Constitución asigna a la ley un específico contenido, o estructura, que la diferencia de las demás normas del ordenamiento, de manera que sólo existirá ley si la norma se adecua a dichas exigencias, independientemente de su origen o procedimiento".

Debemos entonces distinguir claramente entre la jerarquía normativa positiva o formal (de Merkl) y la jerarquía según la fundamentación (kelseniana) material, pues tienen un objeto, un principio ordenador y un fundamento distinto. 

De esta manera, solo pueden ser modificadas, reformadas o derogadas por otras del mismo rango, tal como con lo establece el artículo 153 de la Constitución, lo que revela su supremacía frente la ley ordinaria en este sentido, pero ojo, según la materia a tratar, lo mismo se predice de la estatutaria y de la orgánica por ello que el artículo 177 de la Ley 200 de 1995 lo haya dejado sin efectos, es decir sin vigencia, aunque la Ley 137 de 1994 siga siendo válida en su plenitud. 

Así tambien lo establece la Sentencia C-439-16:

“Con respecto a las leyes ordinarias o comunes, al margen de la subordinación existente frente a las leyes de naturaleza especial -estatutarias y orgánicas-, habrá de señalarse que la Carta Política no establece categorías entre ellas ni consagra procedimientos o trámites especiales para su aprobación, así como tampoco habilita al Congreso de la República para llevar a cabo dichas acciones. Por tales motivos, no obstante las diferencias que puedan surgir entre las leyes ordinarias por razón de las materias que están llamadas a regular, no es posible que el legislador fije reglas de jerarquía o de subordinación entre ese tipo de leyes, reconociendo un mayor estatus a unas sobre otras, pues ello implicaría un desconocimiento de la Constitución Política, Siguiendo lo dispuesto en el artículo 150 Superior, el Congreso de la República, en ejercicio de su función de hacer las leyes, no se encuentra habilitado para establecer jerarquías entre normas de la mismas naturaleza y tipología, o para crear prevalencias entre ellas, pues se trata de una materia reservada exclusivamente a la propia Constitución Política. Por lo tanto, cualquier medida que sobre el particular adopte el Congreso, implica una extralimitación de funciones, contraria al mandato contenido en la citada disposición constitucional”. 

Así, para concluir se diría que es totalmente concebible plantear que el artículo 53 de la Ley 137 de 1994 fue derogado desde el 28 de julio de 1995 a través de la Ley 200 en lo referido a su artículo 177 cuando expreso explícitamente: “"sin excepción alguna" y deroga las disposiciones generales "o especiales" que regulen materias disciplinarias a nivel Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, o que le sean contrarias (...)”.

Y esto se debe a que la norma que lo hizo “ordinaria”, tuvo una mayor jerarquía material (en sustancia, contenido, naturaleza, identidad, etc), en lo que tiene que ver al “régimen disciplinario” (materia atribuible al artículo 150.23, relacionado a las “funciones públicas”), pero, solo frente en lo que tiene que ver con esta “disposición especial” y no así en referencia a la Ley 137 de 1994 en su plenitud, la cual si tiene mayor relevancia por tratarse de asuntos propios de una norma “estatutaria” por tanto se consideraría válida y con vigencia. 

En este sentido expresa el artículo 58 de la Ley 137 de 1994 que: 

“Modificación o adición a la presente ley. Esta ley estatutaria no podrá ser, en ningún caso, suspendida por un decreto legislativo dictado durante los Estados de Excepción, y sólo podrá ser modificada por los procedimientos previstos en la Constitución por una ley estatutaria”.

Esto significa, como colofón que una disposición aunque este incluido en una “ley estatutaria”, esto no quiere decir que lo sea, puede ser “ordinaria”, igual como sucede con las normas referidas en materia policiva y muchos aspectos de la Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) del cual se describiría que tienen ese “nomen iuris”, pero no per se corresponde a esa naturaleza, así, muchas de sus disposiciones se podria considerar como ordinarias, materialmente hablando (materia, sustancia, identidad, etc), de esta forma los límites trazados del legislador por el ordenamiento constitucional para ejercer la facultad de derogación, es la sustancial no la formal. 

Pues, así como sabemos que una ley estatutaria o una ley orgánica no pueden ser modificadas por una ley ordinaria sino por otras de idéntica categoría en lo que respecta a sus materias o asignaturas, una ley ordinaria no puede serlo de la misma forma, así como lo ha indicado ya la Sentencia mencionada C-280 de 1996 relacionado exactamente a la derogación expresa de los regímenes especiales disciplinarios de su artículo 177 de la Ley 200 de 1995, de la cual declaró inexequible una norma que contenía una disposición de una ley ordinaria en una estatutaria. 

Por ende, lo que que aquí establecemos es que la “disposición" mas no la ley, es la que esta derogada, es decir, sin efectos, en lo que se refiere al artículo 53 de la Ley 137 de 1994 de la cual se muestra como una “norma especial”, pero de menor jerarquía legal en cuanto su naturaleza, ya que en este sentido la Ley 200 de 1995 en su artículo 177, bajo el criterio material la dejó sin vigencia. 

REFERENCIAS

- Corte Constitucional, Sentencia,C-013 de 1993

- Corte Constitucional, Sentencia,C-026 de 1993

- Corte Constitucional, Sentencia,C-179 de 1994

- Corte Constitucional, Sentencia,C-529 de 1994

- Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996

- Corte Constitucional, Sentencia,C-280 de 1996

- Corte Constitucional, Sentencia,C-614 de 1996
- Corte Constitucional, Sentencia,C-630 de 1996

- Corte Constitucional, Sentencia,C-873 de 2003

- Corte Constitucional, Sentencia,C-818 de 2011

- Corte Constitucional, Sentencia,C-052 de 2015

- Corte Constitucional, Sentencia, C-439 de 2016

- Escobar, Claudia y Vargas, Marcelo. “Evaluación critica del principio de jerarquía normativa a partir del derecho positivo colombiano”, 2000.

- Mayer, Heinz. “Teoría de la estructura escalonada del orden jurídico”.

- Merkl, Adolf. “Prolegómenos de una teoría del sistema jurídico escalonado”, en Sociedad, Estado y Derecho, Investigaciones sobre la teoría pura del derecho.

- Olano, Hernan. “La “Ley” como sinónimo de ordenamiento jurídico”, Nº 30 julio-diciembre de 2008,

- Pardo, Jose Esteve. “La apelación a la ciencia en el gobierno y gestión de la crisis de la COVID-19”, 2020

- Ruiz, Alfonso. “El principio de jerarquía normativa”, Revista Española de Derecho Constitucional Año 8. Núm. 24. Septiembre-Diciembre 1988

- Serrano Moreno, Jose Luis. “Validez y vigencia”, editorial Trotta.

- Sierra Porto, Humberto. “Concepto y tipos de leyes en la Constitución Colombiana”. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 1998.

- Uprimny, Rodrigo. “El bloque de constitucionalidad en Colombia: Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal”.